domingo, 28 de febrero de 2021

ALGUNOS MITOS E INEXACTITUDES EN TORNO A JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

ALGUNOS MITOS E INEXACTITUDES EN TORNO A JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

Sobre José Faustino Sánchez Carrión se han escrito diversos mitos e inexactitudes que, sin mayor investigación y análisis, han terminado dándose por ciertos. Veamos.

1. LA SEPARACIÓN Y EXPULSIÓN DE SÁNCHEZ CARRIÓN DEL COLEGIO DE SAN CARLOS DURANTE EL GOBIERNO DEL VIRREY PEZUELA

Una de las leyendas que persiste como verdad en el imaginario popular es aquella difundida por Nicolás Rebaza según la cual Pezuela dispuso que Sánchez Carrión se separase de Lima “lo menos 50 leguas de ella”. Según Rebaza el virrey había expresado a Toribio Rodríguez de Mendoza, quien ya no era rector en la época en que supuestamente se produjeron los hechos (años 1819-1820), que Sánchez Carrión “no solo sale del Colegio, sino que tiene que dejar Lima; pue ese mozito me tiene revuelta la capital. Y hablemos claro señor Rector, hasta los ladrillos de San Carlos son insurgentes, y el día que me llenen las medidas, enderezaré contra él las trompetas de Santa Catalina (los cañones) y no dejo ni piedras en San Carlos” [Nicolás Rebaza, Anales del departamento de La Libertad en la guerra de independencia, Trujillo: Impr. de “El Obrero del Norte”, 1898, p. 163.]. El fantasioso relato de Rebaza no cuenta con documento alguno que lo sustente. 

Sánchez Carrión, en ese periodo, alternaría la enseñanza en el Convictorio y el ejercicio de la abogacía. Su promisoria labor profesional y un hecho de singular trascendencia en su vida personal lo decidirían a separarse, definitivamente, del Convictorio. No hubo aquí, como muchos creen a partir del relato de Rebaza, ninguna amenaza ni expulsión por parte del virrey Pezuela. En la separación del Colegio de San Carlos entraron a tallar motivaciones personales y políticas. 

Una prueba de lo afirmado es la presencia de Sánchez Carrión, en mayo de 1819, como portavoz del Convictorio en el besamanos conmemorativo del natalicio de Fernando III, llamado “el Santo”. En la arenga, simulando rendido vasallaje a Fernando VII a pesar de las “invitaciones fementidas” de independencia de los insurgentes del Rio de La Plata, pronunciará una frase que demuestra el cambio de su opinión con relación a la monarquía hispana. Ahora, veladamente, insinuará que el fin de las testas coronadas de Castilla en la América estaba cerca:

"¡Insano empeño a la verdad el de los pueblos argentinos! Porque cumpliéndonos estos homenajes desde los altos godos muy cristianos, jamás podrán rendirse ante las aras de una infame independencia. FERNANDO EL III, a quien la iglesia celebra hoy entre sus santos, y FERNANDO EL CATÓLICO, cuya piedad le mereció la posesión de estos dominios nos están viendo desde el cielo, y no pueden consentir en que el trono de Castilla, y en él el gran FERNANDO que hoy impera, ciña destrozada la corona quince siglos hace gloriosa y sostenida" [José Faustino Sánchez Carrión, “(Arenga que en el besamanos del 30 del pasado mayo hizo) el D. D. José Sánchez Carrión, por el Real Convictorio de San Carlos”, Gaceta del Gobierno de Lima, n.° 40, Lima, 2 de junio de 1819, pp. 493-494.].

En diciembre de 1819 Sánchez Carrión se separará voluntariamente de su amado Convictorio, por lo que quedando vaca la cátedra de digesto viejo esta le será asignada a Juan Navarrete. Su salida no fue obligada, como insiste Fernando Gamio, apoyándose en los testimonios de Larriva y de Rebaza, que no aportan documentos fehacientes, así como en la documentación que solo acredita el pago de los haberes del cesante catedrático y en el nombramiento de quien lo reemplazara en la cátedra [Fernando Gamio Palacio, El repúblico y libertador doctor José Faustino Sánchez Carrión, Lima: Librería Studium Ediciones, 1988, pp. 79, 81-82.]. Por el contrario, Porras [Raúl Porras Barrenechea, “José Sánchez Carrión el tribuno de la república”, p. 81.] y Eguiguren coinciden en que la separación de Sánchez Carrión del Colegio de San Carlos fue voluntaria. Eguiguren, además, sugiere la idea de que el alejamiento del egregio carolino fue por “motivo de los sucesos políticos” [Luis Antonio Eguiguren, Sánchez Carrión ministro general de los negocios del Perú, p. XXVI.].

En verdad, las principales motivaciones de Sánchez Carrión para dejar el Convictorio fueron personales y políticas. En cuanto a las personales debe tenerse en cuenta que por el año de 1818 Sánchez Carrión se había enamorado, por esa razón abandonará la idea de prepararse para la profesión eclesiástica [Raúl Porras Barrenechea, “José Sánchez Carrión el tribuno de la república”, p. 82.]. De ahí también la premura en obtener la colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima. En efecto, el 8 de noviembre de 1819 Sánchez Carrión contraerá matrimonio con Josefa Antonia Dueñas Gallardo [Ibíd.].

Como prueba del alejamiento definitivo de Sánchez Carrión del Convictorio de San Carlos, el 14 de octubre, día del natalicio de Fernando VII, quien llevaría la voz del Colegio ante el Virrey Pezuela, en las ceremonias oficiales en honor del Rey, sería el colegial maestro Manuel Antonio Valdizán [Gaceta del Gobierno de Lima, n.° 65, Lima, 21 de octubre de 1820, p. 555.]. Dice Porras Barrenechea que no se tienen datos de las actividades de Sánchez Carrión en los días del desembarco del ejército libertador en Pisco y del posterior cerco de Lima [Raúl Porras Barrenechea, “José Sánchez Carrión el tribuno de la república”, p. 83.]. Sin embargo, hay evidencias de que estuvo en Lima hasta fines de diciembre de 1820, viajando luego a Huamachuco por el fallecimiento de su padre. En efecto, ese mes de diciembre nacerá su primogénita Juana Rosa. Siendo ello así, Sánchez Carrión fue testigo de la restauración de la Constitución de 1812 y de todas las actividades desarrolladas para poner en ejecución sus instituciones. Empero, solo será un frío espectador de los sucesos. 

2. LA LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE "EL SOLITARIO DE SAYÁN" EN LA SOCIEDAD PATRIÓTICA DE LIMA

El 8 de marzo, día en que se iban a exponer los argumentos de los socios que refutarían las tesis pro monárquicas expuestas por Moreno en la sesión anterior, y luego de darse lectura al acta correspondiente, Mariátegui hizo presente haber recibido dos pliegos cerrados, uno dirigido a la Sociedad y el otro dirigido a él, como secretario de la Sociedad. Monteagudo tomó y abrió el pliego rotulado a la Sociedad, que correspondía al remitido por Pedro Antonio de La Torre, viendo que era anónimo ordenó que se reservara su lectura [Acta del 8 de marzo de 1822, en “Actas de la Sociedad Patriótica”, p. 429.]. Del otro pliego, dirigido al secretario de la Sociedad, que correspondía a la carta de El Solitario de Sayán, nada se dispuso. 

Recuerda Mariátegui [Francisco Javier Mariátegui, Anotaciones a la Historia del Perú Independiente de don Mariano F. Paz Soldán, p. 119.] que antes de iniciar la sesión recibió un pliego cerrado que contenía una carta y un escrito que lo acompañaba (la carta sobre la inadaptabilidad del gobierno monárquico al Estado libre del Perú). En la misiva, suscrita por El Solitario de Sayán, se pedía al secretario de la Sociedad Patriótica leyera en la sesión de ese día el escrito adjunto. Monteagudo tomó la carta y la leyó. Su lectura le fue suficiente para darse cuenta del contenido del escrito que se pretendía hacer leer en la sesión, pues ya había tomado conocimiento del mismo al haberse publicado parcialmente en El Correo Mercantil Político y Literario el día anterior. Monteagudo se negó a que se diese lectura a la carta de El Solitario de Sayán. Del mismo modo decidió que no se hiciera público todo su contenido, por lo que ordenará al editor del Correo Mercantil evitar continuar con la publicación de la misiva, como este último había prometido. 

La carta de El Solitario de Sayán no fue leída en la Sociedad Patriótica pero de su contenido tomarían conocimiento Monteagudo y los socios (José Cavero y Mariano de Aguirre) que, sobre la base de su lectura, disertarían a favor de la monarquía constitucional en las sesiones siguientes.

Ahora bien, en la sesión del 12 de abril, contando con la presencia de San Martín, quien había sido nombrado miembro honorario, se leyó por el secretario la carta remitida a la Sociedad y que en la sesión del 8 de marzo se había dispuesto reservarse su lectura. Sostienen Pacheco Vélez [César Pacheco Vélez, “La Sociedad Patriótica de Lima de 1822. Primer capítulo de la historia de las ideas políticas en el Perú”, p. 33.], Leguía y Martínez [Germán Leguía y Martínez, Historia de la Emancipación del Perú: el Protectorado, tomo V, p. 121, nota (11).] y todos los que los han seguido sin tomarse la molestia de leer las actas de la Sociedad, que el documento al que se dio lectura correspondía a la carta de El Solitario de Sayán. En verdad, no se trataba de esa carta, sino de la carta suscrita por “un amigo de sus conciudadanos”, seudónimo con el cual el sobrino de Luna Pizarro, Pedro Antonio de La Torre, la había remitido a la Sociedad el 2 de marzo. No es cierto, por tanto, que la carta haya sido retirada y no haya visto la luz pública, como mal recuerda Mariátegui [Francisco Javier Mariátegui, Anotaciones a la Historia del Perú Independiente de don Mariano F. Paz Soldán, p. 119.].

3. SÁNCHEZ CARRIÓN SUPUESTO "JEFE" DE UNA "LOGIA REPUBLICANA"

La intromisión de Monteagudo en las elecciones y su política de carácter dictatorial, espiando, amenazando, intimidando y persiguiendo a todo opositor a sus planes, provocarían la reacción del pueblo de Lima. El 25 de julio se formó una representación dirigida al Supremo Delegado para que removiera a Monteagudo del ministerio, caso contrario se formaría un cabildo abierto que, tal vez, ya no adoptaría medidas suaves y prudentes como la representación que se dirigía [El Republicano, número extraordinario, Lima, 26 de julio de 1822, p. 2.]. Ese mismo día se dirigió un oficio a la Municipalidad adjuntándole copia de la representación. En la noche del mismo día los regidores deliberaron sobre el contenido de la representación y decidieron apoyarla, remitiéndola al Supremo Delegado con un oficio sobre el particular. Esa misma noche el Supremo Delegado comunicó al cuerpo municipal la renuncia de Monteagudo al ministerio [Lima justificada. En el suceso de 25 de julio, Lima: Por D. Manuel del Río, 1822, pp. I-IV.]. 

Empero, la sola renuncia de Monteagudo no agradó a muchos por lo que se incitó al pueblo para que en tumulto pidiera el arresto del defenestrado ministro. La Municipalidad dirigió el 26 de julio un nuevo oficio al respecto y ese mismo día el Supremo Delegado informó a la corporación que Monteagudo quedaba arrestado en su casa en espera del juicio de residencia por su administración. No obstante, para evitar males de entidad por la efervescencia del pueblo, la Municipalidad mediante nuevo oficio solicitó a Torre-Tagle que se permitiera embarcar a Monteagudo con destino a puerto ajeno al Perú. En efecto, a las dos de la mañana del 30 de julio de 1822, Monteagudo fue embarcado en un buque de guerra con destino a Panamá [Ibíd., pp. VII- XVI.].

Un relato publicado una década después de sucedidos los hechos explicaba que tras la deposición y arresto de Monteagudo, parte del ejército al mando del general Rudecindo Alvarado estuvo dispuesto a contener el tumulto popular pero Luna Pizarro acudió donde aquel general y lo persuadió para que mantuviera pasivo a su ejército. Del mismo modo afirmaba que el clérigo arequipeño fue quien sugirió el destierro de Monteagudo, pues viendo que los acólitos de Riva-Agüero exigían con insistencia la residencia del tucumano, exponiendo el movimiento popular a una contrarrevolución, aquella decisión logró serenar la borrasca que amenazaba [“Biografía de D. J. de la Riva-Agüero, en la parte que le toca de la historia del Perú libre”, en Miscelánea, n.° 847, Lima, 15 de mayo de 1833, nota 11, p. 3.].

Ahora bien, según una de las leyendas asumidas como verdad histórica, difundida principalmente por el tradicionista Ricardo Palma, la caída de Monteagudo fue obra de una “Logia Republicana” cuyo jefe no era otro que Sánchez Carrión. En la realidad tal logia no existió. Mariátegui, uno de los presuntos miembros, lo negó. El motín contra Monteagudo, uno de los supuestos actos promovidos por la logia, fue obra de Riva-Agüero [Así lo reconocían en el periódico patrocinado por los adictos a Riva-Agüero, “Otro (Remitido)”, La Abeja Republicana, n.° 6, Lima, 18 de enero de 1823, pp. 113-114; véase también el artículo de Felipe Pardo, “Bosquejo de las principales causas que nos han embarazado prosperar en el estado de independencia, y de las medidas aplicables para evitar nuestra ruina”, El Rejenerador, n.° 28, Lima, 26 de junio de 1835, p. 1.], asonada a la que prestaron apoyo distintos personajes de la ciudad, entre los que tuvo activa participación Luna Pizarro. Sánchez Carrión, como afirmara Porras y como se colige de los documentos proporcionados por los informantes de San Martín sobre el tumulto, no fue instigador de la representación del pueblo limeño, ni participó en las manifestaciones, aunque su firma apareciera “confundida” entre quienes la suscribieron [Raúl Porras Barrenechea, “José Sánchez Carrión el tribuno de la república”, p. 85; Documentos del archivo de San Martín, tomo VII, Buenos Aires: Imprenta de Coni Hermanos, 1910, pp. 519-526.]. A ello se limitó su participación. Partidario de principios, Sánchez Carrión era ajeno a los partidos o facciones. Solo cuando vio a la patria amagada por la anarquía y en peligro de perder su independencia se hizo partidario no de un partido o facción, sino de un hombre: de Bolívar. 

4. SÁNCHEZ CARRIÓN EDITOR, REDACTOR O COLABORADOR DEL PERIÓDICO LA ABEJA REPUBLICANA

Tras la caída de Monteagudo la opinión pública se mostró abiertamente pronunciada contra la monarquía y a favor de la república a tal punto que, según el plenipotenciario de Colombia en el Perú, Joaquín Mosquera, ya era imposible adoptar otra forma de gobierno [Carta de Joaquín Mosquera a José Gabriel Pérez, Lima, 8 de agosto de 1822]. En efecto, la libertad de imprenta, pregonada por los labios ministeriales, pero refrenada en los hechos, recién pudo ejercerse en toda su extensión. Entre julio y agosto de 1822 aparecerán diversos folletos y periódicos republicanos. Entre los periódicos, algunos de efímera duración, destacarán El Republicano, La Abeja Republicana y El Cometa. De estos impresos ha logrado fama duradera La Abeja Republicana. La razón, no hay duda, es por haberse publicado íntegra en ella la carta de El Solitario de Sayán. Además, porque se ha sostenido y sostiene que en su edición participaron Mariátegui y Sánchez Carrión, atribuyéndosele a este último algunos artículos distintos a la primera Carta de El Solitario de Sayán. 

Basadre, quien realizara un estudio detallado sobre La Abeja Republicana, tiene dudas sobre la participación de Sánchez Carrión en el diminuto periódico, pero como hipótesis ha sostenido que tal vez el tribuno fue socio del impreso en sus días iniciales, apartándose luego, por discrepancias [Jorge Basadre, “La Abeja Republicana”, en Percy Cayo Córdova, Antología de Jorge Basadre, Lima: Fundación M. J. Bustamante De la Fuente, 2003, p. 199.]. Discrepamos de la hipótesis de Basadre. Sin dudar afirmamos que Sánchez Carrión no fue socio ni tuvo ninguna relación con la edición, redacción o manejo de La Abeja Republicana. Su participación en dicho periódico se limitó a la publicación de la primera carta de El Solitario de Sayán que, según él mismo refiere, no la hubiera realizado de no ser porque personas a quienes respetaba mucho no lo hubieran estimulado a hacer la remisión de su escrito [José Faustino Sánchez Carrión, “Cartas remitidas por el Solitario de Sayán”, p. 30.].

En ese sentido es erróneo atribuir a Sánchez Carrión los artículos denominados “La inquisición política o el método de castigar y premiar por medio de informes secretos es detestable y solo puede ser conocido en un país despótico” [“La inquisición política o el método de castigar y premiar por medio de informes secretos es detestable y solo puede ser conocido en un país despótico”, La Abeja Republicana, n.° 5-7, Lima, 18, 22 y 25 de agosto, pp.61-68, 69-76 y 77-81.], suscrito bajo el seudónimo de “El Patricio”, y “Nobleza” [“Nobleza”, La Abeja Republicana, n.° 25, Lima, 27 de octubre de 1822, pp. 230-236.], que no lleva firma. Razones varias las fundamentan, entre otras la forma de la escritura y el giro de ciertas palabras y frases. Más aún, en el caso del primer escrito, la sola utilización del seudónimo “El Patricio” revela que no fue Sánchez Carrión su autor. El Solitario de Sayán, como ferviente republicano, no utilizaría un seudónimo de naturaleza aristocrática. Así, cuando edita su propio vocero lo denominará El Tribuno de la Republica Peruana. Por lo demás, de haber escrito aquellos artículos, los hubiera suscrito bajo su propio e imperecedero seudónimo. 

Quien redactara dichos artículos y otros más relacionados con la forma de gobierno no fue otro que Francisco Javier Mariátegui. En la polémica que hubo en relación al escrito de Ricardo Palma, “Monteagudo y Sánchez Carrión”, Mariátegui reconoció haber participado en la redacción de La Abeja Republicana y haber escrito algunos artículos que impugnaban la monarquía, corrigiendo de esa manera el equívoco de Palma quien había afirmado que dicho periódico fue redactado por Mariátegui y Sánchez Carrión” [Ricardo Palma, Mis últimas tradiciones peruanas y cachivachería, Barcelona, Buenos Aires: Casa Editorial Maucci, Maucci Hermanos, 1906, p. 573.].

5. SÁNCHEZ CARRIÓN AUTOR INTELECTUAL DEL ASESINATO DE MONTEAGUDO

Sobre la base del artículo de Ricardo Palma, "Monteagudo y Sánchez Carrión", y tomando como fuente las memorias del general Tomás Cipriano Mosquera, en la actualidad, y en lo fundamental, historiadores argentinos siguen atribuyendo el asesinato de Bernardo Monteagudo como obra de Sánchez Carrión [Véase, entre otros, Pacho O'Donell, Monteagudo. Pionero y mártir de la unión americana; Javier A. Garin, El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la unión sudamericana]. 

El artículo con pretensión histórica de Palma, atribuyendo el asesinato de Monteagudo a Sánchez Carrión, no era original. Estamos convencidos que la indagación histórica del tradicionista limeño tuvo como base el Compendio de la historia política del Perú de Manuel Bilbao publicado en Lima el año de 1856. En ese compendio había escrito Bilbao lo siguiente:

“Monteagudo fue asesinado cerca de San Juan de Dios por dos negros. Indagándose quién sería el que había mandado cometer este crimen, los reos fueron sustraídos a la acción de la justicia por Bolívar. Se cree con algún fundamento que el autor fue el ministro del Libertador, señor Sánchez Carrión, celoso de la influencia que la víctima iba ejerciendo en Bolívar. Esto aparece del proceso” [Manuel Bilbao, Compendio de la historia política del Perú, escrito para el estudio de los jóvenes cursantes de humanidades, Lima: Imprenta del Pueblo por J. M. Ureta, 1856, p. 171, nota (*)].

Por la nota infamante del escrito contra la memoria de Sánchez Carrión reclamó Antonio Benavides, hijo político del tribuno, en comunicado publicado en El Comercio el año de 1858. Afirmaba Benavides que en el expediente del proceso sobre el asesinato de Monteagudo no había "ni una letra ni nada que tenga relación a manifestar que el señor Carrión tuvo alguna parte en el suceso de Monteagudo”, manifestando que cumplía a su deber "dejar incólume" la memoria respetable y la honra de los hijos de Sánchez Carrión, poniendo "en transparencia a su difamador" y concluyendo con las siguientes palabras:

"Más adelante, cuando la verdadera historia del Perú sea trazada por la mano de la imparcialidad y la justicia y no por la de viles especuladores, esta cumplirá su deber para con los hombres de la Independencia como el señor Sánchez Carrión” [Antonio Benavides, “Documento para la historia”, suscrito el 1 de diciembre de 1858, en El Comercio, Lima, 2 de diciembre de 1858]. 

Posteriormente, respondiendo a un artículo suscrito por los “Amigos de Bilbao” [“Bilbao y Benavides”, El Comercio, Lima, 4 de diciembre de 1858], en que estos defendían al publicista chileno, Benavides replicó señalando algo muy importante para desvirtuar el crimen atribuido a su padre político:

“(…) muy grande era el señor Carrión como hombre de estado y ante el Libertador para poder tener celos de otro hombre como favorito, y decidirse a un hecho criminal ajeno de la nobleza, dignidad y sentimientos que acompañaban al señor Carrión. Tengo conmigo documentos bajo la firma del Libertador y de otros personajes, de lo que fue el señor Carrión como hombre de estado y como magistrado, para desmentir con ellos al que pretenda empañar su ilustre nombre” [Antonio Benavides, “A los amigos de Bilbao”, El Comercio, Lima, 6 de diciembre de 1858].

En efecto, grande era la nobleza, dignidad y sentimientos de Sánchez Carrión para que promoviera el asesinato de Monteagudo, que en esa época era compañero suyo en los consejos del Libertador. Es cierto que el tribuno fue quien solicitó en el Congreso Constituyente la proscripción del tucumano, por el temor de que al retornar este al Perú diera continuidad a sus planes monárquicos, pero esa decisión y actitud, pudiera decirse jacobina de Sánchez Carrión, ya había sido dejada de lado, como lo comunicara él mismo en carta a Bolívar antes y luego del arribo de Monteagudo al Perú [Cartas a Bolívar, Lima y Trujillo, 1 de febrero y 26 de abril de 1824].

lunes, 9 de noviembre de 2020

LA VACANCIA POR INCAPACIDAD MORAL EN LAS CONSTITUCIONES PERUANAS DEL SIGLO XIX




LA VACANCIA POR INCAPACIDAD MORAL EN LAS CONSTITUCIONES PERUANAS DEL SIGLO XIX

Aunque la Constitución de 1823 no incorporó ninguna regla sobre vacancia presidencial, su texto estuvo influenciado por un fuerte contenido moral. Esta Constitución, en estricto, era una Constitución republicana. Por ello, al instituir el Senado Conservador, a este cuerpo le correspondía velar “sobre la conducta de los magistrados y ciudadanos”(1). Esta singular atribución procuraba evitar “en tiempo el desorden de la administración pública” de manera que nunca se corrompa la moralidad civil(2). La justificación del precepto tenía como correlato el hecho de que la ciudadanía daba acceso a los cargos públicos. Por lo tanto, los ciudadanos tenían que ser moralmente aptos al ser llamados al servicio de la república.

La siguiente Constitución, la de 1826, tampoco reguló la vacancia presidencial, pero como su predecesora, también estuvo influenciada por un fuerte contenido moralizador. Así, para ser nombrado presidente se establecía como uno de los requisitos el no haber sido condenado jamás por los tribunales, ni aun por faltas leves(3). Este requisito y los otros relativos al presidente también eran aplicables al caso del vicepresidente(4).

La Constitución liberal de 1828, aunque tampoco reguló la vacancia presidencial, prescribió los casos por los cuales el vicepresidente reemplazaría al presidente de la república. Estos supuestos eran los siguientes: imposibilidad física o moral y cuando el presidente salga a campaña(5). Así, esta Constitución sería la primera en tratar de la imposibilidad moral o física, entendiéndose por imposibilidad moral la imposibilidad o incapacidad mental.

En 1834, la Convención Nacional, al sancionar la Constitución de ese año, reguló por fin los casos de vacancia presidencial. La presidencia de la república vacaba por muerte, admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física, destitución legal y término de su periodo constitucional(6). Sin embargo, la Carta de 1834 no reguló el caso de la imposibilidad moral. Empero, estableció que el Congreso reunido era el competente para resolver las dudas que ocurriesen en los casos de perpetua imposibilidad física del presidente y declarar si procedía o no una nueva elección(7).

Por fin, en la Constitución sancionada por el Congreso General de 1839 se reguló el tema de la vacancia del presidente por perpetua imposibilidad moral, adoptando prácticamente  el texto de su predecesora sobre la materia. Sin embargo, el tema de la vacancia no fue propuesto en el proyecto de Constitución en mayoría, que nada decía sobre el asunto, sino en un proyecto de Constitución en minoría que, hasta hoy, es absolutamente desconocido. En efecto, en dicho proyecto, suscrito por los diputados José Fernández Dávila, Nicasio Fernandini, Melchor Hinojosa y Pedro Antonio Cox, se establecía que la presidencia vacaba “de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya celebrado el presidente contra la unidad o independencia nacional: y de derecho por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física o moral, destitución legal y término de su periodo constitucional”(8) y, entre las atribuciones del Congreso, solo le correspondía resolver las dudas sobre los casos de perpetua imposibilidad física del presidente(9). 

Puesto a discusión el texto del proyecto, el que fue modificado, suprimiéndose las palabras “destitución legal”, quedó como sigue: “La Presidencia de la Repúbca. vaca de hecho por muerte, o por cualquier pacto  qe. haya celebrado contra la unidad o independencia nacional; y de derecho por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física o moral, y término de su periodo constitucional”. Votado por partes, dicho texto fue aprobado en ambas(10). 

Ahora bien, en la Constitución de 1839 la perpetua imposibilidad moral del presidente se entendía en un sentido estricto, es decir, como imposibilidad o incapacidad mental. De eso no quedan dudas al observarse la relación existente entre los artículos 55, numeral 18, y 81 de la Constitución(11), porque una perpetua imposibilidad mental, acreditada por facultativos, no tendría que dar lugar a cuestionamientos.

Sin embargo, la situación variaría con la Constitución de 1856. Ahora se regularía ya no la perpetua imposibilidad moral del presidente, sino la incapacidad moral. Esta variación de términos es importante. Significaba que de un sentido restringido se transitaba a un sentido lato. Y ello tenía relación con los actos del Gobierno de Echenique, acusado de corrupción y mal gobierno. Del cambio textual y semántico nos lo da cuenta una de las actas de pronunciamiento redactadas contra aquel Gobierno, específicamente el acta de pronunciamiento de Cerro de Pasco, suscrito el 27 de enero de 1854. Acta que sin lugar a dudas fue inspirada por José Gálvez.   

En efecto, la incapacidad moral, según dicha acta, incorporaba actos tales como abusos y desórdenes de la administración; ineptitud para el buen gobierno; carencia de la nacionalidad peruana e influencia corruptora para lograr los sufragios que permitieron a Echenique obtener la suprema magistratura; corrupción de la representación Nacional sometiéndola a los caprichos del Gobierno, entre otros. Actos que, como se puede observar, no eran delitos propiamente dichos. En consecuencia, semejante conducta y demás actos del gobernante impelieron a declarar a los padres de familia y vecinos notables de la opulenta ciudad de Cerro de Pasco, en el primer artículo del acta de su pronunciamiento: “Que el jeneral D. José Rufino Echenique, por su incapacidad moral y falta de virtudes cívicas, ha cesado en el mando supremo de la República [...]”(12). 

Convocada la Convención Nacional con motivo del triunfo de la Revolución moralizadora de 1854, este cuerpo, una vez instalado, nombró una Comisión de Constitución, presidida por Juan Gualberto Valdivia, pero bajo el liderazgo de Pedro Gálvez. Dicha Comisión, a fines de noviembre de 1855, elaboró un primer proyecto de Constitución en el cual prácticamente reproducían los artículos 55, numeral 18, y 81 de la Constitución de Huancayo, aunque con algunas ligeras variaciones. Así, en el caso de la resolución de dudas sobre la perpetua imposibilidad del presidente la ampliaba también al supuesto de la imposibilidad moral. Y, en cuanto al tema de los supuestos de vacancia de derecho, añadía la figura de la destitución legal(13).

Sin embargo, ese primer borrador de Constitución sufrió varias modificaciones, siendo una de ellas la referida al tema de la vacancia. En efecto, en el proyecto definitivo de Constitución el término “imposibilidad” dio paso al de “incapacidad”, aunque se mantuvo la redacción respecto a la resolución de dudas en los casos de “perpetua imposibilidad”(14), creemos que por error. 

Ahora bien, en el espíritu de la Constitución de 1856 la vacancia estaba estrechamente relacionada al tema de la responsabilidad del presidente y, ambas, a los dos objetivos principales que la Comisión tenía en mente con la Ley Fundamental, esto es, “Conservar sin violencia la subordinación de las masas y no dejar en manos de los funcionarios, ni los medios, ni el tiempo de hacerse despóticos”(15). En efecto, del debate del artículo 78 se puede colegir esta relación, así como de otras discusiones vinculadas a la temática, como el relativo al derecho de insurrección. Veamos.

En la sesión del 13 de febrero de 1856, puesto a debate el texto del artículo 78 del proyecto, el diputado Ramos presentó la siguiente adición a la primera parte del artículo, sobre supuestos de vacancia de hecho, “Por disolver el Congreso o suspender sus sesiones, por omitir las medidas que le corresponde tomar para la vindicación del honor y de los derechos nacionales; y por dilapidación de los fondos públicos”. Del mismo modo, los diputados Cortés, Juan Cavero y Tejeda propusieron también otras modificaciones. Sin embargo, Pedro Gálvez y Ángel Cavero, miembros de la Comisión, solo aceptaron la modificación del diputado Ramos en la parte que decía “Por disolver el Congreso o suspender sus sesiones”(16). 

Al día siguiente, continuando con el debate, los diputados Roca, Zavala, Mesones, Ángel Cavero, Aguila, Goyburu y Valdivia, presentaron una modificación al artículo en los siguientes términos: “La Presidencia de la República vaca de hecho, por muerte o por cualquier pacto que haya celebrado contra la independencia e integridad nacional, por disolver el Congreso o suspender sus sesiones; y de derecho, por admisión de su renuncia, incapacidad física o moral, destitución legal y término de su periodo constitucional”(17). Puesto a discusión dicho texto, el diputado Cortés habló en contra. Consideraba que el texto del artículo era muy limitado pues no comprendía “todas las faltas que pueda cometer el Presidente, y como tales, todos ellos merecen un castigo”, por lo que hablando el artículo de determinados delitos, debía hablar de todos. Contestó la impugnación el diputado Valdivia. Sostuvo que en el texto solo se mencionaban los “delitos notorios”, es decir, los que “justificaban el desconocimiento de la autoridad del Presidente” mediante una revolución, mientras que los otros delitos se enmarcaban en el caso del artículo referido a la destitución legal, lo que implicaba un juicio previo. 

Luego de otras impugnaciones del propio diputado Cortés y contestaciones de Valdivia, y habiendo hecho el diputado Távara un relato histórico de la parte del artículo relativo al pacto celebrado contra la independencia o integridad nacional, mostrándose contrario a ese texto como causal de vacancia indicó, en cuanto a la modificación realizada, “que si el Ejecutivo podía ser malo, también lo podrá ser el Congreso, en cuyo caso sería muy justa y necesaria la expulsión de este”. Contra esa argumentación respondió el diputado Juan Cavero manifestando que existían delitos muy graves que exigían la deposición inmediata del Presidente. Replicó Távara señalando que el principio aducido por Cavero era el de insurrección, pero que en la discusión no se trataba de ese asunto. 

Por último, intervino José Gálvez. Expresó que el sentido del artículo modificado no era literal, porque la destitución en los casos previstos en el texto en debate solo era una medida política, porque tratándose de un delito grave, el juicio y el castigo vendrían después. Concluyó diciendo, en alusión a las palabras de Távara, que “Si el Cuerpo Legislativo es malo, si no merece la confianza de la nación, no es al Presidente, a quien le toca destruirlo, él, como ciudadano y como presidente debe denunciarlo a la nación para que ella, y solo ella le retire sus poderes”(18).

Así, del debate se colige que la vacancia por incapacidad moral fue regulada en sentido amplio, lo que quiere decir que al presidente se le podía vacar por actos o conductas que no siendo delitos o infracciones de la Constitución, afectaran el gobierno del país. De ese modo se pretendía cerrar el camino a la insurrección. Por tanto, el texto sobre vacancia sancionado en la Constitución de 1856 quedó del siguiente modo: 

Art. 83. “La presidencia de la República vaca de hecho:

1.° Por muerte:

2.° Por celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional:

3.° Por atentar contra la forma de gobierno:

4.° Por impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo:

Vaca de derecho:

1.° Por admisión de su renuncia: 

2.° Por incapacidad moral o física:

3..° Por destitución legal:

4.° Por haber terminado su periodo”(19).

Por último, una de las atribuciones del Congreso lo facultaba a resolver las dudas que ocurriesen en los casos de incapacidad previstos en el inciso 2 del artículo 83, declarando si procedía o no nueva elección(20). 

En 1860, en el Congreso reunido, al presentar el proyecto de reforma, la Comisión de Constitución no incluyó ninguna modificación al texto del artículo 83 de la Constitución de 1856, según dijeron los miembros de la Comisión, por discrepancias sobre la materia. Sin embargo, en la sesión del 27 de octubre de 1860, se presentaron varios dictámenes de la Comisión en relación a una proposición de los diputados Irigoyen y Gómez Sánchez, modificando el texto del artículo 83 de la Constitución de 1856. El texto propuesto, presentado el 12 de octubre de 1860, era el siguiente:

“La presidencia de la República vaca, además del caso de muerte. 1.° por perpetua incapacidad física o moral del Presidente: 2.° por la admisión de su renuncia: 3.° por sentencia judicial que lo declare reo de los delitos comprendidos en el artículo agregado al 62; y 3.° por terminar el periodo para el que fue elegido”(21).

La modificación, que fue aprobada como tal(22), entrañaba dos variaciones en cuanto al texto de vacancia regulado en la Constitución de 1856. Por un lado, eliminaba varios supuestos contenidos en la Carta anterior. Por otro lado, eliminaba la distinción entre vacancia de hecho y vacancia de derecho, que a la mayoría de los legisladores les pareció superflua. En cuanto al tema de la incapacidad moral, también hubo una variación. Se incorporó, en relación al texto de 1856, la palabra “perpetua”, lo que significaba restringirla. Aunque en el caso en que se pretendió aplicarlo se adoptó el sentido amplio de incapacidad moral(23). Por último, se mantenía en el Congreso la facultad de resolver las dudas sobre la incapacidad del presidente(24).

Para finalizar, el Congreso Constituyente de 1867, considerándose continuador de la obra de la Convención Nacional de 1855-1857, pues su intención no era otra, en palabras de Fernando Casós, que regirse por la Constitución de 1856 “y avanzarla si es posible, más democráticamente”(25), con alguna mínima variación retomó el texto de dicha Carta en lo referido a la vacancia y la incapacidad moral(26). 


Notas:

(1) Artículo 90, numeral 1, Constitución Política de la República Peruana, Lima: Imprenta del Gobierno, 1822, p. 8.

(2) “Discurso preliminar”, en Proyecto de Constitución presentado al Congreso Constituyente del Perú. Por su Comisión de Constitución. Segunda parte, Lima: Imprenta de Masías, 1823, p. 18.

(3) Artículo 79, numeral 5, Constitución para la República Peruana, Lima: Imprenta de la Libertad por José Masías, 1826, p. 15.

(4) Artículo 87, Ibíd., p. 17.

(5) Artículo 83, Constitución Política de la República Peruana dada por el Congreso General Constituyente el día 18 de marzo de 1828, Lima. Imprenta de José Masías, pp. 19-20.

(6) Artículo 80, Constitución Política de la República Peruana, Lima: Imprenta del Constitucional por Lucas de la Lama, 1834, p. 19.

(7) Artículo 51, numeral 24a, Ibíd., p. 14.

(8) Artículo 78, “Proyecto de Constitución presentado por algunos diputados”, El Comercio, Lima, 19 de octubre de 1839, p. 4.

(9) Artículo 51, numeral 21, Ibíd., p. 4.

(10) Acta de la sesión del 23 de octubre de 1839, en Libro de Actas de las sesiones del Congreso Jeneral del Perú celebradas en el salón destinado en la ciudad de Huancayo, Huancayo, 1839, f. 70v.

(11) Artículos 55, numeral 18, y 81, Constitución Política de la República Peruana dada por el Congreso Jeneral el día diez de noviembre de 1839, Lima: Imprenta de José Masías, 1839, pp. 8 y 11, respectivamente.

(12) “Acta [de Cerro de Pasco]", El Comercio, Lima, 3 de febrero de 1854, pp. 2-3.

(13) Artículos 28, numeral 8a, y 56, “Bosquejo de Constitución”, El Heraldo de Lima, Lima, 2 de diciembre de 1855, pp. 2-3.

(14) Artículos 78 y 52, numeral 12a, “Proyecto de Constitución”, El Comercio, Lima, 21 de diciembre de 1855, p. 2.

(15) “Dictamen [de la Comisión de Constitución sobre el derecho de insurrección]”, Lima, 4 de enero de 1856, El Comercio, Lima, 19 de enero de 1856, p. 3.

(16) Acta de la sesión del 13 de febrero de 1856, en Actas oficiales y extractos de las sesiones en que fue discutida la Constitución de 1860 [sic], Lima: Imprenta Tipográfica “Unión”, 1911, p. 149.

(17) Acta de la sesión del 14 de febrero de 1856, en Ibíd., p. 170.

(18) Extracto de la sesión del 14 de febrero de 1856, El Comercio, Lima, 14 de febrero de 1856, pp. 2-3.

(19) Constitución Política del Perú, Lima: Imprenta de Félix Moreno, 1856, pp. 14-15.

(20) Artículo 55, numeral 11, Ibíd., p. 10.

(21) Sesión del 27 de octubre de 1860, en Diario de debates del Congreso reunido en 1860, que ha reformado la Constitución dada por la Convención en 1856, Lima: Tipografía del “Comercio” por José María Monterola, 1860, p. 472.

(22) Artículo 88, Constitución Política del Perú, reformada por el Congreso de 1860, Lima: Imprenta de José María Masías, 1860, p. 17.

(23) Artículo 59, numeral 12a, en Ibíd., p. 12.

(24) Véase el manifiesto del Congreso por el que vacaba a Billinghurst por incapacidad moral, “Manifiesto del Congreso”, Lima, enero de 1914, El Comercio. Edición de la mañana, Lima, 4 de febrero de 1914. 

(25) Fernando Casós, “Congreso Constituyente”, El Comercio, Lima, 7 de agosto de 1866, p. 3.

(26) Artículos 79, 80 y 59, numeral 14, Constitución Política de la República, Lima: Imprenta del Estado por J. E del Campo, 1867, pp. 17 y 13.

martes, 13 de octubre de 2020

GAVINO URIBE, [PETICIÓN A NOMBRE DE LOS INDÍGENAS DEL PERÚ], AGOSTO DE 1853


"Para nosotros los indios por esas leyes de distinción y privilegios libertad, constitución e igualdad son un sarcasmo, un engaño y una burla [...]".

[PETICIÓN A NOMBRE DE LOS INDÍGENAS DEL PERÚ]*

EXCMO. SEÑOR.**

El presbítero Gavino Uribe indígena del pueblo de Aija, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, por sí y a nombre de más indígenas del Perú en uso del derecho de petición ante V. E. respetuosamente digo: Que desesperados los indios de aguardar de la filantropía y patriotismo de los padres conscriptos la abolición de la afrentosa y humillante contribución que grava sobre nuestra existencia individual, ocurrimos al paternal amparo de V. E. a fin de que se sirva otorgarnos una protección decidida remitiendo este recurso a la nueva legislatura, y recomendando particularmente la justicia de nuestra causa llamar la atención de los legisladores.

Si es verdad que el Gobierno especialmente democrático es padre de sus subordinados con esencial obligación de protegerlos, tenemos un derecho de exigir de V. E. el cumplimiento de un deber sagrado y de esperar nos administre justicia apoyada en los fundamentos que muy sucintamente relataré. Es innegable que la independencia peruana es cuasi exclusivamente debida a nuestra sangre y esfuerzos, miles de indios murieron en los campos de batalla y nuestros bienes entregados a disposición discrecional de los directores de la guerra primera, y después a los de las revueltas, se agotaron y quedamos en cueros, y cuando esperábamos optar bienes positivos, hemos sido chasqueados tan completamente, que por los opimos frutos de una independencia tan cara, tan justa y santa, cosechamos solamente amargas miserias, la degradación, humillación y desprecios como lo demuestran los pocos hechos que paso a referir.

1°. Si antes pagamos tributos teníamos fábricas que aunque toscas nos producían algún provecho y utilidad que aligeraban aquella carga: hoy pagamos los mismos tributos con los brazos cruzados sin más provecho ni más industria que el haber nacido: antes nos participaban de nuestros tributos, porque desde la capital hasta las últimas provincias teníamos protectores que equilibraban el despotismo y los avances de los Sátrapas, teníamos abogados, procuradores y escribanos rentados, curas consignados que nos doctrinaban e ilustraban, nos enterraban por aquella renta, y hoy despojados de todos estos bienes positivos y del participio de la miel que labramos, si no tenemos plata no hallamos justicia ni sacramentos, y entregados a la discreción de los déspotas locales por una ley coactiva somos verdaderamente esclavos: antes por nuestros tributos teníamos becas en los colegios a más del denominado del Príncipe exclusivamente nuestro, y hoy en tantos colegios ni una sola beca para nosotros, así no hay un solo indio en ellos: antes en la Caja llamada de Censos teníamos más de dos millones de pesos que rentaban para nuestras urgencias extraordinarias, éramos privilegiados, y hoy lo hemos perdido todo, los privilegiados son las castas con más posibles, y por las leyes que nos distinguen por hijos propios del Perú, andan apoderados castas por los últimos rincones contándonos y señalándonos desde que nacimos como a ovejas para el matadero: antes sin más que un buen comportamiento y honradez teníamos opción a todos los empleos y emolumentos y hoy si no sabemos por un milagro saber leer y escribir somos excluidos de todo y no somos partícipes de ningún honor y de ningún beneficio. Para nosotros los indios por esas leyes de distinción y privilegios libertad, constitución e igualdad son un sarcasmo, un engaño y una burla, así que no es extraño que un diputado haya ocupado la tribuna congresal únicamente para insultarnos, injuriarnos y ultrajarnos impunemente hasta reducirnos a la clase de bestias [se refiere a Bartolomé Herrera y su famoso discurso de noviembre de 1849]. Y estos hechos que todo el Perú ve; ¿no son pruebas perentorias del estado más humillante y de peor condición en que nos hallamos? ¿Esta no es una cadena y un yugo más doble? Y los que presenciando todos estos padecimientos y ultrajes y teniendo en sus manos el remedio los ven con una indiferencia glacial; los que pudiendo y debiendo reparar males tan graves, y redimirnos de cargas tan ominosas, e insoportables sustituyéndolas con una pequeña parte de las rentas tan pingües y tan saneadas que produce nuestro suelo propio indígena; se recrean, se divierten enriqueciéndose sin tasa con nuestras lágrimas; son más opresores y más tiranos.

No nos digan como aquel buen diputado [Bartolomé Herrera]  que los indios somos negados a sentimientos racionales; porque a más de que la luz divina impresa en el hombre obra igualmente en todos, los grandes y admirables monumentos de nuestros abuelos lo desmienten completamente, aquellos acueductos superficiales y subterráneos: aquellas fuentes artificiales: aquellos puentes de vigas labradas de roca viva: caminos y puentes subterráneos que pasan por debajo de ríos caudalosos: edificios levantados sobre lagos y estancos de agua: templos y fortalezas que confunden hoy a los más hábiles arquitectos, no son por cierto de hombres negados por naturaleza: obras que en paralelo con las grandes pirámides y obeliscos egipcios y romanos, llevan una superioridad notable como fabricadas sin los auxilios de herramientas adecuadas y en pueblos jóvenes de solo 300 años de existencia, no son de torpes indígenas: aquellas leyes políticas, civiles y  morales, dictadas conforme a la índole, carácter y educación de los pueblos, prueban más ciencia y más sabiduría que la del diputado ciego que no vio monumentos que todos ven.

2°. Todo impuesto para ser justo y tolerable debe ser general, afectar los provechos de la industria y no el capital, mucho menos la persona. Este principio adoptado y observado en todas las naciones civilizadas, es desconocido en el Perú: con mengua y descrédito de nuestros legisladores. Las leyes que distinguiendo castas e indígenas mandan exprimir la sangre de estos miserables sin más bienes que la piel que cubre sus huesos, y sin más industria, que su cuasi precaria existencia, privilegiando y dispensando al mismo tiempo a aquellos que si no tienen 200 pesos de provecho industrial, son leyes tan odiosas tan injustas que solo los esclavos pueden tolerar. Pagar con el más profundo silencio más de seis y siete pesos de tributo a más de las continuas faenas en obras públicas sin más provecho que el haber nacido a presencia de un privilegio de no pagar nada las castas ricos de cien pesos de provecho, ni los esclavos pueden sufrir. Verdaderamente esta tolerancia y este sufrimiento son degradantes y vergonzosos en un país que se llama republicano: la ley del más fuerte es una apostasía en el siglo en que vivimos, y en el Perú las leyes que la autorizan son las que  nos obligan a usar del derecho de petición para su reforma fiado en la integridad del Soberano Congreso.

Los indios sabemos bien la obligación de contribuir para el sostén del Gobierno, de dar al César lo que le pertenece; pero tampoco ignoran que esta obligación es general de todos sin distinción de razas ni privilegios de empleados, del producto de los bienes y utilidades que se reportan y no del precio, o valor de su existencia individual, por solo ser hijo legítimo del Perú. Nadie ignora la pobreza y la miseria en que estamos sumidos los indios sin tener ya ni materias para fábricas por la desaparición de todas nuestras ovejas que nos arrebató la independencia, pero aun cuando las tuviéramos, nuestras manufacturas ya no tienen mercado, nuestros brazos se hallan cruzados y nos vemos obligados a vender nuestras personas para pagar el precio de nuestras cabezas. Este hecho tan notorio en todo el Perú solo un corazón de bronce verá sin indignación. El palmo de tierras que no todos tienen, a más de costarnos en todo su valor cada año no pueden producir ni para un amargo bocado.

3°. Por las leyes que establecen la distinción de castas, nosotros los indígenas somos exclusivamente propietarios del territorio de sus riquezas y tesoros. Ni el diputado antagonista que en la tribuna de su bastarda misión se vanaglorió de opresor y tirano puede negar esta importante verdad. Y siendo este hecho innegable; por qué de los ingentes millones que produce nuestra propiedad de las Islas de Chincha y demás de Huano no nos participan recompensándonos de tantos sacrificios y de tantas pérdidas que nos ha costado la independencia [aquí se alude a la Consolidación de la deuda interna]. ¿Cuál es la razón porque no nos redimen de tan injusta y tan ominosa carga? ¿La justicia y la humanidad no prescriben la equidad y la igualdad? Aligerar pues una carga tan insoportable, proteger al desvalido, enjugar las lágrimas del miserable oponiendo diques al torrente de escandalosas anomalías, es oficio propio del Gobierno y es lo que me hace creer que V. E. se dignará atender extendiendo su mirada compasiva a la causa de los oprimidos indios.

También es innegable que la mayoría de la población del Perú es de indios, así es injustificable e insufrible que la minoría le domine abusando de su entorpecimiento y aprovechándose sola de sus riquezas y tesoros. Injusticia que exige del Gobierno de V. E. una pronta reparación. Por lo mismo que los indios somos ignorantes, débiles y tan humillados, la misma razón natural ilustrada sin fanatismo bárbaro ordena la equidad, no para mantenernos a todos con la misma coyunda opresora sino para levantarnos del fango de embrutecimiento a que nos redujeron conquistas infernales y doctrinas diabólicas que pregona profesar el diputado Casta [Bartolomé Herrera]. Si nuestro suelo indígena no produjera tantos millones de pesos sin más capital y sin más industria que extender la mano para recibirlos, no se crea que yo tuviera boca para esta solicitud: pero como el pequeño déficit de poco más de un millón de pesos se llena y se suelda con una fracción pequeña del producto del Huano: no habrá racional en el mundo que califique de avanzada la extinción de una contribución personal, aparte de tantas pensiones indebidas, tantos empleos inútiles, y otras mil economías que a nadie afligen ni defraudan.

Santo y bueno es invertir millones sin cuento en caminos carriles, en aquellas y otras obras públicas por obra más de lujo que dé utilidad al Estado; pero más santo y más bueno es enjugar las lágrimas de la masa enorme del pueblo que una indolencia bárbara las dejó. En pueblos civilizados aquellas obras se hacen con los sobrantes a costa de los mismos especuladores que inmediatamente reportan sus utilidades. Con los superfluos y no con los necesarios, aligerando cargas, extinguiendo impuestos y no aumentando padecimientos y manteniendo tributos insoportables. Primero es atender las urgentes necesidades de los pueblos y no mejoras que solo llenan la bolsa de pocos logreros explotadores. Primero el patriotismo de muchos que el egoísmo e individualismo de pocos. Por tanto deseando a la Administración de V. E. una gloria de bendiciones de gratitud; pido y suplico se sirva acoger en bien esta solicitud prestándola su protección pronunciada en merced etc. Gavino Uribe.


Notas:

* Agosto de 1853.

** Dirigida a José Rufino Echenique, presidente de la república.

lunes, 28 de septiembre de 2020

"DIÓGENES DEL NUEVO MUNDO", ÁNGEL FERNANDO QUIRÓS († LIMA, 28 DE SETIEMBRE DE 1862)


 “DIÓGENES DEL NUEVO MUNDO”, ÁNGEL FERNANDO QUIRÓS († LIMA, 28 DE SETIEMBRE DE 1862)


El 28 de setiembre de 1862 fallecía en Lima, Ángel Fernando Quirós, arequipeño de ilustre abolengo, poeta popular de los sonetos, conocido y tenido por el vulgo limeño como “el loco Quirós”. 

Según la crónica de su deceso, la dueña de la casa en que se ubicaba la humilde habitación que Quirós alquilaba, intrigada porque la puerta no estaba abierta a la hora de costumbre, la golpeó fuertemente y al no recibir respuesta la hizo forzar, encontrándose con el cadáver.

Quirós, “nuevo Diógenes”, murió como había vivido, abandonado de sí mismo y en la extrema pobreza, al igual que el filósofo de Sinope. 

Hombre de bien y apasionado por “todas las causas en favor de la libertad de los pueblos”, había luchado por la independencia, como su hermano Francisco de Paula, lo que le mereció persecuciones y destierros. A pesar de ello no cejó en su empeño de enseñar “lo que era patria” a los que aún no la conocían.

Hombre instruido y conocedor de varios idiomas, tenía afición a la filosofía y a la poesía, destacándose por la calidad de algunos de sus sonetos, los que por lo general dedicaba a personajes de “virtud y patriotismo” como homenaje por sus grandes hechos. 

A pesar de su proverbial pobreza, no obstante provenir de una familia “aristócratica”, su pluma jamás se prostituyó a la vista de los poderosos. Prefirió, a la adulación y el servilismo, ganarse la vida en oficios de todo tipo, vendiendo utensilios, libros e inclusive loterías o suertes. Sin embargo, aun en esas actividades, era víctima de la muchedumbre insolente, que se mofaba de sus emprendimientos.

En octubre de 1848, "impelido" por los numerosos pleitos judiciales que sostenía por obligaciones pecuniarias, resolvió abrir una suscripción para la publicación en libro de todas las poesías que hasta entonces había publicado en la prensa. El anuncio no hizo más que provocar la burla de sus gratuitos enemigos, entre ellos un mozuelo Ricardo Palma, mediante punzantes comunicados publicados en los periódicos "El Correo" y "El Comercio". Lo motejarían de "cínico inmundo, mendigo del crimen" y "Diógenes".

En vida tan llena de estrecheces los mayores placeres de Quirós eran los libros y la lectura. Llegado el ocaso se dirigía al humilde cuarto que alquilaba. En ese “cuartito pequeño, sin muebles, según relata Juan Espinosa, tenía Quirós un gran cajón donde se metía a dormir entre sus libros, acomodando la vela de esperma, único lujo que se permitió toda su vida, y allí gozaba las delicias intelectuales de las más clásicas lecturas”.

Quirós, a quien el populacho tenía por loco, no lo era. Se le podía llamar la atención por el abandono de su persona, pero ese descuido, no fingido, se debía a una actitud personal. En 1857, tal vez riendo de sí mismo, tituló a la colección de poesías que publicara “Delirios de un loco”. 

Conocida la noticia de su muerte, Juan Espinosa e Ignacio Novoa le dedicaron sentidos artículos en “El Comercio”. “El Soldado de los Andes”, al concluir su escrito, diría: “Así ha vivido 66 años este nuevo Diógenes, cuyo original se ha perdido para el mundo, quien sabe por cuantos siglos”.

Del mismo modo varios de sus amigos abrieron suscripciones, tanto para un nicho perpetuo en el cementerio general, como para una corona literaria. Esta última fue abierta por González Vigil, Mariátegui y el coronel Zegarra. 

Uno de sus sonetos de 1848 retrataría su contristado espíritu, dadas las adversidades por las que atravesaba, haciéndole preferir la muerte a una existencia dolorida.


MI VIDA

Nací, lloré... ¡oh infancia lastimosa!

Tuve razón, crecieron mis dolores.

Pasó la juventud, fueron mayores;

Horrendos hoy... ¡oh suerte desastrosa!

¿Qué será en la vejez lánguida, odiosa?

Me estremezco pensando en sus horrores

Después de haber sufrido los rigores

De una agonía lenta y dolorosa:

¿Con qué es la pena el precio de la vida?

¿Es este el don que se defiende tanto?

¡Oh ilusión del hombre fementida!

¡Fatal origen de aflicción y llanto!

Prefiero a mi existencia dolorida

La muerte que al viviente causa espanto.

miércoles, 15 de julio de 2020

DE LA “OPINIÓN GENERAL” A LA “VOLUNTAD GENERAL”: EL ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE LIMA (DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ) DEL 15 DE JULIO DE 1821


DE LA “OPINIÓN GENERAL” A LA “VOLUNTAD GENERAL”: EL ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE LIMA (DE INDEPENDENCIA DEL PERÚ) DEL 15 DE JULIO DE 1821.

El cerco del ejército libertador sobre la ciudad de Lima obligó al Virrey La Serna a tomar la decisión de evacuar la capital. Estaba convencido de que su permanencia era inútil, pues tarde o temprano Lima iba a caer y lo mejor era retirarse para evitar la destrucción de su ejército. Las consecuencias del retiro de las tropas realistas pronto se hicieron sentir en la ciudad. El temor y el pánico se apoderaron de las gentes principales, mientras que en la plebe la sensación era ambigua, pues los más habían tomado partido por la independencia. La conmoción y la consternación que se vivía en la ciudad se debía al temor a la multitud de negros e indios que se encontraban en las inmediaciones y que pudieran aprovechar del vacío de poder para ingresar a la ciudad y entregarse a los saqueos [Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente. Primer periodo 1819-1822, Lima: s. p. i., 1868, p. 183].

El 5 de julio el Virrey depositó en el Marqués de Montemira el mando político y militar de la ciudad, entregándole un oficio destinado a San Martín cuyo objeto era el mantenimiento del orden público en la capital, evitando los males provenientes de la guerra. En la madrugada del 6 de julio abandonaría la ciudad. Ese mismo día el Marqués de Montemira entabló comunicación con San Martín con la finalidad de solicitarle cumplir la promesa que había difundido en sus proclamas de garantizar la seguridad personal y las propiedades de todos los habitantes de la ciudad, expidiendo oportunas providencias para evitar que los indios y partidas de tropas de montoneros que circundaban la ciudad causaran desórdenes. Dichos documentos fueron remitidos en copia al Ayuntamiento Constitucional.

En sesión del 7 de julio, en el Ayuntamiento se dio cuenta de un oficio de San Martín, fechado el día anterior, manifestando que por fin la capital del Perú había entrado “en el número de los pueblos libres de la América” y por lo cual solicitaba a la corporación haga observar el orden en la ciudad mientras él y sus tropas se disponían a hacer su ingreso. Añadía que estaba dispuesto “a correr un velo sobre todo lo pasado, y desentenderme de las opiniones políticas que antes de ahora hubiese manifestado cada uno”. El Ayuntamiento, como respuesta, agradeció las expresiones y ofertas de San Martín y del mismo modo le solicitó que adoptara los medios más eficaces “que impidan la menor perturbación” en la ciudad. Al día siguiente, por votación, Manuel Pérez de Tudela fue nombrado comisionado del Ayuntamiento para que junto con el Marqués de Montemira forme parte de la comitiva que se entrevistaría con los parlamentarios de San Martín para tratar sobre los asuntos contenidos en los oficios de los días 6 y 7 de julio, sobre la entrega de la ciudad y entrada de las tropas del ejército libertador, otorgándosele por el Ayuntamiento unas instrucciones reservadas. 

En horas de la noche del 9 de julio ingresó a la ciudad el primer contingente del ejército libertador y al día siguiente, también en horas de la noche, lo hizo San Martín, entrevistándose con el Marqués de Montemira. Ya en Lima, era evidente que San Martín no iba a ejercer el mando de una ciudad que no se comprometiera con el proyecto por el cual había arribado al Perú, su independencia. Para ir preparando el ambiente “se destrozaron los bustos y armas reales reemplazándolas con las de la patria y con la inscripción de Lima Independiente” [Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente. Primer periodo 1819-1822, p. 184]. En efecto, como relatara Tomás Guido a su esposa, desde el 12 de julio flameaba en la Plaza de la ciudad el pabellón de la patria [Joaquín Pérez, “Guido: un cronista inédito de la expedición libertadora del Perú”, en Trabajos y Comunicaciones, n.° 23, Buenos Aires, 1978, p. 145].

Lima, la capital del reino del Perú, estaba ahora en posesión del ejército libertador. Siendo la cabeza del reino nada más simbólico que proclamar desde ahí la independencia del Perú. Con ese objeto, el 14 de julio San Martín remitió un oficio al Ayuntamiento que en realidad no era más que una conminación para que se declararan por la independencia. Así, decía, con el deseo de “proporcionar cuanto antes sea posible la felicidad del Perú, me es indispensable consultar la voluntad de los pueblos”, para lo cual ordenó a la corporación que convocara a una junta general de los vecinos notables que, representando “al común de habitantes” de la capital, expresaran si la opinión general estaba decidida por la independencia. 

En el oficio es importante notar que San Martín solo pedía la opinión de los notables de la ciudad para decidirse a proclamar y jurar la independencia del Perú. En consecuencia, al Ayuntamiento solo le bastaba reunir las firmas de los principales de la ciudad para cumplimentar lo mandado. Sin embargo, no todos los notables estaban decididos por la independencia y varios de ellos fueron coaccionados para adoptarla. En esa disyuntiva se encargó al regidor Manuel Pérez de Tudela la elaboración del acta. El abogado ariqueño, al elaborar la escueta declaración, ya no incluiría como fundamento de la misma la decisión de la “opinión general”, limitada solo a los notables, sino la expresión “voluntad general”, que aludía a toda la comunidad. Esta distinción es muy importante. La opinión general implicaba a los notables, mas la voluntad general incorporaba a toda la comunidad, incluida la plebe. Por esa razón es que se puso a disposición del público de la ciudad, luego de la primigenia suscripción del Acta de Independencia, para que en los días siguientes pudieran acercarse al salón consistorial para suscribirla. 

Por tanto, si bien es cierta la crítica de varios realistas indicando que suscribieron el Acta de Independencia por coerción, tal como lo documenta Anna [Timothy Anna, La caída del Gobierno español en el Perú. El dilema de la independencia, Lima: IEP, 2003, p. 236 y siguientes], también es verdad que el texto del Acta varió el espectro de los involucrados en la decisión, por lo que ya no era necesaria la concurrencia de los notables, sino del mayor número. Y en verdad la mayoría de la población, es decir, la plebe limeña, se declaró con entusiasmo a favor de la independencia. Un ejemplo de la decisión de la plebe es que desde el momento mismo del ingreso de San Martín a la ciudad y tras la posterior suscripción del Acta de la Independencia, se envalentonaron, persiguiendo y zahiriendo a los españoles. Esa situación motivaría que el propio Ayuntamiento, el 16 de julio, curse un oficio a San Martín solicitando dictara medidas para contener a la plebe. Decía el oficio:

“ve el Cabildo con el mor. escándalo, que la ruda plebe, y quisá algunos otros individuos del Estado medio provocan e insultan a dhos. Europeos tildándolos godos, virtiendo palabras indesentes y protestas de exterminación qe. los arredran, y exponen a lances ominosos”. 

Ahora bien, el contenido del Acta de Independencia era muy escueto y su tenor el siguiente: “Que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera”. Lo relevante del Acta, como lo hemos manifestado, es la frase “voluntad general”. La expresión está estrechamente ligada a Rousseau, aunque no haya sido él quien la acuñó. La pregunta que surge, tal vez banal, es si Pérez de Tudela tomó la frase de Rousseau, es decir, de El Contrato Social. Es posible, pues la frase en la época era un lugar común y además al ciudadano de Ginebra se le leía asiduamente. Por otra parte, desde la época del primer constitucionalismo gaditano, Pérez de Tudela compartía ideales igualitarios. En las elecciones parroquiales limeñas con motivo de la elección de diputados a Cortes por la provincia de Lima, según informe de Baquíjano al Virrey Abascal, Pérez de Tudela compartía las mismas "criminales opiniones" que había proclamado el padre Tagle, es decir, la igualdad de las clases. Por lo tanto, podemos aseverar que Pérez de Tudela se decantó por la utilización de la frase “voluntad general” en el sentido moderno que se le asignaba. En el de Rousseau. Por ello uno de sus primeros biógrafos acierta cuando sobre Pérez de Tudela expresara lo siguiente:  

“Cábele al Dr. Tudela la alta honra de haber redactado el documento justamente célebre, que redujo a un hecho los votos y deseos de tantos millares de patriotas. El acta de la independencia fue su obra. La misma pluma que redactara las grandes defensas de los perseguidos por los satélites del monarca, la misma pluma que desbordándose en una prodigiosa actividad, ya lanzaba el mortífero pasquín, órgano único y legítimo de los pueblos oprimidos, ya se extendía en una numerosa correspondencia; esa misma pluma grababa eternamente el juramento santo, que sostenido después con torrentes de sangre, lo guardará la historia, como la primera, la más sublime página de la declaración de un pueblo, cuyos destinos inmortales los descubrirán los siglos” [Juan Francisco Pazos, “Apuntes biográficos. El Dr. D. Manuel Pérez de Tudela”, El Comercio, Lima, 15 de marzo de 1864, p. 3].

viernes, 26 de junio de 2020

ENRIQUE ALVARADO, “OBRERO DEL PORVENIR DE LA DEMOCRACIA”, († Lima, junio de 1856)




ENRIQUE ALVARADO, “OBRERO DEL PORVENIR DE LA DEMOCRACIA”, († Lima, junio de 1856)

Una noche de finales del año de 1851, en Lima, un adolescente, casi niño, se acercó al recinto donde se reunía un grupo de jóvenes, bajo la batuta del recientemente llegado proscripto chileno, Francisco Bilbao, y solicitó integrarse al corro juvenil cuyo objeto era “abolir la esclavitud y fortificar el racionalismo” [Bilbao, Francisco, “Apuntes cronológicos (de memoria)”, en  Amunátegui Solar, Domingo, “Bosquejo histórico de la literatura chilena”, Revista Chilena de Historia y Geografía, n.° 24, Santiago de Chile, 1916, p. 163], agrupación que posteriormente adoptaría el nombre de Sociedad Republicana. 

En esos primeros debates en la Sociedad Republicana, cuando se deliberaba sobre la aptitud o no de todo el género humano para participar en la vida pública, ese anónimo adolescente haría uso de la palabra para combatir las exclusiones de cualesquiera tipo que sean, concluyendo, “pálido de emoción”, con la siguiente frase: “Toda exclusión lleva un principio odioso. Universalidad, universalidad, señores. La Democracia es como el Sol, alumbra a todos”.

La Sociedad Republicana establecida en el Perú tenía mucho en común con la Sociedad de la Igualdad organizada en Chile el año de 1850 y de la que su mentor, Bilbao, formara parte. Esta última se caracterizaba por ser una “alianza entre un grupo de jóvenes ‘dandys’ de izquierda, románticos y sinceros en su afán reformista, pero intoxicados con abstracciones y sectores populares mucho más numerosos que los siguieron y apoyaron con entusiasmo” y cuyo ideario  se condensaba en la fórmula del juramento propuesta por Bilbao y aprobada luego: “¿Reconocéis la soberanía de la razón como autoridad de autoridades; la soberanía del pueblo como base de toda política y el amor y la fraternidad como vida moral?” [Gazmuri, Cristián, El “48” chileno. Igualitarios, reformistas radicales, masones y bomberos, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1999, pp. 81 y 73].

En el caso peruano los jóvenes que conformaban la Sociedad Republicana pertenecían a sectores emergentes urbanos aunque la participación popular sería casi nula. Mas, tratándose de Alvarado, este no correspondía al grupo de los “dandys”, pues su familia carecía de recursos económicos. La escasa participación popular en la Sociedad, así como la extracción social de la mayoría de los que la integraban, sería la razón por lo que, a la muerte de Alvarado, estos “núcleos radicales” desaparecerían [Basadre, Jorge, “Los hombres de traje negro”, Letras, n.° 1, Lima, 1929, p. 45].

Enrique Alvarado, consecuente seguidor de los ideales de la Sociedad Republicana y ferviente discípulo de Bilbao, nació en Lima el año de 1835. Cursó estudios elementales en el Colegio de Orengo, siendo condiscípulo de Ricardo Palma [Holguín Callo, Oswaldo, Tiempos de infancia y bohemia. Ricardo Palma (1833-1860), Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1994, p. 129, nota 145]. Luego estudiaría en el Colegio de Guadalupe, donde seguiría con profundo detenimiento las enseñanzas de Pedro Gálvez. Sin embargo, su formación intelectual sería la del autodidacta. Su vida transcurría “entre la meditación y sus papeles”, andando siempre “con un libro en la mano” y saliendo de su habitación “solo para buscar una obra, para recoger otra o para consultar a un amigo” [Benjamín Cisneros, Luis, “Enrique Alvarado”, en Corona fúnebre del malogrado joven don Enrique Alvarado, Lima: Tip. Nacional de M. N. Corpancho, 1857, p. 130].

Habiendo adquirido precozmente profundos conocimientos sobre la filosofía y la política, Alvarado se daría a conocer en las reuniones de la Sociedad Republicana. En ese entonces contaba con aproximadamente 16 años y se vería influenciado por la prédica y obra de Bilbao, mentor de la escasa y variopinta juventud radical peruana que, tras los ecos de la revolución de 1848, hacía acto de presencia en la vida pública limeña. Precisamente, era esta una época propicia para la irrupción del radicalismo, pues el gobierno conservador de Echenique trataba por todos los medios de impedir su propagación en territorio peruano.

Se temía en América y en el Perú la amenaza ya no de la cuestión política, sino de la cuestión social, es decir, la prédica del socialismo, que con sus principios desorganizadores y destructores propugnaba la sustitución de la “Fe-Esperanza-Caridad” con la “Libertad-Igualdad-Fraternidad”, así como la “Propiedad-Familia-Religión” por la “Comunidad-Promiscuidad-Escepticismo” [“Carta al Excmo. Sr. Jeneral D. José Rufino Echenique, presidente de la República Peruana”, Lima, diciembre de 1851, en Las repúblicas hispano-americanas i el socialismo, Bogotá: Reimpreso por Nicolás Gómez, 1852, p. 8]. Sin embargo, la represión y la corrupción en la que se vio envuelto el régimen de Echenique no hicieron más que anunciar la revolución popular de 1854. En ella participarían todas las corrientes radicales, viendo en la revolución de la honradez la época de la regeneración de la república peruana. Sin embargo, la promesa de la revolución no habría de cumplirse.

Alvarado, que con su pluma había colaborado en los periódicos La Ilustración, La Voz del Pueblo, El Comercio, sosteniendo los principios de la revolución, demandaría la “limosna del republicano” [Benjamín Cisneros, Luis, “Enrique Alvarado”, p. 31] solicitando la suscripción a un nuevo periódico, El Porvenir, cuyo objeto era hacer un llamado a la juventud peruana y al pueblo para que tomase parte en las graves cuestiones que se ventilaban sobre el destino de la patria, pues la revolución tornaba de cariz, dejando de lado los principios por los cuales los pueblos se habían levantado en armas. Decía el prospecto:

“La revolución ha sido proclamada por el pueblo y el pueblo debe dirigirla hacia el fin. Desde el momento en que desmaye el entusiasmo popular, se debilitará la energía del poder; porque este necesita constantemente que el pueblo coloque sobre sus sienes la aureola del aplauso y de la gloria, como único galardón de sus fatigas. El pueblo necesita, pues, un órgano fiel de sus ideas, de sus principios, de sus tendencias y de su espíritu, que eleve a las altas esferas del gobierno la expresión de sus necesidades y de sus votos, a fin de que la marcha de la Revolución sea siempre noble y majestuosa, y cumpla dignamente el fin grandioso que se ha impuesto. Necesita un intérprete de sus sentimientos elevados, apóstol de la libertad y de la regeneración, que lea en el gran libro de la democracia los dogmas que debe inocular en el seno de una República naciente y las premiosas exigencias de un país regido por instituciones populares que trabaja con infatigable ardor para abrirse la senda del porvenir, y que llame al mismo tiempo en torno suyo, a todos los jóvenes que conserven todavía en sí mismos, bastante energía para desprenderse del embrutecimiento y del oprobio que pesa sobre ellos. Necesita, para decirlo de una vez, de un periódico liberal y progresista, que sea el campeón de la reforma, de la moralidad y la justicia” [“A los hombres de corazón”, El Comercio, n.° 4660, Lima, 12 de febrero de 1855, p. 3].

Estos “obreros” del porvenir y de la democracia lograron reunir la suscripción para costear algunos números del periódico anhelado. Nacería el fugaz periódico El Porvenir. En ese vocero, cuyo nombre enuncia la promesa imbíbita del republicanismo democrático social, Alvarado fustigaría el que la revolución, durante el gobierno provisorio, se haya “encastillado”, en alusión a las titubeantes decisiones del dictador Castilla, quien a la postre se distanciaría de los principios de la revolución [“¡Adelante o atrás!”, en Corona fúnebre del malogrado joven don Enrique Alvarado, p. 5]. Diría:

“En la época más brillante de nuestra vida política, cuando todos los hombres de corazón esperaban una reforma radical que rehabilitase a las masas abatidas bajo el peso de sus cadenas, que levantase las instituciones derribadas por el militarismo, que aliviase a nuestra hacienda agonizante reduciendo la deuda inmensa que sobre ella gravita, que regenerase el poder judicial, que suprimiese el ejército permanente, que diese nueva vida a la instrucción, que atendiese al desarrollo de los intereses materiales, y que fundase en fin, el hermoso edificio de la república sobre las anchas y seguras bases de la libertad y el orden; cuando nuestras esperanzas se cifraban en los revolucionarios del 54, esos revolucionarios, o no han comprendido o han traicionado al espíritu de la revolución” [Ibíd., pp. 6-7].

La revolución de 1854 no había dado el paso hacia la transformación, en verdad, revolucionaria. Se había consumado “la obra de la destrucción”, pero no la de la reforma. En ese estado, Alvarado y el grupo radical exigían que el gobierno revolucionario definiese su política, “¡Adelante o Atrás!”. Dejar de lado las contemporizaciones o seguir, sin embozo, ese camino. Así, haciendo un recorrido de la vida política del país, Alvarado decía: “O proclamáis la revolución con su ideal divino, o parodiáis al coloniaje con sus cadenas y su inquisición, la dictadura con sus manchas, la anarquía con sus monstruos, la confederación con su orgullo y sus patíbulos, la restauración con su intervención ignominiosa, el directorio con su charlatanería y su crueldad, el régimen constitucional con su hipocresía, y la consolidación con su impudencia y su política de tinieblas” [Ibíd., p. 8].

Para Alvarado solo había un camino, hacia ¡Adelante!, hacia el porvenir de la Democracia: “Reinado definitivo de la libertad que consagra una sola religión, una sola ley, una sola lengua; que fundará una paz inalterable como la armonía de los astros, que ceñirá su corona a toda virtud, rehabilitará a todo delincuente, borrará la miseria de la faz del mundo, y que en vez de la maldición universal que exhala la humanidad en su caída, elevará al Eterno el concierto de las muchedumbres purificadas” [“El porvenir”, Ibíd., p. 16]. Y, en ese Porvenir, de resonancia socialista, “A cada uno según sus facultades” [“Estudios sobre la revolución”, Ibíd., p. 90], no se olvidaba el rol de la mujer.  Alvarado se lamentaba y se avergonzaba por la “horrorosa tiranía” que sobre ella había hecho “pesar la mitad del género humano sobre la otra mitad” [“La mujer”, Ibíd., p. 32].

Demócrata a carta cabal, cuando se erigió la Sociedad Republicana, el hasta entonces anónimo adolescente tomó la palabra y combatió las exclusiones de todo tipo. Aquel muchacho diría: “Toda exclusión lleva un principio odioso”. Concluyendo su intervención con las siguientes, francas y sinceras, palabras: “universalidad, universalidad, señores. La Democracia es como el Sol, alumbra a todos” [Benjamín Cisneros, Luis, “Enrique Alvarado”, p. 132].

Cuando a principios de marzo de 1855 Francisco Bilbao fue víctima de la intolerancia religiosa, siendo luego puesto en prisión, el único que tomó la palabra en defensa del “noble atleta de la libertad” fue su joven discípulo. En esa ocasión diría:

“¿Cuáles son tus enemigos?
Los esclavos de Roma, los que especulan con la ignorancia de los pueblos, los que viven de la abyección de la razón humana, los jesuitas, los frailes, los lacayos de estos, los que esconden su frente en ceniza y sus manos en sangre, todos esos seres que no llevan una idea grande en su mente ni un sentimiento noble en su corazón; toda esta caterva miserable que teme la luz, que odia el progreso, que persigue a los hijos del pueblo, y que arroja la venenosa baba de la impotencia a los libres pensadores, a los apóstoles de la verdad, a los sacerdotes de la nueva era” [“A Francisco Bilbao”, Ibíd., pp. 33-34].

Alvarado, el profeta del porvenir de la democracia y la redención del Perú, fallecería a fines de junio de 1856, en la ciudad de Trujillo. La noticia de su lamentable muerte, a tan temprana edad, sería dada a conocer el 27 de junio en El Heraldo de Lima y, al día siguiente, en El Comercio, mereciendo posteriormente el homenaje de aquellos jóvenes con quienes compartió ideales. Ellos abrirían una suscripción aquel año para dedicarle una corona fúnebre que recopilara sus escritos. Sin embargo, después de bastantes dificultades, el folleto recién sería impreso el año de 1859 [Corona fúnebre del malogrado joven don Enrique Alvarado, Lima: Tip. Nacional de M. N. Corpancho, 1857 (1859)].

domingo, 8 de marzo de 2020

LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER: UN DISCURSO PRONUNCIADO POR CELSO BAMBARÉN RAMÍREZ EN EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1867



LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER: UN DISCURSO PRONUNCIADO POR CELSO BAMBARÉN RAMÍREZ EN EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1867 (LIMA, 12 DE MARZO DE 1867).

1. Las constituciones del siglo XIX no reconocieron derechos políticos a la mujer. El constitucionalismo hispanoamericano de la época solo reconocía en la calidad de ciudadano al sujeto de los derechos políticos y, el ciudadano, como muy bien dice Portillo Valdés, “es, en primer lugar y de manera expresa, varón”. El ciudadano era el “jefe de familia”(1).

En última instancia, como afirman Davies, Brewster y Owen, el género fue el criterio para la exclusión política de las mujeres. El funcionamiento de la res publica se sustentó en la separación de lo público y lo privado, solo lo público era político y, por tanto, asunto de los hombres(2). Las mujeres eran relegadas al ámbito privado, al hogar, al servicio doméstico, que se consideraba su "espacio natural".

Sin embargo, que las mujeres fueran excluidas de la ciudadanía, es decir, no ejercieran derechos políticos, no implicó que estuvieran excluidas de la vida política. Muchas de ellas participaron en asuntos políticos, sea individual o colectivamente. Como ejemplo de la participación colectiva baste señalar la participación multitudinaria de las mujeres en la barra del Congreso y en sus afueras, cuando se debatió la cuestión religiosa en la Convención Nacional del año de 1855 y en el Congreso Constituyente de 1867.

2. Davies, Brewster y Owen han señalado que entre algunos hombres los derechos políticos de las mujeres no eran inconcebibles: “después de todo, Platón había incluido a las mujeres en su República; y las obras de Feijóo y Condorcet circularon ampliamente”(3). Y, en verdad, eso también aconteció en el Perú.

El médico Celso Bambarén Ramírez, diputado por la provincia de Huaraz, pronunciaría en el Congreso Constituyente de 1867 un elocuente discurso “abogando en favor de las mujeres para que se les permitiese el libre ejercicio de sus derechos políticos”(4). En efecto, en la sesión nocturna del 12 de marzo, al ponerse en discusión el artículo 1 del proyecto de Constitución, referido a la nación, concebido en estos términos: “La nación peruana no puede celebrar pacto que se oponga a su independencia e integridad, o que afecte de algún modo su soberanía”, el diputado Bambarén, al impugnarlo, observó el mal método de redacción del proyecto, pues a su parecer se podrían refundir en un solo título los referidos a la nación, de los peruanos y el relativo a la forma de gobierno.

Continuando con su exposición, luego de haberle indicado el presidente que los títulos que refería no estaban en debate, el diputado por Huaraz advertía que el artículo no correspondía al lugar en que estaba consignado, más aún, puesto que en primer lugar se debería definir lo que era la nación peruana. Así, el primer artículo debería señalar “que la nación peruana está formada por la asociación política de todos los peruanos; y no solamente debiera decirse por la asociación política de todos los peruanos, sino por la asociación política de todos los peruanos, que se encuentran comprendidos en el territorio de la república; y en este caso debieran comprenderse también las mujeres”. 

En consecuencia, para Bambarén el término “peruanos”, que muchos consideraban genérico, no lo había sido, pues si bien en todas las constituciones peruanas se hallaba consignado, sin embargo las mujeres habían estado excluidas de los derechos políticos. Por tanto, en nombre de la justicia y de la humanidad, pedía el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer.  

Decía Bambarén: 

“Pero, señor, es el caso de hacer notar, que este primer artículo que se halla en debate, no se halla bien colocado en el sitio en que está consignado. Hay más; creo que al hacer una Constitución se debe empezar por definir, por decir qué cosa es la nación peruana; por allí creo que se ha debido empezar. Así por ejemplo debe decirse en el artículo 1°. que la nación peruana está formada por la asociación política de todos los peruanos; y no solamente debiera decirse por la asociación política de todos los peruanos, sino por la asociación política de todos los peruanos, que se encuentran comprendidos en el territorio de la república; y en este caso debieran comprenderse también las mujeres (aplausos de la barra). No se diga que la palabra peruanos es una palabra genérica; todas las constituciones que se han dado al Perú, han consagrado esta palabra; y sin embargo las mujeres han estado excluidas de los derechos políticos. Yo en nombre de la justicia, en nombre de la humanidad, pido que se reconozcan los derechos políticos de la mujer. La mitad más importante del género humano, está excluida de los derechos políticos, sin que haya razón para esta injusticia (aplausos de la barra). Las mujeres son peruanas; y si son peruanas deben ejercer el derecho de personalidad (aplausos). No solamente debe reconocérseles la capacidad para el ejercicio de los derechos naturales, sino también para el de los políticos. Esa mitad, tan bella, del género humano; esa mitad que un papel tan importante hace en la sociedad, no debe estar excluida de los derechos, que se conceden al último de los hombres, por solo el hecho de ser varón. Es preciso que hagamos justicia a esa mitad, fecunda en tan buenos resultados para la sociedad; es preciso que ella tenga el derecho de intervenir en la marcha de la nación; que tenga el derecho de nombrar sus representantes, sus mandatarios (aplausos). Bajo el punto de vista intelectual y moral, en esa mitad del género humano, está apoyada la base más importante de la familia, que es el origen de la sociedad; a ella está encomendada la educación del corazón, y a ellas se les debe conceder sus derechos para intervenir en la marcha política de la nación. A las mujeres no les puede ser indiferente la calidad de las personas que deben formar la representación nacional; ellas deben participar en la administración pública. Las mujeres deben intervenir en la plantificación de los medios por los cuales deben llegar las naciones a la realización de sus destinos. La privación de los derechos políticos de la mujer hasta hoy no prueba su incapacidad para ejercerlos: lo que prueba es la injusticia que se ha empleado con ellas; injusticia que no tiene otro principio, otra base en que apoyarse, que en el triunfo de la fuerza, y en el triunfo de la fuerza bruta (aplausos). Si la nación peruana, si el Congreso Constituyente de 67 quiere de un solo paso, quiere de un solo vuelo, colocarse a la cabeza de la civilización, debe consignar en su código el principio de los derechos políticos a favor de la mujer. La civilización está en razón del mayor número de garantías que se da a las mujeres; está en razón inversa del dominio de la fuerza bruta, puesto que la fuerza bruta es la diferencia de fuerzas materiales entre el varón y la hembra. El varón ha usurpado, sin más que esta razón natural, los legítimos derechos de la otra mitad del género humano. Es preciso reconocer pues que la justicia, que la civilización, nos conducen debidamente a este gran paso. La mujer tiene la posibilidad, la capacidad para el ejercicio de sus derechos políticos; y los puede emplear con mucho más provecho que muchos de los varones. La prueba de que la mujer tiene esa posibilidad de poderlos ejercer con ventaja está en el siguiente ejemplo. Una señora que tiene una casa, que es madre de familia, que forma y educa el corazón de sus hijos, no puede tener menos derechos políticos que sus domésticos; y sin embargo a los domésticos se les ha dado el derecho de sufragar por solo el hecho de ser varones. La señora que tiene mejor discernimiento, que tiene más educación, sin embargo no tiene ese derecho; un derecho concedido a su propio doméstico. La mujer pues no debe ser excluida del ejercicio de ninguno de los derechos políticos, porque el ejercicio de los derechos le pertenece tanto como le puede corresponder a cualesquiera otra persona, aunque sea superior a ella. Por otra parte la mujer forma la base de la sociedad, ella cumpliendo con la ley de la humanidad, es el origen de las familias; sin ella no puede haber familia. La mujer es una de las personas de la trinidad humana; no puede haber padre sin que haya una madre; no pueden haber hijos, sin que haya una madre. La existencia de todo hombre, de todo varón se debe a la mujer; y entonces ¿por qué aún subsiste la injusticia de negarle el ejercicio de los derechos políticos? Debe reconocérsele pues colocada en el goce de todos sus derechos. Por las razones expuestas propondrá este artículo una sustitución que dijera de este modo. La nación peruana es la asociación política de todos los peruanos, bajo la forma republicana absoluta, con soberanía indivisible. Digo indivisible, porque encuentro que la mayoría de las personas, que han contribuido a la formación de este proyecto han consignado un segundo artículo en donde se dice que la soberanía reside en el pueblo pero que el ejercicio de ella se trasmite, es decir, se delega”(5).

Concluido el discurso de Bambarén, subió a la tribuna Francisco García Calderón, miembro de la comisión de constitución. Luego de tratar de desvirtuar las objeciones hechas al artículo del proyecto de constitución en debate, indicó que no era el momento de “contestar al señor Bambarén en cuanto a los derechos políticos que desea se concedan a la mujer. Cuando discutamos los derechos de ciudadanía y las personas que tengan derecho de sufragio, entonces será llegada la vez”. Empero, como sus argumentos habían servido para hacer variaciones al artículo en debate, ligeramente los contestaría. Para Francisco García Calderón, razones de diversa índole impedían la igualdad de los derechos políticos entre el hombre y la mujer. Concederlos significaría una confusión en el orden social.

Decía García Calderón:

“Muy bella es ciertamente la idea de conceder igualdad de derechos al hombre y a la mujer: razones fisiológicas, como bien ha dicho la señoría establecen la igualdad de los sexos. Celoso defensor soy de los derechos civiles de la mujer; y la igualdad con el varón en estos derechos le lleva a ocupar y desempeñar un puesto elevado en la sociedad, ya como madre ya como esposa. Muchos otros oficios importantes que desempeña, hace que se le guarden a la mujer todas las consideraciones posibles. Hubo un tiempo en que la mujer no era más que la esclava del hombre; en que no solo era sierva, sino que se le consideraba como cosa, o instrumento del hombre. Poco a poco la civilización ha descorrido las tinieblas que cegaban a los legisladores, y conforme va progresando la civilización, va ganando también la mujer en la adquisición de nuevos derechos. Pero si es posible y conveniente dar a la mujer derechos civiles ¿será posible concederle derechos políticos? Esta es una cuestión que no solo podemos resolver por el principio de estricta igualdad, sino que tiene otras mil consideraciones, que es menester presentar antes de resolver: si la igualdad de derechos civiles en la sociedad doméstica no puede traer confusión en el orden social, lo traería sin duda la igualdad de los derechos políticos. Estas razones serán explanadas con la necesaria claridad, cuando llegue el caso; por consiguiente me reservo explanarlas para cuando tratemos de los derechos políticos de los peruanos”(6).

Luego de este intercambio de palabras entre el diputado por la provincia de Huaraz y el diputado por la provincia de Arequipa, ninguno de los diputados intervinientes trataría el tema de los derechos políticos de la mujer. Tampoco se hablaría del mismo en la prensa. 

Sin embargo, el 18 de marzo fue publicado en las páginas de El Nacional un artículo comunicado dirigido a Bambarén, supuestamente escrito por una mujer. El comunicado manifestaba que la mujer solo debía “saber orar, ser bella, obedecer y amar”  en pro del hombre. Si se la ilustra, continuaba, se formaría de ella un “SER… NADA…”. Concluía el comunicado señalando que la “mujer no desea ni necesita otra importancia, que la de pertenecer a hombres dignos, morales, ilustrados y enérgicos”(7).

3. Bambarén, que había abogado por los derechos políticos de la mujer, en las siguientes sesiones del Congreso Constituyente no sería muy bien tratado por gran parte de las féminas, como consecuencia de su adhesión a la libertad de cultos. Además de los gritos ensordecedores, rechiflas, insultos y coronas de alfalfa arrojadas contra su persona, al dar su discurso en contra del artículo 3 del proyecto de constitución, Bambarén fue "homenajeado" con varios versos, de los cuales reproducimos el siguiente: 

"El médico de sotana
Diputado por Huaraz
Es un pobre palangana
Ignorante e incapaz.

Materialista grosero, 
Ateo sin convicción,
Necesita del brasero
De la Santa Inquisición.

Como te falta razón
A todo respondes Amén
Estudia más la lección
Serranito Bambarén.

Defensor de las mujeres
Se juzga muy estimado
Ignora que con alfileres
Tienes que ser pinchado".

Ricardo Palma, haciéndose eco de lo sucedido, le dedicará unos versos en sus Semblanzas de un Campanero:

"A la verdad que me crispo
Diciendo que este señor
Tiene tanto de orador
Como tiene de arzobispo
En un discurso hizo halago
Al candor de las mujeres; 
Y ellas le dieron el pago
Con alfalfa y alfileres.
Entonces él por lo visto
Se declaró muy formal,
Enemigo personal
De mi Señor Jesucristo"(8).

(1) Portillo Valdés, José María, Historia mínima del constitucionalismo en América Latina, México, D. F.: El Colegio de México, 2016, pp. 84-85.
(2) Davies, Catherine, Brewster, Claire y Owen, Hillary, South American Independence: War, Liberty, Gender, Text, Liverpool: Liverpool University Press, 2006, p. 4.
(3) Ibíd.
(4) El Nacional, N° 411, Lima, 13 de marzo de 1867, p. 3.
(5) Diario de los debates del Congreso Constituyente de 1867.
(6) Ibíd.
(7) El Nacional, N° 415, Lima, 18 de marzo de 1867, p. 4.
(8) Palma, Ricardo, Congreso Constituyente. Semblanzas de un Campanero, Lima: Imprenta dirigida por J. M. Noriega, 1867, pp. 7-8.