sábado, 9 de abril de 2022

INSTRUCCIÓN POPULAR POR FERNANDO CASÓS

 


INSTRUCCIÓN POPULAR

(Lima, 1877)

Fernando Casós

Pienso como Juvenal; no considero el progreso de los pueblos por sus hombres de Estado, sus universidades, sus oradores, sus publicistas y sus poetas, ni por sus grandes industrias y monumentos nacionales; los pueblos pueden tener todo esto y ser, no obstante, pequeños, porque todavía se encuentran lejos de la civilización real y fecunda. He recorrido toda la Europa del Norte y Occidente y cuasi toda la América, y he visto, observado y comparado unos pueblos con otros; y he deducido que los más cultos y más grandes son aquellos que cuentan mayor número de escuelas de instrucción popular, porque tienen mayor número de ciudadanos, mayor número de hombres ilustrados en la conciencia de sus derechos y sus deberes, mayor número de fuerzas militantes y activas al presente y para el porvenir; por esto, la Alemania y la gran República americana han demostrado ser y son verdaderamente grandes y dominarán el mundo moderno.

Porque la instrucción popular ha estado descuidada en la América española, porque los de la raza indo-americana no hemos tenido suficiente instrucción popular; por esto somos todavía muy pequeños, después de cincuenta años de emancipación política; después que hemos heredado gratuitamente todas las conquistas filosóficas, jurídicas y económicas de los enciclopedistas del siglo XVIII, como doctrina; el calvario de Luis XVI, Danton y Vergniaud en la revolución francesa , como terrible lección; y medio siglo de la República democrática de Franklin y de Washington, como ejemplo y enseñanza.

Y porque Domingo Faustino Sarmiento, en la República Argentina y Manuel Pardo, en la nuestra, son los que más se han contraído, como jefes de Estado, a la instrucción popular, contribuyendo a la verdadera cultura, desenvolvimiento y progreso moral e intelectual de sus compatriotas, por eso los considero tan acreedores y tan dignos, como San Martín y Bolívar, al reconocimiento de la posteridad.

El día que se levante un hombre, de grande y elevado espíritu, que trabaje tanto o más que aquellos por la instrucción popular de los pueblos indo-americanos, ese hombre merecerá, como corona cívica, una inmortal corona de estrellas.                                 .

lunes, 6 de diciembre de 2021

LA INCAPACIDAD MORAL COMO CAUSAL DE VACANCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS CONSTITUCIONES PERUANAS DEL SIGLO XIX: UNA INTERPRETACIÓN

 


LA INCAPACIDAD MORAL COMO CAUSAL DE VACANCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS CONSTITUCIONES PERUANAS DEL SIGLO XIX: UNA INTERPRETACIÓN

 

La Constitución sancionada por el Congreso General de 1839 reguló por primera vez el tema de la vacancia del presidente por perpetua imposibilidad moral. Sin embargo, el tema no fue propuesto en el proyecto de Constitución en mayoría, que nada decía sobre el asunto, sino en el proyecto de Constitución en minoría que, hasta hoy, es absolutamente desconocido. En efecto, en dicho proyecto, suscrito por los diputados José Fernández Dávila, Nicasio Fernandini, Melchor Hinojosa y Pedro Antonio Cox, se establecía que la presidencia vacaba “de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya celebrado el presidente contra la unidad o independencia nacional: y de derecho por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física o moral, destitución legal y término de su periodo constitucional”(1) y, entre las atribuciones del Congreso, solo le correspondía resolver las dudas sobre los casos de perpetua imposibilidad física del presidente(2). Puesto a discusión, el texto del proyecto fue modificado, suprimiéndose la causal por “destitución legal”(3), quedando el texto aprobado como sigue: “La Presidencia de la República vaca de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional; y de derecho por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física o moral, y término de su periodo constitucional”, manteniéndose la atribución del Congreso para resolver las dudas que ocurrieran en caso de perpetua imposibilidad física del presidente(4).

 

Ahora bien, en la Constitución de 1839 la perpetua imposibilidad moral del presidente se entendía en un sentido estricto, es decir, como imposibilidad o incapacidad mental. De eso no quedan dudas al observarse la relación existente entre los artículos 55, numeral 18, y 81 de la Constitución, porque una perpetua imposibilidad mental, acreditada por facultativos, no tendría que dar lugar a ningún tipo de cuestionamientos. Por lo demás, en un contexto como el de la sanción de la Constitución de Huancayo, donde se privilegió el orden y el robustecimiento de las facultades del poder ejecutivo, era impensable configurar la “perpetua imposibilidad moral” del presidente de la república en términos de mala conducta o infracciones graves que no configuraran delito.

 

Sin embargo, la situación variaría con la sanción de la Constitución de 1856. Ahora se regularía ya no la perpetua imposibilidad moral del presidente, sino la incapacidad moral, a secas. Esta variación de términos o de semántica es fundamental, porque significaba que de un sentido restringido se transitaba a un sentido lato. Este giro conceptual tenía mucho que ver con la experiencia vivida durante el Gobierno de Echenique, acusado de corrupción y mal gobierno, dando origen a la revolución popular y moralizadora de 1854. Del cambio semántico nos dan cuenta las actas de pronunciamiento de aquella revolución y, en el caso particular, el acta de los vecinos de Cerro de Pasco, suscrita el 27 de enero de 1854, documento que sin lugar a dudas fue inspirado por José Gálvez.   

 

Según dicha acta el término incapacidad moral incorporaba actos tales como abusos y desórdenes de la administración, ineptitud para el buen gobierno, corrupción de la representación nacional sometiéndola a los caprichos del Gobierno, entre otros. Como se puede observar, dichos actos no eran delitos propiamente dichos, sino cuestionamientos a la conducta del mandatario y a su Gobierno, actos que en concepto de los insurrectos justificaban el desconocimiento del Gobierno, pues “[…] los pueblos no se han hecho para los gobiernos, sino los gobiernos para los pueblos, quienes, cuando depositan en alguno el ejercicio de la autoridad pública, lo hacen con la condición expresa  de que esta se desempeñe con subordinación al pacto social y en bien de los gobernados; disolviéndose todo vínculo de obediencia, luego que se procede en contra de tan santo principio”. En consecuencia, la mala conducta y demás actos graves del gobernante impelieron a los padres de familia y vecinos notables de la opulenta ciudad de Cerro de Pasco a declarar, en el primer artículo del acta de su pronunciamiento: “Que el jeneral D. José Rufino Echenique, por su incapacidad moral y falta de virtudes cívicas, ha cesado en el mando supremo de la República [...]”(5). 

 

Convocada la Convención Nacional con motivo del triunfo de la revolución de 1854, este cuerpo, una vez instalado, nombró una Comisión de Constitución, presidida por Juan Gualberto Valdivia, pero liderada por Pedro Gálvez. Dicha Comisión, a fines de noviembre de 1855, elaboró un primer proyecto de Constitución en el cual prácticamente reproducían los artículos 55, numeral 18, y 81 de la Constitución de Huancayo, aunque con algunas ligeras variaciones. Así, en el caso de la resolución de dudas sobre la perpetua imposibilidad del presidente la ampliaba también al supuesto de la imposibilidad moral. Y, en cuanto al tema de los supuestos de vacancia de derecho, añadía la figura de la destitución legal(6). Empero, ese primer borrador de Constitución sufrió varias modificaciones, siendo una de ellas la referida al tema de la vacancia. En efecto, en el proyecto definitivo de Constitución el término “imposibilidad” dio paso al de “incapacidad”, aunque se mantuvo la redacción respecto a la resolución de dudas en los casos de “perpetua imposibilidad”(7), creemos que por error. 

 

Ahora bien, en el espíritu de la Constitución de 1856 la vacancia estaba estrechamente relacionada al tema de la responsabilidad del presidente y, ambas, a los dos objetivos principales que la Comisión de Constitución tenía en mente con la Ley Fundamental, esto es, “Conservar sin violencia la subordinación de las masas y no dejar en manos de los funcionarios, ni los medios, ni el tiempo de hacerse despóticos”(8). Del debate del artículo 78 se puede colegir esta relación, así como de otras discusiones vinculadas a la materia, como el relativo al derecho de insurrección.

 

En efecto, en la sesión del 13 de febrero de 1856, puesto a debate el texto del artículo 78 del proyecto, Ramos presentó la siguiente adición a la primera parte del artículo, sobre supuestos de vacancia de hecho: “Por disolver el Congreso o suspender sus sesiones, por omitir las medidas que le corresponde tomar para la vindicación del honor y de los derechos nacionales; y por dilapidación de los fondos públicos”. Del mismo modo, Cortés, Juan Cavero y Tejeda propusieron algunas otras modificaciones. Sin embargo, Pedro Gálvez y Ángel Cavero, miembros de la Comisión, solo aceptaron la modificación del diputado Ramos en la parte que decía “Por disolver el Congreso o suspender sus sesiones”(9). 

 

Al día siguiente, continuando el debate, Roca, Zavala, Mesones, Ángel Cavero, Aguila, Goyburu y Valdivia, presentaron una modificación al artículo en los siguientes términos: “La Presidencia de la República vaca de hecho, por muerte o por cualquier pacto que haya celebrado contra la independencia e integridad nacional, por disolver el Congreso o suspender sus sesiones; y de derecho, por admisión de su renuncia, incapacidad física o moral, destitución legal y término de su periodo constitucional”(10). Puesto a discusión dicho texto, Cortés habló en contra. Consideraba que la redacción del artículo era muy limitado pues no comprendía “todas las faltas que pueda cometer el Presidente, y como tales, todos ellos merecen un castigo”, por lo que hablando el artículo de determinados delitos, debía hablar de todos. Contestó la impugnación Valdivia. Sostuvo que en el texto solo se mencionaban los “delitos notorios”, es decir, los que “justificaban el desconocimiento de la autoridad del Presidente” mediante una revolución, mientras que los otros delitos se enmarcaban en el caso del artículo referido a la destitución legal, lo que implicaba un juicio previo. 

 

Luego de algunas otras impugnaciones del propio Cortés y las correspondientes contestaciones de Valdivia, Távara hizo un relato histórico de la parte de la causal relativa al pacto celebrado contra la independencia o integridad nacional, mostrándose contrario a que sea una causal de vacancia indicando, además, en cuanto a la modificación realizada, “que si el Ejecutivo podía ser malo, también lo podrá ser el Congreso, en cuyo caso sería muy justa y necesaria la expulsión de este”. Contra esa argumentación respondió Juan Cavero manifestando que existían delitos muy graves que exigían la deposición inmediata del Presidente. Replicó Távara señalando que el principio aducido por Cavero era el de insurrección, pero que en la discusión no se trataba de ese asunto. 

 

Por último, intervino José Gálvez. Expresó que el sentido del artículo modificado no era literal, porque la destitución en los casos previstos en el texto en debate solo era una medida política, porque tratándose de un delito grave, el juicio y el castigo vendrían después. Concluyó diciendo, en alusión a las palabras de Távara, que “Si el Cuerpo Legislativo es malo, si no merece la confianza de la nación, no es al Presidente, a quien le toca destruirlo, él, como ciudadano y como presidente debe denunciarlo a la nación para que ella, y solo ella le retire sus poderes”(11).

 

Del debate en la Convención Nacional sobre la vacancia en general, se colige que la vacancia por incapacidad moral fue regulada en un sentido amplio, lo que quiere decir que al presidente se le podía vacar por actos o conductas que no siendo delitos o infracciones de la Constitución, afectaran el gobierno del país, tal como se declaraba en el acta de Cerro de Pasco. De ese modo se pretendía cerrar el camino a las insurrecciones populares, pues mediante las causales de vacancia y, en particular, de la vacancia por incapacidad moral, las inconductas presidenciales o gubernamentales serían ya no motivo de que el pueblo se insurreccione contra un gobierno cuestionado, sino que sería la representación nacional la que sancione políticamente al presidente que incurra en actos o conductas que afectaren el gobierno del país. En consecuencia, el texto sobre vacancia sancionado en la Constitución de 1856 quedó del siguiente modo: 

 

Art. 83. “La presidencia de la República vaca de hecho:

1.° Por muerte:

2.° Por celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional:

3.° Por atentar contra la forma de gobierno:

4.° Por impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo:

Vaca de derecho:

1.° Por admisión de su renuncia: 

2.° Por incapacidad moral o física:

3..° Por destitución legal:

4.° Por haber terminado su periodo”(12).

 

Por último, una de las atribuciones del Congreso lo facultaba a resolver las dudas que ocurriesen en los casos de incapacidad previstos en el inciso 2 del artículo 83, declarando si procedía o no nueva elección(13). 

 

En 1860, en el Congreso reunido, al presentarse el proyecto de reforma, la Comisión de Constitución no incluyó ninguna modificación al texto del artículo 83 de la Constitución de 1856 porque, según dijeron los miembros de la Comisión, hubo discrepancias sobre la materia. No obstante, en la sesión del 27 de octubre de 1860 se presentaron diversos dictámenes de la Comisión en relación a una proposición de los diputados Irigoyen y Gómez Sánchez que modificaba el texto del artículo 83 de la Constitución de 1856. El texto propuesto, presentado el 12 de octubre de 1860, era el siguiente:

 

“La presidencia de la República vaca, además del caso de muerte. 1.° por perpetua incapacidad física o moral del Presidente: 2.° por la admisión de su renuncia: 3.° por sentencia judicial que lo declare reo de los delitos comprendidos en el artículo agregado al 62; y 4.° por terminar el periodo para el que fue elegido”(14).

 

La modificación, que fue aprobada como tal(15), entrañaba dos variaciones en cuanto al texto de vacancia regulado en la Constitución de 1856. Por un lado, eliminaba varios supuestos contenidos en la Carta anterior. Por otro lado, eliminaba la distinción entre vacancia de hecho y vacancia de derecho, que a la mayoría de los legisladores les pareció superflua. En cuanto al tema de la incapacidad moral, también hubo una modificación. Se incorporó, en relación al texto de 1856, la palabra “perpetua”, lo que significaba restringirla. Esa restricción implicaba que no cualquier inconducta presidencial daría lugar a la vacancia, sino una que a juicio del Congreso sea considerada “perpetua”. Empero, en lo fundamental, la concepción era la misma que la de los convencionales de 1856. Por último, se mantenía en el Congreso la facultad de resolver las dudas sobre la incapacidad del presidente(16).

 

En 1867, el Congreso Constituyente, considerándose continuador de la obra de la Convención Nacional, pues su intención no era otra, en palabras de Fernando Casós, que regirse por la Constitución de 1856 “y avanzarla si es posible, más democráticamente”(17), con alguna mínima variación retomó el texto de dicha Carta en lo referido a la vacancia y la incapacidad moral(18). La Constitución de 1867, texto que prácticamente no tuvo vigencia, fue derogado tras la caída de la dictadura de Prado, restableciéndose la vigencia de la Constitución de 1860.

 

 

Notas:

(1) Artículo 78, “Proyecto de Constitución presentado por algunos diputados”, El Comercio, Lima, 19 de octubre de 1839, p. 4.

(2) Artículo 51, numeral 21, Ibid., p. 4.

(3) Acta de la sesión del 23 de octubre de 1839, en Libro de Actas de las sesiones del Congreso Jeneral del Perú celebradas en el salón destinado en la ciudad de Huancayo, Huancayo, 1839, f. 70v.

(4) Artículos 81 y 55, numeral 18, Constitución Política de la República Peruana dada por el Congreso Jeneral el día diez de noviembre de 1839, Lima: Imprenta de José Masías, 1839, pp. 11 y 8, respectivamente.

(5) “Acta [de Cerro de Pasco]", reproducida de El Reparador, El Comercio, Lima, 3 de febrero de 1854, pp. 2-3. (Cursivas nuestras).

(6) Artículos 28, numeral 8a, y 56, “Bosquejo de Constitución”, El Heraldo de Lima, Lima, 2 de diciembre de 1855, pp. 2-3.

(7) Artículos 78 y 52, numeral 12a, “Proyecto de Constitución”, El Comercio, Lima, 21 de diciembre de 1855, p. 2.

(8) “Dictamen [de la Comisión de Constitución sobre el derecho de insurrección]”, Lima, 4 de enero de 1856, El Comercio, Lima, 19 de enero de 1856, p. 3.

(9) Acta de la sesión del 13 de febrero de 1856, en Actas oficiales y extractos de las sesiones en que fue discutida la Constitución de 1860 [sic], Lima: Imprenta Tipográfica “Unión”, 1911, p. 149.

(10) Acta de la sesión del 14 de febrero de 1856, en Ibid., p. 170.

(11) Extracto de la sesión del 14 de febrero de 1856, El Comercio, Lima, 14 de febrero de 1856, pp. 2-3.

(12) Constitución Política del Perú, Lima: Imprenta de Félix Moreno, 1856, pp. 14-15.

(13) Artículo 55, numeral 11, Ibid., p. 10.

(14) Sesión del 27 de octubre de 1860, en Diario de debates del Congreso reunido en 1860, que ha reformado la Constitución dada por la Convención en 1856, Lima: Tipografía del “Comercio” por José María Monterola, 1860, p. 472.

(15) Artículo 88, Constitución Política del Perú, reformada por el Congreso de 1860, Lima: Imprenta de José María Masías, 1860, p. 17.

(16) Artículo 59, numeral 12a, en Ibíd., p. 12.

(17) Fernando Casós, “Congreso Constituyente”, El Comercio, Lima, 7 de agosto de 1866, p. 3.

(18) Artículos 79, 80 y 59, numeral 14, Constitución Política de la República, Lima: Imprenta del Estado por J. E del Campo, 1867, pp. 17 y 13.

 

miércoles, 13 de octubre de 2021

JOSÉ JOAQUÍN SUERO VARGAS, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL CONVICTORIO DE SAN CARLOS, 1849-1854

JOSÉ JOAQUÍN SUERO VARGAS, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL CONVICTORIO DE SAN CARLOS (1849-1854)

En el devenir de la enseñanza del derecho constitucional en el Colegio de San Carlos, se desconocía el rol que había cumplido José Joaquín Suero Vargas. Salvo por un reciente estudio de Carpio Marcos [Edgar Carpio Marcos, “Estudio preliminar”, en Felipe Masías, Breves nociones de la ciencia constitucional, Lima: CEC TC, 2019 (bit.ly/2SRTnSd)], no se sabía nada sobre la actuación de Suero. Por fortuna, gracias a la revisión de viejos papeles, podemos presentar algunos datos sobre su vida. Veamos.

José Suero nació en Arequipa entre los años de 1826-1828, siendo sus padres Pedro José Suero y Gastañeta y Juana Vargas Cáceres. En 1846 ingresa a estudiar al Colegio de San Carlos y en los exámenes públicos de ese año obtendrá el primer lugar en el curso de derecho natural, constitucional y de gentes. Al año siguiente logrará el segundo lugar en el curso de derecho civil. Por dichas actuaciones se puede observar que se trataba de un estudiante aplicado. Esa sería una de las varias razones por las cuales Bartolomé Herrera fijará sus ojos en el joven estudiante arequipeño  con el objeto de cruzar en su pecho la banda de maestro.

En efecto, en 1849, Suero se hace cargo de la cátedra de derecho natural, constitucional y de gentes que intermitentemente había enseñado Herrera y que, hasta entonces, estuvo a cargo de Manuel Elizalde. La labor de Suero, al parecer, llenó las expectativas del rector, al punto que Suero ejercería la cátedra hasta el año 1854.

Culminados sus estudios y graduado de bachiller, Suero, junto a Manuel Benjamín Cisneros, rindió el 9 de enero de 1852 examen para titularse de abogado. A decir de las crónicas de la época el examen de los discípulos de Herrera fue brillante. En uno de los comunicados publicados en “El Comercio" se decía:

“El examen de que hablamos ha sido pues harto brillante y lucidísimo: ha sido sin duda alguna uno de los mejores que se han presentado de esta clase. Ni podría esperarse otra cosa de la contracción y distinguido talento de ambos jóvenes […]

El señor Suero ha concluido en el mismo corto tiempo y con el mismo aprovechamiento sus estudios de Colejio. Ha cruzado también su pecho con la banda de maestro y ha enseñado durante cuatro años la importante clase de Derecho Natural y Público. En cada uno de estos años ha tenido la gloria de presentar a examen público de la materia que enseña, a una porción más o menos numerosa de jóvenes: y hoy tiene la grata satisfacción de ver ocupadas ya algunas sillas de maestros, por jóvenes que han sido sus discípulos”.

El 14 de febrero de 1852 Suero se incorpora al ilustre Colegio de Abogados de Lima y al año siguiente es nombrado oficial primero de la secretaría de la Cámara de Senadores. En 1854, producida la revolución contra el Gobierno de Echenique, y con motivo de tomas de posición políticas y personales, Suero, al igual que Luciano Benjamín Cisneros, y algunos otros profesores, dejaría temporalmente la cátedra para servir en el ejército. Suero asumiría la secretaría privada del general Medina, mientras que Luciano Benjamín Cisneros enrumbaría con el estado mayor general, acompañando a Nicolás Corpancho hacia el centro del país. En el transcurso de la “Campaña de los siete cadetes”, como denominaron los enemigos de Luciano sus aventuras en el ejército, este escribirá un folleto contra Castilla y tal vez participara en la redacción del Boletín del Ejército y en un periódico eventual titulado “El Constitucional”.

Producida el 5 de enero de 1855 la derrota del ejército nacional por obra del ejército popular en los campos de La Palma, la situación de los adictos al régimen caído se tornaría inestable. El Gobierno provisorio de Castilla promovería un cambio radical en la administración, de la que no escaparían los maestros carolinos que tomaron partido por el Gobierno de Echenique. En efecto, el 15 de febrero de 1855, la Comisión Inspectora de los Establecimientos de Instrucción Pública, conforme a las instrucciones del nuevo Gobierno, reorganizó el Colegio de San Carlos, adoptando entre otras medidas el nombrar nuevos profesores. Entre los expectorados se encontraban José Joaquín Suero y Luciano Benjamín Cisneros. El 20 de marzo, día en que abrió sus puertas el Colegio de San Carlos, como en un canto de cisne, los maestros defenestrados harían pública una protesta por su cese.

Alejado de la cátedra por cuestiones políticas, ese mismo año de 1855 Suero accedería a la magistratura, logrando optar el cargo de juez de primera instancia de Huaraz. Posteriormente, convocado el Congreso de 1860, sería elegido diputado por la provincia de Huaylas, tomando parte, como muchos otros discípulos de Herrera, en la reforma de la Constitución de 1856. Finalizados los trabajos constituyentes y realizado el sorteo correspondiente, Suero pasará a formar parte del Senado del Congreso ordinario de 1860.

domingo, 26 de septiembre de 2021

LA CONJURA DE LAS "CORBATAS ENCARNADAS": A PROPÓSITO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1827



 LA CONJURA DE LAS “CORBATAS ENCARNADAS”: A PROPÓSITO DE LA ELECCION PRESIDENCIAL DE 1827.

1. El 8 de junio de 1827 el Congreso General Constituyente del Perú aprobó la resolución para que la elección de presidente y vicepresidente de la república, en propiedad, se celebrara el día 9 de junio.

Dicha elección fue considerada prematura por quienes estaban interesados en la elección de Santa Cruz, siendo el parteaguas del devenir político del país. 

Vidaurre, autonombrado líder del partido “ministerial”, reclamó contra la medida y solicitó la lectura de una proposición que con el carácter de urgentísima había presentado ese mismo día. En ella exigía la inmediata persecución y castigo del autor o autores de unos libelos impresos contra Santa Cruz, a la sazón encargado del poder ejecutivo. No era gratuita la proposición de Vidaurre. Estando próxima la elección presidencial, procuraba retardarla. No lo consiguió. Al día siguiente su proposición fue refutada por Llosa Benavides, Mariano José de Arce y Luna Pizarro, siendo desechada.

A continuación se aprobaría el decreto sobre la denominación, carácter y periodo de duración de los elegidos en los cargos de presidente y vicepresidente de la república.

El ambiente político como consecuencia de la pronta elección presidencial se enrareció. Las facciones del Congreso se dedicaron a tratar de convencer a los representantes indecisos con el objeto de que sufraguen por sus candidatos. El Gobierno procuraría lo mismo. Tendría éxito la facción de Luna Pizarro.

2. El 9 de junio se observó entre los presentes en la “barra” del Congreso varios sujetos con “corbatas encarnadas”. No se conocía la razón del por qué llevaban tal distintivo. Sin embargo, hay indicios de que era una señal que identificaba a los miembros de un complot o conjura contra Santa Cruz. En verdad, en la tensa situación política a raíz de la pronta e innecesaria elección presidencial en propiedad, así como por la incertidumbre de la elección, algunos personajes radicales habrían planeado asesinar a Santa Cruz, en el caso de ser electo presidente. Así, las corbatas encarnadas eran el santo y seña para la ejecución del plan.

Un dato sobre la veracidad de esta presunta conspiración es suministrada por Francisco Vidal en sus memorias. Decía Vidal: “Próximo a reunirse el Congreso Constituyente de aquel año, fue entonces cuando empezaron a exaltarse las pasiones: los partidos se encarnizaron por sus candidatos, que lo eran los señores Generales La Mar y Santa Cruz, distinguiéndose los partidarios del primero por las corbatas coloradas que usaban” (Néstor Puertas Castro, El general Francisco Vidal prócer de la independencia americana y jefe supremo de la república a través de sus memorias, Lima: s.p.i, 1950, p. 47).

Otra información sobre la veracidad de la conspiración la proporciona José María de Pando en un artículo publicado en el periódico que dirigiera, Mercurio Peruano. Contestando las invectivas y ataques de que era objeto por sus enemigos políticos Pando hace alusión a la existencia de un plan para atentar contra Santa Cruz. Escribía Pando: “Demasiado sabéis que hace más de dos años he vivido con el cordel a la garganta colocado por vuestra ‘liberales’ manos, y que aún debo temblar de que tratéis de hacerme un regalo parecido al que quisisteis hacer al general Santa Cruz, cuando brillaban los puñales de tantos Brutos…” (“A los señores Mariátegui, López-Méndez y compañía”, Mercurio Peruano, N° 537, Lima, 5 de junio de 1829, p. 3).

El triunfo del candidato liberal, La Mar, evitaría que los conjurados ejecutaran su plan.

3. La elección presidencial, de acuerdo al relato de González Vigil, se realizó “por votos secretos que cada uno de los señores sufragantes fue escribiendo separadamente y entregando a su vez al secretario para ser depositado en una urna cerrada, y hecha la regulación resultaron 58 votos a favor del señor D. José La Mar y 29 por el señor Santa Cruz. Es decir que quedó electo el primero por los dos tercios: sin hallarse presente (…)” ([Relación de los hechos a que capciosamente aluden las preguntas del Serrano Bovin sobre la elección de presidente y vicepresidente de la república por el Congreso General Constituyente], El Eco de la Opinión del Perú, N° 2, Lima, 9 de agosto de 1827, p. 3).

Hicieron públicos sus votos, a pesar de ser la elección secreta, Anselmo Quirós, Mariano José de Arce y Luna Pizarro. 

La decisión de la mayoría liberal del Congreso de elegir presidente y vicepresidente de la república, en propiedad, habría de precipitar una serie de acontecimientos que traerían abajo la armazón política liberal. La lección recibida por los liberales determinaría que, en similar situación, el año de 1833 se decidieran por la elección provisional del poder ejecutivo.

4. Ahora bien, debido a su carácter y personalidad, era evidente que La Mar se negaría a aceptar el nombramiento del Congreso. En esas circunstancias, como Vidaurre proseguía con su campaña de oposición a dicho nombramiento, al parecer nuevamente hicieron su aparición los conjurados, aunque esta vez con el designio de atentar contra el diputado limeño. Así, pues, según la versión de Vidaurre, el atentado se pretendió ejecutar cuando, recibida una noticia de que La Mar no aceptaría la presidencia, él manifestó en la tribuna del Congreso que se debería hacer una nueva elección presidencial. Ante esa declaración es que, según Vidaurre, “Se arma una facción con corbatas encarnadas y puñales para asesinarme en la tribuna, en el acto que hiciera la moción. Públicamente se dijo esto  y los revolucionarios mantuvieron por varios días las insignias” (Manuel Lorenzo de Vidaurre, Efectos de las facciones en los gobiernos nacientes…  Boston: W. W. Clapp, 1828, p. 67).

La existencia de la supuesta conjura Vidaurre también la hizo pública en la tribuna del Congreso, cuando se debatía un proyecto de ley del diputado Manuel Ignacio García que procuraba imponer medidas draconianas a quienes conspirasen contra la Asamblea. En efecto, en la sesión del 27 de julio, Vidaurre dijo "que a él se trataba de asesinarle, por varias personas que han comparecido con corbatas encarnadas” (“Congreso”, Mercurio Peruano, N° 4, Lima, 4 de agosto de 1827, p. 3).

Pocos días después de la publicación de la reseña de la sesión del Congreso de 27 de julio de 1827, en la que se daba cuenta de las palabras del diputado limeño sobre la supuesta conjura, un remitido anónimo hizo unas observaciones a lo expresado por Vidaurre. El autor negó la existencia de la conjura y dio razón de por qué en la barra del Congreso había personas llevando las vistosas “corbatas encarnadas”. Manifestó que en días de regocijo por la proximidad de la celebración de la independencia, aquellos peruanos “quisieron figurar en sus cuellos el pabellón patrio” (“Artículo remitido”, Mercurio Peruano  N°. 9, Lima, 10 de agosto de 1827, p. 4).

5. De todo lo expuesto se puede colegir que la conjura de las "corbatas encarnadas" existió y estuvo relacionada con la elección presidencial que debía llevar a cabo el Congreso. El objetivo era Santa Cruz en caso de ser elegido presidente. Que no se llevara a cabo el plan es otro cantar. 

Ahora bien, que una conjura similar se haya intentado contra Vidaurre no la creemos posible porque no había razones ni motivos para ello. Por lo demás, nada ganaban los conjurados con su ejecución. Se trató más bien de otra de las exageraciones a las que estaba acostumbrado el abogado limeño para llamar la atención de la opinión pública.


sábado, 18 de septiembre de 2021

LAS CONSTITUCIONES QUE RIGIERON EN EL SIGLO XIX PERUANO Y SUS EDICIONES, 1812-1867

LAS CONSTITUCIONES QUE RIGIERON EN EL SIGLO XIX PERUANO Y SUS EDICIONES, 1812-1867

La constante variación de constituciones en el siglo XIX peruano no dio lugar, sin embargo, a que la impresión de dichos documentos fuera limitada u escasa, no obstante las estrictas normas que precedían a la concesión o autorización de su impresión. Por lo general se publicaban de dos a más ediciones, salvo el caso de la Constitución de 1826, que por su corta vigencia solo tuvo una.

Ahora bien, las ediciones a las que nos referimos son las coetáneas, es decir, las impresas ni bien se promulgaron las constituciones, porque en 1867 existió el raro caso de la impresión de una edición de la Constitución de 1823, cuando se propuso en el Congreso Constituyente dejar de lado el proyecto de Constitución en debate y adoptar el texto de 1823 con modificaciones acordes a la época. Algo parecido sucedió en la Convención Nacional de 1855-1857, proponiéndose adoptar la Constitución de 1828, pero hasta lo que conocemos no hubo impresión de dicho documento.

Las ediciones de las constituciones que rigieron en el Peru del siglo XIX son las siguientes:

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA, 1812

De los repositorios y catálogos bibliográficos consultados, colegimos que hubo dos ediciones limeñas de la Constitución Política de la Monarquía Española. 

La primera fue la editada o reimpresa el año de 1812, Constitución Política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Lima: Imprenta de los Huérfanos, 1812, 1h, 52, 8 pp. En Nota, suscrita por Toribio Acebal (en la p. 8 s/n y última), se decía que “Por Decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 29 de Abril de 1812 se prohíbe a todo particular, tanto de la Península como de los dominios de ultramar, reimprimir la Constitución política de la Monarquía Española, sin previa autorización y licencia del Gobierno Supremo; pero habiéndose facultado por la Regencia del Reyno, en Real orden de 8 de Junio del mismo año comunicada por la Secretaría de Gracia y Justicia, al Excmo. Sr. Virey del Perú, para que disponga la reimpresión de la Constitución expresada, ha dispuesto S. E. se verifique la de quatro mil ejemplares, a fin de que puedan circularse a las autoridades del distrito, y venderse al público de cuenta del Estado”.

Esta edición constó de cuatro mil ejemplares y fue impresa el mes de noviembre de 1812 y parece que no fue del agrado de Abascal, pues en oficio de 28 del mismo mes y año comunicaba al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, haber cumplido con la orden de 8 de junio de 1812 para la reimpresión de la Constitución, de la que remitía seis ejemplares, “cuya obra no ha podido salir mejor por la absoluta falta que hay aquí de imprenta de buena letra” (AGI, Audiencia de Lima, 742).

Con la restauración de la Constitución el año de 1820, el virrey Pezuela ordenó la reimpresión de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Lima: Imprenta de Ruiz, 1820, 3h, 140, 4 pp. No conocemos más referencias de esta edición, pues es muy rara.

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA DE 1823

La primera edición de la Constitución Política de la República Peruana, Lima: Imprenta del Gobierno [1822], portada, 2h, 16, 2pp. [Texto a 2 columnas], constaba de un decreto del 17 de noviembre de 1823, que habría de ser una constante en casi todas las publicaciones de las constituciones peruanas. La prohibición de “reimprimir la Constitución Política de la República, sin la previa autorización y licencia del gobierno; la que, caso de otorgarse, será por escrito, que se imprimirá en la portada o fin de todos los ejemplares de la misma Constitución” (art. 1). Del mismo modo se disponía que “Antes de venderse o distribuirse los ejemplares que se reimprimieren, se manifestarán al gobierno, jefe o jefes a quienes este cometiere el encargo de examinarlos bajo responsabilidad; a fin de que no se vicie o altere el texto ni aun en lo más mínimo” (art. 2). Por último, entre otras disposiciones, se establecían sanciones para los impresores que contravinieren los artículos anteriores (art. 3) y la obligación de imprimir el “decreto en la portada de los ejemplares de la primera edición de la Constitución, y de cuantas fueren haciéndose en la República” (art. 7).

Terminada la guerra de la independencia y libertadas las provincias del sur del Perú, con miras a las elecciones de los representantes al Congreso General de la República (el frustrado Congreso General de 1826), por decreto del Libertador de 20 de marzo de 1825 se dispuso, por “falta que hay de ejemplares de la Constitución política de la República, y la continua demanda que de ella hacen las provincias”, autorizar a Francisco Javier Mariátegui para que reimprima “dos mil ejemplares de la Constitución política de la República” (art. 1). Previamente a su venta al público, el comisionado presentaría ejemplares de la reimpresión, con el objeto de que “el gobierno los haga cotejar con la Constitución autógrafa” (art. 2). Por último, este decreto debía ser insertado en la nueva edición, de conformidad al artículo 1 del decreto de 17 de noviembre de 1823 (art. 3). La Constitución Política de la República Peruana Jurada en Lima el 20 de Noviembre de 1823, Lima: Imprenta del Estado por J. González, 1825, CXII, 52, 2 pp. [Incluye, entre otros documentos, el Discurso con que la Comisión de Constitución presentó el proyecto de ella al Congreso Constituyente], fue terminada de imprimir a fines de junio de 1825 y se hallaba a la venta en “los dos puntos en que se despacha la gaceta” (“Aviso al Público”, en Gaceta del Gobierno, N° 7, Lima, 30 de junio de 1825, p. 4).

3. CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA PERUANA DE 1826

Única y rarísima edición de una Constitución Peruana. La razón de ello es conocida, el rápido desplome del régimen vitalicio con motivo de la insurrección de las tropas colombianas el 26 de enero de 1827. La Constitución para la República Peruana, Lima: Imprenta de La Libertad por José María Masías, 1826, 23, VI, 4, 25-120 pp., incluye las actas de los Colegios Electorales que la sancionaron, tanto por imposición del Consejo de Gobierno, como por servilismo. Destaca, entre ellas, el Acta del Colegio Electoral de Tarapacá que fue el único colegiado que no se pronunció al respecto, reservando la decisión de asunto tan trascendental al Congreso.

4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA DE 1828

La primera edición fue la Constitución Política de la República Peruana. Dada por el Congreso Jeneral Constituyente, el día 18 de Marzo de 1828, Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria por J. Fabián Solórzano, 1828, 54 pp. Tenía cuasi carácter oficial, pues la Imprenta de la Instrucción Primaria estaba al servicio del gobierno.

Se insertaba en el cuerpo de la Constitución el decreto del Congreso General Constituyente de 21 de marzo de 1828 por el cual, considerando que la Constitución “es una “propiedad nacional, y que es de la mayor importancia se conserve su texto con toda su pureza y exactitud”, prohibía su reimpresión “sin permiso de la Representación Nacional”.

La segunda edición, la Constitución Política de la República Peruana. Dada por el Congreso General Constituyente el día 18 de Marzo de 1828, Lima: Imprenta de José Masías, 1828, 1h, (portada de lujo), 40 pp., podría considerarse una edición particular. Así, en dicha Constitución se hallaba inserto el permiso que la representación nacional otorgaba el 25 de abril de 1828, a solicitud del impresor José Masías, para reimprimir dicha Carta, pero bajo las condiciones siguientes: “1.ª Que la corrección corra a cargo de los señores secretarios del Congreso, sin cuya previa aprobación no podrá procederse a tirar ningún ejemplar; 2.ª Que ha de remitir a la Secretaría del Congreso doscientos ejemplares que ha ofrecido en su propuesta; lo mismo que la 3.ª de vender cada ejemplar al precio de un real”.

Esta edición llevaba una portada de lujo y en los repositorios nacionales son muy raros, por no decir escasos, los ejemplares que la conservan. 

Al día siguiente del permiso otorgado por el Congreso General Constituyente, en el Mercurio Peruano se anunciaba que para el martes 29 de abril saldría “a luz una hermosa edición de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA; y para hacer más fácil su adquisición, su precio será UN REAL” (“Avisos del día. Constitución”, en Mercurio Peruano, N° 215, Lima, 26 de abril de 1828, p. 4).

Posteriormente, en la edición del Mercurio Peruano del 29 de abril se comunicaba que “Desde las doce del día de hoy martes 29 se halla de venta la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA, en la imprenta de Masías y en la tienda de Liceras, calle de Bodegones, al precio de UN REAL. Las personas que tubiesen a comprar crecido número se les hará alguna rebaja. El impresor no ha omitido por su parte cuanto ha creído conducente para sacar una buena edición, sin embargo de que han mediado desde su principio a su conclución solo cuarenta y ocho horas de trabajo.” (“Constitución”, en Mercurio Peruano, N°. 217, Lima, 29 de abril de 1828, p. 4).

5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA DE 1834

Existen dos ediciones. Ambas del mismo año y por la misma imprenta. La primera, al parecer, la Constitución Política de la República Peruana. Dada por la Convención Nacional el día 10 de Junio de 1834, Lima: Imprenta del Constitucional por Lucas de la Lama, [1834], 45, 4 pp. Incluye una advertencia por la cual “Nadie puede reimprimir esta Constitución sin previa licencia del Congreso, conforme a lo dispuesto en la ley de 21 de marzo de 1828”.

La segunda edición al parecer es la Constitución Política de la República Peruana dada por la Convención Nacional el día 10 de Junio de 1834, Lima: Imprenta del Constitucional por Lucas de la Lama, [1834], 44, 4 pp. También incluye la advertencia de que “Nadie puede reimprimir esta Constitución sin previa licencia del Congreso, conforme a lo dispuesto en la ley de 21 de marzo de 1828”.

En la imprenta del Constitucional por Lucas de la Lama tenía bastante injerencia Francisco Javier Mariátegui. Por dicho motivo esta imprenta podría considerarse cuasi oficial, pues en ella se imprimían diversos documentos de la Convención Nacional de 1833-1834, así como los periódicos liberales opositores al gobierno de Gamarra, El Constitucional, redactado por Francisco de Paula González Vigil y El Genio del Rímac, cuyo redactor principal era el propio Francisco Javier Mariátegui.

6. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA DE 1839

Texto constitucional que presenta tres ediciones. Las dos primeras coetáneas. La primera, editada en Huancayo y la segunda, en Lima. Constitución Política de la República Peruana dada por el Congreso Jeneral el día 10 de noviembre de 1839, Huancayo: Imprenta de José Masías por J. Infantas, 1839, 40 pp., y Constitución Política de la República Peruana dada por el Congreso Jeneral el día 10 de noviembre de 1839, Lima: Imprenta de José Masías, 1839, 28 pp.

En ambos textos se insertaba la resolución del Congreso General de 11 de noviembre de 1839 por el cual se consideraba que siendo la Constitución propiedad de la Nación, su publicidad debía hacerse de un modo auténtico que la ponga a salvo de yerros o alteraciones en su texto. Así, solo podía “imprimirse de orden del Gobierno” (art. 1) y todos sus ejemplares debían llevar “a la vuelta de la caratula este decreto y la firma manuscrita del Ministro de Estado del Despacho de Gobierno” (art. 2).

A consecuencia de dicha resolución, en la misma fecha se concedía permiso a Marcelino Aranda para imprimir seis mil ejemplares, con las calidades siguientes: “1a. Que ha de presentar en el Ministerio de Gobierno los primeros pliegos antes de tirarse para que se coteje el testo con la Constitución autógrafa: 2a. Que ha de dar al Gobierno mil ejemplares gratis encuadernados para distribuirse en los Departamentos, y el resto lo venderá a precio de costumbre: 3a. Que ha de cuidar también de que la edición y el papel sean buenos”.

La tercera edición fue impresa el año de 1847  por haberse “agotado la edición última de la Constitución de la República”, accediéndose a la solicitud del impresor José Masías con fecha 22 de octubre de 1847.  Así la Constitución Política de la República Peruana, dada por el Congreso Jeneral el día diez de Noviembre de 1839, Lima: Imprenta de José Masías, 1847, 48 pp. se imprimió bajo las siguientes condiciones: “1.ª Que ha de imprimir cuatro mil ejemplares, y a la vuelta de la primera foja ha de insertar el decreto de 11 de Noviembre de 1839, y en la segunda esta resolución. 2.ª Que ha de presentar en este despacho los primeros pliegos, antes de tirarlos, para que sean comprobados con la Constitución autógrafa: 3.ª Que ha de dar gratis al Gobierno quinientos ejemplares, y además le ha de vender los que necesite por la mitad del precio corriente; y 4.ª Que el papel en que se imprima sea del mejor que se halle en la plaza, y la edición muy esmerada”.

8. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1856

No obstante su escaso periodo de vigencia, la Constitución de 1856 es la única que cuenta con 4 ediciones impresas. Dicha situación tuvo como fundamento la ley aprobada el 3 de noviembre de 1856 (sobre la base de un proyecto presentado por Simeón Tejeda) por la cual se mandaba imprimir la Constitución Política del Estado, y en uno de cuyos artículos se declaraba “libre en toda la República y fuera de ella, la impresión y expendio de la Constitución”, ley que estaba a las antípodas de los decretos y resoluciones de los anteriores congresos. 


Así tenemos Constitución Política del Perú, Lima: Imprenta de Félix Moreno, 1856, 24 pp.; Constitución Política del Perú, Lima: Imprenta de M. Saona, 1856, 24 pp.; La Constitución Política del Perú, jurada el 19 de Octubre del año de 1856, Lima: Imprenta de Justo Montoya, [1856], 32 pp.; y Constitución de la República Peruana. Año de 1856, Lima: Imprenta del Gobierno por Eusebio Aranda, 1856, de la que no tenemos mayores referencias.


9. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1860

Hemos podido comprobar la existencia de dos ediciones de la Constitución de este año. En este caso nos referimos a las ediciones coetáneas a su puesta en vigencia, pues por ser la más longeva de nuestra historia, con posterioridad hubo varias ediciones. Otro aspecto relevante a partir de la edición de este texto es la adición de “Edición Oficial” a los textos constitucionales impresos. 

La primera edición, al parecer, fue la Constitución Política del Perú, Reformada por el Congreso de 1860. Edición Oficial, Lima: Imprenta de José María Masías, Noviembre de 1860, 30 pp. En dicho texto se volvía a insertar la resolución de 11 de noviembre de 1839 expedida por el Congreso General de dicho año. Además se incluía la resolución del Presidente de la República, de fecha 13 de noviembre de 1860, por la cual se aceptaba la propuesta del impresor José María Masías para imprimir diez mil ejemplares de la Constitución, los que serían vendidos al precio de dos reales cada uno, “edición muy esmerada y en el mejor papel que haya en la plaza”, obligándose el impresor “a presentar en el Ministerio de Gobierno los primeros pliegos antes de tirarlos, para que sean comprobados con la Constitución autógrafa. Y por cuanto el decreto del Congreso de Huancayo expedido en 11 de Noviembre de 1839 es aplicable a la nueva Constitución, se insertará a la vuelta de la carátula de cada ejemplar, y en la primera foja esta resolución”.

La otra edición llevaba por título Constitución Política de la República, Lima: Imprenta del Estado, 1860, 39 pp. Por ser una edición escasa y rara, carecemos de mayor información sobre dicho texto.

10. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 1867

Consta también de dos ediciones, a pesar de su escaso periodo de vigencia. No existe, además, inserto en el texto, resolución o decreto prohibiendo su reimpresión sin autorización del Congreso o del gobierno. Al parecer, la razón es la misma que la de la Constitución de 1856, pues esta Carta perseguía “avanzarla más democráticamente” a la primera. 

Así tenemos la primera edición, Constitución Política de la República. Edición Oficial, Lima: Imprenta del Estado por J. E. del Campo, 1867, 29 pp., y la segunda edición, Constitución Política del Perú, Lima: Imp. de “El Nacional”, calle de Melchormalo N° 139, dirijida por J. M. Noriega. 1867, 38 pp. Debe anotarse que la Imprenta de El Nacional editaba el periódico El Nacional, en cuyas páginas se encuentran documentos y discursos del Congreso Constituyente de 1867, más completos que los insertos en el Diario de Debates del Congreso Constituyente, de los cuales también se hizo cargo a partir de las sesiones de junio.



lunes, 28 de septiembre de 2020

"DIÓGENES DEL NUEVO MUNDO", ÁNGEL FERNANDO QUIRÓS († LIMA, 28 DE SETIEMBRE DE 1862)


 “DIÓGENES DEL NUEVO MUNDO”, ÁNGEL FERNANDO QUIRÓS († LIMA, 28 DE SETIEMBRE DE 1862)


El 28 de setiembre de 1862 fallecía en Lima, Ángel Fernando Quirós, arequipeño de ilustre abolengo, poeta popular de los sonetos, conocido y tenido por el vulgo limeño como “el loco Quirós”. 

Según la crónica de su deceso, la dueña de la casa en que se ubicaba la humilde habitación que Quirós alquilaba, intrigada porque la puerta no estaba abierta a la hora de costumbre, la golpeó fuertemente y al no recibir respuesta la hizo forzar, encontrándose con el cadáver.

Quirós, “nuevo Diógenes”, murió como había vivido, abandonado de sí mismo y en la extrema pobreza, al igual que el filósofo de Sinope. 

Hombre de bien y apasionado por “todas las causas en favor de la libertad de los pueblos”, había luchado por la independencia, como su hermano Francisco de Paula, lo que le mereció persecuciones y destierros. A pesar de ello no cejó en su empeño de enseñar “lo que era patria” a los que aún no la conocían.

Hombre instruido y conocedor de varios idiomas, tenía afición a la filosofía y a la poesía, destacándose por la calidad de algunos de sus sonetos, los que por lo general dedicaba a personajes de “virtud y patriotismo” como homenaje por sus grandes hechos. 

A pesar de su proverbial pobreza, no obstante provenir de una familia “aristócratica”, su pluma jamás se prostituyó a la vista de los poderosos. Prefirió, a la adulación y el servilismo, ganarse la vida en oficios de todo tipo, vendiendo utensilios, libros e inclusive loterías o suertes. Sin embargo, aun en esas actividades, era víctima de la muchedumbre insolente, que se mofaba de sus emprendimientos.

En octubre de 1848, "impelido" por los numerosos pleitos judiciales que sostenía por obligaciones pecuniarias, resolvió abrir una suscripción para la publicación en libro de todas las poesías que hasta entonces había publicado en la prensa. El anuncio no hizo más que provocar la burla de sus gratuitos enemigos, entre ellos un mozuelo Ricardo Palma, mediante punzantes comunicados publicados en los periódicos "El Correo" y "El Comercio". Lo motejarían de "cínico inmundo, mendigo del crimen" y "Diógenes".

En vida tan llena de estrecheces los mayores placeres de Quirós eran los libros y la lectura. Llegado el ocaso se dirigía al humilde cuarto que alquilaba. En ese “cuartito pequeño, sin muebles, según relata Juan Espinosa, tenía Quirós un gran cajón donde se metía a dormir entre sus libros, acomodando la vela de esperma, único lujo que se permitió toda su vida, y allí gozaba las delicias intelectuales de las más clásicas lecturas”.

Quirós, a quien el populacho tenía por loco, no lo era. Se le podía llamar la atención por el abandono de su persona, pero ese descuido, no fingido, se debía a una actitud personal. En 1857, tal vez riendo de sí mismo, tituló a la colección de poesías que publicara “Delirios de un loco”. 

Conocida la noticia de su muerte, Juan Espinosa e Ignacio Novoa le dedicaron sentidos artículos en “El Comercio”. “El Soldado de los Andes”, al concluir su escrito, diría: “Así ha vivido 66 años este nuevo Diógenes, cuyo original se ha perdido para el mundo, quien sabe por cuantos siglos”.

Del mismo modo varios de sus amigos abrieron suscripciones, tanto para un nicho perpetuo en el cementerio general, como para una corona literaria. Esta última fue abierta por González Vigil, Mariátegui y el coronel Zegarra. 

Uno de sus sonetos de 1848 retrataría su contristado espíritu, dadas las adversidades por las que atravesaba, haciéndole preferir la muerte a una existencia dolorida.


MI VIDA

Nací, lloré... ¡oh infancia lastimosa!

Tuve razón, crecieron mis dolores.

Pasó la juventud, fueron mayores;

Horrendos hoy... ¡oh suerte desastrosa!

¿Qué será en la vejez lánguida, odiosa?

Me estremezco pensando en sus horrores

Después de haber sufrido los rigores

De una agonía lenta y dolorosa:

¿Con qué es la pena el precio de la vida?

¿Es este el don que se defiende tanto?

¡Oh ilusión del hombre fementida!

¡Fatal origen de aflicción y llanto!

Prefiero a mi existencia dolorida

La muerte que al viviente causa espanto.

miércoles, 15 de julio de 2020

DE LA “OPINIÓN GENERAL” A LA “VOLUNTAD GENERAL”: EL ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE LIMA (DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ) DEL 15 DE JULIO DE 1821


DE LA “OPINIÓN GENERAL” A LA “VOLUNTAD GENERAL”: EL ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE LIMA (DE INDEPENDENCIA DEL PERÚ) DEL 15 DE JULIO DE 1821.

El cerco del ejército libertador sobre la ciudad de Lima obligó al Virrey La Serna a tomar la decisión de evacuar la capital. Estaba convencido de que su permanencia era inútil, pues tarde o temprano Lima iba a caer y lo mejor era retirarse para evitar la destrucción de su ejército. Las consecuencias del retiro de las tropas realistas pronto se hicieron sentir en la ciudad. El temor y el pánico se apoderaron de las gentes principales, mientras que en la plebe la sensación era ambigua, pues los más habían tomado partido por la independencia. La conmoción y la consternación que se vivía en la ciudad se debía al temor a la multitud de negros e indios que se encontraban en las inmediaciones y que pudieran aprovechar del vacío de poder para ingresar a la ciudad y entregarse a los saqueos [Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente. Primer periodo 1819-1822, Lima: s. p. i., 1868, p. 183].

El 5 de julio el Virrey depositó en el Marqués de Montemira el mando político y militar de la ciudad, entregándole un oficio destinado a San Martín cuyo objeto era el mantenimiento del orden público en la capital, evitando los males provenientes de la guerra. En la madrugada del 6 de julio abandonaría la ciudad. Ese mismo día el Marqués de Montemira entabló comunicación con San Martín con la finalidad de solicitarle cumplir la promesa que había difundido en sus proclamas de garantizar la seguridad personal y las propiedades de todos los habitantes de la ciudad, expidiendo oportunas providencias para evitar que los indios y partidas de tropas de montoneros que circundaban la ciudad causaran desórdenes. Dichos documentos fueron remitidos en copia al Ayuntamiento Constitucional.

En sesión del 7 de julio, en el Ayuntamiento se dio cuenta de un oficio de San Martín, fechado el día anterior, manifestando que por fin la capital del Perú había entrado “en el número de los pueblos libres de la América” y por lo cual solicitaba a la corporación haga observar el orden en la ciudad mientras él y sus tropas se disponían a hacer su ingreso. Añadía que estaba dispuesto “a correr un velo sobre todo lo pasado, y desentenderme de las opiniones políticas que antes de ahora hubiese manifestado cada uno”. El Ayuntamiento, como respuesta, agradeció las expresiones y ofertas de San Martín y del mismo modo le solicitó que adoptara los medios más eficaces “que impidan la menor perturbación” en la ciudad. Al día siguiente, por votación, Manuel Pérez de Tudela fue nombrado comisionado del Ayuntamiento para que junto con el Marqués de Montemira forme parte de la comitiva que se entrevistaría con los parlamentarios de San Martín para tratar sobre los asuntos contenidos en los oficios de los días 6 y 7 de julio, sobre la entrega de la ciudad y entrada de las tropas del ejército libertador, otorgándosele por el Ayuntamiento unas instrucciones reservadas. 

En horas de la noche del 9 de julio ingresó a la ciudad el primer contingente del ejército libertador y al día siguiente, también en horas de la noche, lo hizo San Martín, entrevistándose con el Marqués de Montemira. Ya en Lima, era evidente que San Martín no iba a ejercer el mando de una ciudad que no se comprometiera con el proyecto por el cual había arribado al Perú, su independencia. Para ir preparando el ambiente “se destrozaron los bustos y armas reales reemplazándolas con las de la patria y con la inscripción de Lima Independiente” [Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente. Primer periodo 1819-1822, p. 184]. En efecto, como relatara Tomás Guido a su esposa, desde el 12 de julio flameaba en la Plaza de la ciudad el pabellón de la patria [Joaquín Pérez, “Guido: un cronista inédito de la expedición libertadora del Perú”, en Trabajos y Comunicaciones, n.° 23, Buenos Aires, 1978, p. 145].

Lima, la capital del reino del Perú, estaba ahora en posesión del ejército libertador. Siendo la cabeza del reino nada más simbólico que proclamar desde ahí la independencia del Perú. Con ese objeto, el 14 de julio San Martín remitió un oficio al Ayuntamiento que en realidad no era más que una conminación para que se declararan por la independencia. Así, decía, con el deseo de “proporcionar cuanto antes sea posible la felicidad del Perú, me es indispensable consultar la voluntad de los pueblos”, para lo cual ordenó a la corporación que convocara a una junta general de los vecinos notables que, representando “al común de habitantes” de la capital, expresaran si la opinión general estaba decidida por la independencia. 

En el oficio es importante notar que San Martín solo pedía la opinión de los notables de la ciudad para decidirse a proclamar y jurar la independencia del Perú. En consecuencia, al Ayuntamiento solo le bastaba reunir las firmas de los principales de la ciudad para cumplimentar lo mandado. Sin embargo, no todos los notables estaban decididos por la independencia y varios de ellos fueron coaccionados para adoptarla. En esa disyuntiva se encargó al regidor Manuel Pérez de Tudela la elaboración del acta. El abogado ariqueño, al elaborar la escueta declaración, ya no incluiría como fundamento de la misma la decisión de la “opinión general”, limitada solo a los notables, sino la expresión “voluntad general”, que aludía a toda la comunidad. Esta distinción es muy importante. La opinión general implicaba a los notables, mas la voluntad general incorporaba a toda la comunidad, incluida la plebe. Por esa razón es que se puso a disposición del público de la ciudad, luego de la primigenia suscripción del Acta de Independencia, para que en los días siguientes pudieran acercarse al salón consistorial para suscribirla. 

Por tanto, si bien es cierta la crítica de varios realistas indicando que suscribieron el Acta de Independencia por coerción, tal como lo documenta Anna [Timothy Anna, La caída del Gobierno español en el Perú. El dilema de la independencia, Lima: IEP, 2003, p. 236 y siguientes], también es verdad que el texto del Acta varió el espectro de los involucrados en la decisión, por lo que ya no era necesaria la concurrencia de los notables, sino del mayor número. Y en verdad la mayoría de la población, es decir, la plebe limeña, se declaró con entusiasmo a favor de la independencia. Un ejemplo de la decisión de la plebe es que desde el momento mismo del ingreso de San Martín a la ciudad y tras la posterior suscripción del Acta de la Independencia, se envalentonaron, persiguiendo y zahiriendo a los españoles. Esa situación motivaría que el propio Ayuntamiento, el 16 de julio, curse un oficio a San Martín solicitando dictara medidas para contener a la plebe. Decía el oficio:

“ve el Cabildo con el mor. escándalo, que la ruda plebe, y quisá algunos otros individuos del Estado medio provocan e insultan a dhos. Europeos tildándolos godos, virtiendo palabras indesentes y protestas de exterminación qe. los arredran, y exponen a lances ominosos”. 

Ahora bien, el contenido del Acta de Independencia era muy escueto y su tenor el siguiente: “Que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera”. Lo relevante del Acta, como lo hemos manifestado, es la frase “voluntad general”. La expresión está estrechamente ligada a Rousseau, aunque no haya sido él quien la acuñó. La pregunta que surge, tal vez banal, es si Pérez de Tudela tomó la frase de Rousseau, es decir, de El Contrato Social. Es posible, pues la frase en la época era un lugar común y además al ciudadano de Ginebra se le leía asiduamente. Por otra parte, desde la época del primer constitucionalismo gaditano, Pérez de Tudela compartía ideales igualitarios. En las elecciones parroquiales limeñas con motivo de la elección de diputados a Cortes por la provincia de Lima, según informe de Baquíjano al Virrey Abascal, Pérez de Tudela compartía las mismas "criminales opiniones" que había proclamado el padre Tagle, es decir, la igualdad de las clases. Por lo tanto, podemos aseverar que Pérez de Tudela se decantó por la utilización de la frase “voluntad general” en el sentido moderno que se le asignaba. En el de Rousseau. Por ello uno de sus primeros biógrafos acierta cuando sobre Pérez de Tudela expresara lo siguiente:  

“Cábele al Dr. Tudela la alta honra de haber redactado el documento justamente célebre, que redujo a un hecho los votos y deseos de tantos millares de patriotas. El acta de la independencia fue su obra. La misma pluma que redactara las grandes defensas de los perseguidos por los satélites del monarca, la misma pluma que desbordándose en una prodigiosa actividad, ya lanzaba el mortífero pasquín, órgano único y legítimo de los pueblos oprimidos, ya se extendía en una numerosa correspondencia; esa misma pluma grababa eternamente el juramento santo, que sostenido después con torrentes de sangre, lo guardará la historia, como la primera, la más sublime página de la declaración de un pueblo, cuyos destinos inmortales los descubrirán los siglos” [Juan Francisco Pazos, “Apuntes biográficos. El Dr. D. Manuel Pérez de Tudela”, El Comercio, Lima, 15 de marzo de 1864, p. 3].

viernes, 26 de junio de 2020

ENRIQUE ALVARADO, “OBRERO DEL PORVENIR DE LA DEMOCRACIA”, († Lima, junio de 1856)




ENRIQUE ALVARADO, “OBRERO DEL PORVENIR DE LA DEMOCRACIA”, († Lima, junio de 1856)

Una noche de finales del año de 1851, en Lima, un adolescente, casi niño, se acercó al recinto donde se reunía un grupo de jóvenes, bajo la batuta del recientemente llegado proscripto chileno, Francisco Bilbao, y solicitó integrarse al corro juvenil cuyo objeto era “abolir la esclavitud y fortificar el racionalismo” [Bilbao, Francisco, “Apuntes cronológicos (de memoria)”, en  Amunátegui Solar, Domingo, “Bosquejo histórico de la literatura chilena”, Revista Chilena de Historia y Geografía, n.° 24, Santiago de Chile, 1916, p. 163], agrupación que posteriormente adoptaría el nombre de Sociedad Republicana. 

En esos primeros debates en la Sociedad Republicana, cuando se deliberaba sobre la aptitud o no de todo el género humano para participar en la vida pública, ese anónimo adolescente haría uso de la palabra para combatir las exclusiones de cualesquiera tipo que sean, concluyendo, “pálido de emoción”, con la siguiente frase: “Toda exclusión lleva un principio odioso. Universalidad, universalidad, señores. La Democracia es como el Sol, alumbra a todos”.

La Sociedad Republicana establecida en el Perú tenía mucho en común con la Sociedad de la Igualdad organizada en Chile el año de 1850 y de la que su mentor, Bilbao, formara parte. Esta última se caracterizaba por ser una “alianza entre un grupo de jóvenes ‘dandys’ de izquierda, románticos y sinceros en su afán reformista, pero intoxicados con abstracciones y sectores populares mucho más numerosos que los siguieron y apoyaron con entusiasmo” y cuyo ideario  se condensaba en la fórmula del juramento propuesta por Bilbao y aprobada luego: “¿Reconocéis la soberanía de la razón como autoridad de autoridades; la soberanía del pueblo como base de toda política y el amor y la fraternidad como vida moral?” [Gazmuri, Cristián, El “48” chileno. Igualitarios, reformistas radicales, masones y bomberos, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1999, pp. 81 y 73].

En el caso peruano los jóvenes que conformaban la Sociedad Republicana pertenecían a sectores emergentes urbanos aunque la participación popular sería casi nula. Mas, tratándose de Alvarado, este no correspondía al grupo de los “dandys”, pues su familia carecía de recursos económicos. La escasa participación popular en la Sociedad, así como la extracción social de la mayoría de los que la integraban, sería la razón por lo que, a la muerte de Alvarado, estos “núcleos radicales” desaparecerían [Basadre, Jorge, “Los hombres de traje negro”, Letras, n.° 1, Lima, 1929, p. 45].

Enrique Alvarado, consecuente seguidor de los ideales de la Sociedad Republicana y ferviente discípulo de Bilbao, nació en Lima el año de 1835. Cursó estudios elementales en el Colegio de Orengo, siendo condiscípulo de Ricardo Palma [Holguín Callo, Oswaldo, Tiempos de infancia y bohemia. Ricardo Palma (1833-1860), Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1994, p. 129, nota 145]. Luego estudiaría en el Colegio de Guadalupe, donde seguiría con profundo detenimiento las enseñanzas de Pedro Gálvez. Sin embargo, su formación intelectual sería la del autodidacta. Su vida transcurría “entre la meditación y sus papeles”, andando siempre “con un libro en la mano” y saliendo de su habitación “solo para buscar una obra, para recoger otra o para consultar a un amigo” [Benjamín Cisneros, Luis, “Enrique Alvarado”, en Corona fúnebre del malogrado joven don Enrique Alvarado, Lima: Tip. Nacional de M. N. Corpancho, 1857, p. 130].

Habiendo adquirido precozmente profundos conocimientos sobre la filosofía y la política, Alvarado se daría a conocer en las reuniones de la Sociedad Republicana. En ese entonces contaba con aproximadamente 16 años y se vería influenciado por la prédica y obra de Bilbao, mentor de la escasa y variopinta juventud radical peruana que, tras los ecos de la revolución de 1848, hacía acto de presencia en la vida pública limeña. Precisamente, era esta una época propicia para la irrupción del radicalismo, pues el gobierno conservador de Echenique trataba por todos los medios de impedir su propagación en territorio peruano.

Se temía en América y en el Perú la amenaza ya no de la cuestión política, sino de la cuestión social, es decir, la prédica del socialismo, que con sus principios desorganizadores y destructores propugnaba la sustitución de la “Fe-Esperanza-Caridad” con la “Libertad-Igualdad-Fraternidad”, así como la “Propiedad-Familia-Religión” por la “Comunidad-Promiscuidad-Escepticismo” [“Carta al Excmo. Sr. Jeneral D. José Rufino Echenique, presidente de la República Peruana”, Lima, diciembre de 1851, en Las repúblicas hispano-americanas i el socialismo, Bogotá: Reimpreso por Nicolás Gómez, 1852, p. 8]. Sin embargo, la represión y la corrupción en la que se vio envuelto el régimen de Echenique no hicieron más que anunciar la revolución popular de 1854. En ella participarían todas las corrientes radicales, viendo en la revolución de la honradez la época de la regeneración de la república peruana. Sin embargo, la promesa de la revolución no habría de cumplirse.

Alvarado, que con su pluma había colaborado en los periódicos La Ilustración, La Voz del Pueblo, El Comercio, sosteniendo los principios de la revolución, demandaría la “limosna del republicano” [Benjamín Cisneros, Luis, “Enrique Alvarado”, p. 31] solicitando la suscripción a un nuevo periódico, El Porvenir, cuyo objeto era hacer un llamado a la juventud peruana y al pueblo para que tomase parte en las graves cuestiones que se ventilaban sobre el destino de la patria, pues la revolución tornaba de cariz, dejando de lado los principios por los cuales los pueblos se habían levantado en armas. Decía el prospecto:

“La revolución ha sido proclamada por el pueblo y el pueblo debe dirigirla hacia el fin. Desde el momento en que desmaye el entusiasmo popular, se debilitará la energía del poder; porque este necesita constantemente que el pueblo coloque sobre sus sienes la aureola del aplauso y de la gloria, como único galardón de sus fatigas. El pueblo necesita, pues, un órgano fiel de sus ideas, de sus principios, de sus tendencias y de su espíritu, que eleve a las altas esferas del gobierno la expresión de sus necesidades y de sus votos, a fin de que la marcha de la Revolución sea siempre noble y majestuosa, y cumpla dignamente el fin grandioso que se ha impuesto. Necesita un intérprete de sus sentimientos elevados, apóstol de la libertad y de la regeneración, que lea en el gran libro de la democracia los dogmas que debe inocular en el seno de una República naciente y las premiosas exigencias de un país regido por instituciones populares que trabaja con infatigable ardor para abrirse la senda del porvenir, y que llame al mismo tiempo en torno suyo, a todos los jóvenes que conserven todavía en sí mismos, bastante energía para desprenderse del embrutecimiento y del oprobio que pesa sobre ellos. Necesita, para decirlo de una vez, de un periódico liberal y progresista, que sea el campeón de la reforma, de la moralidad y la justicia” [“A los hombres de corazón”, El Comercio, n.° 4660, Lima, 12 de febrero de 1855, p. 3].

Estos “obreros” del porvenir y de la democracia lograron reunir la suscripción para costear algunos números del periódico anhelado. Nacería el fugaz periódico El Porvenir. En ese vocero, cuyo nombre enuncia la promesa imbíbita del republicanismo democrático social, Alvarado fustigaría el que la revolución, durante el gobierno provisorio, se haya “encastillado”, en alusión a las titubeantes decisiones del dictador Castilla, quien a la postre se distanciaría de los principios de la revolución [“¡Adelante o atrás!”, en Corona fúnebre del malogrado joven don Enrique Alvarado, p. 5]. Diría:

“En la época más brillante de nuestra vida política, cuando todos los hombres de corazón esperaban una reforma radical que rehabilitase a las masas abatidas bajo el peso de sus cadenas, que levantase las instituciones derribadas por el militarismo, que aliviase a nuestra hacienda agonizante reduciendo la deuda inmensa que sobre ella gravita, que regenerase el poder judicial, que suprimiese el ejército permanente, que diese nueva vida a la instrucción, que atendiese al desarrollo de los intereses materiales, y que fundase en fin, el hermoso edificio de la república sobre las anchas y seguras bases de la libertad y el orden; cuando nuestras esperanzas se cifraban en los revolucionarios del 54, esos revolucionarios, o no han comprendido o han traicionado al espíritu de la revolución” [Ibíd., pp. 6-7].

La revolución de 1854 no había dado el paso hacia la transformación, en verdad, revolucionaria. Se había consumado “la obra de la destrucción”, pero no la de la reforma. En ese estado, Alvarado y el grupo radical exigían que el gobierno revolucionario definiese su política, “¡Adelante o Atrás!”. Dejar de lado las contemporizaciones o seguir, sin embozo, ese camino. Así, haciendo un recorrido de la vida política del país, Alvarado decía: “O proclamáis la revolución con su ideal divino, o parodiáis al coloniaje con sus cadenas y su inquisición, la dictadura con sus manchas, la anarquía con sus monstruos, la confederación con su orgullo y sus patíbulos, la restauración con su intervención ignominiosa, el directorio con su charlatanería y su crueldad, el régimen constitucional con su hipocresía, y la consolidación con su impudencia y su política de tinieblas” [Ibíd., p. 8].

Para Alvarado solo había un camino, hacia ¡Adelante!, hacia el porvenir de la Democracia: “Reinado definitivo de la libertad que consagra una sola religión, una sola ley, una sola lengua; que fundará una paz inalterable como la armonía de los astros, que ceñirá su corona a toda virtud, rehabilitará a todo delincuente, borrará la miseria de la faz del mundo, y que en vez de la maldición universal que exhala la humanidad en su caída, elevará al Eterno el concierto de las muchedumbres purificadas” [“El porvenir”, Ibíd., p. 16]. Y, en ese Porvenir, de resonancia socialista, “A cada uno según sus facultades” [“Estudios sobre la revolución”, Ibíd., p. 90], no se olvidaba el rol de la mujer.  Alvarado se lamentaba y se avergonzaba por la “horrorosa tiranía” que sobre ella había hecho “pesar la mitad del género humano sobre la otra mitad” [“La mujer”, Ibíd., p. 32].

Demócrata a carta cabal, cuando se erigió la Sociedad Republicana, el hasta entonces anónimo adolescente tomó la palabra y combatió las exclusiones de todo tipo. Aquel muchacho diría: “Toda exclusión lleva un principio odioso”. Concluyendo su intervención con las siguientes, francas y sinceras, palabras: “universalidad, universalidad, señores. La Democracia es como el Sol, alumbra a todos” [Benjamín Cisneros, Luis, “Enrique Alvarado”, p. 132].

Cuando a principios de marzo de 1855 Francisco Bilbao fue víctima de la intolerancia religiosa, siendo luego puesto en prisión, el único que tomó la palabra en defensa del “noble atleta de la libertad” fue su joven discípulo. En esa ocasión diría:

“¿Cuáles son tus enemigos?
Los esclavos de Roma, los que especulan con la ignorancia de los pueblos, los que viven de la abyección de la razón humana, los jesuitas, los frailes, los lacayos de estos, los que esconden su frente en ceniza y sus manos en sangre, todos esos seres que no llevan una idea grande en su mente ni un sentimiento noble en su corazón; toda esta caterva miserable que teme la luz, que odia el progreso, que persigue a los hijos del pueblo, y que arroja la venenosa baba de la impotencia a los libres pensadores, a los apóstoles de la verdad, a los sacerdotes de la nueva era” [“A Francisco Bilbao”, Ibíd., pp. 33-34].

Alvarado, el profeta del porvenir de la democracia y la redención del Perú, fallecería a fines de junio de 1856, en la ciudad de Trujillo. La noticia de su lamentable muerte, a tan temprana edad, sería dada a conocer el 27 de junio en El Heraldo de Lima y, al día siguiente, en El Comercio, mereciendo posteriormente el homenaje de aquellos jóvenes con quienes compartió ideales. Ellos abrirían una suscripción aquel año para dedicarle una corona fúnebre que recopilara sus escritos. Sin embargo, después de bastantes dificultades, el folleto recién sería impreso el año de 1859 [Corona fúnebre del malogrado joven don Enrique Alvarado, Lima: Tip. Nacional de M. N. Corpancho, 1857 (1859)].