Perú Historia Político Constitucional Siglo XIX

LOS “CIUDADANOS ARMADOS” Y EL VOTO: LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR LA PROVINCIA DE LIMA A LA CONVENCIÓN NACIONAL, 1833

2011-12-19T13:19:00.000-08:00

LOS “CIUDADANOS ARMADOS” Y EL VOTO: LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR LA PROVINCIA DE LIMA A LA CONVENCIÓN NACIONAL, 1833

1. Introducción
En las primeras elecciones populares realizadas en el Perú los simples soldados del ejército, armada o de la marina, esto es, la tropa, no ejercieron el sufragio, no obstante que según la Constitución de 1823 todo militar no era más que “un Ciudadano armado en defenza de la República”[1]. Sin embargo, la razón por la cual no sufragaban no era por su pertenencia a la “clase militar”, sino a un requisito medular en las elecciones decimonónicas: la vecindad.

En efecto, en las elecciones practicadas durante la vigencia de la Constitución de Cádiz se precisó con meridiana claridad que tenían voto activo “todos los vecinos en quienes concurran las calidades que exije la constitución nacional, y los Eclesiásticos Seculares; excluyéndose a los religiosos y a los Militares de Tropa que se hayan en actual servicio por no tener domicilio y vecindario fixo”[2]. Esta disposición, debido a los conflictos que se produjeron en las primeras elecciones, fue aclarada posteriormente. En los nuevos padrones de ciudadanos que debía formar el ayuntamiento constitucional, en cooperación con los párrocos, debían excluirse “solo a la tropa veterana, e individuos de marina que gocen de sueldo, de que se dará razón por sus jefes; bien entendido que los que se caractericen de ciudadanos han de ser los eclesiásticos seculares, y los que tengan indispensablemente las circunstancias de originarios por ambas líneas de los dominios españoles de ambos emisferios, y estén avecindados, es decir, arraygados, recibidos, y admitidos en el lugar con casa y familia, y residencia de cinco años”[3].

Conforme a lo anterior, las leyes electorales de 1822 y 1825 no excluyeron a los militares de tropa del ejercicio de sufragio como “clase”. Empero, en 1827 la comisión de Constitución del Congreso Constituyente al presentar el proyecto de Constitución Política, siguiendo lo establecido por la Constitución Argentina de 1826[4], prescribió en el inciso 7 del artículo 6, relativo a la suspensión de la ciudadanía, que esta se suspendía por “el estado de sirviente doméstico, peón jornalero, simple soldado del ejército y de la armada y marinero”[5]. La razón era obvia. Todos los indicados carecían de libertad y, por lo tanto, no estaban en condiciones de emitir un voto consciente y propio.

En la sesión del 13 de diciembre iniciada la discusión del texto en el pleno del Congreso, un elocuente Vidaurre impugnó la disposición. Fundó su oposición en la premisa de la igualdad de derechos de todos los individuos del país, caso contrario, se instauraría una aristocracia de talentos y fortunas, privando de la voz activa a la que parecía ser la última clase del pueblo. “Sería un imbécil -decía- sino conociese que es muy fácil disponer del voto de un doméstico, de un soldado, de un marinero. Pero esto mismo insensiblemente le va dando dignidad al hombre, y haciendo que los grandes y poderosos se humillen ante la soberanía del pueblo”. Excluirlos significaría contrariar el propio credo liberal, vulnerando los derechos del hombre, porque “Blancos, negros, o amarillos, sabios y no ilustrados; ricos o pobres todos son iguales por nacimiento, y por el pacto no hay otra distinción, que la que procede de la virtud o el mérito. Seamos verdaderos demócratas o variemos el título que dimos a nuestra constitución (…) Si queremos ser consecuentes que se declare, que el sirviente doméstico, el peón, el soldado, el marinero gozan de los derechos de ciudadanía del mismo modo que los Presidentes de los tres poderes. Sea este el día de la humanidad contra la opresión, y admírense las naciones ancianas del modo como una República naciente respeta los principios (…) Yo quiero que la semilla que vamos a poner en la tierra no produzca el árbol de las distinciones. Igualdad, igualdad sin la que jamás seremos libres ni felices, sin la cual no habrá virtud, justicia, ni estabilidad en un gobierno democrático”[6].

En la sesión del 15 de diciembre, luego de una ardua discusión el texto proyectado fue desechado. El celo “democrático” de Vidaurre había triunfado. Sin embargo, en las sucesivas elecciones tras la promulgación de la Constitución y de la ley reglamentaria de elecciones (elección de diputados y senadores al Congreso ordinario de 1829, elecciones de diputados y senadores al Congreso ordinario de 1832), el personal de tropa de la fuerza armada no sufragaría. El evento se produciría en un periodo conflictivo y tenso, las elecciones de diputados a la Convención Nacional. Ese incidente, aunado a la oligarquía militar creada durante la administración de Gamarra, determinaría a los liberales con predominio en la Convención Nacional, excluir del ejercicio del sufragio al personal de tropa de la fuerza armada, esto es, a los soldados, cabos y sargentos del ejército y armada, considerándolos ya como “clase” separada y distinta de los ciudadanos “civiles”. Exclusión que comprendería a los comandantes generales y jefes de guarnición “en los lugares donde estén designados”[7]. Prohibición que posteriormente se ampliaría hasta excluir totalmente a la clase militar del sufragio, “cristalizándose en preceptos análogos a través de todas nuestra leyes electorales”[8] y en las propias constituciones, hasta que por una reforma constitucional de los artículos pertinentes de la Carta de 1993 se hizo posible el sufragio militar y policial el año 2006.

[1] Artículo 179. Constitución Política de la República Peruana. Lima. Imprenta del Gobierno, 1823.
[2] “Acta para la elección de compromisarios para electores”. Lima, 23 de diciembre de 1812. Testimonio de la junta preparatoria de elecciones. Luis Antonio Eguiguren. Guerra separatista del Perú. La Revolución separatista del Perú a la luz de documentos inéditos. Lima. Casa Editora SanMarti y Ca., 1912, p. 202; Víctor Peralta Ruiz. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú 1808 – 1816. Madrid: CSIC – Instituto de Historia, 2002, p. 121. (Las cursivas son nuestras).
[3] “Oficio del excmo. Sr. Virey al excmo. Sr. Arzobispo sobre formación de padrones con más tranquilidad y exactitud que anteriormente”. Lima, 13 de agosto de 1813. Gaceta del Gobierno de Lima. Nº 70. Lima, 18 de agosto de 1813, pp. 546 – 547. (Las cursivas son nuestras).
[4] Según el inciso 7 del artículo 6 se suspendía la ciudadanía por el estado de “criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago (…)”. Constitución de la República Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente el 24 de diciembre de 1826. Y el manifiesto con que se remite a los pueblos para su aceptación. Buenos Ayres: Imprenta del Estado, 1826.
[5] Proyecto de Constitución Política presentado al Congreso Jeneral, por la comisión respectiva el día 27 de octubre de 1827. Y mandado imprimir de orden del mismo Congreso. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, por S. Hurley, 1827.
[6] Manuel Lorenzo de Vidaurre. Discurso cuarto contra el caso séptimo del art. Sesto del proyecto de Constitución pronunciado en la tribuna el día 14 de octubre de 1827 por el diputado –Manuel de Vidaurre. Lima: Imprenta administrada por J. González, 1828, pp. 6 – 8. (Cursivas nuestras).
[7] Art. 6, incisos 1 y 2. “Ley reglamentaria de elecciones”. Colección de las leyes reglamentarias de elecciones, municipalidades y jueces de paz, dadas por la Convención Nacional. Lima: Imprenta del Estado por Eusebio Aranda, 1824.
[8] José Félix Aramburú. Derecho electoral. Antecedentes históricos y aplicaciones a la nueva ley. Tesis para el doctorado en jurisprudencia. Lima: Oficina Tip. de “La Opinión Nacional”, 1915, p. 30.

VIDAURRE Y LA HISTORIA: NOTA SOBRE LOS TRABAJOS HISTÓRICOS DEL "CIUDADANO" MANUEL LORENZO DE VIDAURRE

2011-12-12T10:39:00.000-08:00

VIDAURRE Y LA HISTORIA: NOTAS SOBRE LOS TRABAJOS HISTÓRICOS DEL “CIUDADANO” MANUEL LORENZO DE VIDAURRE

1. Escasa información existe sobre los trabajos históricos realizados por Manuel Lorenzo de Vidaurre. Las referencias las conocemos por las noticias que brindaba el propio autor en los escritos que hizo públicos. Vidaurre, como lo manifestara Jorge Guillermo Leguía, el mejor conocedor de su vida y obra, había sido un espíritu profundamente estudioso[1]. En efecto, desde niño los libros fueron para Vidaurre sus juguetes. “Los hábitos de la niñez se perpetúan con nosotros. No jugué en el colegio, no he jugado nunca”, escribiría en el Plan del Perú[2]. Sus libros predilectos se vinculaban a la historia, la política y el derecho. No podía ser de otra manera. Maquiavelo, el político a quien más admiraba, se valió de la historia, maestra de vida y de sabiduría política. Así, para Vidaurre la historia sería “la base” de su política[3] y los libros una de las fuentes para consolidar esa base. En 1830 confesaba: “Ni soy un sabio, ni tengo conocimientos que no sean muy comunes. No hay más en mí, sino que leo libros, y los entiendo”[4]. Otra de las fuentes era la observación, el conocimiento práctico de los hechos. En una de sus cartas desde Boston, escribía: “Digan mis enemigos cuanto les agrade en contra de mis cartas americanas; mientras viva he de ir imprimiendo los sucesos interesantes que ocurran, y que lleguen a mi noticia. Mis reflecciones tal vez no serán de grande importancia, pero los hechos mismos darán motivo a otras muy útiles, que cada uno de los lectores hará sobre ellas. Mi objeto que es inspirar la moral más pura en mis compatriotas, se ha de conseguir. Yo no hallo enseñanza más fácil y provechosa, que la de los ejemplos. Hacen una impresión fortísima en nuestros corazones y espíritus (…) Yo observo cuanto es digno de memoria, en los países donde viajo, y refiero los hechos sin alterarlos en un ápice”[5].

Era verdad. Y Vidaurre no solo refería los hechos tales cuales eran. Incorporaba en sus escritos ideas, manías, sentimientos, aspiraciones y recuerdos, virtudes y defectos propios[6]. Pando no se equivocaría al describir las “cualidades” de tan vasta obra: “Estilo incorrecto y exótico –trozos elocuentes al lado de otros rastreros –dialéctica firme mezclada con evidentes paralogismos –conocimientos varios y vasta erudición sin oportunidad –imaginación fogosa que no sabe respetar, y divaga por infinitos objetos –propensión irresistible a personalidades innecesarias, y a ocupar a sus lectores con elogios propios, ociosas particularidades, y pormenores domésticos”[7]. La manía por escribir y publicitar sus trabajos le merecerían a Vidaurre muchas críticas, varias de ellas muy sarcásticas. Veamos una de ellas, relacionada a sus divagaciones: “todos podremos gloriarnos (…) de poseer en nuestra patria un literato dotado de tan basto saber, que no menos posee la bella literatura que el arte de cocina, la ciencia del derecho que los oficios más humildes, la política de Maquiavelo que las manipulaciones de la calafatería, de la carpintería, de la industria en fin”[8]. Vidaurre se defendería de las críticas, reconociendo sus defectos, aunque manifestando que más valía ser firme en los buenos principios. Refutando la Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima[9], obra sin firma pero escrita por Pando, a quien acusaba de plagiario, decía Vidaurre: “Es más fácil repetir o escribir los nombres de los autores, u oradores ilustres que imponerse a fondo de sus doctrinas. Hay muchos sabios de gacetas y romances, pocos que se sugeten a una lectura metódica, única, que puede aprovechar, y ser útil a nuestros conciudadanos. Más vale la sugeción a los buenos principios, que la perfección y delicadeza en las sílabas, frases, gramática moderna, pronunciación a la rigoroza española. En todos estos adornos, confieso mis defectos; confesáranlos con igual franqueza los que se atreven a hablar sobre ciencias, que solo vieron en índices, catálogos”[10].

2. En la sección de inéditos correspondiente a la bibliografía que de la obra de Vidaurre preparara Alberto Tauro, este incluía una “Historia del Perú”. La traía a colación por la noticia que el propio Vidaurre diera en su “Discurso sétimo” del año 1824: “Si mi edad, mi empleo, y el trabajo a que estoy contraído de escribir nuestra historia, me lo permitieran, publicaría un ligero curso para mis jóvenes compatriotas”[11]. Empero, Tauro dudaba en cuanto a la existencia del mismo. “¿Se trataba realmente de una exposición del pasado histórico, o del ‘suplemento’ a las Cartas Americanas?”, inquiría[12]. Sin embargo, Vidaurre ya había dejado otras pistas sobre sus trabajos históricos, descartándose, por tanto, la hipótesis de que el Suplemento a las Cartas Americanas era la historia aludida. Decía Vidaurre: “Si me alcanzara la vida para imprimir las vidas de los reyes de la España, comparados con los Incas del Perú, será esta una obra muy instructiva para los niños, y que les inspirará ideas verdaderamente democráticas. No deberán leer mis Cartas Americanas ni la presente obra, que solo son propias para personas instruidas”[13]. Del mismo modo, en la carta de renuncia a la plaza de magistrado del Supremo Tribunal de Galicia, dirigida a Fernando VII, expresaba: “Ocuparé mis últimos años en escribir la comparación de los Incas, mis antiguos reyes, con las posteriores dinastías de austriacos y borbones. A V. M. le toca el paralelo con Atahualpa: ambos últimos monarcas del riquísimo Perú”[14].

La confirmación de haber escrito Vidaurre algunos trabajos sobre la historia del Perú la encontramos en una nota publicada en el periódico La Estafeta del Pueblo. En efecto, el 20 de febrero de 1827 se daba a conocer al público limeño estar abierta una suscripción para la publicación de los discursos históricos que tenía escritos Manuel Vidaurre: “Gobierno de los Incas = Gobierno de los europeos comparado con el de los Incas en los mismos siglos = Gobierno de los españoles hasta D. Fernando Abascal = Gobierno de D. Fernando Abascal y D. Joaquín Pezuela. Gobierno del protector San Martín = Escribirá el del Dictador, y en él agregará los de la administración de la junta, de D. José Riva – Agüero, y D. Bernardo Tagle”. Tratándose de obras voluminosas por cada una de ellas la suscripción era de doce reales y la publicación se realizaría por meses. Los interesados debían tratar con Mariano Tramarria[15]. Nada sabemos del destino editorial de dichas obras. Al parecer no se logró completar el número de suscriptores necesario para publicarlas. De los manuscritos mejor no hablar. Ojalá todavía existan y se conserven en algún archivo.

[1] Jorge Guillermo Leguía. “Apuntes psicológicos sobre don Manuel Lorenzo de Vidaurre”. Historia y Biografía. Lima: Asociación Cultural Integración, 1989 (1929), pp. 177 – 178. Quien se interese por Vidaurre no debe dejar de consultar la siguiente obra, trunca, del mismo Jorge Guillermo Leguía. Manuel Lorenzo de Vidaurre. Contribución a un ensayo de interpretación sicológica. Lima: Imp. “La Voce d’Italia”, 1935.
[2] Manuel Lorenzo de Vidaurre. Plan del Perú, defectos del gobierno español antiguo, necesarias reformas. Obra escrita por el ciudadano Manuel de Vidaurre a principios del año de 10 en Cádiz, y hoy aumentada con interesantes notas. Se dedica al Exmo. Señor don Simón Bolívar, desde Philadelphia año de 1823. Contiene al fin la renuncia que hace el autor de la plaza de oidor de Galicia y en ella los motivos políticos que obligan a la isla de Cuba a declarar inmediatamente su independencia. Philadelphia: Impresa por Juan Francisco Hurtel, 1823, p. 137, nota *.
[3] Manuel Lorenzo de Vidaurre. “Manifiesto primero que presenta al pueblo el ciudadano Manuel de Vidaurre, del atentado contra la seguridad personal, habiéndolo sacado de su casa preso con soldados, el martes 25 de diciembre primero de pascua, a la una y media del día, por orden del Presidente de la República, expedida por el ministro de la guerra don Juan Salazar. Se agregan al fin dos discursos sobre los derechos de ciudadanía” (1827). Efectos de las facciones en los gobiernos nacientes. En este libro se recopilan los principios fundamentales del gobierno democrático constitucional representativo. Obra escrita por el ciudadano M. L. Vidaurre, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ministro plenipotenciario en el gran Congreso de Panamá, ministro de Estado y de relaciones interiores y exteriores, diputado por la provincia de Lima en el Congreso Constituyente; resulta de su expatriación. Boston: W. W. Clapp, 1828, p. 32.
[4] Manuel Lorenzo de Vidaurre. Proyecto del Código Eclesiástico, escrito por Manuel Lorenzo de Vidaurre, miembro de las principales sociedades científicas y económicas del Estado de Massachussets, en la República de Norte América, de la Sociedad Promovedora de la Libertad de Cuba en Méjico, doctor en leyes y cánones en la Universidad de San Marcos de Lima, su patria; presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ministro plenipotenciario en el gran Congreso de Panamá, ministro de Estado, etc., etc., etc. París: Imprenta de Julio Didot Mayor, 1830, p. 57, nota 1.
[5] Manuel Lorenzo de Vidaurre. “Principios de buena moral de las bostonesas”. Boston, 6 de noviembre de 1828. El Constitucional. Nº 84. Lima, 11 de octubre de 1834.
[6] Jorge Guillermo Leguía. “Apuntes psicológicos sobre don Manuel Lorenzo de Vidaurre”, p. 187.
[7] Mercurio Peruano. Nº 155. Lima, 7 de febrero de 1828, p. 3.
[8] “Comunicados”. La Miscelánea. Nº 503. Lima, 3 de marzo de 1832, p. 2.
[9] José María de Pando. Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima. Lima: Imp. Rep. de J. M. Concha, 1833.
[10] Manuel Lorenzo de Vidaurre. “Refutación del folleto en que se reclaman los derechos vulnerados de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima. Escrita por el ciudadano M. L. Vidaurre. Nº 1”. El Constitucional. Nº 17. Lima, 4 de enero de 1834, p. 5.
[11] Manuel Lorenzo de Vidaurre. “Discurso séptimo: continúan las leyes fundamentales, rentas”. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo I, Volumen 5. Plan del Perú y otros escritos por Manuel Lorenzo de Vidaurre. Edición y prólogo de Alberto Tauro. Lima. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971, p. 400.
[12] Alberto Tauro. “Bibliografía de Manuel Lorenzo de Vidaurre”, Ibíd., p. XLI.
[13] Manuel Lorenzo de Vidaurre. Plan del Perú, p. 127, nota +.
[14] Ibíd., p. 224.
[15] La Estafeta del Pueblo. Nº 3. Lima, 20 de febrero de 1827, p. 24.

APUNTES SOBRE EL PERIODISMO REPUBLICANO EN PUNO, 1826 – 1834

2011-11-30T12:04:00.000-08:00

APUNTES SOBRE EL PERIODISMO REPUBLICANO EN PUNO, 1826 – 1834

I. Introducción
No ha merecido atención el estudio de los inicios de la prensa en la ciudad de Puno. Una de las razones, creemos, es la dificultad de hallar repositorios donde se encuentren colecciones completas de los periódicos puneños en la iniciación republicana. El mismo Mariano Felipe Paz Soldán, no obstante haber tenido a la vista varios de los impresos puneños no suministra una información acertada. Por nuestra parte, indagando sobre asuntos particulares en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional del Perú y de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, tuvimos la suerte de cotejar varios de esos raros e incompletos impresos. Producto de esa averiguación presentamos estos breves apuntes sobre el periodismo puneño de la iniciación republicana, esto es, el período de 1826 a 1834.

II. El Correo de Puno, primer periódico de la ciudad de Puno
Raro impreso que no hemos ubicado en ninguno de los repositorios antes mencionados. La noticia de su existencia la encontramos en un remitido inserto en el periódico El Sol del Cuzco. En efecto, el anónimo escritor agradecía a Dios y al general Aparicio, a la sazón prefecto del departamento de Puno, al hacer que “por la primera vez después de tres siglos” se vea un papel público en Puno[1]. La publicación, como todas las de provincia en la iniciación republicana, tenía carácter oficial o ministerial. En concreto, en ella se daba cuenta de los documentos del gobierno.

No teniendo ningún ejemplar del periódico a la vista no podemos establecer la periodicidad ni la imprenta que se encargó de la publicación. Empero, aseveramos que se publicó entre los meses de septiembre de 1826 a febrero de 1827. Durante ese lapso, y una vez que fuera aceptada la renuncia del general Aparicio a la prefectura, asumiéndola en comisión Benito Laso, el periódico sirvió para hacer propaganda a los proyectos bolivarianos[2].

III. El Peruano del Sud
Después de la caída del régimen bolivariano no tenemos conocimiento de la continuación del Correo de Puno. Lo cierto es que en el período 1827 – 1828 no existe mención de ningún periódico en Puno. Sin embargo, a fines de abril de 1829, cuando ejercía la prefectura del departamento Rufino Macedo, hizo su aparición otra publicación oficial denominada El Peruano del Sud. La periodicidad del impreso era semanal, cada jueves, y se imprimía en la Imprenta del Gobierno administrada por Estevan Villegas. El periódico continúo hasta el día 4 de septiembre de 1831, correspondiente al Nº 37 del tomo 2. La Imprenta del Gobierno era administrada por José A. Infanzón[3].

IV. La Voz de Puno
Continuación de El Peruano del Sud, pues se trató de un cambio de nombre porque la anterior denominación era “estencivo a cualquier papel escrito por un peruano que haya nacido en cualquiera de los tres Departamentos del Sud de la República”. Por tanto, los editores querían que el dado a luz “sea más departamental”. Esa había sido la razón del cambio[4]. La periodicidad era semanal, los sábados, y se imprimía en la Imprenta del Gobierno administrada por José A. Infanzón. Concluyó su edición a fines de mayo de 1833, siendo prefecto el general San Román, hijo predilecto de la ciudad[5].

V. El Correo Literario de Puno
Sucedió a La Voz de Puno, durante la prefectura del general San Román. El primer número se publicó a inicios de junio de 1833. El último número del que tenemos conocimiento es el Nº 54 del 20 de diciembre de 1834, lo que nos hace suponer que su publicación continúo el año de 1835. La periodicidad era semanal, cada sábado, y se imprimía en la Imprenta del Gobierno administrada por José María Arias el año de 1833. A fines de noviembre la imprenta es administrada por un tal R. M[6].

VI. El Espectador Peruano
Periódico eventual redactado por el subprefecto de Puno Juan José Salcedo. Este, en carta a Gamarra, le manifestaba remitirle el prospecto y segundo número del nuevo periódico, para conocer su opinión y de ese modo “seguir escribiendo”[7]. Este periódico por el contexto tenía como objeto tratar sobre la Convención Nacional. El periódico, según las referencias de que disponemos, se editó hasta inicios de 1834 en la Imprenta Libre del Colejio Nacional de Ciencias y Artes, por José Palacios. Hemos tenido a la vista los primeros cuatro números, editados los días sábados, que comprenden el período del 23 de noviembre al 21 de diciembre de 1833[8].

VII. El Globo del Sur o Tareas Literarias del Colejio de Ciencias y Artes
Periódico eventual y como su nombre lo indica con fines literarios. El único número que hemos tenido a la vista corresponde al martes 17 de diciembre de 1833, impreso en la Imprenta del Colejio Nacional de Ciencias y Artes, por José Palacios[9].

[1] El Sol del Cusco. Nº 91. Cuzco, 23 de septiembre de 1826, p. 4.
[2] Menciones sobre algunos artículos del periódico se pueden ver en El Peruano. Nº 47 – 48. Lima, 11 y 15 de noviembre de 1826, pp. 3 – 4 y 3; El Peruano. Nº 60. Lima, 27 de diciembre de 1826, pp. 2 – 3.
[3] Varios ejemplares del impreso se encuentran en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. La colección comprende desde el nº 5 de 21 de mayo de 1829, hasta el nº 36 del 27 de agosto de 1831, tomo 2, aunque incompleto.
[4] “Prospecto”. La Voz de Puno. Nº 1. Puno, 10 de septiembre de 1831, p. 1.
[5] Ejemplares del impreso se encuentran en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, aunque la colección es incompleta. También se pueden cotejar algunos ejemplares en la Hemeroteca de la UNSAC.
[6] Ejemplares del periódico, aunque incompletos, se pueden cotejar en las hemerotecas antes mencionadas.
[7] Carta de Juan José Salcedo a Gamarra. Lampa, 17 de diciembre de 1833, en El Genio del Rímac. Nº 73. Lima, sábado 8 de marzo de 1834, p. 3.
[8] Los cuatro primeros números y otro correspondiente al año de 1834 se pueden cotejar en la Hemeroteca de la UNSAC.
[9] Se encuentra en la Hemeroteca de la UNSAC.

"CLAUDICAR LAS ELECCIONES": LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR LA PROVINCIA DE LIMA A LAS CORTES ORDINARIAS DE 1813 - 1814

2011-11-17T13:53:00.001-08:00

“CLAUDICAR LAS ELECCIONES”: LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR LA PROVINCIA DE LIMA A LAS CORTES ORDINARIAS DE 1813 – 1814

La junta preparatoria de elecciones había asignado a la provincia de Lima la representación de dos diputados propietarios y un diputado suplente para las Cortes ordinarias, representantes que serían elegidos por ocho electores designados por las juntas electorales de los partidos de Lima, Cañete, Chancay, Canta, Yauyos, Huarochirí, Ica y Santa, señalándose el día 28 de diciembre de 1812 como fecha de reunión de las juntas parroquiales de la ciudad de Lima.

El 26 de diciembre de 1812 fue publicado el bando de convocatoria a elecciones. En él se precisaba que un total de 166 compromisarios y 28 electores serían elegidos por las seis parroquias del cercado de la ciudad, que correspondían a una población electoral de aproximadamente cinco mil ciudadanos. Para facilitar la reunión de las juntas parroquiales la junta preparatoria designó los lugares donde estas se reunirían. Serían las mismas de la elección precedente, salvo el caso de la vice-parroquia de los Huérfanos, que ya no sería escindida de su matriz, el Sagrario de la Catedral[1]. ¿Tuvo eco el reclamo de Sánchez Carrión y de otros colegiales carolinos al respecto? Parece que sí. El ayuntamiento constitucional limeño, al día siguiente, recibió un oficio del virrey y copias del referido bando, acordando se proceda a la designación y sorteo de los miembros del cabildo que presidirían las juntas electorales de parroquia, de conformidad al artículo 46 de la Constitución. La designación y el sorteo fue realizado en esa misma sesión y los resultados fueron comunicados al virrey[2]. Por consiguiente, las presidencias de las parroquias, el número de compromisarios y electores que se elegirían, así como el lugar donde se reunirían las juntas era el siguiente:

Parroquias Presidentes Lugar de reunión Nº de Compromisarios Nº de Electores
Sagrario de la Catedral José Cavero y Salazar Convento de la Merced 31 10
Santa Ana José Ignacio Palacios Colegio de San Fernando 31 6
San Lázaro Manuel Santiago y Rotalde Convento de San Francisco de Paula 31 5
San Sebastián Francisco Alvarez Calderón Convento de Santo Domingo 21 2
San Marcelo Marqués de Corpa Convento de San Agustín 21 2
Cercado Antonio Saenz de Tejada Convento del Refugio 31 3

En la convocatoria, además, se precisó con claridad quienes eran los ciudadanos con “voto activo” en las juntas, lo que no había sucedido en la elección del ayuntamiento constitucional. Tenían voz activa “todos los vecinos en quienes concurran las calidades que exije la constitución nacional y los eclesiásticos seculares; escluyéndose a los religiosos y a los militares, a la tropa viva que se hayan en actual servicio por no tener domicilio y vecindario fixo; y del propio modo a los pupilos y menores a no ser que estos se dirijan por sí administrando sus bienes por requerirse maduro juicio para el acierto en asunto que tanto interesa al público a que deben asistir los ciudadanos que puedan dicernir la gravedad del negocio”[3].

En estas elecciones no solo sufragaron ciudadanos de las seis parroquias de la ciudad. También eligieron compromisarios y designaron electores ciudadanos de las poblaciones de los suburbios de la ciudad. A la población de Bellavista se le asignó la elección de 21 compromisarios y dos electores. A la población de Surco, en unión con la del Chorrillo, le fue asignada la elección de 15 compromisarios, a la población de Carabayllo la elección de cuatro compromisarios y a la población de la Magdalena la elección de dos compromisarios. Los compromisarios de estas tres poblaciones, teniendo como cabecera a Surco, elegirían dos electores. Por último, a la población de Surco le fue asignada la elección de nueve compromisarios y a la población de Late la elección de otros dos. Estos compromisarios, teniendo como cabecera el pueblo de Surco, elegirían a un elector[4].

Las elecciones, como aconteció en la elección del ayuntamiento constitucional, se desarrollaron en un clima de agitación y movilización popular. Sin embargo, en esta oportunidad la actividad y audacia de la “plebe” fue mayor. Según el virrey las conmociones y violencias producidas en las juntas parroquiales fueron obra de “un partido de oposición al gobierno y al nombre español”, liderado por el fiscal de la Audiencia de Lima, Miguel de Eyzaguirre, y el regidor del ayuntamiento limeño José Matías Vázquez de Acuña, conde de la Vega del Ren[5]. Dicha agrupación realizó una campaña electoral previa destinada “a sacar triunfantes a sus candidatos”, tal como lo expuso el conde de Valle de Oselle en respuesta a una solicitud de información que le pidiera el virrey con motivo de los desórdenes y tumultos suscitados en las juntas parroquiales[6].

En efecto, el grupo constitucional limeño realizó una febril actividad electoral. La razón era obvia. El virrey conociendo los sucesos de la primera elección popular limeña se había cuidado de tomar ciertas providencias para evitar que sucediera lo mismo en las presentes elecciones. Sin embargo, la agrupación constitucional logró burlarlas. Así, hicieron reuniones y conciliábulos nocturnos preparatorios de las elecciones, distribuyeron diversas comunicaciones a otros prosélitos en relación a las acciones a ejecutar durante la campaña, hicieron visitas a los diversos gremios de la ciudad procurando adherir a sus representantes y miembros a favor de sus candidatos, elaboraron y distribuyeron listas de electores y, por fin, movilizaron a la “plebe” hacia las parroquias con el objeto de intentar integrar las mesas con adherentes suyos o intimidar a los adversarios y ejercer presión sobre quienes presidían las mesas de votación.

El modo como se desarrollaban las elecciones preocupó al virrey. Era evidente que en varias de las parroquias no se aplicaba la resolución de la junta preparatoria de elecciones en relación a los ciudadanos que tenían derecho a voto, en parte ocasionado por la “falta de un Censo exacto o aproximado a la exactitud”[7]. Esa fue una de las razones, entre otras, por las cuales Abascal convocó, al día siguiente, 29 de diciembre, a los integrantes de la junta preparatoria para decidir sobre la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento en las juntas electorales de parroquia. Sin embargo, reflexionando más detenidamente sobre el asunto decidió suspender aquella reunión. El 29 de diciembre, no habiendo recibido comunicación alguna sobre la suspensión de la convocatoria, acudieron al palacio de gobierno Francisco de Arrese y el conde de San Isidro, síndico procurador y regidor del ayuntamiento constitucional, respectivamente. A ellos manifestó Abascal haber meditado que la junta preparatoria “debía declarar la nulidad de quanto se principió a obrar contra el tenor de su resolución, para que se reformasen las elecciones comenzándolas de nuevo”. Mas, para evitar que la declaración de nulidad pudiera “disgustar el ánimo de los que se persuadiesen a que ella (la junta) o el Gobierno estaban poseídos de diverso interés que el bien de la Patria”, resolvió “disimular los defectos” en las elecciones, “antes que verse obligado a expedir providencias duras, remitiendo el restablecimiento del orden prescrito a tiempo más oportuno, qual sería el inmediato a las primeras que ocurriesen”[8].

Ese mismo día, el virrey cursó un oficio al conde de Vista Florida manifestándole los notorios “insultos y desafueros” cometidos en las elecciones por “una infame gavilla de malcontentos”, que habían abusado de la “ignorancia de una parte de la plebe, mancillando la “acrisolada fidelidad” de la ciudad. Adjunto al oficio Abascal remitió una lista de ocho personas que “según pública voz y fama” habían participado en los desórdenes y excesos. Sobre la base de esa lista Baquíjano debería emitir su opinión en cuanto a “la pena” que deberían recibir tales sujetos[9]. El 30 de diciembre el conde daría respuesta al virrey.

Entretanto, las elecciones se iban realizando en las seis juntas parroquiales de la ciudad. Dependiendo de la cantidad de compromisarios a elegir y el número de ciudadanos que sufragaban, las votaciones se realizaron en un lapso de dos a siete días. Del estudio de las actas electorales, salvo los casos de las actas de las parroquias del Sagrario de la Catedral y de San Lázaro, que se encontraban incompletas, podemos deducir que sí se suscitaron desórdenes en las elecciones parroquiales. La evidencia concreta es lo sucedido en el Colegio de San Fernando, lugar de reunión de la junta electoral de la parroquia de Santa Ana. En efecto, el 28 de diciembre, contando con la presencia del presidente de la junta y el cura párroco Juan José Flores, se procedió a la elección del secretario y dos escrutadores. Fueron elegidos, “por aclamación de algunos de los que estaban presentes”, Hipólito Unanue, José Morales Ugalde y Juan de Pimentel como escrutadores y secretario, respectivamente. Iniciada la votación y habiendo sufragado tres ciudadanos, en el local “se empezó a notar un desociego, y descontento gral. pr. causa de estar dho. Sr. Unanue de Escrutador, tanto que llegándose a la mesa algunos ciudadanos representaron que aquel Escrutador, no era de la confianza, y aprobación de la pluralidad de los concurrentes”.

Unanue, hombre cercano al virrey, cuya pluma estaba puesta al servicio del gobierno en el Verdadero Peruano, publicación que pretendía mediatizar la aplicación de la Constitución de conformidad a los deseos de Abascal, no era bien visto por el grupo constitucional. La petición de aquellos ciudadanos para que Unanue declinara del cargo de escrutador fue contestada por el presidente de la junta. Este manifestó que el nombramiento había sido por aclamación de los ciudadanos en ese momento presentes, al igual que en el caso de los otros dos integrantes de la mesa. Empero, los impugnadores de Unanue no se conformaron con lo afirmado por el presidente. Para resolver el conflicto, José Ignacio Palacios leyó el artículo 55 de la Constitución, “agregando que no podía apartarlo de la mesa”. Nuevamente los impugnantes reclamaron por dicha elección. Alegaron que cuando se eligió como escrutador a Unanue “no havían más de unos veinte, o treinta Parroquianos, poco más, o menos, y estos médicos, o colegiales de Sn. Fernando, y qe. ni el todo de estos lo havían aclamado, qe. haora era rechazado pr. un número excesivamente mayor”. Observó, entonces, el presidente de la junta, que los ciudadanos persistían en su empeño, notando, además, que el número de los presentes congregados en el local se había incrementado en un número aproximado de 300 ciudadanos. Esta multitud hacía un intenso ruido de protesta contra el nombramiento y permanencia de Unanue en la mesa electoral. La gravedad de la situación obligó a Unanue solicitar la palabra al presidente de la junta. Concedida la petición, Unanue expresó a los concurrentes que “hacía dimición y renuncia del cargo”, retirándose de inmediato del local. A continuación los presentes, “incontinenti”, proclamaron como su reemplazante a Andrés García Mancebo, retomándose la votación[10], según el método hasta entonces practicado: el secretario recibía los votos “que exivían los Ciudadanos de la Feligresía escritos en una papeleta sin expresión en ella del nombre del Ciudadano que la exivía; pero sí de los treinta y un Ciudadanos que designava pr. Compromisarios, yindicando el suyo pr. separado, y de palabra, el qe. apuntaba un Escrutador a presencia del Secretario en una lista qe. se llevaba en la mesa, y este copiaba otra en qe. transcribía los nombres de todos los designados pa. el destino de Compromisarios en cada una de las papeletas, sin que en ninguna de ellas se hubiese advertido, qe. el mismo votante se comprehendiese en ellas”.

En esos momentos se presentó José Galindo, colegial de San Fernando, manifestando que el ciudadano José Antonio Portocarrero, uno de los que había exigido la separación de Unanue del cargo de escrutador, no debía sufragar por no tener empleo conocido y “ser vago”. Los miembros de la mesa exigieron al impugnante presentara pruebas de la acusación. El acusador no presentó ninguna, por lo que el presidente hizo comparecer a Portocarrero. Este, instruido de la objeción planteada en su contra, afirmó ser empleado en el comercio, tener mujer e hijos a quienes mantenía con decencia. Afirmación que fue corroborada por varios de los presentes. La junta desestimó la objeción realizada contra Portocarrero y resolvió que estaba habilitado para sufragar. Asimismo, por “exclamación” de los ciudadanos presentes se decidió que el acusador fuese privado de la voz activa y pasiva. Empero, como el propio Portocarrero intercediera por Galindo, la junta acordó que por “equidad” votase.

Siendo las doce del día y habiendo sufragado un número aproximado de treinta y cuatro vecinos, se presentó un ciudadano e hizo presente a la junta que en el convento de la Merced, donde se reunía la junta parroquial del Sagrario de la Catedral, “se admitían los sufragios en listas que presentavan los ciudadanos, qe. se tomaba razón de sus nombres, y rubricadas pr. su Presidente y Secretario se hechavan en un depósito”. Los miembros de la junta, advirtiendo que el método de votación utilizado hasta ese momento dificultaba el voto, haciéndolo lento, y “gravoso” para el secretario, resolvieron “que las listas de los treinta y un ciudadanos, pr. quienes cada uno votava, se contasen pr. el Secretario a presencia de los Escrutadores, se rubricasen pr. el Sor. Presidente, y pr. aquel, se tomase solo razón del votante, y en fin, que se introdujesen en el área al efecto preparada; con lo que se podía abreviar la votacn. sin peligro de contravenir el espíritu del artículo cincuenta y uno, pues según el dictamen gral. de la Junta, lo mismo era qe. el Secretario pusiese su nombre en las listas, qe. se las trajesen hechas de otra; siempre que en este caso las examinase, y se autorizasen con su firma, y a mayor abundamiento con la del Sor. Presidente; en especial logrando la ventaja de hacer en uno, o dos días lo qe. del otro modo no se hubiera hecho, quizá en un mes”. Todo el público presente dio su conformidad a lo resuelto, mas siendo la una de la tarde se decidió suspender la votación para continuarla a partir de las cuatro de la tarde. El arca con las listas fue cerrada con llave, se entregó al presidente y fue trasladada a la iglesia. En una alacena de seguridad de la sacristía fue colocada el arca. La llave quedó en poder del secretario y la de la puerta de la sacristía en poder del párroco.

A las cuatro de la tarde continúo la votación sin mayor novedad, concluyendo al “toque de las oraciones” del día. El arca se volvió a custodiar en el mismo lugar y forma como se había llevado a cabo en la mañana. Antes se había resuelto anunciar al público, colocando carteles en los lugares aparentes, que al día siguiente continuaba la votación desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, en que se suspendía hasta el día treinta, por obligaciones del presidente de la junta como alcalde del ayuntamiento. En efecto, el veintinueve de diciembre, continúo la votación concluyendo a la una de la tarde. El 30, reunida la junta electoral, se acordó comunicar a los “feligreses”, también por carteles, que el treinta y uno de diciembre se cerraba la votación y se procedía a la regulación de los votos.

[1] “Testimonio del expediente de la junta preparatoria de elecciones”, Luis Antonio Eguiguren. Guerra separatista del Perú. 1812. La revolución separatista del Perú a la luz de documentos inéditos. Lima: Casa Editora Sanmarti y Ca., 1912, pp. 201 – 202.
[2] Acta del 27 de diciembre de 1812. AHML. Libro de Cabildo Nº 43, f. 8v. El Peruano Liberal. Nº IV. Lima, 10 de octubre de 1813, p. 28.
[3] “Testimonio del expediente de la junta preparatoria de elecciones”, p. 202.
[4] “Expediente relativo a la Junta Electoral de Partido de Lima celebrada en los días 14 y 15 de marzo del año de 1813”. AHML. Registros Cívicos. 1812 – 1825. Caja Nº 1, Doc. Nº 9, ff. 160 – 161, 164 – 165 y 168.
[5] Oficio de Abascal al Secretario de Estado y despacho universal de Indias, Lima 27 de marzo de 1815. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo XXII, Vol. 1. Documentación Oficial Española. Compilación y prólogo por Guillermo Lohmann Villena. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1972, p. 340.
[6] Informe del conde de Valle de Oselle, Lima 16 de abril de 1813, Ibíd., p.
[7] Francisco de Arrese. Al respetable público de esta ciudad Francisco de Arrese. Lima: Imprenta de los Huérfanos por D. Bernardino Ruiz, 1813, p. 18.
[8] Ibíd., pp. 19 - 20.
[9] Oficio de Abascal al conde de Vista Florida. Lima, 28 de diciembre de 1812. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo I, Vol. 3. Los Ideólogos. José Baquíjano y Carrillo. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1976, p. 461.
[10] Expediente relativo a la Junta Electoral de Partido de Lima celebrada en los días 14 y 15 de marzo del año de 1813”, ff. 91 – 92.

LA PRIMERA ELECCIÓN POPULAR EN LA CIUDAD DE LIMA: LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, 1812

2011-11-16T12:26:00.000-08:00

LA PRIMERA ELECCIÓN POPULAR EN LA CIUDAD DE LIMA: LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, 1812

La promulgación de la Constitución de Cádiz hacía indispensable poner en “planta” las instituciones previstas en la Carta, más aún teniendo en cuenta la próxima reunión de las Cortes ordinarias del bienio 1813 – 1814 convocadas para el 1 de octubre de 1813. Por tal motivo las Cortes expidieron diversas regulaciones con el objeto de facilitar las elecciones de los miembros de los ayuntamientos constitucionales, diputados provinciales y diputados a Cortes. Ordenaron, en consecuencia, la formación de juntas preparatorias de elecciones encargadas de hacer efectivas las reglas decretadas. En Lima la junta preparatoria, presidida por el virrey Abascal, teniendo a la vista los artículos pertinentes de la Constitución y el decreto de 23 de mayo de 1812, sobre formación de los ayuntamientos constitucionales, acordó el 3 de diciembre de 1812 las disposiciones que regularían la elección de los miembros del cabildo electivo limeño. El 7 de diciembre el gobierno hizo público el bando de convocatoria a elecciones.

Según lo establecido en la convocatoria las juntas electorales de parroquia deberían reunirse el miércoles 9 de diciembre de 1812 para elegir 25 electores, de conformidad a la proporcionalidad de la población de cada una de las seis parroquias y anexo que correspondían a la ciudad. Del mismo modo, fueron designados los lugares donde estas juntas se reunirían para ejercer sus funciones. La distribución de electores y lugares destinados para la celebración de las elecciones en el nivel parroquial fue el siguiente:

Parroquias Lugar de Reunión Número de Electores

Catedral Convento de la Merced 6

Vice-parroquia de los Huérfanos Convento de San Juan de Dios 4

Santa Ana Colegio de San Fernando 5

San Lázaro Convento de San Francisco de Paula 4

San Sebastián Convento de Santo Domingo 2

Cercado Convento del Refugio 2

San Marcelo Convento de San Agustín 2

Los ciudadanos, a su vez, deberían presentarse a los lugares destinados a sus respectivas parroquias desde las 9 de la mañana. Elegidos los 25 electores de las juntas parroquiales estos se reunirían el domingo 13 de diciembre, en la sala consistorial del ayuntamiento, para elegir a los dos alcaldes, dieciséis regidores y dos síndicos procuradores que correspondían a la ciudad en razón de su población, superior a los diez mil vecinos. Asimismo, en el bando de convocatoria se incluyeron los artículos de la Constitución relativos a la ciudadanía, “comprehensivos de las calidades, que designan a los que gozan de ese derecho, las que privan de él, y las que lo suspenden”, así como los requisitos para ser elegidos. Por último, una nota escrita a mano, inserta en el bando, disponía para facilitar el trámite de la elección que cada ciudadano debería llevar “una papeleta en que estén escritos los nombres de los individuos por quienes sufraga”, la cual se leería públicamente[1].

Ese mismo día el ayuntamiento perpetuo recibió un oficio del virrey y copias del bando de convocatoria a elecciones para que los capitulares procedan a la designación y elección de los miembros del cabildo que presidirían las juntas parroquiales. En efecto, en esa misma sesión fueron designados los siete capitulares presidentes de las juntas. Sin embargo, el 8 de diciembre, por impedimento del regidor Manuel Agustín de la Torre, fue designado su reemplazante por sorteo, conformándose las presidencias de las juntas parroquiales de la ciudad de la siguiente forma[2]:

Parroquias Presidentes

Catedral Marqués de Torre Tagle

Los Huérfanos Andrés de Salazar

Santa Ana Antonio de Elizalde

San Lázaro Ignacio de Orúe y Mirones

San Sebastián Conde del Villar de Fuente

Cercado José Antonio de Ugarte

San Marcelo José Valentín Huidobro

La vigencia del régimen constitucional configuraría un nuevo escenario político en las ciudades del reino del Perú. Ofrecería “novedosas formas de participación política dentro del sistema”, permitiendo que los postergados anhelos e intereses de los americanos se expresaran por vías legales[3]. Ese escenario propició la formación de un grupo constitucional liderado por el fiscal de la Audiencia de Lima, Miguel de Eyzaguirre, contrario a la política del virrey[4]. Abascal conocía la existencia de dicho grupo pero consideraba que no tenían la organización ni la fuerza como para imponerse en la elección. Se equivocaba el virrey. Mientras tanto, la prensa patrocinada por el gobierno publicaba diversos artículos relativos a las próximas elecciones, resaltando la importancia y trascendencia de las mismas. Así, los editores del Verdadero Peruano exclamaban:

“Habitantes de Lima: dentro de pocos días vais a fixar en los fastos del Perú la época primera de vuestra gloria. La aurora de vuestra libertad ha empezado a rayar. No tarda ya en aparecer con todo su esplendor; y entonces se disipará en un momento esa larga y melancólica noche en que ha envuelto con sus sombras hasta hoy a esta parte la más preciosa del globo. ¡Un día solo va a ser más grande que tres siglos! ¡Día venturoso! En que se os verá alzar por la primera vez la frente augusta, y presentaros revestidos de magestad y de grandeza a tomar posesión de vuestros sagrados derechos, dando con vuestras manos padres a la patria”[5].

En ese texto se hacía presente la retórica de la libertad y redención contra el despotismo, conservando sin embargo los patrones tradicionales. El ideal que se predicaba era la unanimidad, esto es, evitar el surgimiento de facciones que pretendieran hacer triunfar a sus integrantes por el mero egoísmo e interés particular en los empleos. Y peor aún, sin que estos tuvieran las calidades y condiciones para ejercerlos. Facciones que importarían el desorden en la elección. De ahí la exhortación que dirigían a los ciudadanos:

“Lejos de vosotros el espíritu de partido, el odio, el interés personal, y las demás pasiones que degradan al hombre. Si asistís encorvados bajo el peso de un yugo tiránico, si no guardáis todo el decoro que pide la gravedad de un acto tan solemne; por más que os esforcéis en manifestar libertad y nobleza, vais a aparecer esclavos y envilecidos: vais a frustrar las benéficas miras del congreso nacional: vais a desairar a la prosperidad que se os convida: y a ofrecer un motivo de irrisión y de escándalo a los pueblos vecinos que esperan un espectáculo serio y magnífico. ¡Qué porvenir tan halagüeño, si depositáis todos los empleos municipales en manos de patriotas de probidad y de luces! Nuestros descendientes, no viendo por todos lados sino las operaciones de la justicia y nutriéndose con exemplos sublimes, crecerán llenos de máximas sanas de moral y de virtud. La obediencia a las leyes será para ellos la ley primera: el interés de la patria su único interés: y la felicidad de sus conciudadanos su felicidad particular”[6].

No obstante aquellas exhortaciones, los miembros del grupo constitucional realizaron una campaña electoral destinada a hacer prevalecer sus candidatos en las juntas parroquiales. Con ese fin reclutaron prosélitos, organizaron reuniones políticas, propagaron las candidaturas mediante la distribución de listas de electores, fomentaron la movilización popular hacia los locales destinados para las elecciones con el objeto de integrar las mesas electorales con integrantes o sujetos afines a la facción y, en última instancia, para ejercer presión en las mismas ya para permitir el sufragio de adeptos suyos o para impedir el voto de los sujetos contrarios, forzando de esta manera la abstención de los ciudadanos “de bien”. La actividad desarrollada por los “constitucionales” los premió con el triunfo en las elecciones.

De la documentación acerca de este proceso electoral, principalmente actas electorales, en las que no necesariamente se describen todos los eventos suscitados en las juntas parroquiales, se puede colegir el éxito del grupo constitucional en el control de las mesas de votación de la mayoría de las parroquias. Otro dato importante que nos suministran es que el total de ciudadanos que sufragaron fue aproximadamente de 2500 a 2700 de un padrón electoral de aproximadamente cinco mil ciudadanos, es decir, la mitad de los habilitados.

En efecto, de la información disponible podemos afirmar que en las parroquias del Sagrario de la Catedral, vice-parroquia de los Huérfanos, San Marcelo, San Sebastián, San Lázaro y Santa Ana hubo participación de miembros del grupo constitucional como integrantes de las mesas que dirigían la votación. Ignacio de Pro fue elegido secretario en la parroquia del Sagrario de la Catedral. Manuel Malarín integraba la mesa electoral como escrutador en la vice-parroquia de los Huérfanos. José Manuel Villaverde y Pedro José Carrillo figuraban como escrutadores en la parroquia de San Sebastián. En la parroquia de San Marcelo el éxito fue total. El secretario y los dos escrutadores elegidos por aclamación lo fueron Francisco de Paula Quiroz, Miguel de Riofrío y Pedro Gil. En San Lázaro fue elegido por pluralidad de votos Isidro Vilca como secretario y, por aclamación, Joaquín Mansilla como uno de los escrutadores. En la parroquia de Santa Ana, también por aclamación, fueron designados Ignacio Antonio de Alcazar como secretario y José Morales Ugalde como uno de los escrutadores.

La composición de las mesas electorales si bien importante para consolidar el triunfo del grupo constitucional en las votaciones, no era decisiva, como se demostraría en la elección siguiente. El 9 de diciembre, en el convento de la Merced, local destinado para la elección de la parroquia del Sagrario de la Catedral, sufragaron un aproximado de 700 ciudadanos. Acompañaba al presidente de la mesa, Francisco Xavier Echague, arcediano de la iglesia Catedral. Como secretario había sido elegido Ignacio de Pro. Al término de la votación fueron elegidos como electores los siguientes personajes: Diego Aliaga y Santa Cruz, capitán de la guardia de alabarderos del virrey, por 640 votos; el presbítero Segundo Antonio Carrión, prepósito del Oratorio de San Felipe de Neri, por 582 votos; Juan de Berindoaga, abogado y sargento mayor del regimiento de milicias provinciales de dragones de Carabayllo, por 453 votos; Pedro Antonio de Arguedas, abogado, por 410 votos; José Antonio de la Torre, abogado, por 376 votos; y el presbítero Juan Esteban Enriquez de Saldaña por 324 votos[7].

En el convento de San Juan de Dios, lugar de votación correspondiente a la vice- parroquia de los Huérfanos, sufragaron 385 ciudadanos. Previamente fueron elegidos el secretario y escrutadores que conformarían la mesa junto con el presidente y con Mariano Tagle, cura rector de la parroquia del Sagrario. Por aclamación asumieron dichos cargos Francisco de Valdivieso y Pradas, Baltazar Benavides y Manuel Malarín, respectivamente. Instalada la mesa e iniciado el sufragio, el secretario recibía las listas que le presentaban los ciudadanos y los entregaba al presidente, quien los publicaba en alta voz, “con arreglo a la nota autorizada” inserta en el bando de convocatoria. En ese momento se hicieron presentes varios colegiales carolinos, entre ellos José Faustino Sánchez Carrión, colegial maestro del convictorio, quien dirigiéndose a los integrantes de la mesa de votación representó “el derecho que tenía, como qualesquiera otro ciudadano de los avecindados en la Vice-Parroquia de los Huérfanos a sufragar por diez Electores, qe. fueron los señalados a la Parroquia de la Catedral, respecto de no haber esta debido dividirse, exponiendo que por no entorpecer aquel acto, ni dar el menor motivo de inquietud, renunciaba por esa sola vez el referido derecho, pero con protesta de hacer uso de él para las eleciones venideras”. Lo mismo manifestó, a continuación Carlos Delgado, también colegial del convictorio. Retirados los colegiales carolinos la votación continúo y al hacerse la regulación de los 1540 votos, correspondientes a 385 ciudadanos, resultaron elegidos como electores Francisco Xavier Echague, dignidad de arcediano de la Iglesia Catedral, por 317 votos; José Gerónimo Vivar, abogado y catedrático en la Real Universidad de San Marcos por 260 votos; Victoriano Moreno por 151; y Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Real Convictorio de Sab Carlos y catedrático de la Real Universidad de San Marcos, por 132 votos. Concluido el acto con la mayor tranquilidad, según se lee en el acta, se publicó el resultado, que fue celebrado con “muchas demostraciones de alegría”[8].

En el convento de Santo Domingo, local de reunión de la junta parroquial de San Sebastián, sufragaron un aproximado de 200 ciudadanos. La mesa electoral se integraba, además del presidente, por Juan José Alvarez, cura de la parroquia, por Manuel de la Fuente y Chávez, José Manuel Villaverde y Pedro José Carrillo, secretario y escrutadores respectivamente. Concluida la votación y realizada la regulación de los votos fueron elegidos como electores Francisco José Colmenares por 114 votos y José Martínez por 61 votos[9].

En un salón del convento de San Agustín se realizaron las votaciones de la parroquia de San Marcelo. Acompañaban al presidente de la mesa electoral, Pedro Avilés, cura de la parroquia, Francisco de Paula Quiroz, Miguel de Riofrío y Pedro Gil, elegidos por aclamación de los ciudadanos presentes como secretario y escrutadores respectivamente. Concluida la votación y efectuada la regulación de los 554 votos que correspondían a 277 ciudadanos, resultaron elegidos como electores el conde de Torre Velarde por 269 votos y Francisco de Arrese, abogado y catedrático de la Real Universidad de San Marcos, por 264[10]. Como se puede apreciar de esta votación, la elección de estos dos personajes fue casi unánime. Solo hubo 21 votos dispersos.

En el convento de San Francisco de Paula se desarrolló la votación correspondiente a la parroquia de San Lázaro. Al presidente acompañaba Anselmo Pérez de la Canal, cura rector de la parroquia. La mesa se completó con la elección por pluralidad de votos de Isidro Vilca, procurador general de indios de la Audiencia de Lima, como secretario, y por Joaquín Mansilla y Gerónimo Gutiérrez de Caviedes, elegidos por aclamación como escrutadores. Concluida la votación y realizada la regulación de los votos de un aproximado de 500 ciudadanos resultaron elegidos como electores el Capitán Alejandro Poquis, intérprete general de indios de la Audiencia de Lima; el capitán Bernardo Valdivieso; José Miguel Castillo, abogado y oficial sexto de la secretaría de cámara del virreinato; y el presbítero Julián Donayres, segundo capellán del beaterio de Copacabana[11].

En el colegio de San Fernando, local asignado a la parroquia de Santa Ana sufragaron un aproximado de 500 ciudadanos. Integraban la mesa electoral, además del presidente, Juan José Flores, cura rector de la parroquia, Ignacio Antonio de Alcázar, José Morales Ugalde y José Pezet, elegidos por aclamación de los vecinos presentes como secretario y escrutadores respectivamente. La votación se realizó en el típico modelo del cabildo abierto, pues según se lee en el acta, cada ciudadano ordenadamente se acercaba a la mesa para “designar las personas en quienes libremente comprometían su voluntad ante los Señores Presidente, Escrutadores y Secretario y Párroco llevando este lista de los Ciudadanos votantes a presencia de dichos Señores y del Pueblo, recibiendo los voletos en qe. estaban inscriptos los nombres de aquellos por quienes votaban”. Concluida la votación, acto “magestuoso libre y solemne”, se procedió a la regulación de los votos emitidos. Resultaron elegidos como electores Miguel de Eyzaguirre, fiscal de la Audiencia de Lima, por 395 votos; Joaquín Fernández de Leiva, también ministro de la Audiencia de Lima, por 327 votos; el marqués de Montealegre por 271 votos; Blas Cadenas por 246 votos; y Ángel Luque, cura, por 204 votos. Por excusa que hizo del cargo ante el virrey, Joaquín Fernández de Leiva fue reemplazado por José de la Riva Agüero, que había obtenido 201 votos[12].

Finalmente, en el convento del Refugio, donde se efectuaron las votaciones de la parroquia del Cercado sufragaron 252 ciudadanos. La mesa electoral se conformaba, además del presidente, por Mariano Rivera, cura de la Parroquia. Completaron la mesa el capitán de milicias Nicolás de Bezanilla, elegido por aclamación como secretario, y el propio cura Mariano Rivera y Juan de la Daga, elegidos por pluralidad de votos como escrutadores. Concluida la votación y efectuada la regulación de los votos resultaron elegidos Félix Saucedo, capellán del regimiento de dragones de Lima, por 89 votos, y Lorenzo Zárate capitán del mismo regimiento por 54 votos[13].

Las elecciones parroquiales fueron ampliamente favorables al grupo constitucional. La noticia de los resultados y, peor aún, la movilización popular que se efectúo aquel día, causaron malestar y preocupación en el virrey. Entre los 25 electores figuraban dos magistrados de la Audiencia de Lima: Miguel de Eyzaguirre y Joaquín Fernández de Leiva. La condición de magistrado hizo que el segundo de los nombrados solicitara excusa del cargo ante el virrey, lo que fue aceptado. Sin embargo, Eyzaguirre no hizo lo mismo. Por el contrario, elevó una consulta al virrey para conocer “si a vista de los artículos 45 y 97 de la Constitución podía o no ser elector”. El 10 de diciembre, según el abogado José Ramón del Valle, se le contestó con las siguientes palabras: “No me parece V. S. impedido para desempeñar el cargo de elector por la parroquia de Sta. Ana”[14]. Sin embargo, voceros del gobierno afirmaron que el virrey no declaró hábil al fiscal para ejercer el cargo de elector parroquial. A la consulta formulada, decían, se le contestó “que siendo tan consumado letrado podía su señoría resolverla por el mismo”[15].

El 13 de diciembre, reunidos en la casa consistorial del ayuntamiento limeño, los 25 electores designados por las parroquias de la capital de inmediato se dirigieron al palacio de gobierno y, desde ese lugar, condujeron al virrey a la sala capitular, donde “tomó su asiento de preferencia”, e inició la sesión solicitando las credenciales de los electores. Recibidas las mismas y verificadas, Abascal manifestó “los deseos que tenía de que todo fuese acierto, y llenase la expectación del público, en lo que consideraba empeñados a los señores electores, en cuya consideración ponía, que no había sido otro su objeto, que obedecer los soberanos mandatos, y poner en execusión los útiles establecimientos que ellos comprehendían, dando principio por la elección que se iba a hacer, la misma en que no ponía mano, ni hacía la menor insinuación, no obstante que no le eran desconocidos los sujetos capaces de ocupar los empleos dignos, y útilmente: baxo de cuyo supuesto nada más hacía que presidir la votación, y arreglarse a su resultado, complaciéndose mucho en la buena armonía de los señores electores, y en la tranquilidad que se había advertido, tanto en este acto, como en los antecedentes”[16]. ¿Eran sinceras y nada irónicas las expresiones del virrey sobre el normal y tranquilo desarrollo de las votaciones en las juntas parroquiales? Creemos que sí. Si bien le repugnó la movilización popular dirigida por el grupo constitucional y el resultado de aquellas votaciones. Lo cierto era que en las juntas electorales de parroquia no se habían suscitado alteraciones del orden. Y no debió haber sucedido porque la mayoría de las mesas electorales de las parroquias estaban bajo el control de sujetos afines a los constitucionales. Los documentos existentes parecen confirmarlo. Lo contrario sucedería en la siguiente elección.

La creeencia de que en esta elección se produjeron alborotos y fue cuestionada por las autoridades, tal como sucedió en la elección del ayuntamiento constitucional de la ciudad de México el 29 de noviembre de 1812, se debe a una atribución errónea de fechas. En efecto, según Peralta las elecciones de diputados para las Cortes se iniciaron el 28 de enero de 1813(17). Sin embargo, dichas elecciones iniciaron el 28 de diciembre de 1812. Ese día, conociendo el virrey los alborotos y desmanes ocurridos en algunas de las juntas electorales de parroquia, redactó un oficio dirigido al conde de Vista Florida, solicitándole información de los sucesos. Baquíjano emitiría su contestación el día 30 de diciembre. Por tanto, aprovechando aquella coyuntura el virrey procuraría deslegitimar ambos procesos electorales.

A continuación, complementó las expresiones del virrey el elector Ángel Luque, predicando la concordia entre todos los miembros de la asamblea electoral y entre todos los españoles, sean europeos o americanos. Las rivalidades, inherentes a la “plebe”, no tenían cabida en la “virtud unida”. Había que desterrarla del seno de la junta electoral. Por esa razón exclamaba: “Fuera pues de nosotros esa necia ribalidad de samaritanos y judíos, como si fuésemos ese tosco pueblo: esa necia ribalidad del partido del hombre no formado, y acostumbrado a no ser más que un solo color: esa necia ribalidad de la turba del bajo pueblo que en el carácter del ciudadano, en su probidad, en sus costumbres no encuentra el mérito que encuentra la razón, la sensatez, el clamor general de la naturaleza”[18].

Concluido el discurso, los electores deliberaron y acordaron que la votaciones se realizaran mediante voto secreto, decisión con la que también convino el virrey, procediéndose a la votación “de uno en uno, con total separación, y después de absuelta la regulación de cada uno en particular, los empleos de Alcaldes ordinarios, después los de Regidores, y últimamente los de Procuradores generales”. Fueron elegidos como miembros del ayuntamiento constitucional: José Cavero y Salazar, y Juan Ignacio Palacios (Alcaldes); el conde de San Isidro, José Antonio Buendía, el conde de Torre Velarde, Antonio Saénz de Tejada, Santiago Manco, el conde de la Vega del Ren, Francisco Alvarez Calderón, el marqués de Casa – Boza, José Manuel Blanco y Azcona, Ramón Erazu, Juan Bautista Gárate, Juan Berindoaga, Manuel Alvarado, Francisco Carrillo y Mudarra, José María Galdiano, y el marqués de Corpa (regidores); Francisco Arrese, y José Gerónimo Vivar (síndicos procuradores). La elección, según se lee en el acta, concluyó "sin que se hubiese observado en ella sino el buen orden, la común tranquilidad y satisfacción, que dexó complacidos a todos empesando por el Exmo. Sor. Virey que lleno de gozo por tan felis acontecimiento, y por las circunstancias que concurrían en las personas elegidas, cuyo elogio pronunciaba en seguida de la elección, disolvió el Congreso, y se retiró a su palacio, con el mismo acompañamiento, habiendo dispuesto antes que se propagasen inmediatamente listas de los elegidos para que se satisfaciese el innumerable concurso que los esperaba, en toda la ciudad”[19].

No obstante indicar el acta el “gozo” del virrey por la elección y su resultado, lo verdadero era que Abascal “estaba extremadamente insatisfecho con la composición del nuevo cabildo ya que solo cuatro de sus regidores eran europeos (el conde de San Isidro, Antonio Saénz de Tejada, José Manuel Blanco y Azcona, y Juan Bautista Gárate), y aún ellos, informaba, habían sido elegidos solo como resultado de la presión que había podido hacer como presidente del comité electoral”. La mayoría de los elegidos, afirmaba Abascal, eran “creadores de problemas y descontentos políticos”, cuyo predominio se debía a la presencia de agitadores en las juntas parroquiales, quienes actuando bajo la “guía” del fiscal Eyzaguirre, habían dominado las mesas de votación. En consecuencia, intimidados los ciudadanos “decentes”, los contrarios al gobierno sufragaron por electores “criollos”. De ahí “siguió que el cabildo escogido por semejantes hombres se conformaría a sus ideas”[20]. La preocupación del virrey no era infundada. Con la puesta en vigencia de la Constitución y la implementación de los mecanismos electivos para elegir los ayuntamientos constitucionales y diputados a Cortes “empezaban a formarse serios resquebrajamientos en la estructura general de la autoridad en la ciudad”[21], y porque no decirlo en el virreinato.

[1] Bando de convocatoria a elecciones del ayuntamiento constitucional de Lima. Lima, 7 de diciembre de 1812. El texto de la convocatoria, sin la nota aneja, en Gaceta del Gobierno de Lima. Nº 103. Lima, 9 de diciembre de 1812, pp. 748 – 752.
[2] Actas del 7 y 8 de diciembre de 1812. AHML. Libro de Cabildo Nº 42, ff. 138 y 138v.
[3] Virginia Guedea. “Los caminos del descontento. O de cómo los novohispanos dejaron de serlo”. Tiempos de América. Nº 1. Castellón, 1997, pp. 79 – 80.
[4] Víctor Peralta Ruiz. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú 1806 - 1816. Madrid: CSIC, 2002, pp. 122 – 124.
[5] Verdadero Peruano. Nº XI. Lima, 3 de diciembre de 1812, p. 106.
[6] Ibíd., pp. 106 - 107.
[7] “Expediente formado, de las credenciales de los veinte y cinco Sres. Electores, que concurrieron a la Sala Capitular del Exmo. Cabildo, a elegir Sres. Alcaldes ordinarios, Sres. Regidres. y Sres, Procuradores grales., según la Constitución Política de la Monarquía. 1812”. AHML. Registros Cívicos. Caja Nº 1, Doc. Nº 1, ff. 2 – 7v.
[8] Ibíd., ff. 8 – 9v.
[9] Ibíd., ff. 16 – 16v.
[10] Ibíd., ff. 18 – 19.
[11] Ibíd., ff. 35 – 36.
[12] Ibíd., ff. 26 – 27 y 30 – 30v.
[13] Ibíd., ff. 35 – 36.
[14] “Carta remitida por el Dr. José Ramón del Valle, abogado del presbítero J. A. Buendía”, Suplemento al Peruano. Lima, 4 de febrero de 1813, p. 195.
[15] Peruano Extraordinario. Lima, 13 de abril de 1813, p. 14.
[16] Acta electoral del 13 de diciembre de 1812, AHML. Libro de Cabildo Nº 43, ff. 2 – 2V.

(17) Víctor Peralta. En defensa de la autoridad, pp. 124 - 125 y 130.
[18] Ángel Luque. “Breve discurso pronunciado por el elector D. D. Ángel Luque, a presencia del exmo. Sr. Virey antes de dar principio a la elección de alcaldes, regidores, y procuradores síndicos de la capital de Lima”, Gaceta del Gobierno de Lima. Nº 105. Lima, 16 de diciembre de 1812, pp. 767 – 768. El contenido del discurso le valió a Luque ser calificado como antipatriota por los liberales. Decía Luque: “La vez pasada en que como elector pronuncié un breve discurso en la Sala Capitular de este Ayuntamiento, exhortando a la unión y concordia entre americanos y europeos, se me calificó de antipatriota”. Oficio dirigido a las Cortes, Lima 13 de septiembre de 1813, Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo III. Volumen 7. La Revolución del Cuzco de 1814. Investigación, recopilación y prólogo por Manuel Jesús Aparicio Vega. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974, p. 107.
[19] Acta electoral del 13 de diciembre de 1812, ff. 2v – 4.
[20] Oficio de Abascal al secretario de gracia y justicia, Lima 27 de febrero de 1813. John Fisher. Gobierno y sociedad en el Perú colonial: el régimen de las intendencias, 1784 – 1814. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1981, p. 237
[21] Ibíd.

RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO CONSTITUCIONALISTA CUZQUEÑO, 1812 - 1814

2011-11-13T17:36:00.000-08:00

RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO CONSTITUCIONALISTA CUZQUEÑO, 1812 – 1814.

Las noticias sobre la Constitución y su posterior arribo a la ciudad del Cuzco para su publicación y juramento dieron origen a la formación de un grupo “constitucional” liderado por el abogado Rafael Ramírez de Arellano. Bajo el “cobijo de un alegado constitucionalismo”[1] Ramírez de Arellano invocó las disposiciones constitucionales con el objeto de que su puesta en vigencia posibilitara la implementación de los mecanismos representativos para elegir a los miembros del ayuntamiento constitucional, diputados a Cortes y diputados provinciales.

El 9 de diciembre de 1812 las autoridades del Cuzco recibieron la Constitución y los documentos oficiales relativos a las ceremonias de publicación y juramento. Empero, omitieron hacer las oportunas diligencias para llevarlas a cabo prontamente con la intención de retardar la puesta en vigencia de la Constitución, es decir, continuar sometido el Cuzco bajo la arbitrariedad y el despotismo. Este fue el detonante para la redacción del primer documento de los “constitucionalistas” dirigido a las autoridades cuzqueñas, el Memorial del 14 de diciembre. En el documento los “constitucionalistas” precisaban con claridad el objetivo de sus reclamos: la vigencia de la Constitución y el inicio del proceso de elección del ayuntamiento constitucional. Una “Ley Constitucional” exigida por “el eco de la Nación en toda su soberanía” para ser “el Redentor de la humanidad deprimida por la arbitrariedad, ignorancia e injusticia” por la cual el pueblo haría “ejercicio de su autoridad originaria, trasmitiéndola en los alcaldes, regidores, y síndicos que debe elegir”, siempre y cuando el gobierno haya ordenado las “urgentísimas y prontas providencias que no eludiesen tan importante sanción, ni resintiesen al común respetable”. Sin embargo, lo que debió haberse iniciado desde el 10 de diciembre fue postergado para dar paso a celebraciones pomposas con el pretexto de “solemnizar” la jura de la Constitución, lo que era aún más atentatorio al pueblo cuzqueño por la escasez de los recursos del ayuntamiento. Por tanto, decían, “mayor y mejor solemnidad” era cumplir la Constitución dando pruebas concretas y verdaderas “del amor y voluntad con que se recibe la ley”, prueba que “únicamente la da la obediencia y ejecución” En consecuencia, las pueriles celebraciones y el retraso que ocasionaban resentían al pueblo y les hacía comprender “que con agravio suyo y de las Cortes permanecerá en suspenso la Constitución, conservándose todavía el Cabildo proscripto por la Nación”. Semejante situación, sostenían los “constitucionalistas”, provocaba un grave resultado, fundamento de las providencias tomadas posteriormente por la Audiencia del Cuzco contra los líderes principales del grupo[2]: quedar acéfalo el ayuntamiento cuzqueño y desobedecer el pueblo a sus integrantes, pues “las gentes” habían jurado la Constitución en su fuero interior y comprendían que lo mejor era obedecer “a la ley”. No cabía duda en estas rotundas palabras: “el pueblo conoce su dignidad, respira con honor aquel aire de libertad justa, sacude ese abatimiento que en su servil sopor le hizo abandonar sus derechos; rinde gracias a la Nación; posee ya una privativa autoridad de transmitir él solo la Jurisdicción ordinaria y económica en los Alcaldes y Regidores; mira a los actuales en un esqueleto descarnado de todas sus facultades; por consiguiente, no reconoce alguna en estos para poder tolerar ni obedecer otros cre(a)dos por ellos ni un momento más , después del treinta y uno de Diciembre”[3].

El 16 de diciembre los “constitucionalistas” remitieron una nueva petición al gobernador intendente Pumacahua, presidente del ayuntamiento perpetuo, solicitando que en sesión del cabildo se delibere “el ahorro o suspensión” de la erogación de dos mil pesos en refresco celebrante de la Constitución”[4], necesarios para que el próximo cabildo electivo sufrague las dietas y viáticos de los diputados a ser elegidos para las Cortes ordinarias y evitar que el Cuzco nuevamente no tenga representante “que hable por la nobilísima Madre del Perú”, como había sucedido en las Cortes generales y extraordinarias. Era evidente la estrategia política de los constitucionalistas cuzqueños. Pretendían no solo copar el futuro ayuntamiento constitucional, sino también asegurar miembros de la facción como representantes en las Cortes “para que el cabildo tuviera voz en esa asamblea”[5] porque, tal como se sostenía en el Discurso preliminar del Constitución, “el juntar Cortes cada año, es el único medio legal de asegurar la observancia de la Constitución sin convulsiones, sin desacato a la autoridad y sin recurrir a medidas violentas que son precisas y aun inevitables cuando los males y vicios en la administración llegan a tomar cuerpo y envejecerse”. Como consecuencia de estas peticiones, el 23 de diciembre fue señalado por las autoridades como el día del juramento de la Constitución. En efecto, la juramentación se realizó. Empero, al no haberse dado ninguna providencia sobre la petición del día 16, en cuanto al ahorro de los gastos en celebración de la Constitución, y habiéndose efectuado estos, en una nueva petición presentada el día del juramento constitucional, Ramírez de Arellano manifestó que se había infringido de “un modo indirecto” la Constitución, por lo que solicitaba se le otorgasen testimonios de todo lo obrado hasta ese momento, no obstante “la voz esparcida por algunos espíritus depravados que han graduado por subversivo el clamor y voz del pueblo adicto a la Constitución”[6].

Las demandas de los constitucionalistas tuvieron efecto. La Constitución fue publicada y juramentada en toda la provincia. Del mismo modo fueron convocadas las elecciones para conformar las instituciones de carácter representativo que preveía la Carta. Coyuntura tan propicia fue la ocasión para que Ramírez de Arellano hiciera pública una Proclama en la cual haciendo una síntesis del contenido de la Constitución retomaba los principales argumentos de sus escritos previos: la crítica de la arbitrariedad anterior a la puesta en vigencia de la Constitución y la posibilidad de participar en el gobierno de la nación, de las provincias y de los pueblos mediante el ejercicio de la ciudadanía vía las elecciones. En lo fundamental se trataba de una arenga con el objeto de incentivar la participación política de la ciudadanía con motivo de las elecciones populares[7]. En la proclama Ramírez de Arellano hacía énfasis en que con la vigencia de la Constitución sancionada por las Cortes; “viva voz del pueblo en su reasumida soberanía”, la época de la arbitrariedad y despotismo había concluido: “Ahora que la arbitrariedad e injusticia convertidos en densos vapores se alejan de nosotros: ahora que los pregoneros de la verdad, y postuladores de la justicia han recibido el ramo de la oliva anunciadora de las disipadas tempestades, tomó la voz para expresar lo mismo que las Cortes de un modo inviolable sancionan en la Constitución”[8]. En efecto, desde ese momento todos los individuos de la nación española habitaban “ya con libertad y seguridad en la suntuosa fábrica y obra gloriosa de la nación”[9]. No solo eso. La Constitución también reconocía la igualdad tanto a españoles como americanos para ejercer la soberanía mediante las elecciones de diputados a Cortes, diputados provinciales y miembros de los ayuntamientos constitucionales: “El sublime y más palpable exercicio de la soberanía que se nos comunica de las Cortes como de fuente perpetua, admiramos en nuestros congresos, elecciones y cabildos. Abolidos los cargos perpetuos que debían su origen a una pública subasta, a cuyas trabas estábamos sujetos los hijos de precio inestimable, nosotros mismos elegimos a nuestros padres, formamos nuestros ayuntamientos, y atribuimos la jurisdicción ordinaria a los que han de juzgar. He aquí restituida la libertad. Estamos elevados a la clase de ciudadanos iguales en nuestros derechos con aquellos poderosos y nobles que poseían exclusivamente los caracterizados ministerios de la sociedad”[10]. Empero, no obstante ser la Constitución “muy sencilla y justa”, las libertades que garantizaba peligraba por la existencia de sujetos que en su fuero interior la aborrecían y detestaban, sujetos a quienes los ciudadanos tenían que denunciar. Mas, la forma de contrarrestar aquellos peligros era su puntual observancia, darle cumplimiento concurriendo todos los ciudadanos a las juntas electorales para elegir a los miembros de los ayuntamientos y diputados a Cortes porque, concluía Ramírez de Arellano, la Constitución “no viene sino a asegurar nuestra existencia política, nuestro honor, abundancia, quietud, libertad, y todo bien: ella misma escarmentará a esos fanáticos reos de lesa Constitución que tal vez meditan profanar tan sagrada ley, y fascinar a los crédulos, Denunciad y señalad con el dedo a esos anticiudadanos que a toda luz jamás osarán presentarse. Esos son nuestros enemigos, esos los opuestos a la justicia y verdadera felicidad intentan perpetuar la degradación de nuestra dignidad y grandeza. Confundid esos proyectos del diablo, instruid a todos, y alentándolos, corred a las juntas parroquiales, elegid con dignidad y desimpresión, posesionaos de esa hermosa participación de la soberanía que nos hace la Constitución, y preparaos para las demás juntas que luego constituirán a nuestros Diputados a Cortes, cuyo auxilio acabará de elevar la sociedad a ese colmo deseado de felicidad”[11].

La prédica de los “constitucionalistas” dio sus frutos. Tomaron el control del ayuntamiento constitucional de la ciudad del Cuzco así como lograron que personajes que simpatizaban con el credo constitucional fueran elegidos como diputados a las Cortes. Sin embargo, el ayuntamiento constitucional hubo de enfrentarse a la Audiencia del Cuzco no solo por la oposición de intereses políticos, sino también porque esta última no permitió que el cabildo asumiera funciones que la Constitución les otorgaba, en detrimento de los oidores. Por esa razón tuvieron que hacer diversas representaciones en defensa de sus facultades y por la observancia de la Constitución, que para los miembros de la Audiencia no eran más que desacatos a la autoridad. Esta, contrariada por la actuación de Ramírez de Arellano, en los informes que dirigía al virrey o a la Regencia del reino, solicitaba la expatriación de Ramírez de Arellano y, del mismo modo, conminar al ayuntamiento constitucional cuzqueño para que traten con decoro y respeto a los miembros de la Audiencia y al gobierno.

A fines de diciembre de 1813 Martín Valer (alcalde constitucional), Ramírez de Arellano, Francisco de Paula Sotomayor y Galdós (síndicos procuradores) y el agente fiscal Agustín Ampuero, “por convenir a la salud pública y tranquilidad”, fueron citados a comparecer en la ciudad de Lima, donde el virrey los oiría en justicia. La citación, que infringía abiertamente la Constitución, tal como lo manifestara Vidaurre en una de sus representaciones[12], tenía como fundamento los luctuosos sucesos del 5 de noviembre, cuando a pretexto de debelar una supuesta insurrección en la ciudad, el jefe político superior y ministros de la Audiencia patrullaron la ciudad con soldados y apresando a los supuestos insurgentes, lo que provocaría un conflicto armado con la población, ocasionando algunas muertes. Precisamente, a consecuencia de esta citación, Ramírez de Arellano se encontraba en Lima cuando estalló la revolución del Cuzco, “defendiendo la Constitución hollada y abominada por los gefes y funcionarios de América, en especial por los del Cuzco”, los “anticonstitucionales”[13].

Retornando a su ciudad natal Ramírez de Arellano fue nombrado auditor de guerra por la junta revolucionaria cuzqueña, tomando parte en el devenir de la revolución. Posteriormente, debelada a sangre y fuego la insurrección, nuestro personaje fue sometido a proceso e indultado el año de 1817. Sin embargo, al año siguiente nuevamente fue procesado. El año de 1820 seguiría en prisión[14].

[1] Ella Dunbar Temple. La Universidad de San Marcos en el proceso de la emancipación peruana. Prólogo a la Universidad. Tomo XIX de la Colección Documental de la Independencia del Perú. Lima: Separata publicada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en homenaje al Sesquicentenario de la independencia del Perú, 1974, p. LXXXI.
[2] Según la Audiencia, Ramírez de Arellano “con otros varios solicitaban al Gobierno la publicación de la Constitución y le amenazaba con que nadie obedecería a los alcaldes, que lo eran al tiempo”, con otras expresiones de desacato. “La Audiencia del Cuzco informa sobre los desacatos del doctor Rafael Ramírez de Arellano, síndico procurador constitucional”. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo III. Volumen 7. La Revolución del Cuzco de 1814. Investigación, recopilación y prólogo por Manuel Jesús Aparicio Vega. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974, pp. 99 – 100.
[3] Ibíd., pp. 193 – 195.
[4] Ibíd., pp. 3 – 4.
[5] Víctor Peralta Ruiz. La independencia y la cultura política peruana. (1808 – 1821). Lima. IEP – Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, 2010, p. 230.
[6] Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo III. Volumen 7. La Revolución del Cuzco de 1814, pp. 6 – 7.
[7] Rafael Ramírez de Arellano. Proclama. Los verdaderos hijos de la Nación, son los amigos de la Constitución. Lima. Imprenta de los Huérfanos por D. Bernardino Ruiz, 1813. Varios ejemplares de la proclama, suscrita en Cuzco el 17 de febrero de 1813, fueron ofrecidos a los miembros del ayuntamiento constitucional de Lima por el apoderado de Ramírez de Arellano. Acta del 1 de junio de 1813. AHML. Libro de Cabildos Nº 43, ff. 48v.
[8] Ibíd., p. 1.
[9] Ibíd., p. 3. (Cursivas nuestras).
[10] Ibíd., p. 4.
[11] Ibíd., pp. 7 – 8.
[12] Manuel Lorenzo de Vidaurre. “A las Cortes”, Cuzco 26 de enero de 1814, en Representaciones de Manuel de Vidaurre, ministro decano del tribunal del Cuzco, a las Cortes y al Rey, manifestando, que las Américas no pueden sujetarse por las armas, y sí por la fiel observancia de nuestra Constitución. Se explican los males que provinieron de haber sido burlada por los gobernadores y ministros de la América. Concluye con sus votos sobre la materia. Madrid: Imprenta de Vega y Compañía, 1820, p. 51.
[13] Rafael Ramírez de Arellano. Memorial acelerado. Lima: Oficina de San Jacinto, 1820, p. 5.
[14] Ibíd., p. 1.

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN: EL TRÁNSITO DEL LENGUAJE SERVIL AL LENGUAJE DE LA LIBERTAD, 1812 – 1814.

2011-11-04T16:38:00.000-07:00

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN: EL TRÁNSITO DEL LENGUAJE SERVIL AL LENGUAJE DE LA LIBERTAD, 1812 – 1814.

1. Quien el futuro habría de ser el principal defensor de la implantación del régimen republicano en el Perú, en el período de la revolución hispánica perteneció al grupo de liberales limeños que se formó a raíz de la promulgación de la Carta gaditana. Ya desde la Oda compuesta en honor de José Baquíjano y Carrillo el año de 1812, como homenaje por su nombramiento como Consejero de Estado, el futuro Tribuno de la República Peruana, a decir de Porras, expresa los “sentimientos coactados por la tiranía virreinal” entonando “un canto a la libertad”[1]. En esa composición se manifiesta el deseo de los criollos liberales por igualarse en derechos con los peninsulares. Su inicio, como el de todos aquellos discursos críticos de la arbitrariedad y postergación colonial de los americanos dice así:

“Atado estaba el Continente nuevo
Trescientos años con servil cadena.
A cuyo ronco son su acerba pena,
Su eterna esclavitud… llorar solía
En triste desventura”

No importaba que en los conocimientos de las diversas materias las de los americanos excedieran a los de los peninsulares. Siempre se privilegiaba a estos últimos. El mando era ejercido por un peninsular mientras que el americano debía ser sometido:

“Y el infeliz colono
Por sabio, por intrépido que fuese,
Y en valor excediese
Al vizcaíno, gallego o castellano,
Su cerviz sometía,
Y no mandar, sí obedecer sabía”

Sin embargo, ahora todo parecía presagiar un cambio. La instauración de las Cortes con un gobierno liberal, igualando los reinos americanos a los de España y reconociendo lo mismo entre sus moradores, posibilitaba el acceso a los cargos públicos de la nación tanto a criollos como peninsulares. He ahí el reciente ejemplo de Baquíjano como Consejero de Estado:

“Salve ¡ó Perú! ¡ó América opulenta!
Que la terrible cadena
Hase roto; y a su grato estruendo
La santa libertad batió riendo
Sus alas celestiales
Sobre su fértil suelo,
Y en Baquíjano al fin posó su vuelo.
Salve ¡ó Joseph! Pues eres el primero
Que a tan excelso honor has ascendido,
En quien la unión fraterna tan deseada
Llegó a verse por fin asegurada.
(…)
Tú salvaste el primero
La alta muralla, que una mano impía
Formó para cerrarme
Del brillante mandar la dulce vía”[2].

2. La Constitución de Cádiz publicada y juramentada en Lima el mes de octubre de 1812 reforzó las expectativas de los liberales criollos en cuanto al advenimiento de una nueva época en la nación española y en el reino del Perú. Próximas las elecciones populares para elegir a los miembros del novísimo ayuntamiento constitucional y de los diputados a las Cortes ordinarias, Sánchez Carrión conformaba el grupo liberal liderado por el fiscal protector de naturales de la Audiencia de Lima Miguel de Eyzaguirre. Además, realizaría sus prácticas necesarias para optar el título de abogado en el estudio de José Gerónimo de Vivar. En este momento de expectación y fe en la libertad prodigada por la Carta, el entonces maestro colegial del Convictorio de San Carlos tuvo activa participación en la puesta en planta de las instituciones previstas por la Constitución. En efecto, lo veremos actuar en las turbulentas y tumultuarias primeras elecciones populares de la ciudad de Lima, esto es, las primeras del reino del Perú.

3. Por bando del virrey Abascal las elecciones parroquiales para elegir a los electores que en el salón consistorial elegirían a los miembros del ayuntamiento constitucional fueron convocadas para el día 9 de diciembre de 1812. Según los acuerdos de la Junta Preparatoria de Elecciones las seis parroquias de las que se componía la ciudad fueron divididas en siete. La parroquia del Sagrario de la Catedral, la de mayor población, fue dividida conformándose la vice-parroquia de los Huérfanos. En esta división, que supuestamente tenía por finalidad facilitar los sufragios, parece que hubo intencionalidad política. Sería el momento para la aparición pública del colegial maestro carolino. En la reunión de la junta parroquial celebrada en el convento de San Juan de Dios, en el momento en que se realizaba la votación, según se lee en el acta electoral, representó “el derecho que tenía, como qualesquiera otro ciudadano de los avecindados en la vise-parroquia de los Huérfanos a sufragar por diez electores, qe. fueron los señalados a la Parroquia de la Catedral, respecto de no haber esta debido dividirse, exponiendo que por no entorpecer aquel acto, ni dar el menor motivo de inquietud, renunciaba por esa sola vez al referido derecho, pero con protesta de hacer uso de él para las elecciones venideras”[3].

4. En efecto, en las elecciones parroquiales para elegir a los diputados a Cortes ordinarias, iniciadas el 28 de diciembre, Sánchez Carrión cumplió con lo prometido. En el local del convento de La Merced, sede para las votaciones de la parroquia del Sagrario (ya no dividida), correspondía sufragar al colegial maestro. Empero, al acudir al local se percató que la mesa electoral rechazaba el voto de los colegiales del convictorio. La razón que alegaba la mesa era la disposición que había comunicado el virrey en el bando de convocatoria por la cual no tenían derecho a sufragar los pupilos y menores, “a no ser que estos se dirijan por sí administrando sus bienes por requerirse maduro juicio para el acierto en asunto que tanto interesa al público a que deben asistir los ciudadanos que puedan dicernir la gravedad del negocio”. Sánchez Carrión intervino para reclamar al presidente de la mesa electoral por esa decisión que consideraba irregular. Mas, al advertir que los miembros de la mesa persistían en su actitud de negativa, retomando nuevamente la palabra fundamentó el derecho de los colegiales para ejercer el voto, concluyendo su intervención con una arenga (con “voces descompasadas”, según manifestara Baquíjano), destinada a “inflamar” a los ciudadanos presentes y para que los miembros de la mesa de sufragio modifiquen su decisión. Estos, intimidados por la numerosa concurrencia que instaba porque se permita el voto a los colegiales, cedieron a los reclamos de la multitud para evitar “los males que podían resultar del calor y la irreflección”[4]. Las elecciones parroquiales y de partido en la ciudad de Lima favorecieron a los liberales limeños, pero en la junta electoral provincial fueron derrotados por las maniobras del virrey.

5. La Constitución de Cádiz había sido recibida con expectativas por los liberales criollos. Sin embargo, con el transcurso de los días estos se dieron cuenta que su vigencia efectiva estaba supeditada a las decisiones del virrey. Del mismo modo, palparon claramente que los márgenes de autonomía que podía brindar a las instituciones controladas por los criollos, verbigracia el ayuntamiento constitucional, eran mínimos. En suma, el virrey y la propia Carta se erigían como obstáculos al autogobierno. Empero, por el momento lo importante era tratar que la Carta tenga plena vigencia, no obstante las arbitrariedades de Abascal. Es lo que hubo de tener en cuenta Sánchez Carrión al momento de pronunciar su arenga del 19 de marzo de 1814, con motivo del segundo aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española. A nuestro juicio es el documento más representativo de la “retórica contra la arbitrariedad” en el período del constitucionalismo gaditano. No solo por su contenido, síntesis ejemplar de la ley fundamental, sino por haberla expresado ante el propio virrey, quien de corazón detestaba y aborrecía de la Carta. Como dijera Porras, la arenga “es una luminosa síntesis de libertades”, un “himno valiente de la libertad”[5].

6. Se trata del tránsito del lenguaje servil, típico de las arengas pronunciadas en los besamanos anteriores a la vigencia de la Constitución, al lenguaje constitucional, o mejor dicho, al lenguaje de la libertad. Un lenguaje del hombre libre que “ha perdido la reverencia del vasallo”[6]. Su comienzo es memorable. No hay mejores palabras que las de Porras para hacer la presentación. En efecto, “No se había oído dentro de las antesalas del virrey voz más gallarda que la que ese día, rompiendo una tradición servil, comenzó a hablar en este lenguaje de rebeldía”[7]:

“Entre los días, en que la etiqueta solía congregarnos en este lugar, ninguno estaba consagrado a la interesante y dulce memoria de los imprescriptibles derechos de la patria. Amortiguados los valerosos españoles por la arbitrariedad y el despotismo del antiguo sistema, se acercaban temblando en tales días a bezar la mano de los reyes, a prostituir el inestimable don de la palabra, y a tributar acaso gracias por la opresión y tiranía. Pero ¡qué diferencia! Revestidos ahora del sagrado e inviolable carácter del ciudadanato, se reúnen, se presentan a congratularse mutuamente; a exaltar un entusiasmo desconocido; a avivar las fuertes pasiones que mantienen el espíritu público; a celebrar el aniversario del glorioso y memorable 19 de marzo de 1812, en que se promulgó la constitución política de la monarquía española”[8].

Gracias a la promulgación de ese “libro sacrosanto” perecían para siempre los ominosos días de larga esclavitud de la nación española, batiendo sus alas sobre esos territorios la “amable libertad”. Desde ese momento cada uno de los individuos de la España tenía la “dignidad de un hombre”, con derechos tales como la libertad de imprenta y los otros, decía, dirigiéndose altivamente al virrey, “que no hemos querido, ni debido renunciar”[9]. Empero, a pesar de haber decretado las Cortes mediante la Constitución “la libertad de ambos mundos”[10], existían aún riesgos contra la libertad por la presencia de “serviles cortesanos” que detestaban la obra de las Cortes y deseaban el retorno al régimen absolutista fulminado por la propia Constitución, sujetos entre los cuales se encontraban las principales autoridades del reino, quienes si bien la habían jurado públicamente, no habían “hecho pasar la constitución de sus labios a su pecho”, zahiriendo “descaradamente la conducta de los que hablan conforme al espíritu de la constitución”[11]. Estas eran sus rotundas palabras para aquellos anticonstitucionales que, según Porras, “debieron provocar el disgusto del virrey”, disgusto, claro está, que la autoridad no hizo público.

“Y ¡qué! ¿habrá todavía serviles cortesanos, que mancillan la conducta del congreso más augusto que jamás vieron los siglos? ¿Habrá fanáticos, que con la capa de religión y de virtud, se empeñan en frustrar y entorpecer el giro de sus decretos inmortales? ¿Habrá criminales descontentos, que suspiren por los vicios del sistema envejecido? No debe haberlos; el pueblo español ama demasiado sus derechos, y él sabe sacrificar a su venganza al que siquiera imaginase reo de tan horrendo crimen. Que muera, señor excmo., al riguroso cuchillo de la ley, si hubiese alguno, que muera… y que nos dexen reposar tranquilos a la sombra de un árbol plantado en medio de tantas contradicciones, y regado con la sangre preciosísima de sus innumerables víctimas”[12].

[1] Raúl Porras Barrenechea. “José Faustino Sánchez Carrión. El Tribuno de la República Peruana", Los Ideólogos de la Emancipación. Prólogo de Washington Delgado. Lima: Editorial Milla Batres, 1974. p. 75.
[2] José Faustino Sánchez Carrión. “Oda a Baquíjano”. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo I. Volumen 9. Los Ideólogos. José Faustino Sánchez Carrión. Recopilación e investigación por Augusto Tamayo Vargas y César Pacheco Vélez. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario del Perú, 1974, pp. 345 – 347.
[3] AHML. “Expediente formado, de las credenciales de los veinte y cinco Sores. Electores, que concurrieron a la Sala Capitular del Exmo. Cabildo, a elegir Sres. Alcaldes ordinarios, Sres. Regidres. y Sres. Procuradores grales., según la Constitución Política de la Monarquía. 1812”. Registros Cívicos 1812 – 1825. Caja Nº 1, Doc. 1, ff. 8v.
[4] Informe de Baquíjano al virrey. Lima, 30 de diciembre de 1812. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo I. Volumen 9. Los Ideólogos. José Faustino Sánchez Carrión. Recopilación e investigación por Augusto Tamayo Vargas y César Pacheco Vélez, pp. 56 – 57.
[5] Raúl Porras Barrenechea. “José Faustino Sánchez Carrión. El Tribuno de la República Peruana", p. 77.
[6] Ibíd., p. 78.
[7] Ibíd., p. 77.
[8] José Faustino Sánchez Carrión. “Arenga que en el besamanos del 19 de marzo de 1814 tenido en celebridad del aniversario del día, en que se publicó la constitución política de la monarquía española, pronunció en nombre del convictorio carolino D. José Sánchez Carrión, colegial maestro del mismo colegio”. El Investigador del Perú. Nº 72. Lima, 25 de marzo de 1814, ff. 3- 4.
[9] Ibíd.
[10] Ibíd., ff. 7.
[11] Ibíd., nota 14, ff. 6.
[12] Ibíd., ff. 6.

LUNA PIZARRO Y LA DICTADURA DE BOLÍVAR

2011-10-30T07:48:00.000-07:00

Luna Pizarro y la Dictadura de Bolívar

“Para que un pueblo entre en el goze de la libertad, no basta derrocar al antiguo despotismo: los anales del género humano acreditan, que por lo común suele quedar una segunda lucha con grave peligro de fracazar. Un guerrero feliz y coronado de la victoria, es muy fácil que envanecido con los pomposos títulos con que los pueblos suelen expresar su gratitud, embriagado con las aclamaciones de la multitud y la adulación de las almas bajas que nunca faltan, se crea el hombre destinado por el cielo para dominar a los que arrancó de otra tiranía: sus pasiones exaltadas, la tendencia natural del corazón humano al poder, con los medios que dan las armas, le hacen romper la débil barrera de la ley, y destruir la naciente libertad. Ojo a la historia, y no se olvide, que lo que siempre ha sido, eso mismo será”.
Luna Pizarro, 2 de noviembre de 1822. Sala de sesiones del Congreso Constituyente.

1. Conocedor de la historia y de las pasiones humanas, Luna Pizarro temió siempre la intervención de tropas auxiliares extranjeras que coadyuvaran a nuestra independencia del dominio español. Promovió por ello, en 1822, la unión entre todos los peruanos para trabajar de consuno en esa empresa. Tenía en mente el grave peligro que se cernía sobre los destinos del Perú si las facciones, en fermento, se imponían: el ambicioso guerrero del norte nos subyugaría. Sus temores los expresó en la tribuna: “si damos entrada a la anarquía, Bolívar tendrá un pretesto para introducirse en el país: guerrero feliz el podría conquistar nuestra Independencia; pero en cambio, aspirará a hacerse déspota, y dominarnos como esclavos”(1). No obstante, sofocó sus “fundados temores”, cuando la necesidad y las desgracias del país hicieron inevitable la presencia de Bolívar para salvar la patria peruana, sosteniéndolo con su opinión del modo que le permitían las circunstancias(2), aunque comprendía que esa presencia era lo mismo que “mudar de amo”(3).

2. En su autoexilio en Chile, donde seguía con detenimiento los acontecimientos del país, Luna Pizarro recibió con alborozo la noticia de la victoria del ejército libertador sobre el ejército relista en los campos de Ayacucho. Comprendió que era necesario, entonces, organizar el país y establecer un gobierno libre de toda ingerencia extranjera, pues recelaba de la conducta política del Libertador. Decidió, por lo pronto, retornar al Perú para ver si con su influjo el elemento nacional lograba unirse para dirigir los destinos del país. Previamente fue tanteando los ánimos de diversos personajes influyentes del país, entre ellos su muy apreciado José de La Mar. A este remitió dos cartas fechadas el 16 y 25 de febrero de 1825, en las que felicitándolo por haber tenido la suerte de ser “uno de los que se hallaron en la batalla de Ayacucho”, le inquiría sobre la posibilidad de ejercer el mando en el Perú. Empero, La Mar, con su característica apatía, modestia y carencia de ambición contestaba en el sentido de no haber “nacido para mandar”, y mucho menos para ejercer la presidencia del Consejo de Gobierno, cargo al que fue destinado por decreto de 24 de febrero, porque no teniendo la menor inclinación a ese destino, ratificaba que “hasta el nombre de Presidente me espanta, me horroriza”. Incluso descartaba el mando del ejército, por carecer de conocimientos y resolución. Mas, colocado en el duro conflicto de retornar a Lima y no poder evitar el servicio público, solicitaba la cooperación de Luna Pizarro y algún otro amigo para que le brinden las luces y capacidad, de las que carecía, “para poder servir aún un poco a la patria”(4).

3. Mientras tanto, en Arequipa, conociéndose las tendencias hegemónicas de los proyectos de Bolívar en beneficio de la Gran Colombia se publicó, entre los meses de junio y julio de 1825, un pasquín, en el que calificaban al Libertador como un monstruo que devoraría a los peruanos para subyugarlos(5) y apoderarse del Perú(6). En ese contexto Luna Pizarro inició su retorno al Perú. El 16 de agosto abandonó Santiago de Chile con destino a Valparaíso, ciudad a la que arribó luego de cuatro días de penosa travesía. Una vez en Valparaíso decidió embarcarse en la fragata Seis Hermanos, que saldría con dirección a Quilca entre fines de agosto o principios de septiembre(7). Ya en su ciudad natal, palparía muy claramente los designios de Bolívar con respecto al Perú y la América del Sur, mostrándose contrariado con la creación de la república boliviana.Con la intención de conocer los planes de boca del propio Bolívar, intentó ganarse la confianza de este iniciando una comunicación epistolar. En efecto, el 28 de septiembre le escribió una carta reconociéndolo, con muestras de admiración y gratitud, como el “hijo primogénito” de la América del Sur, que había derribado con “un golpe de trueno (…) el orgulloso poder español”, otorgando al Perú el don de la independencia y trazándole la ruta al progreso con sabias providencias. Es más, ratificando que “no hay otra libertad verdadera que el ejercicio de la virtud o el imperio de la ley”, no ocultaba que “recién salidos de los vicios y habitudes a que nos había avezado el despotismo” el país necesitaba de “un genio superior que nos enseñe a discernir el bien real y sólido del aparente”. Esta afirmación, que pareciera una claudicación a sus principios políticos, no lo era. Comprendía muy bien que en las épocas de crisis era necesario conferir la dictadura o facultades extraordinarias al gobernante, pero siempre dentro de los límites que la ley estableciera. Sin embargo, aun reconociendo en Bolívar ese genio virtuoso, que había hecho desaparecer “hasta los menores vestigios de recelo o desconfianza, inseparables de todo fiero republicano a la vista de un gran capitán, cuya gloria se puede tema eclipsar la libertad civil”, implícitamente le advertía siguiera el ejemplo de Washington. Agradecía, asimismo, la promoción a la tesorería de la iglesia catedral de Arequipa, dignidad que le fue otorgada por el Libertador el 29 de marzo, a propuesta de una resolución legislativa del Congreso aprobada el 10 de marzo, desde donde y en calidad de ciudadano coadyuvaría a las miras del “restaurador” de la república. Obedeciendo la ley, respetando los magistrados y manteniendo decidido celo por el procomunal(8).

4. El 16 de octubre, desde Potosí, el Libertador dio respuesta a la misiva de Luna Pizarro. No se conoce el contenido de dicha carta, pero de la contestación del “fiero republicano” y del texto de una carta de Bolívar a Heres se puede deducir el tenor de la misma. Decía el Libertador, entre otras cosas, desear en el Perú un gobierno nacional sin injerencia de los colombianos, que el próximo congreso no solo procediera al nombramiento de presidente de la república sino también a la reforma de la Constitución de 1823, y que Luna Pizarro formara parte del Consejo de Gobierno asumiendo un ministerio(9). Luna Pizarro dio repuesta a la comunicación del Libertador. Si bien agradeció el “interés” de Bolívar hacia su persona y a favor del Perú, recelando del supuesto “desprendimiento” para no seguir ejerciendo el mando de la república, sutilmente le inquiría sobre el por qué de esa decisión: “¿Tan pronto se ha cansado V. E. de sembrar el bien en estas regiones, que trata de nombramiento de Presidente de la República en el próximo Congreso? ¿Piensa V. E. desamparar a sus hijos, a esta nueva patria que le aclama padre, hijo primogénito, su honor, su consuelo, su piedra fundamental?”. A su vez, consciente que muchos peruanos le suplicarían por su permanencia en el Perú “mientras se monta la máquina del Estado sobre las ruedas principales que deban conducirla”, le manifestaba que en caso de no aceptar el mando, este debía recaer en la persona del general La Mar, “adornado de virtudes eminentes que no resplandecen tanto en otros ciudadanos, y de un patriotismo desinteresado, que en mi juicio es el alma del republicanismo, en los momentos de constituirse el Estado”. Del mismo modo, afirmaba carecer de las calidades necesarias para ejercer cargos políticos, no recomendables en miembros del estado eclesiástico, “según el espíritu del siglo”, salvo el caso de ser elegido por sus compatriotas arequipeños como diputado al Congreso, comisión por la que haría “el gran sacrificio de abandonar el retiro por que suspiraba” Por último, sentía satisfacción de haber ambos convenido en la “necesidad de que se reforme la Constitución”, cuyos puntos esenciales concernían a las facultades del poder ejecutivo, que debía “recibir amplitud en su autoridad”. Parafraseando a Montesquieu manifestaba haberse dicho “que a las veces debe cubrirse con un velo la libertad como en otro tiempo las estatuas de los dioses, y yo pienso que nunca más urgente esta medida que en la transición de la esclavitud, en esa crisis que amaga anarquía, y con ella la tiranía de algún feliz malvado. Crece la necesidad, reflexionando que los enemigos domésticos son maestros en el arte de hacer la guerra de zapa, poniéndose del lado de los mismos patriotas para exaltar los disgustos, provocarlos a la sedición y reírse de nuestros males, cuando no esperan mejor fruto”. La atribución de mayores facultades al poder ejecutivo implicaba necesariamente reformas al poder legislativo, pues la formación de las leyes según la Constitución de 1823 “nunca serán obra de madurez, sino de la precipitación y aún sorpresa”. Teniendo el poder ejecutivo solo tres días para hacer observaciones a los proyectos de ley, “¿cómo se desempeñará cuando haya tumulto de pasiones, y de proyectos que se le pasen, como forzosamente ha de haber, y más en el sistema de una sola Cámara?”. Luna Pizarro concluía manifestando que aun no habiendo tenido trato personal con el Libertador, por lo cual este no podía conocer su carácter, le aseguraba que “por genio amo la verdad, soy enemigo de la adulación, y con franqueza vierto mi sentir, cuando me parece pedirlo la justicia”(10).

5. El 20 de noviembre de 1825 el colegio electoral de la provincia de Arequipa, conformado por 221 electores, eligió a Luna Pizarro como primer diputado propietario por 200 sufragios(11). El 22, Luna Pizarro remitió carta al Libertador dándole a conocer su nombramiento. En ella expresaba que la reunión del Congreso prometía esperanzas para poner en planta “los elementos de nuestra felicidad” y, del mismo modo, permitiría dar muestras de gratitud “al restaurador de la República, al genio que nos allanó el camino para entrar en el templo donde la razón acorde con la voluntad, pronunciará la ley”. Sin embargo, lamentaba que el Libertador no pudiera estar presente el día de la instalación. Mas, desde cualquier punto en que se encontrara, sería “la columna sobre que se apoye el Congreso”. En consecuencia, le ofrecía trabajar decididamente “conforme a sus miras, tan benéficas a esta naciente república”(12). Con fecha 12 de diciembre Bolívar dio respuesta a la misiva de de Luna Pizarro. En la carta ya se traslucen ciertos resquemores del Libertador contra el clérigo. Bolívar advirtió que Luna Pizarro pretendía, instalado el Congreso, hacer con él lo mismo que hiciera con San Martín. Proseguiría con el “fiero republicano” el juego de sutilezas y simulaciones. Contestó manifestando la satisfacción de haber recibido la carta participándole la elección de diputado que se le había conferido. En seguida, aludiendo a los sucesos del Congreso Constituyente, irónicamente decía: “Y no dudo que la misma antorcha que guió los pasos de la primera representación nacional, sea la que por segunda vez alumbre los del próximo congreso”. Asimismo, consideraba que correspondía al general La Mar la instalación del mismo, por haber combatido “con tanta gloria” y de quien la patria tenía “tanto que esperar”. Él, mientras tanto, se ocuparía de fundar la república de Bolivia. Su presencia, por tanto, era innecesaria y podría producir “celos” que deseaba evitar. En los representantes del Congreso, decía, residían las esperanzas del Perú, siendo conveniente su ausencia, “para que nadie pueda decir que mi presencia lo ha embarazado, ni que mi influjo lo ha arrastrado”. Finalmente expresaba que obtenido el reconocimiento de la nueva república por los estados vecinos retornaría a Lima para despedirse y disponer su regreso a Colombia, habida cuenta que la unión del Congreso con los encargados del cumplimiento de la voluntad nacional, evitará que alguien se oponga “al torrente de bien que nacerá de la libertad adquirida y de la paz doméstica que debe guardar el general La Mar como el ángel del paraíso”(13).

(1) “Remitidos”, Mercurio Peruano. Nº 111. Lima, 13 de diciembre de 1827, p. 3.
(2) Ibíd.
(3) Carta de Luna Pizarro a Joaquín Campino. Lima, 26 de febrero de 1823. Francisco Javier de Luna Pizarro. Escritos políticos. Recopilación, introducción y notas de Alberto Tauro. Lima: UNMSM, 1959, p. 8.
(4) Carta de La Mar a Luna Pizarro. Guayaquil, 15 de agosto de 1825. Mariano Felipe Paz Soldán. Historia del Perú Independiente. Segundo Período, 1822 – 1827. Tomo 2. El Havre: Imprenta de A. Lemale, 187, pp. 58 – 59.
(5) Carta de Bolívar a Unanue. Cuzco, 28 de julio de 1825. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales. Tomo V. Caracas: Lit. y Tip. Del Comercio, 1929, p. 53.
(6) Carta de Unanue a Bolívar. Lima, 20 de julio de 1825. Daniel Florencio O’Leary. Memorias del general O’Leary. Tomo X. Caracas: Imprenta de la “Gaceta Oficial”, 1880, p. 324.
(7) Carta de Luna Pizarro al Obispo de Santiago. Valparaíso, 26 de agosto de 1825. Francisco Xavier de Luna Pizarro. Escritos políticos, p. 18.
(8) Carta de Luna Pizarro a Bolívar. Arequipa, 28 de septiembre de 1825, Ibíd., pp. 20 – 21.
(9) Carta de Luna Pizarro a Bolívar. Arequipa, 11 de noviembre de 1825, Ibíd., pp. 22 – 24; Carta de Bolívar a Heres. Potosí, 27 de octubre de 1825. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, Ibíd., p. 150.
(10) Carta de Luna Pizarro a Bolívar. Arequipa, 11 de noviembre de 1825, Ibíd.
(11) “Elecciones de diputados a Congreso general por la provincia de Arequipa”, El Republicano. Nº 3. Arequipa, 10 de diciembre de 1825, p. 11.
(12) Carta de Luna Pizarro a Bolívar. Arequipa, 22 de noviembre de 1825, Ibíd., p. 25.
(13)Carta de Bolívar a Luna Pizarro. Chuquisaca, 12 de diciembre de 1825. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, Ibíd., pp. 189 - 190.

RESEÑA DE HISTORIA CONSTITUCIONAL PERUANA 1822 - 1839

2011-10-21T10:12:00.000-07:00

EL FRUSTRADO CONGRESO GENERAL DE 1826

SUMILLA. 1. La Convocatoria. 2. La Agenda. 3. Las Juntas Preparatorias. 4. Disolución del Congreso General: la Representación de los “Persas”.

1. La Convocatoria
Por decreto de 21 de junio de 1825[1] el Consejo de Gobierno convocó al “Congreso jeneral del Perú” para el día 10 de febrero de 1826 (art. 1). La convocatoria, en realidad, era “prematura”. Según el decreto de 10 de febrero de 1825[2], que prorrogó la dictadura, el Libertador quedaba encargado del supremo mando de la república, hasta la reunión del Congreso que prescribía el artículo 191 de la Constitución (art. 1). Dicho Congreso debería reunirse dentro del período establecido por el artículo 53 de la Constitución (art. 2), es decir, a partir del 20 de septiembre de 1826, y no antes, pudiendo diferirla el Libertador “si lo ecsijieren la libertad interior y esterior de la República” (art. 3). El Congreso general, de conformidad con la Constitución, tenía facultades constituyentes, pues se le encargaba de la ratificación o reforma de la Carta (art. 191), siempre y cuando los poderes de los diputados tuvieran “cláusula especial que los autorice para ello” (art. 192). No era, por tanto, un mero Congreso constitucional, aunque por los decretos antes referidos, ciertos artículos referidos a este último le eran aplicables, verbigracia su reunión el 20 de septiembre.

El Congreso, según relación adjunta al decreto de convocatoria, debería estar conformado por 96 diputados propietarios y 58 suplentes, no obstante que el propio decreto estableciera que el número de diputados a elegirse debía arreglarse “a la base de 12000 habitantes por cada uno”, según el censo publicado en la guía del Perú del año 1797, por no haber tiempo suficiente “para formar los respectivos padrones (art. 5). Sobre la base de aquel censo, se formaría y acompañaría “lista del número de diputados que corresponde a cada provincia de las clases de propietarios y suplentes, y el total que debe nombrar cada departamento” (art. 6). Por tanto, la relación publicada por el Consejo de Gobierno no se ajustaba a la realidad y, en consecuencia, hubo variación del número de diputados. En efecto, se eligieron en el país 105 diputados propietarios y 60 suplentes.

2. La Agenda
Al Congreso general correspondía resolver tres asuntos fundamentales que interesaban a la república: 1) la continuidad de Bolívar en el mando del país, 2) la ratificación o reforma de la Constitución de 1823 y 3) el problema de Bolivia.
En cuanto al primer punto la opinión era unánime: Bolívar debía continuar en el mando del país. Sin embargo, las divergencias eran en relación a la forma en que habría de ejercerlo. Los miembros del círculo del Libertador opinaban que debería ejercerse con las mismas facultades con los que lo había investido el Congreso Constituyente, esto es, facultades extraordinarias o continuación de la dictadura. Por el contrario, los liberales consideraban que el mando debería ejercerse según las leyes, es decir, constitucionalmente.

Sobre el segundo punto también había consenso en el país: la Constitución de 1823, de tipo asambleario, en el que la supremacía residía en el poder legislativo en desmedro del poder ejecutivo, debía ser reformada. El contenido de una carta de Luna Pizarro a Bolívar no deja dudas. En ella el “fiero republicano” se complacía de haber “convenido” con el Libertador “opinando por la necesidad de que se reforme la Constitución”. Así lo había escrito, decía, a varios personajes residentes en Lima, “extrañando no se hubiese prevenido a los pueblos para que diesen esta facultad a sus Representantes, quienes en la mayor parte llevarán su poder conforme a la ley reglamentaria de elecciones, donde se extendió la fórmula para diputados de Congreso constituido”. Dos puntos, según Luna Pizarro, eran esenciales en la reforma. La primera concernía al poder ejecutivo, que “debía recibir amplitud en su autoridad”. La segunda tenía relación al poder legislativo y al modo de formación de las leyes, porque “según la actual Constitución nunca serán obra de madurez, sino de la precipitación y aún sorpresa”. Esto significaba rechazar la unicameralidad pues, dándose al ejecutivo “tres solos días para hacer observaciones a los proyectos de ley, ¿cómo se desempeñará cuando haya tumulto de pasiones, y de proyectos que se la pasen, como forzosamente ha de haber, y más en el sistema de una sola cámara?”. Por tanto, concluía, era “justísima” la observación del Libertador “sobre reforma de la Constitución”, prometiendo que el “buen juicio” de los representantes “la verifique por el bien del Estado”[3].

Del mismo modo, en El Republicano de Arequipa se afirmaba que el Congreso necesariamente debía “tomar en consideración” la Constitución para hacer en ella “las variaciones que convengan”, porque era evidente que la actual Carta, “discutida y sancionada bajo el estruendo del cañón, y en circunstancias difíciles y calamitosas”, requería mejoras como “combinar con esactitud el equilibrio de los tres poderes”, de manera que el poder ejecutivo “no carezca de aquella fuerza vital que le sea necesaria, para dar impulso a la felicidad pública”. Situación más que necesaria en pueblos donde la libertad apenas era conocida y las instituciones nacientes[4].

Finalmente, con respecto al tercer punto, era general el deseo de la unión del Perú y Bolivia. Las facciones existentes en el país compartían ese punto de vista, como lo demuestra el contenido de una carta remitida de Lima a Buenos Aires:
“En cuanto al régimen interior del país, hay tres opiniones principales – la primera y más poderosa es la dominante, que está decidida por una autoridad militar. La segunda está por una República concentrad, gobernada por leyes mui liberales; pero que al mismo tiempo contengan a los pueblos en sus aspiraciones de federación: esta desea ver el gobierno y empleos militares en personas puramente Peruanas, y que sean del todo independientes de la clase militar. La tercera, la forman los partidarios de Riva Agüero, que están también por una República concentrada; pero que se resienten mucho del egoísmo e intolerancia de todo partido. Estas facciones se subdividen en otras, que las modifican en parte; pero todas cuentan para sus planes con la incorporación de la República Bolivia”[5].

El problema residía en la forma que se daría a la unión, pues existían varias posibilidades. En efecto, desde que Bolívar arribó a Lima de su viaje al Potosí, varios proyectos que concernían al futuro del Perú y de la América del Sur se discutían en la Magdalena. Según O’Leary, algunos influyentes diputados al Congreso general de 1826 “eran de parecer, y así lo propusieron, que el Perú y Bolivia se uniesen en una sola república”, bajo la denominación de República Bolívar y designando al general Sucre como presidente. Otros, “con más amplias miras”, recomendaban un gobierno enérgico, “con el Libertador a la Cabeza”. No faltaban, tampoco, quienes aseguraban “que las colonias recién emancipadas no estaban preparadas para las instituciones republicanas, y que únicamente la adopción de un sistema monárquico atajaría los males a que se hallaban espuestas, por la incompatibilidad de las formas democráticas con los hábitos coloniales”. Esta última postura la compartían miembros del Consejo de Gobierno como Unanue y Larrea[6].

Entre aquellos personajes que visitaron a Bolívar se encontraba Luna Pizarro[7]. De acuerdo con O’Leary, el clérigo arequipeño “parecía decidido por la unión del Perú con Bolivia”. Con ese objeto y “bajo una forma práctica”, presentó un proyecto al Libertador[8]. Se trataba de la federación. Bolivia se reuniría al Perú, cediendo el departamento de La Paz para formar el Estado central. Tacna sería la capital del Estado federal[9].

3. Las Juntas Preparatorias
El 25 de marzo de 1826 el Ministerio de Gobierno convocó a los diputados residentes en la capital que habían obtenido la aprobación de sus actas de elecciones por la Corte Suprema de Justicia, cuyo número de 65 componían las dos terceras partes de la totalidad (96 diputados propietarios, de conformidad con la relación adjunta al decreto de convocatoria), citándolos para que a la una de la tarde del 29 de marzo, se reúnan en el salón destinado a ese efecto, con el objeto de dar inicio a los actos preparatorios de la instalación y apertura pública de sus sesiones[10]. En efecto, el día señalado se celebró la primera junta preparatoria del Congreso general. Contra los deseos del Consejo de Gobierno un grupo de diputados, liderados por Luna Pizarro, decidió no someterse a las pretensiones del oficialismo, manifestando una férrea oposición. Unanue, a la sazón presidente del Consejo de Gobierno, se presentó ante la junta para verificar el inicio de sus labores y comunicar que, de acuerdo con el libertador, habían decidido que los diputados podían determinar, por defecto del Senado, la autoridad ante quien habían de prestar el juramento prescrito en el artículo 52 de la Constitución (relativo a Congreso constitucional), sin el cual no estaban en capacidad legal de fijar el día de la apertura pública de las sesiones, citar al ejecutivo y declarar instalado el Congreso. La formalidad, indicó, podía cumplirse jurando ante él, exhibiendo previamente cada diputado sus poderes[11]. La sugerencia del ministro tenía como finalidad examinar nuevamente los poderes de los diputados y, en particular, de los representantes opositores al gobierno, en el entendido de que varios de ellos venían premunidos de poderes con cláusula especial para la reforma de la Constitución. La indicación dio lugar a que el diputado Manuel Cuadros, considerando la propuesta como “una provocación y un desconocimiento de los fueros del Congreso”[12], manifestara que sobre cualquier asunto de su competencia la representación nacional dispondría en su oportunidad[13], concluyendo su intervención exclamando exaltado y con “voz de trueno”[14]: “retírese el señor Ministro, y entonces procederemos a jurar”[15]. La protesta de Cuadros obligó a Unanue a salir precipitadamente de la reunión.

A partir de este incidente la junta se enfrascó en un acalorado debate sobre la calificación de las actas de elecciones y poderes de los diputados, así como sobre el órgano que entendería sobre ellas. El desorden en la reunión era tal que, para evitarlo, se propuso el nombramiento de quienes las presidieran. Los opositores al gobierno exigieron que en el nombramiento de la mesa directiva bastase la pluralidad relativa de los diputados. Los gobiernistas, por el contrario, opinaron se observara el reglamento interior del Congreso Constituyente. Intervino, entonces, Luna Pizarro, manifestando que los diputados ya no estaban sujetos a la Constitución ni a reglamento alguno, pues esos códigos habían sido provisorios: “han callado desde que nosotros fuimos elejidos”[16]. Razón tenía el diputado arequipeño. El artículo 191 de la Constitución de 1823 sujetaba a un Congreso general de diputados de todas las provincias, culminada que sea la guerra, la ratificación o reforma de la misma, siempre y cuando, según el artículo 192, los poderes de los diputados tuvieran cláusula especial que los autorice. La petición de los opositores fue aprobada, eligiéndose a Manuel Urquijo y Eduardo Carrasco, presidente y secretario, respectivamente. Antes se había resuelto que las sesiones fueran públicas. De inmediato, diputados de Arequipa propusieron el nombramiento de una comisión de poderes. González Vigil, uno de los autores, tomando la palabra, demostró que solo al Congreso, “en su calidad de Juez de la elección de sus miembros, correspondía calificar los títulos respectivos y que esa atribución era parte sustantiva de su autonomía funcional”[17]. La proposición significaba cuestionar las calificaciones efectuadas por la Corte Suprema y, por consiguiente, reexaminar “poderes ya revisados por la autoridad legítima”[18], esto es, “revocar lo actuado”[19]. La ardorosa defensa de la propuesta por la facción liberal determinó que los sufragios favorecieran la proposición. En consecuencia, se acordó que todos los diputados presentasen sus credenciales y poderes a una comisión designada por el presidente de la junta preparatoria[20].

La abierta oposición de la minoría liberal a los designios del gobierno llegó a oídos de Bolívar. Según González Vigil, “perdida la votación salieron desaforados de la junta los devotos de la dictadura, y partieron los de más influencia a la Magdalena a esponer al Libertador, que el país estaba en el mayor conflicto, y que la anarquía, que ya asomaba, iba a devorar al Perú”[21]. Bolívar, furioso al conocer la existencia de un grupo opositor al gobierno, “ocurrió a su manoseado sistema de renunciar al mando y retirarse a Colombia con sus tropas”[22]. En carta a Santander Bolívar decía lo siguiente:

“En estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de Arequipa, que son los caraqueños del Perú, han querido que este congreso fuese constituyente y no constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron, unos por equivocación y otros por seducción. El consejo de gobierno sostenía la constitución por mi consejo, y como yo iba ser desairado junto con mis delegados, y además temía una nueva anarquía nacer en este congreso constituyente, repetí decididamente lo que digo todos los días: que me iba. Esta palabra causó un alboroto inmenso. Todas las corporaciones, el pueblo y el congreso mismo me rogaron fuerte y unánimemente; además, hubo proyectos de impedirme a todo trance la marcha y de destruir, de paso, a los que me daban este disgusto”[23].

El 31 de marzo, conocida la noticia de que Bolívar y las tropas auxiliares de Colombia se retirarían del Perú, “luego que se verificase la instalación del Congreso jeneral prócsimo a celebrarse”, porque algunos individuos “no creían necesaria su permanencia en la república para sistemar su felicidad”[24], la Municipalidad y demás corporaciones concurrieron a la Magdalena para suplicar al Libertador revocara su resolución. Empero, no lograron su cometido. Retornando las corporaciones a la ciudad, sus miembros comunicaron al pueblo que Bolívar “se mantenía incontrastable” en su decisión. El hecho determinó a algunos diputados “tratar de obtener lo que aquellas no habían podido recabar”[25]. Laso, Pedemonte, Bueno y Villarán reunieron las firmas de una veintena de diputados y remitieron un oficio al presidente de la junta preparatoria con la finalidad de que la convocase de inmediato, porque la “Patria peligraba”[26]. El 2 de abril los diputados se reunieron en junta extraordinaria. A propuesta de los oficialistas el tema tratado fue sobre Bolívar y su permanencia en el país. Estos manifestaron que el Libertador había determinado irse a Colombia porque en la primera junta preparatoria se habían escuchado voces considerando innecesaria su presencia. Los miembros de la facción liberal respondieron manifestando que en la reunión precedente a Bolívar no se le había faltado en lo menor y que las decisiones adoptadas eran expresión de la voluntad de la representación nacional. A continuación tomó la palabra Pedemonte y en un discurso “patético” expuso que si Bolívar no continuaba ejerciendo el mando y se retiraba del país la anarquía se entronizaría[27].

La preocupación del orador era compartida por todos los diputados. Sin embargo, la divergencia residía en el tipo de autoridad con que se investiría al Libertador. Los liberales, privadamente, según explicaba Luna Pizarro, habían considerado que el primer paso que debía dar el Congreso al instalarse “era el nombramiento del ejecutivo”, deseando “poner al libertador a la cabeza del gobierno con la investidura de primer presidente de la república, para que la administrase según la constitución” y, del mismo modo, nombrar como vicepresidente al general La Mar. Por el contrario, los oficialistas “opinaban porque siguiese el poder absoluto”, esto es, “facultades extraordinarias”, incompatibles “con la existencia del congreso”[28]. Del mismo modo, Mariano Alejo Alvarez, concordando con Luna Pizarro, manifestaba al Libertador que la opinión de los diputados estaba dividida sobre “la clase de autoridad” con que se le investiría. Decía: “unos quieren que sea la de las Leyes, y otros la Dictadura, bajo la misma o diferente nominación”[29]. Tras un intenso debate los diputados se conformaron con una propuesta de José María Bueno “reducida a que una comisión fuese donde el Libertador, y le dijese que los deseos de los pueblos y Diputados eran, de que no se fuese y siempre permaneciese en la República”. En seguida se ordenó por la presidencia que la proposición se presentara por escrito. Mas, al hacerlo, Bueno la varió agregando “con el mismo mando que ha tenido”[30]. Sometida la propuesta a votación fue aprobada. Empero, Luna Pizarro y Manuel Hurtado Zapata, al darse cuenta de la variación, reclamaron sobre ese hecho en el momento que se realizaba la votación de la propuesta. El reclamo no fue atendido. Finalmente Luna Pizarro manifestó que el reclamo constase en actas y se le comunicara al Libertador “que esta no era más que una reunión preventiva”[31], pues la junta preparatoria “no tenía facultad para formar ninguna clase de autoridad”[32]. Al día siguiente, una comisión compuesta ocho diputados, uno por cada departamento del país, presidida por Fuentes Pacheco[33], acudió a la Magdalena para exponer a Bolívar “que el Perú por el órgano de sus representantes no permitirá que le abandone, y que su permanencia en los mismos términos que hoy gobierna, es el primer interés de la república”[34]. La comisión logró su propósito. Al “ofrecerle la continuación del mando dictatorial”[35], convenció al Libertador para que variase su resolución. Así, el 4 de abril la comisión comunicó a sus comitentes el resultado de su gestión. En esta tercera sesión hubo una viva discusión sobre la naturaleza y atribuciones de la junta preparatoria. Varios de los diputados que en primera instancia habían apoyado las proposiciones de la minoría liberal se retractaron. Al día siguiente, continuando el debate, la mayoría de los diputados resolvieron, por 36 votos contra 18, que las juntas preparatorias no tenían ninguna facultad relativa a la instalación del Congreso, esto es, la mayoría aprobó “la extravagante y escandalosa proposición que el examen de las actas y poderes pertenecían al gobierno y no a los diputados”[36], disolviéndose en consecuencia la reunión[37].

Los debates suscitados en las juntas preparatorias hicieron comprender al Consejo de Gobierno y al Libertador que la instalación del Congreso sería perjudicial a los planes que ya se estaban trazando sobre los destinos de los países bajo el influjo de Bolívar. Si bien en un principio este estuvo decidido en que a representación nacional se instalara el 10 de febrero de 1826, fecha conmemorativa de la concesión por el Congreso Constituyente de la dictadura, fue convencido y se convenció que el Congreso reunido solo entorpecería la realización de sus designios. El 26 de febrero, en carta a Pando, Bolívar le manifestaba que su intención había sido instalar el Congreso el 10 de febrero, por esa razón arribó de su viaje al sur el 7 del mismo mes. Sin embargo, a pesar de haberse hecho una convocatoria anticipada, el número de diputados presentes en la capital no era el suficiente para la instalación. Empero, consideraba que pronto se cumpliría su deseo[38]. Bolívar incluso tenía preparado el mensaje que expondría al Congreso. Por el contexto del mismo podemos afirmar que la versión final fue redactada entre fines de marzo y principios de abril. En los párrafos finales del mensaje decía:

“Señor: El Congreso Constitucional va a empezar sus tareas legislativas en las circunstancias más gloriosas para el Perú, pues se halla libre y en reposo, gozando de los triunfos de sus armas, del orden que ha establecido la administración y de la sabiduría de las leyes más liberales del mundo. En medio de tales prosperidades era mi ardiente deseo devolver el poder público que la Nación me había confiado, y dejaros en plena libertad de obrar sin la presencia de un ejército auxiliar y de un jefe extranjero: pero el pueblo, la capital de la República, todas las corporaciones y vosotros mismos habéis mostrado vuestra terrible alarma por mi separación del Perú; yo pues, no he podido resistir a los votos de una Nación que se empeña en honrarme con su confianza y en oprimirme con sus bondades.
¡Representantes del pueblo! Os ofrezco nuevamente mis servicios hasta que mi patria me llame o mi conciencia me persuada que no soy más útil a los peruanos”[39].

Posteriormente, disueltas las juntas preparatorias, Bolívar ya no deseaba la instalación del Congreso. Entre tanto el Consejo de Gobierno meditaba la adopción de diferentes medidas para cumplir con los deseos del Libertador. Una de ellas fue iniciar una campaña de desprestigio contra los diputados opositores. Los arequipeños llevarían la peor parte. En El Republicano se escribiría con saña contra ellos. La orden la daría el prefecto Gutiérrez de La Fuente para complacer al Libertador, tras recibir la carta en que Bolívar le expresara su disgusto por la diputación arequipeña encabezada por Luna Pizarro:

“¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible cambiarlos sería la mejor cosa del mundo, puesto que sus poderes no han venido conforme a la Constitución y que han perdido su alegato en la junta preparatoria. Yo creo que Arequipa tendrá que reunir de nuevo sus asambleas para tratar de los nuevos poderes; y, por lo mismo, sería muy conveniente para el bien del Perú que se nombrasen otros más patriotas y menos perversos. Yo le aseguro a más que con ellos no se puede hacer nada bueno: quieren destruirlo todo a su modo. Como Arequipa no mande mejores diputados, estoy seguro que la anarquía entra con todo su furor, y yo me voy con Dios por no recibir ultrajes de esos miserables esclavos de los españoles. Si Ud. ama a su patria debe empeñarse en que se varíe esta maldita diputación. Luna engañó a Riva Agüero; Luna echó a Monteagudo y a San Martín; Luna perdió a la junta gubernativa. Por culpa de Luna entró al gobierno Riva Agüero; y por culpa de Luna entró Torre Tagle. Por Luna se perdió el Perú enteramente y por Luna se volverá a perder, pues tales son sus intenciones. Yo quisiera, mi querido general que Ud. se apersonara en estos negocios para que no se nos pierda el trabajo de tantos años y de tantos sacrificios”[40].

Otra de las medidas adoptadas por el gobierno fue el solicitar a los diputados la presentación de los poderes otorgados por los colegios electorales, haría las veces de Senado, “para que en su vista se señalen los días y horas en que deban comparecer a prestar el juramento prevenido por la constitución”[41]. El objeto era “anular esos mismos poderes de los diputados aprobados ya por la Corte Suprema, en virtud de la comisión que se le dio”[42]. En efecto, el 17 de abril el Consejo de Gobierno expidió un decreto por el cual declaró nulos los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Lima, Arequipa y Condesuyos al contener “cláusula especial para la reforma de la constitución política, sin la condición prevenida en el artículo 58 de la ley reglamentaria (de elecciones), esplicatorio del artículo 192 de dicha constitución”, ordenando que se otorgaran nuevos poderes con “entera sujeción” a las leyes. Asimismo, declaró que los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Bolívar, Cuzco, Lambayeque y Quispicanchi debían reformarse, de conformidad al artículo 55 de la ley reglamentaria de elecciones, al contener la cláusula especial para la reforma de la Constitución, sujeta a la condición de tener efecto para el caso indicado en el artículo 58 de dicha ley[43]. Pocos días después, en carta a Santander, Bolívar comentaba sus impresiones sobre lo acontecido:

“En la adjunta gaceta encontrará Ud. el decreto del consejo de gobierno declarando írritos los poderes de los diputados de algunas provincias, que no están conformes con el artículo 58 de la ley reglamentaria. Según este decreto han quedado separados del congreso lo menos veinte diputados, cuyos poderes se han encontrado no conformes a lo que previene la constitución, y aunque han quedado como cuarenta y ocho en regla, no creo que se reúna este congreso hasta el año 27, no solo porque cuarenta diputados no son suficientes para componerlo, sino porque será preciso que se reformen los poderes de los veinte diputados, o se hagan nuevas elecciones. No tengo embarazo en decir a Ud. que yo no he visto este acontecimiento con gran pesar; porque entre tanto puedo yo arreglar el país, darle más moral y buscar una persona que pueda servir el ejecutivo con aquella firmeza y energía que se requiere aquí sobre todo. El consejo de gobierno, no hay duda que ha hecho lo que ha podido, pero no tiene opinión”[44].

De las opiniones vertidas en las juntas preparatorias se puede concluir que las divergencias tenían como fundamento los siguientes temas: la naturaleza del congreso convocado y el órgano encargado de calificar las actas y poderes de los diputados.

4. La Disolución del Congreso General: la Representación de los 52 Diputados, los “Persas”
Bolívar y la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, como resultado de lo acontecido en las juntas preparatorias, consideraban peligrosa la instalación del Congreso general. De acuerdo con Heres la disyuntiva del Libertador era “o irse como pensaba o disolver el Congreso”[45]. Del mismo modo, varios diputados influenciados por la propaganda oficial opinaban que la reunión del Congreso provocaría una grave crisis en el país. En ese estado de cosas algunos diputados formularon la idea de hacer una representación al Libertador solicitando el aplazamiento de la reunión del Congreso hasta el año de 1827[46]. Según Heres el Libertador no tuvo parte en la representación, aunque si conoció de su formulación[47].

[1] Gaceta del Gobierno. Nº 57. Lima, 23 de junio de 1825, p. 1.
[2] Gaceta del Gobierno. Nº 15. Lima, 13 de febrero de 1825, p. 3.
[3] Carta de Luna Pizarro a Bolívar. Arequipa, 11 de noviembre de 1825, Francisco Xavier de Luna Pizarro. Escritos Políticos. Recopilación, prólogo y notas de Alberto Tauro. Lima: UNMSM, 1959, p. 24.
[4] “Variedades”, El Republicano. Nº 14. Arequipa, 25 de febrero de 1826, p. 65.
[5] “Extracto de una carta particular de Lima de 1 de junio último”, Mensagero Argentino. Nº 79. Buenos Aires, 22 de agosto de 1826, p. 2.
[6] Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 1826). Tomo II. Madrid: Sociedad Española de Librería, s.f.e., pp. 564 – 565. El propio Libertador había manifestado en carta a Santander haber recibido una propuesta de Alvear para extender la República Bolívar, por tratados, hasta Buenos Aires y Chile. En el Perú, afirmaba, también querían lo mismo que Alvear. En consecuencia, de realizarse aquellas propuestas, “no habría más que dos repúblicas, Colombia y Bolivia”, aunque en el Perú había “quien quiere imperio”. Carta de Bolívar a Santander. Magdalena, 20 de marzo de 1826, Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales. Tomo V. Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1929, p. 257.
[7] Carta de Luna Pizarro a Gutiérrez de La Fuente. Lima, 15 de marzo de 1826, “Catálogo de documentos manuscritos”, Mariano Felipe Paz Soldán. Historia del Perú independiente. Segundo período 1822 – 1827. Tomo II. El Havre: Imprenta de A. Lemale, 1874, p. 69.
[8] Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 - 1826), pp. 564 – 565.
[9] Santiago Távara. Historia de los partidos. Edición y notas de Jorge Basadre y Félix Denegri Luna. Lima: Editorial Huascarán, 1951, p. 126.
[10] Gaceta del Gobierno. Nº 25. Lima, 25 de marzo de 1826, p. 1.
[11] “El Peruano”, El Peruano. Nº 10. Lima, 5 de julio de 1826, p. 2.
[12] Valentín Paniagua Corazao. “El proceso constituyente y la Constitución vitalicia (bolivariana) de 1826 (I)”. Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia Constitucional. Nº 8, septiembre de 2007, http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/32/23 .
[13] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, Mensagero Argentino. Nº 62. Buenos Aires, 13 de julio de 1826, p. 1.
[14] “Discurso del prefecto de Arequipa, Manuel Cuadros, al asumir y juramentar el cargo”, El Restaurador. Nº 8. Arequipa, 24 de febrero de 1834, p. 3.
[15] Sebastián Lorente. Historia del Perú desde la proclamación de la independencia. Tomo I. Lima: Imprenta Calle de Camaná Nº 130, 1876, p. 334.
[16] “El Peruano”, p. 2.
[17] Valentín Paniagua Corazao. “El proceso constituyente y la Constitución vitalicia (bolivariana) de 1826 (I)”; Lorente. Historia del Perú desde la proclamación de la independencia, pp. 334 – 335.
[18] “Constitucionales y serviles”, El Peruano Independiente. Nº 16. Lima, 8 de abril de 1826, p. 1. Reproducido en El Republicano. Nº 25. Arequipa, 13 de mayo de 1826, p. 110.
[19] “El Peruano”, p. 2.
[20] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1; Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 - 1826), p. 566.
[21] Francisco de Paula González Vigil. “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, El Patriota Chileno. Nº 17. Santiago de Chile, 1826, citado en “El Peruano”, p. 2.
[22] Mariano Felipe Paz Soldán. Historia del Perú independiente. Segundo período 1822 – 1827, p. 60.
[23] Carta de Bolívar a Santander, Magdalena, 7 de abril de 1826, Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 269. (Cursivas en el original).
[24] Benito Laso. Esposición que hace Benito Laso diputado al Congreso por la provincia de Puno. Lima: Imprenta Republicana administrada por José María Concha, 1826, p. 2.
[25] “El Peruano”, p. 3.
[26] Ibíd.; “Copia de de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1.
[27] Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 - 1826), p. 568.
[28] Carta de Luna Pizarro al Obispo Goyeneche. Lima, 31 de mayo de 1826. Rubén Vargas Ugarte. Historia general del Perú. La República (1825 – 1833). Tomo VII. Lima: Editorial Milla Batres, segunda edición, 1984, p. 291.
[29] Carta de Mariano Alejo Alvarez a Bolívar. Lima, 18 de abril de 1826. Daniel Florencio O’Leary. Memorias del general O’Leary publicadas por su hijo Simón B. O’Leary. Tomo X. Caracas: Imprenta de la “Gaceta Oficial”, 1880, p. 501.
[30] “Copia de de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1. (Cursivas en el original).
[31] Ibíd.
[32] “El Peruano”, p. 3.
[33] “Constitucionales y serviles”, p. 1 y 110, respectivamente.
[34] Benito Laso. Esposición que hace Benito Laso diputado al Congreso por la provincia de Puno, p. 3 (cursivas en el original); “El Peruano”, p. 3; Sebastián Lorente. Historia del Perú desde la proclamación de la independencia, p. 335; Mariano Felipe Paz Soldán. Historia del Perú independiente. Segundo período 1822 – 1827, p. 61.
[35] Francisco de Paula González Vigil. “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, citado en “El Peruano”, p. 2.
[36] Francisco de Paula González Vigil. “Conducta de la Convención con el poder egecutivo, y de este con la Convención desde las juntas preparatorias”. El Constitucional. Nº 2. Lima, 6 de noviembre de 1834, p. 4.
[37] Gaceta del Gobierno. Nº . Lima, 5 de abril de 1826, p. 1.
[38] Carta de Bolívar a Pando. Magdalena, 26 de febrero de 1826. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 229.
[39] “Mensaje que el Libertador Bolívar debía presentar al Congreso del Perú en 1826”. Mensajes de los presidentes del Perú. Recopilación y notas por Pedro Ugarteche y Evaristo San Cristóval. Volumen I. Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1943, pp. 24 – 25.
[40] Carta de Bolívar a Gutiérrez de La Fuente. Magdalena, 6 de abril de 1826. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 266.
[41] Gaceta del Gobierno. Nº 29. Lima, 8 de abril de 1826, p. 1.
[42] Francisco de Paula González Vigil. “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, citado en “El Peruano”, p. 4.
[43] Gaceta del Gobierno. Nº 32. Lima, 19 de abril de 1826, p. 1.
[44] Carta de Bolívar a Santander. Magdalena, 23 de abril de 1826. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, pp. 276 - 277.
[45] Daniel Florencio O’Leary. Historia de la independencia americana. La emancipación del Perú según la correspondencia del general Heres con el Libertador (1821 – 1830). Madrid: Editorial América, 1919, p. 396.
[46] Luis José de Orbegoso. Memorias del gran mariscal don Luis José de Orbegoso. Lima: Gil, S. A., Editores, segunda edición, 1939, p. 36.
[47] Daniel Florencio O’Leary. Historia de la independencia americana. La emancipación del Perú según la correspondencia del general Heres con el Libertador (1821 – 1830), p. 396.

PROGRAMA DEL XXI COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA

2011-10-07T19:43:00.000-07:00

Programa del XXI Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia

El XXI Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia se realizará del lunes 24 al jueves 27 de octubre de 2011 en el Auditorio de Humanidades del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para participar como asistente es necesario inscribirse enviando nombre completo y número de documento de identidad al correo coloquiohistoria@pucp.edu.pe. Se entregarán constancias de participación a quienes lo soliciten.

A continuación, presentamos la programación de las actividades que se llevarán a cabo en el Coloquio.

Lunes 24

Instituto Riva- Agüero

Ceremonia de Inauguración

19.00 hrs.

Moderador: Sr. Juan Miguel Espinoza Portocarrero, Coordinador

Dra. Pepi Patrón Costa, Vicerrectora de Investigación (por confirmar)

Dra. Susana Reisz Candreva, Decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Dr. José de la Puente Brunke, Director del Instituto Riva Agüero y profesor asesor

Sr. Víctor Álvarez Ponce, Coordinador

Lección inaugural

19.30 hrs.

Moderador: César Bonilla Sonco

Dr. Jorge Wiesse Rebagliati (Universidad del Pacífico)

¿Es Paisajes Peruanos un libro de viaje?

Martes 25

Auditorio de Humanidades PUCP

Responsabilidad social, investigación y enseñanza de la historia en la PUCP

10.00 hrs. – 12.00 hrs.

Moderador: Sr. Raúl Alencar Gálvez (PUCP)

Juan Miguel Espinoza Portocarrero (Pontificia Universidad Católica del Perú)

La Independencia en la escuela: la enseñanza de la historia y la producción historiográfica en el Perú

Luz Pérez Cotrina y Elke Reinoso Eguiguren (Pontificia Universidad Católica del Perú)

La enseñanza de la época de la violencia política en el Perú: la perspectiva de estudiantes y maestros

Miguel Ramírez Moscoso (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria Historia para maestros

Comentarista:

Dr. Jesús Cosamalón (PUCP)

Política y medios de comunicación en América Latina contemporánea

14.30 hrs. – 16.00 hrs.

Moderador: Sr. Juan Lan Ninamango (PUCP)

Maximiliano Acerenza y Carlos de Jorge (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)Perón: Los diarios, la campaña de 1946 y la industria

Víctor Alvarez Ponce (Pontificia Universidad Católica del Perú)

From the land of the Incas: Miss Universe 1982: Política y discursos en torno al espectáculo a través de la mass media

Comentaristas:

Dr. Juan Gargurevich Regal (PUCP)

Sr. Marcos Alarcón Olivos (PUCP)

Intelectuales y proyectos nacionales en América Latina, siglo XX

16.15 hrs. – 17.45 hrs.

Moderador: Sr. César Sáenz Suárez (PUCP)

Fernando Villegas Martínez (Universidad Autónoma de Zacatecas, México)

Desafiando los paradigmas culturales: El Ateneo de la Juventud

Matías Emiliano Casas (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

Las Bases de la tradición. El rol de la Agrupación Bases en la consolidación del gaucho como símbolo nacional. Provincia de Buenos Aires, 1939

Comentaristas:

Lic. Carlos Chávez Rodríguez (PUCP)

Srta. Gabriela Rodríguez Pajares (PUCP)Instituto Riva Agüero

Conversatorio Políticos y partidos de derecha en el Perú de la primera mitad del siglo XX

19.00 hrs.

Domingo García Belaúnde (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Carlos Ramos Núñez (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Emilio Candela Jiménez (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Inauguración de la exposición “Aulas históricas de la PUCP en el centro de Lima”, del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox.

Miércoles 26

Auditorio de Humanidades PUCP

Perú y México durante las reformas borbónicas

10.00 hrs. - 12.00 hrs.

Moderador:

Srta. María Claudia Huerta (PUCP)

Benito Benedetto Pérez Mendoza (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México)Impuestos coloniales: la alcabala y su perspectiva simbólica

Flavio Huamaní Llamoca (Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga)

Diezmos en Parinacochas: el caso del intendente Ygnacio Montoya en la época de la Independencia del Perú (1810-1830)

Christian Aponte Fajardo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Matrimonios de indios a fines de la colonia. El caso de la parroquia de San Marcelo (Lima, 1786-1820)

Comentaristas:

Dra. Cristina Mazzeo Ciambrino de Vivo (PUCP)

Srta. Alejandra Cuya Sialer (PUCP)

Historia de la alimentación en América Latina

14.30 hrs. – 16.00 hrs.

Moderador:

Srta. Daniela Hernández Pacheco (PUCP)

Diego Luza Fernández (Pontificia Universidad Católica del Perú)

La alimentación en clave histórica en el Perú: alcances, limitaciones y retos

María Alejandra Vallejo Castro (Universidad de los Andes, Colombia)

Historias de la chicha: una reflexión historiográfica

Comentaristas:

Dr. Francisco Hernández Astete (PUCP)

Srta. Andrea Guzmán Giura (PUCP)

Iglesia y política en América Latina contemporánea

16.15 hrs. – 17.45 hrs.

Moderador:

Sr. Javier Aguilar Santur (PUCP)

Rolando Iberico Ruiz (Pontificia Universidad Católica del Perú)Dos modos de ser católico: ultramontanos y liberales-regalistas (Perú, 1855-1860)

María Dolores Hernández López de Lara (Universidad Autónoma de Zacatecas, México)

La Cristiada: La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa

Comentaristas:

Dra. Margarita Guerra Martiniére (PUCP)

Sr. Fernando Contreras Zanabria (PUCP)

Mesa redonda

Historia de dos: Las relaciones de género en la historia del Perú

18.00 hrs. – 19.30 hrs.

Moderador:

Karen Poulsen Gonzales (PUCP)

Panelistas:

Dra. Norma Fuller (Ponticia Universidad Católica del Perú)

Dra. Claudia Rosas (Ponticia Universidad Católica del Perú)

Dra. Susana Reisz (Ponticia Universidad Católica del Perú)

Jueves 27

Auditorio de Humanidades PUCP

Modernización y cultura en Colombia, siglo XX

10.00 hrs. – 12.00 hrs.

Moderador:

Sr. Alfredo Escudero Villanueva (PUCP)

Alejandro Salazar Bermudez (Universidad de Antioquía, Colombia)

"Necesitamos hombres patriotas y fuertes": Alcoholismo y civilización en Medellín, Colombia, 1900-1930

Steven Bolgueman y Tatiana Camargo (Universidad del Atlántico, Colombia)

Problemas de salubridad pública en Barranquilla (Colombia): el rol desempeñado por los servicios públicos, 1920-1950

Paula Andrea Giraldo Rodríguez (Universidad de Antioquía, Colombia)

Vida cotidiana y sociabilidad infantil en los sectores populares de Medellín (1957-1979)

Comentaristas:

Dra. Fanni Muñoz Cabrejo (PUCP)

Srta. Fernanda Adrianzén Ponce (PUCP)

Historia del arte y arquitectura colonial en el Perú

14.30pm – 16.00pm

Moderador:

Sr. Jorge Luis Sánchez Collazos (PUCP)

Juan Manuel Parra (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Juan Pablo El Sous (Universidad Nacional de Ingeniería)

Acabados, colores y texturas en Lima virreinal

Luis Martin Bogdanovich (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Zurbarán y el prestigio de la imagen en la Ciudad de los Reyes: el caso de la fundación del monasterio del Prado y la figura de Fernando de Avendaño como benefactor

Comentaristas

Dr. Sandro Patrucco Nuñez-Carvallo (PUCP)

Srta. María Lucia Valle Vera (PUCP)

La Independencia en el Perú

16.15 hrs. – 18.15 hrs.

Moderador:

Sr. Alejandro Takaezu Morales (PUCP)

Wilver Alvarez Huamán (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

“Hacer temblar al mundo": Constitucionalismo y elecciones en la ciudad de Arequipa, 1813

Christopher Cornelio Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Deserciones en el ejército patriota: el caso de la guarnición del Callao (1824)

Silvia Escanilla Huerta (Universidad de San Andrés, Argentina)

La plebe urbana limeña en la coyuntura de la Independencia

Comentaristas:

Dr. (c) Juan Luis Orrego Penagos (PUCP)

Sr. Patricio Alvarado Luna (PUCP)

Mesa redonda

Rebeliones Anticoloniales y regionalismos en el virreinato del Perú (1811-1815)

18.30 hrs. – 19.45 hrs.

Moderador:

Sr. Diego Luza Fernández (PUCP)

Panelistas:

Dr. Lizardo Seiner (Universidad de Lima)

Dr. Heraclio Bonilla (Universidad Nacional de Colombia)

Dra. Scarlett O´Phelan (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Ceremonia de Clausura

19.50 hrs.

Moderador:

Sr. Víctor Álvarez Ponce, Coordinador

Dra. Susana Reisz Candreva, Decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Dr. José de la Puente Brunke, Director del Instituto Riva Agüero y profesor asesor

Sr. Juan Miguel Espinoza Portocarrero, Coordinador

CARACTERES POLÍTICOS

2011-10-05T15:00:00.000-07:00

El texto que transcribimos es un interesante artículo publicado en el periódico Miscelánea el año de 1833, en la época que volvió a la redacción Felipe Pardo y Aliaga, tras el retiro de Bernardo Soffia como editor.

Caracteres Políticos*

Criton es uno de los hombres más profundos en la política. La ha estudiado en los autores griegos, en los romanos y en los de la edad media. Conoce a fondo la magna carta inglesa, y podría dirijir una cámara de los comunes como el Speaker más consumado. Sabe por menor la biografía de Benjamin Constant, y de memoria los discursos de Arguelles en las cortes de España. Todos estos trabajos los ha emprendido con el ocinú designio de ser útil a su patria. Después de diez años de estudios continuos ha salido de su retiro, y ha conocido que no sabía una palabra. Su ciencia no tiene aplicación a las cosas que lo rodean, y ahora tiene que encerrarse otros diez años para aprender las cosas de su país.

Calcedonio es el ídolo de los liberales. Su divisa es: guerra al que manda. Llámese como quiera, obre bien o mal, sea lejítimo o intruso, justo o inicuo, sabio o ignorante, el que manda es el objeto eterno de su odio implacable. Para cada decreto que se espide, tiene una vasta colección de argumentos de hecho y de derecho, de erudición y de raciocinio, dirijidos todos a probar matemáticamente que el que manda es un perverso y que lo mandado es un crimen. Tiene escritos diez volúmenes en folio que dará a luz cuando sus amigos formen una suscripción que le deje de ganancia siquiera ocho mil pesos. Hasta entonces este impagable tesoro yace en lo más profundo de una cómoda de caoba.

Polipodos es el Mercurio de la política; el nuncio, el investigador, el propagador de todo cuanto pasa. Dice que no quiere teorías sino hechos, y los anda recojiendo por todas partes con incansable ahinco, dando suma importancia a los que él concibe capaces de influir en la suerte del estado. El ministro estornudó ayer dos veces durante el despacho. Ayer noche a las doce se observó un hombre parado enfrente de palacio. La secretaría se cerró ayer cinco minutos y medio y dos segundos más tarde que de costumbre. Tales son los gravísimos datos que este hombre activo se toma todos los días el trabajo de comunicar a sus amigos, a sus conocidos y a los que no son ni uno ni otro.

Nautifilos es uno de los muebles que han adornado de tiempo inmemorial una de las primeras oficinas de la nación. Su presencia en ella, es como la del estante o la del sillón. Su política es vastísima pero está reducida a la teoría de los espedientes, a la táctica de los decretos y a la profundidad de los informes. Ha visto pasar diez o doce gobernantes, y todos lo hallan allí, y allí lo dejan. A nadie censura, a nadie elojia - pero a todos comunica secretos, y de todos arranca confianzas.

Ariston adora la libertad, se arrodilla delante de las garantías, y se quita el sombrero al decir derechos: pero como se educó en el despotismo, le cuesta mucho renunciar a sus formas, y ha llegado a reunir en su imajinación la sustancia de lo nuevo y la forma de lo antiguo. Un fiscal es a sus ojos poco menos que una divinidad, y una real cédula poco menos que la biblia. Todavía dice la corte hablando de Madrid, el reino hablando del Perú, y las cajas reales, hablando de la tesorería nacional. Cuando tiene un pleito, le duele mucho ir a la conciliación, porque no se habla de esto en la Novísima. No puede acostumbrarse al nuevo diccionario, y así comete las más risibles equivocaciones, como el otro día que dijo - Los señores oidores no me habían dado oídos, pero yo obtendré una real cédula del congreso.

Eterna sería esta nomenclatura si quisiéramos dar lugar en ella a todos los astros que hermosean nuestro hemisferio político.

* Miscelánea. Nº 778. Lima, 14 de febrero de 1833, p. 1.

"DERRAMANDO VERDADES": APUNTES SOBRE EL PERIODISMO REPUBLICANO EN AYACUCHO, 1833 - 1839

2011-09-07T16:56:00.000-07:00

"DERRAMANDO VERDADES": APUNTES SOBRE EL PERIODISMO REPUBLICANO EN AYACUCHO, 1833 - 1839*

1. Introducción
Son escasos los estudios sobre el periodismo en Ayacucho, como también lo son los repositorios donde poder ubicar los periódicos impresos durante la iniciación republicana. La razón no puede ser otra que la incuria en la preservación de tan importantes "papeles". "Es como si el esfuerzo, que pudo haber sido meritorio, de muchas gentes a través de largos años en los lugares más variados, nunca se hubiera efectuado. Es como si quienes hoy están muertos no hubieran estado vivos nunca"(1). Empero, entre los estudios existentes sigue vigente el pionero trabajo de Pedro Mañaricua, aportando datos sobre varios periódicos de la biblioteca del convento de San Francisco en Ayacucho(2). Lamentablemente, ese repositorio hace poco sufrió el hurto del volumen correspondiente a El Victorioso por mano artera de un inescrupuloso lector.

Prosiguiendo con el tema, de acuerdo con la información proporcionada por Mañaricua hubo imprenta en Ayacucho a partir del año 1823. Se trataba de la Imprenta Nacional de Huamanga en la que se imprimió el periódico realista La Aurora Austral, cuyo segundo número tenía por fecha el 23 de octubre de 1823(3). Al año siguiente el ejército patriota arribó a Huamanga portando imprenta propia, no llegando a imprimir ningún papel(4). Habría que esperar hasta el año 1827 para ver publicado el que, con reservas, podría considerarse la primera hoja periódica de Ayacucho. Alonso de Cárdenas, en una hoja volante que hizo circular en la ciudad, "Aviso al Público", fechada el 21 de noviembre de 1827, informaba que bajo los auspicios de su propia imprenta se publicaría "el nuevo Periódico", que recibiría "la luz refulgente del sol que alumbra al Perú"(5). Ese "papel" no sería otro que El Boletín de la División de Operaciones de Ayacucho, cuyo primer número apareció el 3 de diciembre de 1827(6). Tendría que transcurrir más de un lustro para que la imprenta en Ayacucho muestre su esplendor, o como se decía en la época "gimiera la imprenta".

2. "Ir saliendo a la verguenza": El Indíjeno y El Mosquito, primeros periódicos republicanos de Ayacucho

2.1. El Indíjeno. El 16 de febrero de 1833 apareció en la ciudad de Huamanga el primer periódico republicano publicado en Ayacucho, El Indíjeno(7), editado por Juan Ignacio García de los Godos en la Imprenta Libre de Braulio Cárdenas. En ese primer número, que hacía las "veces de Prospecto", el redactor lamentaba que en Ayacucho no existieran periódicos, ocho años -decía- que se esperaban "en vano". Esa "deficiencia" lo aventuró a la redacción de "uno como periódico en vía de ensayo o provocación a los patriotas instruidos, para que viéndolo mal desempeñado, se encarguen de él, lo perficionen (sic) i sostengan, o al menos nos suministren sus ideas liberales. Entretanto irá saliendo a la verguenza el INDÍJENO por intervalos largos o cortos, en más o menos hojas, según permitan las peculiares incumbencias i penalidades"(8). Del mismo modo, García de los Godos procuraba que el impreso "fuese digno de la curiosidad del público; que no hubiera en él sino miga i sustancia, oro molido, conceptos de filigrana, discursos balsámicos, pensamientos nobles, discusiones luminosas, el calor i el interés, lo dulce i lo útil. Pero el diantre es, que no alcanzan nuestras fuerzas a tanto. Nuestro idioma nativo es el quechua, i en vía de supererogación hablamos mal el castellano. Así que en orden al estilo, serán necesarios los yerros i casuales los aciertos"(9).

Un aspecto peculiar de la publicación era el énfasis en tratar temas propios del "país", esto es, del departamento: "los objetos inmediatos, las cosas que nos afectan de cerca, todo lo que tiene relación con los indíjenos, con sus curas, gobernadores"(10). En consecuencia, en el tercer número, en un artículo titulado "Ayuno eclesiástico", tratándose sobre el abuso de los indígenas por la rapacidad de los curas, hacendados, subprefectos, gobernadores y otras autoridades menores, sean españolas o mestizas, el articulista solicitaba a los diputados a la Convención Nacional dictar leyes justas al respecto, suprimiendo "el exótico cuerpo de gobernadores i demás funcionarios supérfluos que pesan sobre la tierra" y disponiendo que en "las municipalidades, si han de existir entre indíjenos, se compongan de ellos mismos"(11). En ese mismo número se dio a conocer la relación de suscriptores de la publicación, en total 45 personas: 39 residentes en Huamanga, 3 residentes en Huancavelica, 2 en Andahuaylas y los restantes con residencia en Tayacaja, Angaraes, Pampas y Huanta. De este total, tres eran féminas: Juana García i Orbezúa (Huancavelica), María Candelaria de Segura (Andahuaylas) y Melchora Saez (Huamanga)(12).

La aparición de este "papel" ayacuchano fue saludado por la prensa liberal limeña. En efecto, en El Telégrafo de Lima al darse cuenta de haber recibido el primer número "del primer periódico dado a luz en la capital de Ayacucho", los editores consideraban que dicha publicación prometía "tantas esperanzas"(13). Lastimosamente el quinto número publicado el 3 de agosto de 1833, fue el último de la existencia de El Indíjeno. La razón no puede ser otra que la partida a Lima de Juan Ignacio García de los Godos, electo diputado por la provincia de Huamanga a la Convención Nacional(14).

2.2. El Mosquito de José Félix Iguaín. Al parecer, entre fines de abril y/o inicios de mayo de 1833 José Félix Iguaín(15) emprendió la redacción del periódico eventual El Mosquito. La justificación no podía ser otra que el clima electoral en que se encontraba el país con motivo de la convocatoria, a fines de marzo, de las elecciones para presidente y vicepresidente de la república(16). El "papel", por tanto, estuvo destinado a propagar la candidatura "liberal", esto es, defender y resaltar la candidatura de Luis José de Orbegoso y, al mismo tiempo, denunciar las maniobras e intrigas del oficialismo en favor de sus candidatos(17). Concluido el proceso electoral era inevitable la extinción de El Mosquito. Así, de las referencias sobre este periódico podemos deducir que no se publicaron más de seis números. Según una revista de "impresos" publicado en el cuarto número de El Indíjeno, hasta el 25 de junio habíanse publicado cuatro números y algunos "alcances"(18).

Por la furibunda oposición que realizaba contra el gobierno de Gamarra, Iguaín y el "papel" que redactó recibieron una severa crítica en la Miscelánea(19). Así, en un comunicado en el que se prodigaban elogios al nuevo periódico La Oliva de Ayacucho, el articulista manifestaba que con la nueva publicación Ayacucho "oportunamente supo vindicarse de un modo solemne y enérjico de la negra imputación que le hizo un desnaturalizado hijo suyo escribiendo un papel bajo el epígrafe sucio de Mosquito", nombre que reflejaba "lo indecente del editor, y las inmundicias que ha(bía) escupido su pluma asquerosa". A su vez, por el contenido e invectivas lanzados contra el gobierno, la publicación - proseguía el articulista- más bien debería llamarse "periódico del odio, de la mentira, de la arrogancia, de la venalidad", por haber sido el órgano del "más furioso demagogo anarquista, enemigo del orden, de la paz, de las autoridades constituidas, del gobierno mismo, y de todo hombre de bien"(20).

3. "A un estado naciente (...) mal pueden convenirle las formas tardías de un gobierno popular": La Oliva de Ayacucho, primer periódico "oficial" de Ayacucho
Desde el mes de agosto del año 1832, la junta departamental de Ayacucho había deliberado sobre la conveniencia de establecer un periódico en la ciudad de Huamanga, contando con el apoyo de la prefectura. El principal objeto, además de insertar en él las leyes y providencias gubernativas, era difundir la ilustración por el departamento, dado que un "impreso volante se difunde por todas partes con rapidez; por su módico costo lo consiguen todos, por su pequeño volumen lo leen sin fastidio. He aquí como se dilata insensiblemente la esfera de los conocimientos"(21).Tramitado un expediente sobre la materia ante el supremo gobierno, el fiscal Pérez de Tudela opinó con fecha 17 de noviembre de 1832, que previamente la prefectura de Ayacucho informara quién sería el periodista encargado de la redacción y si de las rentas del departamento podría cubrirse el nuevo gasto. Recibida la vista fiscal la prefectura corrió traslado a la junta departamental para que informe sobre el primer punto. Esta evacuó con diligencia su informe indicando el nombre del probable redactor. Empero, los administradores del tesoro público del departamento, en cuanto al segundo punto manifestaron que no había dinero para sufragar los gastos que ocasionare el impreso(22).

Los deseos de la junta departamental haríanse realidad debido a un acontecimiento penoso. El 24 de julio de 1833 los oficiales del batallón Callao que guarnecía la ciudad, Deustua y Flores, autodenominándose los "vengadores de la ley", se sublevaron en el departamento asesinando al prefecto coronel Antonio González y al jefe militar coronel Mariano Guillén. No contando con apoyo popular los amotinados fueron derrotados el mes de agosto en el lugar conocido como Pultunchara. Pacificado el departamento fue nombrado prefecto y comandante general José María Frías, quien arrivó a Huamanga el 12 de agosto de 1833(23). Frías, posesionado de su cargo, obtuvo de Gamarra el nombramiento del subalterno de hacienda, Andrés Garrido, como secretario de la prefectura. Fue entonces que encargó a su secretario la edición de un periódico. Según el propio Garrido "Mucho tiempo hacía que ese departamento suspiraba por la publicación de un periódico, al menos semanal, que no pudo conseguir en toda la época de la independencia" y por "súplica de Frías" se encargó del trabajo "sin el menor estipendio, y con la timidez y recelo" que debía acompañarlo en una empresa superior a sus fuerzas. La finalidad de la publicación era "poner en toda su luz las mejoras que recibiese el departamento bajo la administración de su nuevo prefecto", hacer ver a la ciudadanía "los peligros que corre la libertad con los desvaríos y desórdenes de la licencia" y dilucidar los documentos "que obraban sobre el alboroto que se acababa de callar", tales fueron los principales objetos de La Oliva de Ayacucho "que derramó algunas verdades sin mezcla de personalidad sobre pueblos bien atrasados"(24).

No tenemos datos precisos sobre el total de números de la publicación ni sobre la fecha del primer número(25). No obstante, de las referencias acotadas podemos deducir que la publicación apareció a mediados de agosto de 1833, impreso en la Imprenta Libre de Braulio Cárdenas. El último número, debió publicarse a fines de marzo o primeros días de abril de 1834, cuando las tropas de Bérmúdez se desplazaron de Huamanga para hacer frente a las de Orbegoso. Creemos, por tanto, que la publicación no excedió de los treinta números(26). Por último, debemos manifestar que La Oliva de Ayacucho es un periódico de fundamental importancia no solo por haber sido la primera publicación "oficial" o "ministerial" del departamento, sino por las ideas políticas que contiene, de tinte autoritario, análogas a las que profesaban José María de Pando en La Verdad y Felipe Pardo en El Conciliador.

4. La prensa "oficial" durante el gobierno de Orbegoso: El Alambique Político y El Nueve de Diciembre

4.1. El Alambique Político. De este "papel" que no hemos tenido la fortuna de revisar, el primer número apareció, según Paz Soldán, "después de la batalla de Huaylacucho"(27). Empero, no consIderamos correcta la afirmación. Más bien, debió publicarse después del "abrazo de Maquinhuayo" realizado el 24 de abril de 1834. Consolidado el gobierno de Orbegoso en el departamento, inicióse la publicación de un periódico que difundiera la "política" de la nueva administración. Inició su publicación entre fines de abril y/o inicios de mayo en la Imprenta de Braulio Cárdenas. El último número, de la treintena que se publicaron, debió imprimirse el mes de enero de 1835, cuando esta publicación cedió la posta a El Nueve de Diciembre. Al decir de Paz Soldán, El Alambique "duró poco" y su contenido estaba "lleno de personalidades"(28).

4.2. El Nueve de Diciembre. También impreso en la Imprenta de Braulio Cárdenas, reemplazó a El Alambique Político. El primer número se publicó el 31 de enero de 1835 y el último, que podría haber sido el décimo quinto, el 9 de mayo del mismo año(29). Cesó la publicación por el advenimiento al poder de Salaverry(30).

5. El Ayacuchano, periódico "oficial" del gobierno de Salaverry
Impreso en la Imprenta de Braulio Cárdenas. El primer número se publicó el 16 de mayo de 1835(31), siendo prefecto del departamento el teniente coronel Antonio Florentín Villamar. El último número del que tenemos conocimiento es el décimo, con fecha 12 de noviembre de 1835, mientras que el noveno es del 3 de septiembre. Esta diferencia de tiempo en la publicación de estos dos números merece una explicación. Hasta la la primera semana de septiembre en Ayacucho se reconocía a Salaverry como jefe supremo del gobierno del país. En los días siguientes la administración favorable a Salaverry tomó conocimiento del próximo arribo de un contingente de vanguardia de las tropas del ejército unido bajo el mando del general Morán. En consecuencia abandonaron la ciudad y designóse una nueva administración favorable a Santa Cruz, publicándose un nuevo periódico "oficial" de la administración de turno a mediados de septiembre. Posteriormente, a fines del mismo mes, tropas al mando de Salaverry estuvieron de tránsito por Ayacucho, por lo que la vanguardia del ejército unido dejó la ciudad, retomando Salaverry el control del departamento y continuándose con la edición de El Ayacuchano, hasta el definitivo alejamiento del jefe supremo de la ciudad de Huamanga(32).

6. El Victorioso, periódico "oficial" de la Confederación
También impreso en la Imprenta de Braulio Cárdenas, el primer número debió publicarse a mediados de septiembre de 1835(33). A partir del quinto número, publicado aproximadamente el 21 de octubre, se suspendió la impresión por el conocimiento de la aproximación a la ciudad de Huamanga del ejército de Salaverry. En efecto, Salaverry ingresó a la ciudad el 29 de octubre y permaneció en la misma aproximadamente un mes. Cuando el jefe supremo hizo efectiva su salida con destino al sur, nuevamente tomaron el control de la ciudad tropas del ejército unido retomándose la publicación de El Victorioso. Así, el sexto número lleva por fecha el 5 de diciembre de 1835.

Siguiendo a Mañaricua, en este "papel" se publicaban "los documentos oficiales, discursos y artículos a favor de la Confederación y del gobierno de Santa Cruz", finalizando la edición del impreso en abril de 1837(34). Empero, según Paz Soldán, la publicación concluyó en 1839(35), tras la derrota de Santa Cruz en Yungay el 20 de enero de 1839. Aseveración que creemos cierta, toda vez que no había razón para haber concluido la publicación en abril de 1837, cuando la Confederación recién iniciaba su andadura. En todo caso solo tenemos conocimiento de la existencia de los primeros 75 números de este "papel", desde mediados de septiembre de 1835 hasta abril de 1837(36).

7. La "guerra de papeles" entre Santa Cruz y Salaverry: El Boletín de Salaverry, El Quita Cáscaras y El Cadete en Jefe

* Fragmento de un artículo sobre el periódico redactado por Andrés Garrido el período 1833 - 1834, La Oliva de Ayacucho, considerado por sus detractores como "el papel más incendiario, más servil, y más entusiasta del poder militar, que se ha publicado en el Perú".
(1) Jorge Basadre. Introducción a las bases documentales para la historia de la república del Perú con algunas reflexiones. Tomo I. Lima: Ediciones P. L. Villanueva, 1971, p. 12
(2) Pedro Mañaricua. "Un siglo de historia de periodismo en Ayacucho", Boletín Bibliográfico. Boletín de la Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol. XIV, N° 1 - 2. Lima, junio de 1944, pp. 30 - 69.
(3)Ibid., pp. 30 - 31.
(4)Ibid., p. 30.
(5)Ibid., pp. 30 - 31.
(6) Boletín de la División de Operaciones de Ayacucho. N° 1. Ayacucho, 3 de diciembre de 1827, Imprenta de D. A. Cárdenas, administrada por Estevan Villegas, 4 pp. Este impreso se encontraba en el Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda. Federico Schwab. "Algunos periódicos desconocidos del Perú, Ecuador y Bolivia", Fénix. Revista de la Biblioteca Nacional. N° 4. Lima, segundo semestre de 1946, p. 897.

"HACER TEMBLAR AL MUNDO": CONSTITUCIONALISMO Y ELECCIONES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 1813

2011-09-02T18:00:00.000-07:00

“HACER TEMBLAR AL MUNDO”: CONSTITUCIONALISMO Y ELECCIONES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 1813

1. Introducción
Prácticamente desconocidos son los estudios en relación a la elección y trayectoria[1] de los ayuntamientos constitucionales constituidos durante la vigencia de la Constitución de Cádiz. Salvo los casos de las ciudades de Lima y Cuzco[2], no existe información de lo sucedido en las otras seis ciudades capitales de intendencia del virreinato peruano: Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Puno[3], Tarma y Trujillo. El presente texto es un esbozo de la repercusión de los ayuntamientos constitucionales en Arequipa, ciudad en la que los miembros de la nueva corporación municipal pretendieron erigirse como auténticos representantes de su jurisdicción, sobreponiéndose a las autoridades tradicionales[4].

2. La Constitución de Cádiz en Arequipa: la elección del ayuntamiento constitucional
El 22 de diciembre de 1822 la Constitución gaditana fue jurada en la ciudad de Arequipa. En la sala consistorial del ayuntamiento arequipeño, contando con la presencia del gobernador intendente José Gabriel Moscoso y las corporaciones, entre ellas el ayuntamiento perpetuo, se dio cumplimiento a la ceremonia prescrita por la propia Constitución. Posteriormente, el gobernador intendente procedería a dar cumplimiento a las disposiciones remitidas por el virrey relacionadas con la elección de los miembros del novísimo ayuntamiento constitucional, no sin antes mostrar repugnancia por la nueva situación política y por las circunstancias de “peligro” existentes en la provincia: conatos insurgentes en la ciudad y rebeliones producidas en algunos partidos, como la de Zela en Tacna el año anterior, bajo el influjo del gobierno autónomo de Buenos Aires. Las preocupaciones del gobernador intendente no serían infundadas.

La elección de los miembros del ayuntamiento constitucional de la ciudad fue convocada para el mes de febrero de 1813. Como sucedió con la elección de los miembros de los ayuntamientos constitucionales de Lima y Cuzco, en Arequipa se conformó una “facción” constitucional autodenominada “patriota” que desarrolló todos los medios y mecanismos conducentes para lograr una elección favorable a sus intereses, esto es, realizaron una “campaña electoral”. Evidencia que desvirtúa la afirmación hecha por Guerra de que en las elecciones hispánicas de la época no hubo “ni candidatos, ni programas, ni campañas electorales”[5], porque como sostiene Rodríguez “tanto los candidatos como las campañas electorales formaron parte del proceso electoral”[6]. La campaña electoral, en lo fundamental, comprendía el reclutamiento de prosélitos destinado a hacer lograr prevalecer las candidaturas de la facción durante el proceso electoral. A ese efecto se realizaban reuniones, se propalaban las candidaturas mediante la distribución de listas de electores y se incitaba a los miembros de la facción a acudir a las juntas electorales no solo para ejercer el voto, sino también para presenciar la realización del evento con la finalidad de ejercer presión en las mesas electorales o juntas. En resumidas cuentas, los “patriotas” fomentaron la movilización popular en las juntas electorales de parroquia, provocando temor y abstención en el bando contrario, los “chapetones” o “gobiernistas”.

La apropiación del espacio público por la facción “patriota” aseguró la victoria de sus candidatos en las juntas electorales de parroquia. El triunfo, según los realistas, se debió a que los constitucionales habían “alucinado a la inocente plebe”. En efecto, tal como lo refería un “patriota”, ese día “el pueblo ha(bía) manifestado toda su energía y patriotismo: no ha salido chapetón ni sarraceno; y al Intendente, que quiso poner en una parroquia un escrutador sarraceno, después de sentado en la mesa de votación, lo hicieron levantar, y pusieron en su lugar otro de su satisfacción.”[7] No había duda, “los invictos arequipeños desplegaron aquel día toda su energía, y en pocos momentos hicieron temblar al mundo”[8]. Enorgullecidos de su actuación, los “patriotas” arequipeños recomendaban a otros miembros de la facción residentes en otros partidos de la provincia tomar como modelo las elecciones realizadas en la capital arequipeña porque el triunfo “patriota” había sido absoluto. Ningún “chapetón”, “americano sarraceno”, ni de la “facción del gobierno” fue designado como elector debido a la gran actividad de los constitucionales. Para asegurar el triunfo de sus candidatos hicieron una gran movilización popular de manera que “todas las autoridades fueron atropelladas”, lográndose “una elección completa”[9].

Contando con la totalidad de electores parroquiales, la facción “patriota” aseguró la conformación de un ayuntamiento constitucional a su satisfacción. Entre los miembros de la nueva corporación municipal figuraban Nicolás de Araníbar (alcalde de primera nominación), Manuel de Rivero y Araníbar (regidor) y Mariano Ureta (primer síndico procurador). Una gran algarabía y entusiasmo rodeó la elección del ayuntamiento. Mariano Melgar, haciéndose eco del acontecimiento, compuso la oda intitulada “En la primera elección constitucional del ayuntamiento”.

3. El ayuntamiento constitucional de 1813
Instalado el ayuntamiento constitucional, desde ese momento se manifestarían los conflictos de la corporación con las autoridades del gobierno, “hasta el extremo de haberse atrevido (…) a despojar del mando de la ciudad” al gobernador intendente[10]. La autoridad del gobernador intendente fue cuestionada debido a los vacíos existentes en la normativa constitucional. Según versión de los realistas la autoridad del intendente era cada vez más “insultada” por los miembros del ayuntamiento constitucional, “compuestos en la mayor parte de los hombres más corrompidos”, antes denominados “tuitivos” y ahora “patriotas”[11].

El conflicto, en verdad, se suscitó por la interpretación que los capitulares arequipeños dieron a la normativa constitucional vigente hasta ese momento. En la Constitución ya no existía la figura del gobernador intendente, pero sí en cambio la figura del jefe político superior de las provincias que, para el caso del Perú, serían dos: Lima y Cuzco. Por consiguiente, no existiendo otras autoridades equivalentes en las intendencias u antiguas provincias como Arequipa, inferían los capitulares arequipeños, la autoridad política correspondería al ayuntamiento constitucional. Por esa razón el ayuntamiento “chocaba abiertamente contra el Intendente” y con el superior gobierno, “de cuyas providencias había apelado a la diputación provincial”.[12]

El conflicto dio lugar a la formación de un expediente sobre la materia que fue elevado al superior gobierno. Abascal, pronunciándose sobre el asunto declaró que la elección y conformación del ayuntamiento constitucional no implicaba cuestionar la autoridad del intendente, a quien correspondía, como “jefe político”, presidirlo y vigilar su actividad. El virrey fundaba su declaración en el dictamen emitido por el fiscal José Pareja. Este funcionario había opinado que la existencia de los gobernadores intendentes no era incompatible con las nuevas instituciones constitucionales, porque los ayuntamientos solo ejercerían las facultades y competencias asignadas por la Constitución en los lugares en los que se habían constituido, esto es, sin ninguna injerencia en el gobierno político. En consecuencia, existiendo provincias con varios pueblos que conformaban otros tantos ayuntamientos, independientes entre sí, era aún más necesaria la presencia de estos jefes políticos porque “sería una monstruosidad en el Gobierno si no tubiesen un Gefe común por centro”[13], es decir, los gobernadores intendentes. La Diputación Provincial de Lima fue del mismo parecer y emitió el 10 de mayo de 1813 un acta sobre el particular, dictando en esa misma fecha el superior gobierno una orden dirigida al gobernador intendente de Arequipa y al general Pezuela, con el objeto de contener al ayuntamiento constitucional de Arequipa dentro de los límites establecidos por la Constitución[14]. De acuerdo con Pezuela el 28 de abril salió del Callao “con la instrucción que me dio el Virrey para sosegar las competencias de los Intendentes de Arequipa y Puno con los cabildos constitucionales y particulares de ambas ciudades: en donde el fuego de la independencia obraba con mucha actividad”[15]. Emprendió el viaje y arribó a la ciudad arequipeña el 14 de junio, allanando y componiéndolo todo “con la mayor sagacidad”, esto es, “con mucha política”[16], arreglando, aparentemente, las diferencias entre la autoridad política y los miembros del ayuntamiento constitucional. Pezuela conferenció con los interesados sobre los “ruidosos disgustos”, logrando que todos “quedasen conformes y avenidos”, fugando algunos perturbadores al tomar conocimiento de su llegada a Arequipa, “temerosos de ser presos conforme a la orden que traía”[17].

La gravedad del asunto obligó al virrey hacer difundir en el Verdadero Peruano un “Discurso sobre la subsistencia de los gobernadores, xefes políticos de provincia después de la Constitución, por un letrado de Arequipa”[18], en el que se precisaba la verdadera inteligencia de la Constitución y decretos de las Cortes en torno a la subsistencia de los gobernadores intendentes y/o jefes políticos, su relación con los ayuntamientos constitucionales así como las facultades y límites de ambas instituciones. Según el autor del discurso, el problema había sido ocasionado por una mala interpretación del Reglamento para el gobierno de las audiencias y juzgados de primera instancia, promulgado el 9 de octubre de 1812 y mandado cumplir por el virrey el 1 de marzo de 1813[19]. La cuestión planteada era la siguiente: “si en las provincias subsisten o no sus gobernadores, xefes políticos, que han sido los Intendentes; o si los ayuntamientos constitucionales y sus alcaldes, han sucedido en la gobernación dislocada, y separada de cada uno de los pueblos, con positiva exclusión de aquellos.”[20]

Para desvanecer los equívocos, el articulista iniciaba el análisis partiendo de la división de los poderes del Estado deslindados por la Constitución y en la cual al rey correspondía “el gobierno con el poder executivo en toda su plenitud”. En consecuencia, debían existir “unos subalternos de división” que “obtengan y exerzan baxo de su dependencia el mismo gobierno y poder para el régimen de los pueblos”[21]. Estos no serían otros que los gobernadores y/o jefes políticos. Por el contrario, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales, “de nueva creación”, no eran otra cosa que “agentes”, a decir de unos, o “representantes”, como afirmaban otros, de las provincias y pueblos, porque tenían el mismo origen que las Cortes, esto es, eran resultado de la elección “de las gentes” y era en aquellos donde residía “centralmente el poder legislativo”, teniendo como aquella la facultad de formar ordenanzas municipales y regirse por ellas, “potestad que viene desde la ley final”. Esta facultad, en realidad mera facultad de iniciativa legal, era la principal característica del poder que ejercían, “pues sus demás atribuciones, ya son cargos de mera economía, a que corresponde ese gobierno interior de los pueblos (…) muy distante de aquel a que es anexo el poder executivo, que algunos quieren confundir.” Del mismo modo sucedía con el poder “judiciario” que, residiendo en el Supremo Tribunal de Justicia, tenía ramificaciones más claras que los otros poderes, es decir, en las audiencias, jueces de letras y “demás constituidos en judicatura”[22].

En segundo término, el autor procedía al análisis de la Constitución para demostrar que “este nuevo código de las leyes fundamentales del reyno, lejos de extinguir a los xefes políticos, supone su existencia en muchos de sus artículos”. Mencionaba como fundamento de su aserto los artículos 46, 67, 81, 309, 324 y 337 de la Carta, donde se hacía referencia indirecta a esos jefes políticos, dándose a entender en los dos últimos “que entre ellos hay superiores e inferiores”[23]. Empero, teniendo en cuenta la propia Constitución, quienes sostenían la no subsistencia de los gobernadores o jefes políticos inferiores fundamentaban erróneamente su posición en que con la nueva normativa solo quedaban de provincias “aquellas en que se instalan diputaciones provinciales, y que las demás que lo han sido hasta ahora, por exemplo la de Arequipa, se reducen a partidos, fundándose en el artículo 325 que ordena, el que en cada provincia se forma una diputación provincial presidida por el xefe superior; de cuyo antecedente sacan por consequencia, que no es tal, donde no hay diputación; hilando así su argumento. La Constitución dice: ‘En cada provincia habrá una diputación provincial’. Luego no lo es, la que no la tiene, y por consiguiente no se le da xefe político (que es el punto a que se dirige la objeción), pues solo lo debe haber en las provincias.”[24] Más aún, el decreto de las Cortes de 23 de mayo de 1812, sobre la instalación de diputaciones provinciales, resolvía el equívoco: hasta que no se decretara el nuevo arreglo de las provincias según la Constitución, seguirían bajo el rango de tales aquellas que tenían esa condición, tal el sentido del artículo 2 del citado decreto. Por tanto, subsistiendo provincias donde no se instalarían diputaciones provinciales, “tendrán, y deberán tener (…) xefes políticos que las gobiernen, y con sola la distinción, que indica el expresado art. 337 de superiores e inferiores; siéndolo aquellos, de las primeras, y estos de las segundas; es decir, los xefes superiores de las provincias metrópolis, o de sede de diputación provincial, y los inferiores de las subalternas, sufragáneas, o dependientes, como se deduce del texto o contexto de aquel artículo.” Quedaba demostrado, entonces, sustentaba el articulista, “que la constitución lejos de extinguir a los gobernadores y xefes políticos de provincias, supone su existencia con diversidad de clases”[25].

Finalmente, el autor del discurso procedía al análisis del Reglamento de tribunales para corroborar si en esta norma se hacía exclusión de los gobernadores y/o jefes políticos de provincia, como erróneamente juzgaban algunos, esto es, los miembros del ayuntamiento constitucional arequipeño. Los artículos materia de la controversia eran los siguientes: artículo 39 del capítulo 2, artículo 11 del capítulo 3 y artículo 5 del capítulo 4[26]. Empero, recalcaba el escritor, debía tenerse presente que la normativa bajo examen solo trataba de los tribunales de justicia y no sobre gobiernos políticos. Así, el artículo 39 del capítulo 2 en lo fundamental restringía la jurisdicción de los virreyes, capitanes y comandantes generales de las provincias solamente a la jurisdicción militar, esto es, separaba el poder “judiciario” de los otros poderes, confiriéndolo en todas las instancias a determinados jueces que, “exentos de otros empleos y cargos, que reunían los antiguos, se contraygan exclusivamente al de la administración de justicia”. Por consiguiente, el citado artículo no significaba “supresión de gobierno en los agentes del poder executivo, sino restricción de jurisdicción contenciosa”[27]. En cuanto al artículo 11 del capítulo 3, mantenía en los alcaldes de los ayuntamientos constitucionales jurisdicción y facultades “en cuanto a lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos”, como lo habían tenido los alcaldes ordinarios, de conformidad a la Constitución. Ejercerían dichas facultades solo como “auxiliantes y suplientes accidentales” de los gobernadores y/o jefes políticos. Por último, si bien el artículo 5 del capítulo 4 otorgaba a los alcaldes el conocimiento de lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos respectivos, con absoluta inhibición de los jueces de letras y subdelegados, tal facultad la ejercerían no “en lo directivo, sino en lo contencioso”[28].

Tras analizar la Constitución y reglamentos correspondientes concluía el escritor que no se habían “extinguido a los xefes políticos, ni innovado en materia de gobierno”[29]. En otras palabras, solo había cambiado la nomenclatura para designar a las autoridades políticas, distribuyéndose las competencias de acuerdo al principio de separación de poderes: “El gobierno político y principal de los pueblos, que esencialmente consiste en la execución de las leyes, es dado a los gobernadores y xefes políticos; el interior y económico a los ayuntamientos, y la jurisdicción contenciosa, en causas verbales entre partes, sobre uno y otro, a los alcaldes en primera instancia”[30]. Esta era la verdadera inteligencia de la Constitución y del Reglamento de tribunales. Opinar lo contrario, es decir, negar la existencia de los gobernadores y/o jefes políticos inferiores ocasionaría funestas consecuencias: “¿cómo subsistirían los departamentos, partes principales del cuerpo político de la nación? ¿Cómo se podrían reunir en sociedad común, tantos pueblos de su dependencia? ¿Cómo guardarían orden, tendrían nexo, y se convendrían in unum, para la formación del edificio social? ¿A quién se dirigirían las leyes y las órdenes para que se circulasen en los innumerables lugares de cada provincia? ¿Cómo podrían entenderse los ministerios con los infinitos alcaldes y ayuntamientos que hay en tan vastos territorios? Y siendo todos estos independientes, y de igual autoridad, ¿en qué guerras civiles no entrarían sin un respeto superior, que a todos los contuviese en los límites de su deber? Entonces veríamos levantarse pueblos contra pueblos por etiquetas pueriles, dando la apariencia del fuero, las más veces causa al desafuero; y en una palabra, la más horrenda anarquía vendría a ser el término de nuestra Constitución”[31].

4. “Dar estabilidad a la Constitución”: la circulación de la obra los Derechos y Deberes de los Ciudadanos escrita por Mably
La prédica constitucionalista asumida por la facción “patriota”, que tenía en los miembros del ayuntamiento constitucional un valioso apoyo, no solo se limitó a asegurar un margen de autonomía en el gobierno de la ciudad, sino propició la difusión de cierta ideología de tipo radical. No debe olvidarse que en Arequipa se había conformado una tertulia en la que figuraban José María Corbacho, Mariano Melgar, Mariano José de Arce, Francisco de Paula Quirós, entre otros, que simpatizaban con el ideario constitucional pero también se iban decantando por una opción separatista, al estilo del gobierno de Buenos Aires. Dentro de esta tertulia también formaban parte miembros de la familia Rivero.

Es en esta coyuntura que en el mes de junio se esperaba en Arequipa la llegada de la reimpresión de la obra de Mably, Derechos y Deberes del Ciudadano, que había sido impresa en Cádiz traducida y prologada por la marquesa de Astorga, y que fue remitida por el diputado Mariano Rivero, desde Cádiz, a su hermano Francisco Rivero. Según este último, a la sazón editor, el objeto que tuvo su hermano para la reimpresión de la obra en el Perú era “contribuir en quanto le sea posible a la felicidad de la América (…) a fin de que circulando por el reyno, llegue a manos de todos, para que logremos las conocidas ventajas que ella ofrece, y tener él la dulce satisfacción de haber cooperado a nuestros adelantamientos”[32]. En último término, se trataba de una obra necesaria para dar estabilidad a la Constitución que, desde su promulgación, había recibido duros ataques. El prefacio de la obra no podía ser más rotundo al respecto: “En la presente época en que nuestra libertad peligra, más por los ataques de los enemigos de nuestra Constitución, que por la fuerza de los enemigos exteriores, ninguna obra en mi concepto, podía ser tan útil a los españoles, como la de los derechos y deberes del ciudadano, en la qual con la mayor claridad y exactitud, se demarcan las facultades de los simples ciudadanos, y se circunscriben las funciones de los magistrados, tal qual deben ser en un país libre”[33].

La obra efectivamente circuló en Arequipa, Lima y otras ciudades del reino, a pesar de Abascal. Para combatirla el virrey hizo publicar el folleto El defensor de la patria al tribuno de Chile[34]. En él el autor no solo contestaba el prólogo de la obra de Mably, “Tan agradable al Sr. Rivero diputado de Arequipa, que ha inundado la América de exemplares, con el loable fin de instruir a sus compatriotas”, sino también se impugnaba la “acusación” contra el virrey pronunciada por Rivero en la sesión de las Cortes generales y extraordinarias de 1 de marzo de 1813[35].

Empero, Rivero no solo remitió a su hermano Francisco la obra de Mably, sino también las Cartas de un Americano al Español[36] escritas por Sevando Teresa de Mier, “para que se circulase en su fiel provincia de Arequipa”[37]. Las “Cartas” eran “un compendio de prácticamente todos los principales argumentos (históricos, políticos, sociales y económicos) que los americanos esgrimirían para oponerse, en el plano doctrinal e ideológico, a las pretensiones peninsulares”[38]. Eran pues, textos que justificaban plenamente la independencia de los americanos.

5. Las elecciones de diputados a Cortes ordinarias, diputado provincial y renovación del ayuntamiento constitucional
El mes de julio fueron convocadas por el gobernador intendente las elecciones para elegir los diputados a Cortes de la provincia. En la ciudad de Arequipa los “patriotas” nuevamente se apropiaron del espacio público para hacer triunfar la candidatura que patrocinaban. Fue elegido como elector del partido de Arequipa Nicolás Araníbar, alcalde de primer voto del ayuntamiento. Así, el 4 de octubre de 1813, reunidos los electores de seis de los siete partidos de la provincia, se procedió a la elección de los dos diputados propietarios y diputado suplente que correspondían. Resultaron elegidos Hipólito Unanue, Domingo Tristán (propietarios) y Francisco Javier de Luna Pizarro (suplente)[39]. El resultado de la elección no fue del agrado del virrey al conocer que el segundo diputado propietario lo era Tristán, coronel de los ejércitos reales que, cuando ejercía de intendente de La Paz, el año de 1810, gobernaba “en connivencia con Buenos Aires”[40]. Por ello la animadversión que sentía hacia Tristán, a quien consideraba “quizá el más inmoral, corrupto y malvado ciudadano de Arequipa, atribuyendo su elección a la presión de los sediciosos, los audaces y los intrigantes”[41]. No se equivocaba el virrey. Tristán fue elegido gracias al apoyo brindado por Nicolás Araníbar quien, al día siguiente, sería elegido diputado provincial y, como suplente, la elección recaería en Antonio Bedoya.

Sin embargo, las elecciones no se habían desarrollado en un clima de tranquilidad, no solo por la movilización popular electoral, sino porque en la ciudad se respiraba un ambiente de insurrección originadas por las victorias militares en el Alto Perú del ejército porteño al mando de Belgrano. Como consecuencia, el 27 de septiembre fueron apresados Manuel Rivero y Araníbar, regidor del ayuntamiento y padre del diputado en Cortes Mariano Rivero, y el subteniente Antonio Ferrandiz, acusados de intentar sublevar la ciudad “con sorpresa de los cuarteles, deposición del gobierno y a favor de los revolucionarios de Buenos Aires”[42]. Mas el avance de las tropas de la Junta de Buenos Aires sufrió un grave percance cuando el 1 de octubre fueron derrotadas por el ejército del rey al mando de Pezuela en la batalla de “Vilcapujio”. Como afirmara este general en su memoria militar, en ese día se podía decir “con toda verdad que se recuperó la América del sur” [43].

Momentáneamente contenidos los intentos de insurrección en la ciudad, los “patriotas” continuarían con sus pretensiones de mantener el predominio en el ayuntamiento constitucional, próxima la fecha de su renovación. En efecto, el mes de diciembre se convocó a elecciones para la renovación del ayuntamiento constitucional. Como en la anterior elección, los resultados fueron favorables a la facción “patriota”: entre los electores parroquiales figuraban Mariano José de Arce y José María Corbacho. El 28 de diciembre de 1813, reunidos los electores en el salón consistorial eligieron como alcaldes al marqués de Villa Hermosa y a Buenaventura Berenguel. Como segundo síndico procurador el cargo recayó en Francisco de Paula Quirós. Para el año de 1814, cuando estallaría la revolución cuzqueña, el ayuntamiento constitucional de Arequipa estaba conformado de la siguiente manera: marqués de Villa Hermosa y Buenaventura Berenguel (alcaldes); Tomás O’phelan, Francisco Javier de Arismendi, José Fernández Dávila, Manuel Cayetano de Loyo, Manuel Solórzano, Pedro de Murga, Andrés Eguilaz y Francisco de la Fuente y Loayza (regidores); Mariano Ureta y Francisco de Paula Quirós (síndicos procuradores).

6. Conclusión
La instauración de la Constitución de Cádiz en el Perú y, en particular, en la ciudad de Arequipa, permitió que sectores de la población, anteriormente excluida de los cargos públicos, pudieran acceder a ellos y, desde esos espacios, participar activamente en la vida política de sus ciudades, procurando ejercer cierta autonomía, conforme a las libertades y facultades que la Carta gaditana permitía. Sin embargo, la misma Constitución, en un inicio, dio lugar a que surgieran conflictos entre las diversas instancias de gobierno por imprecisión y vacíos en su normativa, las que posteriormente serían subsanadas por decretos de las Cortes. Esos conflictos, empero, también surgieron por la negativa de las autoridades tradicionales por desprenderse de facultades que, según la Constitución, ya no les correspondía. Significaba para ellos una pérdida de su preeminencia a favor de sectores considerados no aptos para ejercerlos. Más aun existiendo en la provincia conatos de sedición bajo el influjo del gobierno autónomo de Buenos Aires. Así, en Arequipa la Constitución habría de regir nominalmente. Los “patriotas” tomarían muy en cuenta las limitaciones de la Carta. Algunos de ellos, en su oportunidad, adoptarían la opción separatista.

[1] Víctor Peralta Ruiz. La independencia y la cultura política peruana (1808 – 1821). Lima: Instituto de Estudios Peruanos – Fundación M. J. Bustamante De la Fuente, 2010, pp. 247 y 254.
[2] Víctor Peralta Ruiz. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú 1806 - 1816. Madrid: CSIC, 2002, pp. 105 – 175; Valentín Paniagua Corazao. Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las elecciones (1809 – 1826). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 183 – 196, 223 – 231 y 242 – 250.
[3] Un esbozo de la elección y trayectoria del ayuntamiento constitucional de Puno intitulado ‘“Obra de la plebe”: El ayuntamiento constitucional de Puno, 1812 – 1814”, fue presentado por el suscrito en el “XV Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas y VIII Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia”. COESCO 2010. Lima, 08 – 12 de noviembre del 2010.
[4] Tal como sucedería en la ciudad de Puno corroborando, en alguna medida, la similitud de estos casos con lo sucedido en Lima y en el Cuzco.
[5] François – Xavier Guerra. “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina”, en Hilda Sábato (coordinadora). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México: El Colegio de México – Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 53.
[6] Jaime E. Rodríguez O. “Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812 – 1814”, en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. Nº 12. Bucaramanga, 2007, p. 382.
[7] Al rey nuestro señor el Pensador del Perú. Lima: s.p.d.i., 1815, pp. 58 – 59, nota 7.
[8] Ibíd., p. 59.
[9] Ibíd., p. 16.
[10] Oficio de Abascal al secretario de Estado y de la gobernación de ultramar, Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo XXII, Vol. 1. Documentación Oficial Española. Compilación y prólogo por Guillermo Lohmann Villena. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1972, p. 301.
[11] Al rey nuestro señor, p. 15.
[12] Ibíd., p. 59, nota 8.
[13] Gabriela Chiaramonti. “De marchas y contramarchas: apuntes sobre la institución municipal en el Perú (1812 – 1861)”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Nº 18, 2007, http://www.institucional.us.es/araucaria/nro18/minigr18_3.htm; Gabriela Chiaramonti. Ciudadanía y representación en el Perú (1808 – 1860). Los itinerarios de la soberanía. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM – Oficina Nacional de Procesos Electorales – Secretaría Europea para las Publicaciones Científicas, 2005, pp. 176 – 177.
[14] Al rey nuestro señor, p. 59, nota 8.
[15] Joaquín de la Pezuela. “Memoria militar del general Pezuela (1813 – 1815)”. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo XXVI, Vol. 1. Memorias, diarios y crónicas. Recopilación y prólogo de Félix Denegri Luna. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971, p. 244
[16] Al rey nuestro señor, p. 59, nota 8.
[17] Joaquín de la Pezuela. “Memoria militar del general Pezuela (1813 – 1815)”, p. 245.
[18] Verdadero Peruano. Tomo II, Nº XVI – XVII. Lima, 19 y 26 de agosto de 1813, pp. 127 - 140
[19] Reglamento para el gobierno de las audiencias y juzgados de primera instancia, relativo a la Constitución Política de la Monarquía Española. Lima. Imprenta de los Huérfanos por don Bernardino Ruiz, 1813.
[20] Verdadero Peruano. Tomo II, Nº XVI, p. 127.
[21] Ibíd., p. 128.
[22] Ibíd.
[23] Ibíd., p. 131
[24] Ibíd., p. 132.
[25] Ibíd., pp. 133 – 134.
[26] Ibíd., p. 134.
[27] Verdadero Peruano. Tomo II, Nº XVII, p. 135.
[28] Ibíd., pp. 136 – 137.
[29] Ibíd., p. 137.
[30] Ibíd.
[31] Ibíd., p. 139. Posteriormente, el decreto de las Cortes de 23 de junio de 1813, zanjaría el asunto, al precisar con meridiana claridad las facultades de los ayuntamientos constitucionales, diputaciones provinciales y jefes políticos, concordando con la postura asumida por el virrey Abascal. “Instrucción para el gobierno económico - político de las provincias”, en Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de setiembre del mismo año en que terminaron sus sesiones. Mandada publicar de orden de las mismas. Tomo IV. Cádiz: En la Imprenta Nacional, 1813, pp. 112 – 135.
[32] Derechos y deberes del ciudadano. Impresa en Cádiz en 1812, y reimpresa en Lima a costa de D. Francisco Rivero. Lima: Imprenta de los Huérfanos por D. Bernardino Ruiz, 1813, p. I. Equivocadamente Carmen Mc Evoy afirma que Bernardino Ruiz fungió “como editor y prologuista de los ‘Derechos y deberes del ciudadano’”, editándola “en su propia imprenta y con su propio dinero”. Carmen Mc Evoy. “Seríamos excelentes vasallos, y nunca ciudadanos: prensa republicana y cambio social en Lima (1791 – 1822”, en Margarita Guerra Martinière, Oswaldo Holguín Callo y César Gutiérrez Muñoz. Sobre el Perú. Homenaje a José Agustín de la Puente Candamo. Tomo II. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2002, p. 838.
[33] Ibíd., p. XII.
[34] El defensor de la patria al tribuno de Chile. Lima. Imprenta de los Huérfanos, 1813.
[35] Ibíd., pp. 2 – 3.
[36] Carta de un Americano al Español sobre su número XIX. Londres: Impreso por W. Lewis, 1811. Segunda carta de un Americano al Español, sobre su número XIX. Contestación, a su respuesta dada en el núm. XXIV. Londres: En la Imprenta de Guillermo Glindon, 1812.
[37] Al rey nuestro señor, p. 21.
[38] Roberto Breña. “Pensamiento político e ideología en la emancipación americana. Fray Servando Teresa de Mier y la independencia absoluta de la Nueva España”, http://cei.colmex.mx/Paginas%20profesores/brena.htm
[39] “Acta de elección de diputados por Arequipa ante las Cortes de Cádiz”, Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo I, Vol. 7. Los Ideólogos. Hipólito Unanue. Investigación, recopilación y prólogo por Jorge Arias – Schreiber Pezet. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974, pp. 400 – 402.
[40] Luis Miguel Glave. “Cultura política, participación indígena y redes de comunicación en la crisis colonial. El virreinato peruano, 1809 – 1814”, Historia Mexicana. Nº 1. México, 2008, p. 386.
[41] John Fisher. Gobierno y sociedad en el Perú colonial: el régimen de las intendencias, 1784 – 1814. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1981, p. 242.
[42] Oficio del gobernador intendente al virrey Abascal, Arequipa 1 de octubre de 1813, Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo XXII, Vol. 1. Documentación Oficial Española, p. 305. En octubre se produciría el levantamiento de Paillardelli en Tacna, intentona que fue debelada por fuerzas enviadas desde Arequipa.
[43] Joaquín de la Pezuela. “Memoria militar del general Pezuela (1813 – 1815)”, p. 257.

HACIA EL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 1812 - 2012

2011-04-24T10:54:00.001-07:00

Portada de la Edición Mexicana de la Constitución Política de la Monarquía Española

Edición de la Constitución de Cádiz reimpresa en México por D. Manuel Antonio Valdés el año de 1812. Así como en el Perú, en México u Nueva España la Constitución gaditana tuvo efectiva vigencia el periodo 1812 - 1814 y durante parte del trienio liberal.

En este link se puede consultar el texto:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013600/1080013600.html

NUEVAMENTE A PROPÓSITO DE LA PRIMERA CÁTEDRA PERUANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL.

2011-04-12T20:47:00.000-07:00

A Propósito de la Primera Cátedra Peruana de Derecho Constitucional *

I. La Historia Constitucional Peruana

El inicio del constitucionalismo en el Perú se remonta a la puesta en vigencia de la Constitución de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, publicada y jurada en todas las provincias del “reino”. La Constitución gaditana, como ya lo habían advertido Víctor Andrés Belaunde y Luis Alayza y Paz Soldán rigió y tuvo “trascendencia efectiva en el Perú”(1). Y no fueron “contadas disposiciones” las que fueron aplicadas, pese al recelo del virrey Abascal. Estudios recientes han demostrado que diversas instituciones previstas en la Carta fueron aplicadas en el Perú tanto los años de 1812 – 1814, como en el período de su restauración los años 1820 – 1824 (2). Vienen a la memoria las disposiciones sobre las elecciones de miembros de los ayuntamientos constitucionales, miembros de las diputaciones provinciales y representantes a las Cortes. Téngase en consideración, además, que en el periodo de 1812 – 1814, los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales funcionaron con normalidad en todo el virreinato. Lo mismo sucedió los años de 1820 – 1824, aunque a partir de 1821 solo en los territorios bajo el dominio realista. Por tanto, no puede decirse tan ligeramente que la Constitución de Cádiz “no tuvo mayor vigencia en el Perú”, como los sostiene Carpio Marcos.

II. Las Cátedras de “Constitución” previstas en la Constitución de Cádiz

Luis Sánchez Agesta tratando de las primeras cátedras españolas de derecho constitucional fundadas en Valencia y Madrid los años de 1813 y 1814 (3), manifiesta que dichas cátedras “estaban vinculadas a la Constitución gaditana de 1812 (…) porque el texto de Cádiz había en cierta manera previsto en el artículo 368 la enseñanza del Derecho constitucional en todos los centros de estudio” (4). El texto del referido artículo, correspondiente al título IX relativo a la Instrucción Pública, decía lo siguiente: “El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reyno, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas” (5).

El precepto, pues, tenía una clara “intención política: difundir y propagar el conocimiento del nuevo orden político” liberal, por lo que dichas cátedras eran ajenas “a toda intención puramente teórica”. Se trataba más bien de un “propósito de pedagogía política popular” (6). Se quería que “todos conozcan la Constitución” a la manera de una “catequesis política” para la formación de ciudadanos (7). De ahí la publicación de los catecismos políticos destinados a ese fin, que circularon en la península y en los diversos “reinos” americanos. Uno de los cuales era el Catecismo político arreglado a la Constitución de la Monarquía Española; para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud, y uso de las escuelas de primeras letras (8). En resumidas cuentas, el catecismo político consistía en comentarios en forma de preguntas y respuestas en relación a todo el articulado de la Constitución de Cádiz. Sería, por tanto, salvando ciertas distancias, el primer texto o libro de contenido constitucional publicado en el Perú.

Ahora bien, las cátedras de Constitución que se fundaron en España no fueron establecidas por el “poder Público”, sino por iniciativa de instituciones aisladas y de particulares (9). Que ello fuera la regla lo parece confirmar la petición planteada ante las Cortes por Sebastián de la Paliza, rector del colegio de San Bernardo y miembro de la Diputación Provincial del Cuzco. En efecto, en sesión del 1 de marzo de 1814 correspondiente a la segunda legislatura ordinaria de Cortes, se leyó la exposición de dicho personaje en la que daba cuenta “de que luego que recibió la Constitución la explicó en el colegio de San Bernardo” y al mismo tiempo había “reunido un fondo de 4.000 mil pesos para dotar una cátedra de Constitución, en la que se explicase por dos años el derecho natural y de gentes, que con otros dos de legislación patria, civil y criminal se habilitasen los profesores para recibir el grado, que no debería confiarse sino a los que hubiesen completado este estudio.” (10).

No debió ser casualidad dicha petición habida cuenta del influjo constitucional en la ciudad cuzqueña. El colegio de San Bernardo del Cuzco se erigió como abanderado de la difusión de los nuevos conocimientos en el derecho público a fin de velar por la correcta ejecución y observancia de la Constitución. Ni era casual tampoco, que uno de los profesores en dicho centro de estudios lo fuera Carlos Jara, catedrático de filosofía y conspicuo constitucionalista, cuya fe constitucional la expresó en los discursos que pronunciara en las diversas actuaciones oficiales con motivo de la puesta en planta de las instituciones constitucionales (11).

A pesar de la existencia de la petición a las Cortes para la provisión de una cátedra de Constitución en el colegio de San Bernardo del Cuzco, no tenemos conocimiento de la resolución de las Cortes ni si en efecto se estableció dicha cátedra. Por la fecha de la lectura de la exposición en las Cortes, el año de 1814, podemos aseverar que no se logró inaugurar dicha cátedra. El mes de mayo Fernando VII disolvía las Cortes y declaraba nulas y sin valor los decretos que esta había expedido así como la propia Constitución.

Habría de transcurrir más de un lustro para que se instauraran las cátedras de Constitución en el Perú. Restaurada la Constitución de Cádiz el año de 1820, tras el pronunciamiento de Riego, en la Real Universidad de San Marcos se crearía una cátedra destinada al estudio de la Constitución Política de la Monarquía Española. En efecto, entre los cursos que se dictaban en la universidad figuraba la cátedra de vísperas de leyes y “de la Constitución Política de la Monarquía Española”, cátedra que le fue asignada a Manuel de Urquijo el 15 de enero de 1821, como sustituto del titular Justo Figuerola (12). Sin embargo, no duraría mucho la existencia de dicha cátedra. La proclamación de la independencia en Lima estaba por hacerse realidad. Empero, no tenemos información sobre la existencia de cátedras de Constitución en las otras universidades peruanas sometidas al dominio de las tropas reales.

III. La Primera Cátedra de Derecho Constitucional en el Perú

La primera cátedra de Derecho Constitucional en el Perú republicano, tal como sostiene Carpio Marcos, se instituyó el año de 1826, durante la vigencia del régimen bolivariano. Por decreto de 26 de octubre de 1826, publicado en el Registro Oficial de la República Peruana, reformando el convictorio carolino, ahora denominado Convictorio Bolívar, por boca del artículo 7 se instituían las diversas cátedras del colegio, figurando entre ellas la cátedra de “Derecho público y constitucional” (13).

Posteriormente, el 18 de noviembre de 1826, en parte oficial del Ministerio del Interior, publicado en el diario El Peruano, se “nombraba” a los profesores de las asignaturas creadas. En la asignatura que nos compete se designaba al Dr. don Antonio Amézaga, quien también se haría cargo de la cátedra de “Derecho Natural y de Jentes” (14).

IV. El Primer Libro de Derecho Constitucional Impreso en el Perú

Carpio Marcos afirma que “en el año 1827 aparece en Lima lo que hasta ahora parece ser el primer libro de Derecho Constitucional impreso en el Perú”. Se trataba de los dos tomos de las Lecciones de Derecho Público Constitucional para las escuelas de España (15) escrito por Ramón Salas y Cortés, aparecido con el sello de la Imprenta Republicana de José María Concha, en un solo volumen.

No pretendemos negar que dicho libro, en efecto, sea el primer texto de Derecho Constitucional impreso en el Perú. Lo daremos por aceptado. Sin embargo, lo que pretendemos es desvirtuar las razones expuestas por Carpio sobre el verdadero sentido de la reimpresión de dicha obra en el Perú. No lo fue para que “sirviera de manual de enseñanza en la naciente asignatura de Derecho Público y Constitucional” (16).

El motivo de la impresión de dicho texto en el Perú fue la coyuntura constituyente en la que se encontraba el país, luego de la caída del régimen bolivariano instaurado en el Perú. Así, ya en aires de libertad, el 14 de marzo, en un remitido publicado en El Peruano, dándose cuenta de la “subcripción” (sic) a dicho libro, se decía lo siguiente:

“Las lecciones de derecho público constitucional por Ramón Salas son apenas conocidas. Estamos persuadidos de que esta obra es en el día sumamente necesaria y tratamos de reimprimirla, para que salga a luz antes de la reunión del Congreso. Los vitalicios quisieron impedir que corriesen los pocos ejemplares que habían llegado de Europa, y que no se hiciesen nuevas introducciones. Ofrecían por cada uno cuanto dinero se pidiese. Nosotros por el contrario queremos hacer de esta obra la lectura de los peruanos. Los amantes de la libertad protejen (sic) lo que persiguen los déspotas. Como carecemos de fondos para costear la reimpresión, abrimos una suscripción que admitirá D. Lorenzo Valderrama en su tienda del portal de Botoneros. El precio de cada ejemplar a la rústica es de dos pesos. El que sabe lo costosas que son las ediciones en Lima, conocerá que esta obra que tiene dos volúmenes con 618 pájinas (sic), se da a costo, y costo. Los que se suscriban harán un servicio a la patria. (17)”

* Comentario a propósito de la ponencia de Edgar Carpio Marcos, “La primera cátedra peruana de Derecho Constitucional”, presentada al X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Lima, 16 al 19 de septiembre del 2009.
1. Víctor Andrés Belaunde. Bolívar y el pensamiento político de la revolución hispanoamericana. Lima: Jomm, Asociados S.R.L. Editores, quinta edición, 1983 (1938), p. 87; Luis Alayza y Paz Soldán. La Constitución de Cádiz 1812. El egregio limeño Morales y Duárez. Lima: Editorial Lumen, 1946, pp. 23 – 24 y 90.
2. Víctor Peralta Ruiz. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú 1806 - 1816. Madrid: CSIC, 2002; Valentín Paniagua Corazao. Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las elecciones (1809 – 1826). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo de Cultura Económica, 2003. Gabriella Chiaramonti. Ciudadanía y representación en el Perú (1808 – 1860): los itinerarios de la soberanía. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – SEPS – ONPE, 2005; Víctor Peralta Ruiz. La independencia y la cultura política peruana (1808 – 1821). Lima: IEP – Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, 2010.
3. Luis Sánchez Agesta. “Las primeras cátedras españolas de Derecho Constitucional”, en Revista de Estudios Políticos. Nº 126. Madrid, 1962, pp. 157 – 167.
4. Ibíd., p. 157.
5. Constitución Política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Lima: en la Imprenta de los Huérfanos, 1812.
6. Luis Sánchez Agesta. “Las primeras cátedras españolas de Derecho Constitucional”, p. 161.
7. Ibíd., p. 162.
8. Escrito por D.J.C. De las varias impresiones españolas mencionaremos las siguientes: Madrid, en la Oficina de Collado, 1812; Palma, Imprenta de Miguel Domingo, 1812. En el Perú la reimpresión se hizo en la imprenta de D. Bernardino Ruiz, 1813. En El Investigador se anunció la venta de ese folleto. El Investigador del Perú. Nº 61. Lima, 3 de marzo de 1814, ff. 8.
9. Luis Sánchez Agesta. “Las primeras cátedras españolas de Derecho Constitucional”, p. 158.
10. Cortes. Actas de las sesiones de la legislatura ordinaria de 1814. Dieron principio el 1º de marzo de 1814 y terminaron el 10 de mayo del mismo año. Madrid: Imprenta y Fundición de la Viuda e Hijos de J. Antonio García, 1876, p. 8.
11. “Oración pronunciada el día 14 de febrero de 1813 en el ayuntamiento de la ciudad del Cuzco (…) por uno de los electores que instalaron el nuevo cabildo constitucional”. La referencia del impreso en Verdadero Peruano. Nº 55. Lima, 3 de junio de 1813, pp. 39 – 40; “Oración que D. Carlos Xara catedrático de filosofía, en el convictorio de S. Bernardo de la ciudad del Cuzco, pronunció a nombre de este cuerpo, ante la Junta Provincial en el día de su instalación”, en El Peruano Liberal. Nº 7. Lima, 21 de octubre de 1813, pp. 53 – 59.
12. Ella Dunbar Temple. La Universidad de San Marcos en el proceso de la emancipación peruana. Prólogo a la Universidad. Tomo XIX, volúmenes 1 – 3 de la Colección Documental de la Independencia del Perú. Lima: Separata publicada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Homenaje al Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974, p. CXXXII.
13. Registro Oficial de la República Peruana. Nº 16. Lima, 4 de noviembre de 1826, p. 5.
14. El Peruano. Nº 49. Lima, 18 de noviembre de 1826, p.1.
15. Ramón Salas. Lecciones de Derecho Público Constitucional para las escuelas de España. Tomo I. Madrid, Imprenta de Censos, 1821. Tomo II. Madrid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1821.
16. Cursivas del autor.
17. El Peruano. Nº 20. Lima, 14 de marzo de 1827, p. 4.

Hacia el Bicentenario de la Constitución de Cádiz 1812 - 2012

2011-02-12T14:58:00.000-08:00

Constitución Política de la Monarquía Española

Portada de la reimpresión limeña de la Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Se realizó en virtud de real orden del 8 de junio de 1812 facultando al virrey Abascal disponga la reimpresión de la ley fundamental. En noviembre de 1812 Abascal ordenó se reimpriman cuatro mil ejemplares con el fin de circularse "a las autoridades del distrito, y venderse al público de cuenta del Estado". La edición limeña se imprimió en la Imprenta de los Huérfanos el año de 1812.

El documento puede consultarse en línea accediendo al siguiente link: http://www.archive.org/stream/constitucionpoli00spai#page/n7/mode/2up

Para acceder al mismo en formato pdf u otros pueden acudir a la siguiente dirección: http://www.archive.org/details/constitucionpoli00spai

Tres Importantes Colecciones Digitales de Libros y Folletos Peruanos en Internet

2011-01-09T09:02:00.000-08:00

Tres Importantes Colecciones Digitales de Libros y Folletos Peruanos en Internet

Hasta el momento hemos podido encontrar en internet, tres importantes páginas con colecciones digitalizadas de libros y folletos peruanos que van de los siglos XVII al XIX. En ellas no solo se encontrarán folletos políticos sino también de otras materias. Sin embargo, no es solo eso. También se están "colgando" varios periódicos como la Gazeta de Lima de diciembre de 1743 a enero de 1744, números del Diario de Lima del año 1793, varios tomos del Mercurio Peruano, el tomo I de El Peruano 1811 y algunos extraordinarios del año 1812, la colección completa del Verdadero Peruano 1812 - 1813 y los diez primeros números de El Peruano Liberal 1813, entre otros números sueltos de otros periódicos.

Dichas páginas, de acuerdo a la cantidad de textos digitalizados podemos clasificarlos según este orden de prioridad:

1. Internet Archive, que ha digitalizado varios textos y periódicos de la colección Perú de la John Carter Brown Library. El link es el siguiente: http://www.archive.org/search.php?query=jcbperu

2. El catálogo Hollis Classic de la Harvard University con varios folletos digitalizados, cubriendo en algunos casos el siglo XX. El link de búsqueda es el siguiente: http://lms01.harvard.edu/F/HYTFJ7ITN4FHCB3J3RPQUUX4618HX7GV51DU9E9K6XAHEY28US-04436?func=find-b-0&local_base=net

3. La Biblioteca Digital Hispánica con folletos peruanos existentes en la Biblioteca Nacional de España principalmente del siglo XIX. El link de la Colección Perú es el siguiente: http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?field=todos&text=peru&exact=on&advanced=false&completeText=&pageNumber=1&pageSize

NOVEDAD EDITORIAL: QUÉ ESPERAR DE LA DEMOCRACIA. LÍMITES Y POSIBILIDADES DEL AUTOGOBIERNO

2010-09-17T19:29:00.000-07:00

Qué esperar de la democracia
Límites y posibilidades del autogobierno

Adam Przeworski

¿Qué hacen las personas cuando votan? Votar es un acto físico: pronunciar en voz alta el nombre de alguien, introducir un papel en una caja, apretar un botón, tocar una pantalla. Pero tanto las consecuencias políticas como las interpretaciones culturales de ese acto han sido profundamente distintas en países y épocas diferentes. Votar no es lo mismo que elegir; en realidad, puede no tener ninguna relación con elegir.

En este libro ambicioso y oportuno, Adam Przeworski -quien dedicó sus investigaciones a explorar los límites de la democracia- revisa la historia de las instituciones representativas, a la vez que ofrece una original mirada sobre la genealogía y la lógica de los ideales de autogobierno, libertad e igualdad, apoyada en modelos analíticos y análisis estadísticos.

Con esclarecedores argumentos el autor reflexiona acerca de por qué la democracia es hoy el único principio de legitimidad disponible para los gobernantes y aceptable para los ciudadanos, por qué deberíamos elegir ese sistema, qué podemos esperar de él y en qué aspectos deberíamos reformarlo.

Adam Przeworski: De nacionalidad polaca-estadounidense es uno de los cientistas políticos más reconocidos y destacados a nivel mundial. Su línea fundamental de investigación se concentra en la relación entre democracia, capitalismo y desarrollo económico

Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010, 296 pp.

XV Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas y el VIII Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia

2010-09-08T06:59:00.000-07:00

XV Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas y el VIII Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia

La Comisión Organizadora de Estudiantes del Coloquio (COESCO 2010) invita a la comunidad académica y a todos los interesados a participar del XV Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas y al VIII Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

El XV Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas y el VIII Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia, es una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional Federico Villarreal a través de la Facultad de Humanidades y la Comisión Organizadora de Estudiantes del Coloquio de Historia (COESCO), coorganizada junto con el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y auspiciada por el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). En ella coinciden el interés por la investigación de los jóvenes estudiantes de historia y la exposición de historiadores de vasta trayectoria, que dan a conocer los avances de sus investigaciones.El coloquio tiene por objetivo desarrollar una propuesta profesional sustentada en la investigación de las diferentes temáticas de la historia.

En su XV edición, el Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas y el VIII Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia está orientado a la Conmemoración de los Bicentenarios de las Independencias Americanas, acontecidos entre 1808 y 1824. Los Bicentenarios son una oportunidad importante para reflexionar sobre la construcción de las naciones y las identidades durante el período de formación de las naciones latinoamericanas.

Para mayor información sobre nuestro evento académico puede visitar nuestro blog:

http://coescounfv.blogspot.com/

"OBRA DE LA PLEBE": EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNO, 1813 - 1814

2010-07-24T13:50:00.000-07:00

“OBRA DE LA PLEBE”: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNO, 1813 – 1814

1. Introducción
La instauración de los ayuntamientos constitucionales en el virreinato del Perú en la época de vigencia de la Constitución de Cádiz ha sido materia de estudio, en esta última década, tanto por juristas como por historiadores[1]. Sin embargo, los estudios de caso solo se han referido a la vigencia de estos en las ciudades de Lima y el Cuzco[2], sin tratar lo sucedido en las otras seis ciudades capitales de intendencia del virreinato peruano como lo fueron las ciudades de Arequipa, Puno, Huamanga, Huancavelica, Tarma y Trujillo (no consideramos el caso de la gobernación de Guayaquil, que ha sido estudiado por Jaime E. Rodríguez O.[3]), por no decir las demás ciudades de importancia del “reino”: Piura, Ica, Chachapoyas, Huánuco, entre otras, o la infinidad de cabildos instalados en otras poblaciones, la “revolución territorial” a decir de Antonio Annino[4].

El presente trabajo es un esbozo de la repercusión de los ayuntamientos constitucionales en la ciudad de Puno, ciudad en la que también los miembros de la nueva corporación municipal pretendieron erigirse como auténticos representantes de su jurisdicción, sobreponiéndose a las autoridades tradicionales.

2. La Constitución de Cádiz en Puno
La noticia del arribo de la Constitución en Puno no fue del agrado del gobernador intendente. Este personaje manifestaría una profunda animadversión a la Constitución. Así decía: “La infame constitución, ese código destructor de los sagrados derechos del Rl. Trono, ese instrumento mortal del reposo en que vivían los habitantes del continente peruano rindiendo gustosos el homenaje de fieles vasallos al más benigno y amable de los monarcas fue el móvil fundamental de la desorganización de la capital de Puno y progresivamente de toda su provincia”[5]. No obstante la repugnancia del gobernador intendente, la Constitución fue publicada el 30 de noviembre de 1812 y, al día siguiente, 31, se hizo el respectivo juramento, presidiendo los actos Quimper[6].

Amparados en la Constitución, también en Puno se conformó una facción “constitucional”. Sus integrantes vieron el momento propicio para hacerse cargo del gobierno local, buscando hacer efectivas sus pretensiones de gobierno autónomo y, en algunos casos, la opción de una autonomía mediante el separatismo, a imitación del gobierno de Buenos Aires.

3. El Ayuntamiento Constitucional de Puno
El 4 de enero de 1813 el gobernador intendente de la provincia comunicó al virrey Abascal haber recibido el bando publicado en Lima para la elección de oficios del ayuntamiento, “sobre cuyo exacto cumplimiento” no perdería “momento”[7]. En tal virtud, el 12 de enero se realizó la elección de los miembros del ayuntamiento constitucional de Puno[8]. En las actividades previas a la elección trabajaron con mayor eficacia los constitucionales, logrando obtener la mayoría de los cargos de electores parroquiales. En consecuencia, el día de la elección de los miembros del ayuntamiento constitucional el triunfo correspondió a dicha facción. Conformaban la nueva corporación municipal los siguientes personajes: Manuel Martín de Rivarola (alcalde de primera nominación), José Benito Laso de la Vega (alcalde de segunda nominación); Juan Manuel Peralta, José Antonio de los Ríos, Eusevio García, Casimiro Rudecindo Bravo, José Cano, Manuel Eusevio Bermejo, Pascual Toledo, Manuel Pino y Bernardo Portugal (regidores); Juan Ignacio Velarde y Domingo Terroba (síndicos procuradores).

Como era de esperarse, la victoria de los “constitucionalistas” no fue del agrado del gobernador intendente. No solo por la personalidad de los elegidos, sino por la movilización política de la población en el nivel de la elección parroquial, lo que preocupó a las autoridades. Por esa razón Quimper criticó con dureza “la publicación de la maldita ley” estableciendo los intrigantes principios de las juntas electorales parroquiales que precedían las juntas electorales de provincia que, “en traviesa, estudiosa votación formalizaban los Ayuntamientos”, dejando en el suelo puneño el germen revolucionario.

Para Quimper de esas “viciosas juntas y elecciones” salían los opositores al gobierno legítimo. Los pueblos se conmovían por el influjo de unos cuantos malvados, extranjeros o sujetos carentes de la vecindad “para proceder con la fidelidad y amor que se requería”, solo procurando “hacer brillar su partido para hacer otros tantos magistrados que dominaban la provincia con oyamiento de la autoridad legítima, como fue vista por los nuevos Ayuntamientos de las capitales de provincia y de los pueblos que se criaron, otros tantos enemigos del gobierno y derecho soberano porque siendo compuesto no de las primeras personas, como antes era visto sino en la mayor parte de sujetos de baja extracción, viciosos y acaso criminales, porque el bajo pueblo por su ignorancia seducido por varios de estos los aclamaban atropellando intrépidamente a los que en clase superior se oponían a sus perversas ideas”[9].

La nueva corporación municipal, ya en funciones, muy pronto hubo de tener conflictos con el gobernador intendente, jefe político de la provincia, porque al tener origen popular por medio de las elecciones se consideraba como único representante legítimo de la ciudad[10]. El conflicto se agudizó cuando los miembros del cabildo se negaron a reconocer privilegios al gobernador intendente y a los ex regidores[11]. Ese mismo día, el ayuntamiento remitió una consulta al virrey en relación al viaje del diputado electo a las Cortes generales y extraordinarias, Tadeo Gárate. Según los capitulares los poderes de Gárate estaban revocados y más aún cuando según los artículos 91 y 97 de la Constitución no podía ejercer la diputación de la provincia por no tener los siete años de vecindad y ser además empleado nombrado por el gobierno en la misma provincia. Por tales razones, el ayuntamiento hacía las diligencias necesarias para proceder a la elección de los tres diputados que representarían a Puno en las próximas Cortes ordinarias, siendo “quizá la primera de las subalternas, que con la mayor fidelidad y celo posible se ha esmerado en cumplir los ápices de la Constitución y ejecutar con prontitud las órdenes superiores de V. E. análogas a su plan”[12]. La decisión del cabildo, empero, tenía claras connotaciones políticas. Gárate era un connotado absolutista y adicto al gobernador. No era favorable al ayuntamiento su partida a España como representante de la provincia puneña. Con todo, Gárate viajó a las Cortes para ejercer el cargo de diputado.

El 18 de mayo, el gobernador se quejó nuevamente ante el virrey por las “despóticas arbitrariedades” del ayuntamiento constitucional[13]. El comportamiento de los miembros del ayuntamiento constitucional con respecto al gobernador intendente tenía como fundamento la poca claridad de la normativa constitucional. Esta establecía como órgano superior a los ayuntamientos a la diputación provincial, presidida por el jefe político, ente que para el caso de Cuzco y Puno correspondía a la diputación provincial del Cuzco. No decía nada, en cambio, sobre la existencia de jefes políticos subalternos ni de la subsistencia de los gobernadores intendentes en las nuevas circunscripciones que resultarían de la división administrativa producto de la Constitución. Por tanto, los capitulares puneños consideraban que en Puno, el ayuntamiento constitucional puneño asumía las facultades del gobierno en la circunscripción en toda su extensión. Por esa razón, en sus comunicaciones oficiales daban a conocer sus prerrogativas: “Este cuerpo que representa los derechos del pueblo y sus ciudadanos, encargado por las peculiares incumbencias de sus institución a la fiel observancia de las soberanas sanciones”[14].

Uno de los promotores de las reivindicaciones del ayuntamiento constitucional de Puno lo era José Benito Laso, alcalde de segunda nominación y abogado de la Real Audiencia del Cuzco. Si bien Laso aceptó con beneplácito la Constitución gaditana y las pretensiones de autonomía de criollos y mestizos de la ciudad al amparo de la normativa constitucional, también era conocido que trabajaba en concordancia con el gobierno autónomo de Buenos Aires. Su conducta, liderando el ayuntamiento constitucional de Puno, fue observada con animosidad y caracterizada como insubordinada por el gobernador intendente. En efecto, Quimper, en comunicación al virrey Abascal, manifestaba que en la capital de Puno había un “Espíritu de Anarquía con qe. se hallan muchos yndividuos de esta Captl. abrigándose a la sombra del savio código de Constitución”, a imitación “del principal órgano de este Yltre. Ayto. que les ha persuadido con sus producciones y hollamiento de la autoridad del Govrno. con depresión de sus facultades en los oficios pasados por esta junta o consejo qe. ha dictado su cavilosidad como Alcalde de 2º voto y Abogado de la Rl. Auda. del Cuzco[15].Por estas y otras razones, Quimper solicitaba al virrey ordenar la separación de Laso de la ciudad de Puno con destino a Lima. No solo por su conducta, contraria al gobierno, simo por haber sido elegido sin tener los cinco años de residencia que prescribía el artículo 317 de la Constitución Política para ejercer el cargo. Asimismo, solicitaba se le facultara “para remitir todo sospechoso e insubordinado” con destino a la ciudad de Lima[16].

Sin embargo, Laso no fue separado de la ciudad, subsistiendo los conflictos y comprometiendo la autoridad del gobernador intendente, a tal punto que la audacia de los miembros del ayuntamiento se incrementó “avanzándose a vociferar del gobierno anterior a su creación, sin excepción del Superior a quien satirizaban en plaza pública y en lo que ellos llamaban Consejo para acordar sus arbitrariedades”[17]. La actitud autónoma del ayuntamiento constitucional de la ciudad de Puno fue imitada por otros ayuntamientos de la circunscripción, como en el caso del ayuntamiento constitucional de Huancané, en el que varios de sus miembros incitaron a los “naturales” no hacer efectivo el pago de la contribución voluntaria. Esos hechos motivaban amargas quejas de Quimper en sus misivas al virrey. A su criterio, todo el problema lo había causado el ayuntamiento constitucional de Puno, porque desde su instalación, sus máximas se habían transmitido a los otros ayuntamientos, generándose un estado de insubordinación, que solo podía “cortarlos la fuerza”[18], como sucedería posteriormente.

Con el propósito de contener a los ayuntamientos constitucionales dentro de los límites fijados por la Constitución, el general Pezuela fue enviado con destino a Arequipa y Puno. El 28 de abril partió del Callao, decía Pezuela, “con la instrucción que me dio el Virrey para sosegar las competencias de los intendentes de Arequipa y Puno con los cabildos constitucionales y particulares de ambas ciudades, en donde el fuego de la independencia obraba con mucha actividad”[19]. Después de cumplir su encargo en Arequipa, salió de esa ciudad con destino a Puno el 23 de junio, arribando el 29. Según sus propias palabras tuvo “que hacer bastante para conciliar los ánimos del Intendente, cabildantes y otros que estaban en una total desavenencia”[20]. Sin embargo, con mucha diligencia logró su propósito, recibiendo del ayuntamiento un oficio por el cual los capitulares “para siempre ofrecía(n) la mejor armonía con el Intendente”. El 2 de julio Pezuela partió de Puno con dirección al Desaguadero, logrando aparentemente conciliar los ánimos del intendente y miembros del ayuntamiento constitucional. Asimismo, dejó un destacamento militar conformado de 40 hombres[21].

La conciliación lograda por Pezuela dio sus frutos momentáneamente. Ocurrió cuando se produjeron rebeliones en la capital del partido de Lampa a consecuencia de la negativa de algunos “ayllus” a pagar la “contribución voluntaria”, medida de fuerza que se iba extendiendo a otros partidos, lo que obligaba al gobierno a requerir fuerzas para contener la insubordinación[22]. Lo mismo sucedió cuando en cabildo presidido por el gobernador intendente se acordó “estimular” a los naturales de la provincia para el pago de la contribución voluntaria, “haciéndoles ver de este modo era satisfactoria y no degradante contribución que exigían tales actuales críticas circunstancias de sostener un exército en campaña en defensa de los propios bienes y tranquilidad pública”[23]. Esa concordancia, sin embargo, se deterioraría.

4. La renovación del ayuntamiento constitucional
Llegado el mes de diciembre, fecha de la renovación del ayuntamiento constitucional, nuevamente los “constitucionales” hicieron grandes esfuerzos para que sus candidatos triunfaran en las elecciones parroquiales y de provincia, lo que lograron utilizando los mismos métodos empleados en la anterior elección, porque “tres meses antes de su nueva instalación ya había publicado a sus dos Alcaldes Don Ramón Echenique y el Doctor Don Manuel Velarde, ventilando sus calidades, y realizando su Plan al sufragio de unos Electores faccionarios que concordaban con sus ideas”[24].

Los nuevos miembros del ayuntamiento constitucional de Puno para el año de 1814 fueron los siguientes: Manuel Velarde y Ramón de Echenique (alcaldes de primera y segunda nominación, respectivamente), Manuel Ledesma, Mariano Esteves, Nicolás Calisaya, Evaristo Franco, Vicente Rodríguez, Leonardo Solórzano y José Patricio Silva Salgado (regidores y procurador síndico). Posteriormente, como había fallecido el regidor Evaristo Franco, los capitulares puneños, sin acudir a los electores anteriormente nombrados, decidieron reemplazarlo por votación de sus propios integrantes, eligiéndose a Felipe Arce, decisión que contravenía lo dispuesto por decreto de las Cortes[25]. Varios de estos personajes, entre ellos el alcalde de segunda nominación, Ramón de Echenique, prosiguieron los enfrentamientos con el gobernador intendente, un ejemplo concreto fue el suscitado con motivo de la elección de diputados a Cortes por la provincia para el bienio de 1815 – 1816.

Las divergencias continuaron y tuvieron su explosión con el conocimiento en Puno de la revolución estallada en la ciudad del Cuzco, cuando varios de los miembros del ayuntamiento constitucional, a pretexto de oponerse y defender la ciudad del comisionado de la junta cusqueña Pinelo, poco a poco fueron preparando el ambiente en la ciudad para sumarse y plegarse a la revolución cusqueña. Quimper fue informado de tal situación, comunicándosele que la noche del 25 de agosto estallaría la revolución en la ciudad. Esa noche se presentaron en la casa de Quimper el alcalde Ramón de Echenique y el regidor Manuel Bermejo, quienes le hicieron conocer la decisión de la provincia a favor de los revolucionarios del Cuzco. Así, el ayuntamiento constitucional puneño hizo alianza con la junta del Cuzco, según el gobernador intendente, “por medio de su Cabildo, y por bando publicado en 25 (26) de agosto del pasado año de 1814, un día después de su alzamiento infame, según debe constar en el Acta que formalizó al intento”[26]. Quimper, viendo “que la capital se hallaba decidida por el gobierno revolucionario del Cuzco” solicitó le permitieran retirarse a la ciudad de Arequipa[27].

El principal revolucionario, de acuerdo con el propio Quimper, lo era José Benito Laso de La Vega quien había entrado en alianza con los revolucionarios del Cuzco y “provocado al caudillo Pinelo que entrase con toda seguridad en su capital sino también auxiliando con tropas para la toma del Desaguadero y sanguinario pillaje de la ciudad de la Paz que ya lo tenían prevenido y a los infames traidores Mateo Pumacahua y Vicente Angulo, con el entusiasmo mayor franqueándole toda la oficialidad soldados e indiada para la toma de Arequipa, acaecida el 10 de noviembre de 1814”[28]. Puno, posteriormente, fue “sujetada” por las armas del rey mediante los “reiterados” ataques del gobernador intendente interino Francisco de Paula González, subyugando a los rebeldes de toda la provincia, pasando por las armas a “varios insurgentes”[29].

5. Conclusión
La instauración de la Constitución de Cádiz en el Perú y, particularmente, en el caso de Puno, permitió que sectores de la población, anteriormente excluida de los cargos públicos, pudieran acceder a ellos y, desde esos espacios, participaran activamente en la vida política de sus ciudades, procurando ejercer ampliamente las libertades y facultades que la Carta gaditana permitía, de tal modo que se creó una retórica y cultura contra la “arbitrariedad” propia del régimen despótico anterior a la Constitución, tal como lo ha señalado Víctor Peralta. Sin embargo, los efectos expansivos de la revolución del Cuzco hizo que la mayoría de miembros del ayuntamiento constitucional puneño optaran por la insurgencia, dados los vínculos de la región con el gobierno autónomo de Buenos Aires y también, por las opciones separatistas de algunos de sus ex miembros, tal el caso de Benito Laso.

[1] Entre los juristas Valentín Paniagua Corazao. Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las elecciones (1809 – 1826). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 181 - 253; entre los historiadores Víctor Peralta Ruiz. “Los inicios del sistema representativo en el Perú. Ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales, 1812 – 1814”, en Marta Irurozqui Victoriano (ed.). La mirada esquiva. Interacciones entre Estado y ciudadanía en el área andina (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX. Madrid: CSIC, 2005, pp. 65 – 92; Gabriella Chiaramonti. Ciudadanía y representación en el Perú (1808 – 1860): los itinerarios de la soberanía. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – SEPS – ONPE, 2005.
[2] Víctor Peralta Ruiz. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú 1806 - 1816. Madrid: CSIC, 2002, pp. 105 – 175. El mismo Peralta ha manifestado que los “únicos dos ayuntamientos constitucionales de los que se tiene suficiente información relacionada con su elección y trayectoria son los de Lima y Cuzco”. Víctor Peralta Ruiz. La independencia y la cultura política peruana (1808 – 1821). Lima: IEP – Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, 2010, p. 247.
[3] Jaime E. Rodríguez O. “De la fidelidad a la revolución: el proceso de independencia de la antigua provincia de Guayaquil, 1809 – 1820”, en Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia. Nº 21. Quito, 2004, pp. 60 – 81.
[4] Antonio Annino. “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812 – 1821”, en Antonio Annino (coord.). Historia de las elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX. De la formación del espacio político nacional. Buenos Aires: FCE, 1995, pp. 177 – 226.
[5] Informe de Manuel Quimper, julio 1 de 1816, en Susana Llontop Sánchez Carrión. Actuación de los diputados peruanos titulares 1812 – 1814. Tesis Doctoral. Lima: Pontificia Universidad Católica. Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas, 1974, p. 80.
[6] Libro de correspondencia con el Excmo. Sr. Virrey del Reyno por el Sr. Dr. Manuel Quimper, Gobernador Intendente de esta provincia de Puno, que empieza desde 1º de enero de dicho año. Biblioteca Nacional del Perú. Ms.1812 – 1813 N° 457. Nº 466, acompañando testimonio de la publicación y juramento de la Constitución los días 30 y 31 de noviembre de 1812, 18 de enero de 1813.
[7] Nº 450, conteniendo oficio del 4 de enero de 1813, en Ibíd.
[8] Nº 463, conteniendo oficio del 18 de enero de 1813, en Ibíd.
[9] Informe de Manuel Quimper, julio 1 de 1816, en Susana Llontop Sánchez Carrión. Actuación de los diputados peruanos titulares 1812 – 1814, p. 80.
[10] Nº 463, comunicación de Manuel Quimper al virrey Abascal, 18 de enero de 1813, en Libro de correspondencia con el Excmo. Sr. Virrey del Reyno…
[11] Nº 475, comunicación de Manuel Quimper al virrey Abascal, 4 de febrero de 1813, en Ibíd.
[12] Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo IV, Vol. 2, El Perú en las Cortes de Cádiz. Investigación, recopilación y prólogo por Guillermo Durand Florez. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974, p. 192. (Cursivas nuestras).
[13] Nº 528, comunicación de Manuel Quimper al virrey Abascal, 18 de mayo de 1813, en Libro de correspondencia con el Excmo. Sr. Virrey del Reyno…
[14] Oficio del ayuntamiento constitucional de Puno a la junta electoral de provincia, 28 de abril de 1814, en Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo IV, Vol. 2, El Perú en las Cortes de Cádiz., p. 453. (Cursivas nuestras).
[15] Nº 539, Oficio de Manuel Quimper al virrey Abascal, 1 de junio de 1813, en Libro de correspondencia con el Excmo. Sr. Virrey del Reyno…
[16] Nº 540, comunicación de Manuel Quimper al virrey Abascal, 1 de junio de 1813, en Ibíd.
[17] Informe de Manuel Quimper, julio 1 de 1816, en Susana Llontop Sánchez Carrión. Actuación de los diputados peruanos titulares 1812 – 1814, p. 80.
[18] Nº 563, comunicación de Manuel Quimper al virrey Abascal, 18 de julio de 1813, en Libro de correspondencia con el Excmo. Sr. Virrey del Reyno…
[19] Joaquín de la Pezuela. “Memoria militar del general Pezuela (1813 – 1815)”. Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo XXVI, Vol. 1. Memorias, diarios y crónicas. Recopilación y prólogo de Félix Denegri Luna. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971, p. 244
[20] Ibíd., p. 245.
[21] Ibíd.
[22] Nº 569, comunicación de Manuel Quimper al virrey Abascal, 3 de agosto de 1813, en Libro de correspondencia con el Excmo. Sr. Virrey del Reyno…
[23] Nº 571, comunicación de Manuel Quimper al virrey Abascal, 3 de agosto de 1813, en Ibíd.
[24] Oficio de la junta electoral de provincia al ayuntamiento constitucional de Puno, 01 de mayo de 1814, en Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo IV, Vol. 2, El Perú en las Cortes de Cádiz., p. 465.
[25] El Investigador. N° 43. Lima, 12 de agosto de 1814, f. 4.
[26] Informe de Manuel Quimper, julio 1 de 1816, en Susana Llontop Sánchez Carrión. Actuación de los diputados peruanos titulares 1812 – 1814, p. 82.
[27] Ibíd.
[28] Ibíd., pp. 82 - 83.
[29] Ibíd., p. 83.

A PROPÓSITO DE LA PRIMERA CÁTEDRA PERUANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

2010-07-23T19:09:00.000-07:00

A Propósito de la Primera Cátedra Peruana de Derecho Constitucional *

I. La Historia Constitucional Peruana

El inicio del constitucionalismo en el Perú se remonta a la puesta en vigencia de la Constitución de la Monarquía española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y publicada y jurada en todas las intendencias, provincias y ciudades del “reino”. La Constitución gaditana, como se ha demostrado en estudios recientes (1) sí tuvo vigencia efectiva en el Perú los años de 1812 – 1814, así como también en el período de su restauración los años 1820 – 1823. Y no fueron “contadas disposiciones” las que fueron aplicadas, pese al recelo del virrey Abascal. Vienen a la memoria las disposiciones sobre las elecciones de miembros de los ayuntamientos constitucionales, miembros de las diputaciones provinciales y representantes a las Cortes. Téngase en consideración, además, que en el bienio de 1812 – 1814, los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales ejercieron sus funciones con normalidad. Por tanto, no puede decirse tan ligeramente que la Constitución de Cádiz “no tuvo mayor vigencia en el Perú”, como lo sostiene Carpio Marcos.

Ahora bien, como corolario de la vigencia de la Constitución, a pesar de no haber evidencias que demuestren la existencia de cátedras de constitución en el virreinato peruano, tal como lo disponía el artículo 368 de la Constitución gaditana, ordenando que en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñasen las ciencias eclesiásticas y políticas, se explicase el contenido de la Constitución, sí había un texto que servía para tal propósito, publicado en España y reimpreso en los diferentes “reinos” de la monarquía. Se trataba del Catecismo político arreglado a la Constitución de la Monarquía Española; para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud, y uso de las escuelas de primeras letras (2). En resumidas cuentas, el catecismo político consistía en comentarios en forma de preguntas y respuestas en relación a todo el articulado de la Constitución de Cádiz. Sería, por tanto, salvando ciertas distancias, el primer texto o libro de contenido constitucional publicado en el Perú.

II. La Primera Cátedra de Derecho Constitucional en el Perú

La primera cátedra de Derecho Constitucional en el Perú, tal como sostiene Carpio Marcos, se instituyó el año de 1826, durante la vigencia del régimen bolivariano. Así, por decreto de 26 de octubre de 1826, publicado en el Registro Oficial de la República Peruana, que reorganizaba los planes de estudio del Convictorio carolino, ahora denominado Convictorio Bolívar, por boca del artículo 7 se instituían las diversas cátedras a dictar, figurando entre ellas la cátedra de derecho natural, de gentes y derecho público y constitucional.

Posteriormente, el 18 de noviembre de 1826, en parte oficial publicado en el diario El Peruano, se “nombraba” a los profesores de las asignaturas creadas. En la asignatura que nos compete, esto es, para la cátedra de “Derecho Natural, de jentes (sic), Derecho Público y Constitucional”, se designaba al Dr. don Antonio Amézaga (3).

III. El Primer Libro de Derecho Constitucional Impreso en el Perú

Carpio Marcos afirma que “en el año 1827 aparece en Lima lo que hasta ahora parece ser el primer libro de Derecho Constitucional impreso en el Perú”. Se trataba de los dos tomos de las Lecciones de Derecho Público Constitucional para las escuelas de España (4) escrito por Ramón Salas y Cortés, aparecido con el sello de la Imprenta Republicana de José María Concha, en un solo volumen.

No pretendemos negar que dicho libro, en efecto, sea el primer texto de Derecho Constitucional impreso en el Perú. Lo daremos por aceptado. Sin embargo, lo que pretendemos es desvirtuar las razones expuestas por Carpio sobre el verdadero sentido de la reimpresión de dicha obra en el Perú. No lo fue para que “sirviera de manual de enseñanza en la naciente asignatura de Derecho Público y Constitucional” (5) .

El motivo de la impresión de dicho texto en el Perú fue la coyuntura constituyente en la que se encontraba el país, luego de la caída del régimen bolivariano instaurado en el Perú. Así, ya en aires de libertad, el 14 de marzo, en un remitido publicado en El Peruano, dándose cuenta de la “subcripción” (sic) a dicho libro, se decía lo siguiente:

“Las lecciones de derecho público constitucional por Ramón Salas son apenas conocidas. Estamos persuadidos de que esta obra es en el día sumamente necesaria y tratamos de reimprimirla, para que salga a luz antes de la reunión del Congreso. Los vitalicios quisieron impedir que corriesen los pocos ejemplares que habían llegado de Europa, y que no se hiciesen nuevas introducciones. Ofrecían por cada uno cuanto dinero se pidiese. Nosotros por el contrario queremos hacer de esta obra la lectura de los peruanos. Los amantes de la libertad protejen (sic) lo que persiguen los déspotas. Como carecemos de fondos para costear la reimpresión, abrimos una suscripción que admitirá D. Lorenzo Valderrama en su tienda del portal de Botoneros. El precio de cada ejemplar a la rústica es de dos pesos. El que sabe lo costosas que son las ediciones en Lima, conocerá que esta obra que tiene dos volúmenes con 618 pájinas (sic), se da a costo, y costo. Los que se suscriban harán un servicio a la patria” (6).

* Comentario a propósito de la ponencia de Edgar Carpio Marcos, “La primera cátedra peruana de Derecho Constitucional”, presentada al X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Lima, 16 al 19 de septiembre del 2009.
1. Víctor Peralta Ruiz. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. Perú 1806 - 1816. Madrid: CSIC, 2002; Valentín Paniagua Corazao. Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las elecciones (1809 – 1826). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo de Cultura Económica, 2003. Gabriella Chiaramonti. Ciudadanía y representación en el Perú (1808 – 1860): los itinerarios de la soberanía. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – SEPS – ONPE, 2005.
2. Escrito por D.J.C. De las varias impresiones españolas mencionaremos las siguientes: Madrid, en la Oficina de Collado, 1812; Palma, Imprenta de Miguel Domingo, 1812. En el Perú la reimpresión se hizo en la imprenta de D. Bernardino Ruiz, 1813. Véase el comunicado sobre la venta de dicho texto en El Investigador del Perú. Nº 61. Lima, 3 de marzo de 1814.
3. El Peruano. Nº 49. Lima, 18 de noviembre de 1826, p.1.
4. Ramón Salas. Lecciones de Derecho Público Constitucional para las escuelas de España. Tomo I. Madrid, Imprenta de Censos, 1821. Tomo II. Madrid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1821.
5. Cursivas del autor.
6. El Peruano. Nº 20. Lima, 14 de marzo de 1827, p. 4.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOLDADOS DE LA REPÚBLICA

2010-07-12T00:56:00.000-07:00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOLDADOS DE LA REPÚBLICA

El martes 13 de julio se presentará el libro Soldados de la República. Guerra, correspondencia y memoria en el Perú (1830-1844), tomo 1, de Carmen Mc Evoy y José Luis Rénique. La ceremonia se realizará en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea a las 7:00 de la noche. La publicación será comentada por los historiadores Cristóbal Aljovín y Pedro Guibovich, y el crítico literario Marcel Velázquez.

La obra compila más de medio millar de cartas intercambiadas entre Domingo Nieto, Agustín Gamarra, José Luis de Orbegoso, Andrés de Santa Cruz y Ramón Castilla, todos ellos destacados militares independentistas, jefes políticos carismáticos y presidentes de la República. En total, son más de 1.200 páginas distribuidas en dos volúmenes.

Las cartas no solo brindan información relevante sobre quienes dirigen las batallas, es decir, los oficiales de alto rango, como es el caso de Domingo Nieto, Andrés de Santa Cruz o Ramón Castilla, sino también sobre el soldado de a pie, sobre cuyos hombros, y de manera anónima, se desarrolló la mayor parte de los enfrentamientos y, también, sobre civiles y burócratas que, en los detalles que narran, informan de aspectos claves de la vida política cotidiana en la iniciación de la República.

Al leer estos epistolarios surgen algunas preguntas. ¿Se trató efectivamente de un periodo confuso al cual debemos mejor seguir considerando anárquico y evitarnos todo intento de interpretación significativa? Las cartas muestran que en medio de la guerra los jerarcas militares y sus subordinados están tratando de llevar adelante un proyecto político sumamente ambicioso.

Carmen Mc Evoy es profesora desde 1995 en The University of the South-Sewanee y ganadora de la prestigiosa beca John Simon Guggenheim en 2002. Su obra ha colaborado en renovar la historiografía política e intelectual del Perú. Entre sus libros destacan La utopía republicana: ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana, 1871-1919 (1997) y Homo politicus: Manuel Pardo y los dilemas de la política peruana, 1871-1878 (2007).

José Luis Rénique estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como investigador en el Instituto de Estudios Peruanos (1978-1980) y en el Centro Peruano de Estudios Sociales (1986-1988). Ejerce la docencia en Estados Unidos desde 1989. En la actualidad, es profesor principal en la City University of New York (CUNY). Algunas de sus publicaciones son La voluntad encarcelada: las luminosas trincheras de combate de Sendero Luminoso del Perú (2003) y La batalla por Puno: conflictos agrarios y nación en los andes peruanos, 1866-1995 (2004).

Soldados de la República, en suma, es un buen ejemplo de lo que se puede hacer cuando instituciones y personas tienen la voluntad y el interés por recuperar información dispersa y en muchos casos situada, como es el caso de estos epistolarios, fuera del territorio nacional. Encomiable y muy cuidadoso fue el trabajo de Margarita Guerra al frente del Instituto Riva-Agüero de la Universidad Católica en brindar todas las facilidades para la preparación y la anotación de las cartas. El Congreso de la República del Perú, a través de su Fondo Editorial, dirigido por la doctora Martha Hildebrandt, tiene el compromiso de alentar y difundir obras como esta, que, en colaboración con otras instituciones académicas, permiten continuar con la labor de recuperación y difusión de nuestro patrimonio cultural.

NOVEDAD EDITORIAL: LA INDEPENDENCIA Y LA CULTURA POLÍTICA PERUANA (1808 - 1821)

2010-07-09T16:32:00.000-07:00

LA INDEPENDENCIA Y LA CULTURA POLITICA PERUANA (1808-1821)

Autor(es): PERALTA RUIZ, Víctor

Reseña: La cultura política en el virreinato pudo transformarse y modernizarse debido a la recepción del liberalismo hispánico. La coyuntura fidelista de 1808 a 1810 fue una etapa previa e indisociable de esta innovación, ya que durante aquellos años se produjo una inicial politización de la población peruana a través del impacto que tuvo la reacción popular antinapoleónica en España. Sin embargo, fue en la etapa del auge del liberalismo hispánico (las Cortes de Cádiz) cuando definitivamente se transformaron los valores, las expectativas y las prácticas simbólicas que moldearon las intenciones colectivas en el sistema político peruano. El retorno al absolutismo en 1814 interrumpió el avance de la nueva cultura política doceañista, pero esta no pudo ser erradicada pese a que la política virreinal la silenció y la asoció con el ataque a las Luces. El inicio del Trienio Liberal en España conllevó el restablecimiento de la cultura política del l iberalismo hispánico en el Perú

Contenido: INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE:LA CRISIS DE LA MONARQUÍA Y SUS REPERCUSIONES EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA
1.Las juntas de gobierno españolas y América
2.Los afrancesados bonapartistas y América

SEGUNDA PARTE: LOS ACONTECIMIENTOS DE 1808 A 1810 EN EL PERÚ
3.1808: del proyecto ilustrado a la propaganda fidelista
4.El virreinato en la época de la Junta Central
5.El nacimiento de la propaganda política fidelista

TERCERA PARTE: ABASCAL Y LA ÉPOCA DE LAS CORTES DE CÁDIZ
6.Prensa y redes de comunicación. De la Ilustración al constitucionalismo
7.Liquidar el despotismo. El nacimiento de la retórica contra la arbitrariedad
8.El experimento representativo en los ayuntamientos
constitucionales y las diputaciones provinciales

CUARTA PARTE: DE LA RESTAURACIÓN A LA RUPTURA POLÍTICA
9.La restauración absolutista y la cultura política en el gobierno del virrey Pezuela
10.Ilustración y lenguaje político en la crisis del mundo hispánico.El caso de Manuel Lorenzo de Vidaurre

Instituto de Estudios Peruanos / Fundación M.J. Bustamante de la Fuente

Año edición: 2010

Nro. Páginas: 385
ISBN: 978-9972-51-268-1
Precio soles: S/. 45.00
Precio dólares: US$ 16.00

Concurso de Ensayo: "Rumbo al Bicentenario de la Independencia: Perú 2021"

2010-06-25T06:05:00.000-07:00

Concurso de Ensayo: "Rumbo al Bicentenario de la Independencia: Perú 2021"

La Comisión Organizadora de Estudiantes del Coloquio (COESCO-2010) y el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la OrganIzación de Estados Iberoamericanos (OEI) invita a participar del Concurso de Ensayo.

El concurso está dirigido a estudiantes de pre-grado de universidades peruanas, cuyas investigaciones se encuentren enmarcadas al tema de Independencia.

Premios:
1º Puesto: S/1.000 nuevos soles
2º Puesto: S/500 nuevos soles

Ver las bases del Concurso e información en el blog de la COESCO:
http://coescounfv.blogspot.com/ y para cualquier información al msn coescounfv@hotmail.com

PD: Del 08 al 12 de Noviembre se realizara el "XV Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas y el VIII Coloquio Nacional de Estudiantes de Historia" con la temática de los Bicentenarios de las Independencias Híspanoamericanas. Esta labor llevada cabo por la Coesco-2010.

DIPUTACIONES PROVINCIALES DEL PERÚ 1812 - 1814

2009-10-09T21:07:00.000-07:00

DIPUTACIONES PROVINCIALES DEL PERÚ 1812 – 1814

1. Introducción

Las Diputaciones Provinciales en el Perú durante la época de vigencia de la Constitución de Cádiz (1812 – 1814) es un tema pendiente de investigación[1], porque como bien señaló Peralta “poco es lo que se conoce sobre la formación y funcionamiento de las dos diputaciones provinciales que se formaron en el Perú, tanto la de Lima como la de Cuzco”[2]. El mismo autor manifestó que en cuanto a su desenvolvimiento “cabe destacar el absoluto sometimiento de la diputación limeña al poder de Abascal que la presidía y en el caso del Cuzco el conflicto institucional en que se enfrascaron la diputación provincial y el cabildo constitucional”[3].

Aparte de ello es necesario conocer quiénes fueron los elegidos para conformar dichas diputaciones. Debe tenerse en consideración que la Diputación Provincial de Lima comprendía las intendencias de Lima, Arequipa, Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Tarma y las gobernaciones de Guayaquil, Maynas y Chiloé, Valdivia y Osorno. La Diputación Provincial del Cuzco, por el contrario, estaba conformada por dos intendencias, Cuzco y Puno.

2. La Diputación Provincial de Lima

Según el artículo 326 de la Constitución de Cádiz las diputaciones provinciales estaban conformadas por el Jefe Político, que la presidía, el Intendente y siete individuos elegidos por la junta electoral de provincia, al día siguiente de la elección de diputados a Cortes.

Conforme a lo establecido por la Constitución la Diputación Provincial de Lima se integraba por siete diputados elegidos por las provincias que comprendían el ámbito territorial de la diputación. Así, teniendo en cuenta la base poblacional de las intendencias o provincias a Lima, Huamanga, Huancavelica y a la gobernación de Guayaquil les correspondía elegir un (01) diputado propietario, mientras que a las intendencias de Trujillo, Arequipa y Tarma les correspondía elegir un (01) diputado propietario y un (01) diputado suplente. Las gobernaciones de Maynas, Chiloé, Valdivia y Osorno, por su escasa población, estaban excluidas de elegir representantes.

De los documentos consultados podemos señalar la conformación de la Diputación Provincial de Lima los años 1813 – 1814 y 1815 - 1816:

DIPUTADOS PROVINCIALES DE LIMA 1813 - 1814
INTENDENCIA Y/O PROVINCIA
DIPUTADO PROPIETARIO
DIPUTADO SUPLENTE

LIMA
Francisco Moreira y Matute
HUAMANGA
Se carece de datos
HUANCAVELICA

Camilo Márquez
TRUJILLO
Francisco Orbegoso
Manuel Cavada
AREQUIPA
Nicolás Araníbar
Bartolomé Bedoya
TARMA
José Manuel Bermúdez
Se carece de datos
GUAYAQUIL
Pedro Alcántara Bruno

DIPUTADOS PROVINCIALES DE LIMA 1815 - 1816
INTENDENCIA Y/O PROVINCIA
DIPUTADO PROPIETARIO
DIPUTADO SUPLENTE

LIMA
Tomás de la Casa y Piedra
Antonio Buendía
HUAMANGA
Se carece de datos
HUANCAVELICA
Se carece de datos
TRUJILLO
Juan José Castro
Se carece de datos
AREQUIPA
Se carece de datos
Se carece de datos
TARMA
Se carece de datos
Se carece de datos
GUAYAQUIL
Se carece de datos

3. La Diputación Provincial de Cuzco

La Diputación Provincial de Cuzco, que comprendía el ámbito territorial de las intendencias de Cuzco y Puno, se integraba por siete diputados provinciales, correspondiéndole a Cuzco elegir tres (03) diputados propietarios y un (01) suplente, mientras que a Puno le correspondía elegir cuatro (04) diputados propietarios y dos (02) diputados suplentes.

De los documentos consultados podemos señalar la conformación de la Diputación Provincial de Cuzco los años 1813 – 1814 y 1815 - 1816.

DIPUTADOS PROVINCIALES DE CUZCO 1813 - 1814
INTENDENCIA Y/O PROVINCIA
DIPUTADO PROPIETARIO
DIPUTADO SUPLENTE

CUZCO
Martín de la Concha y Jara
Juan Munive y Mozo
Sebastián de la Paliza
Luis Astete
PUNO
Matías Alday
José Manuel Campana
José Antonio de los Ríos
Bernabé de Canaval
Se carece de datos
Se carece de datos

DIPUTADOS PROVINCIALES DE CUZCO 1815 - 1816
INTENDENCIA Y/O PROVINCIA
DIPUTADO PROPIETARIO
DIPUTADO SUPLENTE

CUZCO
Se carece de datos
Se carece de datos
Se carece de datos
Se carece de datos
PUNO
Rafael Casorla
Andrés de las Cuentas
Se carece de datos
Se carece de datos
Juan Pinto del Postigo
Se carece de datos

[1] Lo mismo puede afirmarse en relación a las Diputaciones Provinciales en la época de la restauración de la Constitución gaditana (1820 – 1824).
[2] Víctor Peralta Ruiz. “El impacto de las Cortes de Cádiz en el Perú. Un balance historiográfico”, Revista de Indias. N° 242, Madrid, 2008, p. 81. Anteriormente, Martínez Riaza, manifestaba que el caso de las diputaciones provinciales del Perú era “prácticamente desconocido” y la información “muy escasa”. Ascensión Martínez Riaza. “Las diputaciones provinciales americanas en el sistema liberal español”, Revista de Indias. Nº 195-196, Madrid, 1992, pp. 648 y 674.
[3] Ibíd., p. 82. Peralta anteriormente publicó un artículo en el que detalla el funcionamiento de las diputaciones provinciales. Víctor Peralta Ruiz. “Los inicios del sistema representativo en Perú: ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales (1812 – 1815)”, Marta Irurozqui Victoriano (ed.). La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los andes (Bolivia, Ecuador, Perú), siglo XIX. Madrid: CSIC, 2005, pp. 65 – 92.

DIPUTADOS DEL VIRREINATO DEL PERÚ ANTE LAS CORTES HISPANAS 1810 - 1814

2009-09-20T07:09:00.000-07:00

DIPUTADOS DEL VIRREINATO DEL PERÚ ANTE LAS CORTES HISPANAS 1810 – 1814.
Introducción.

La cantidad de diputados que fueron elegidos en el virreinato del Perú para representar a las “provincias” de este “reino” ante las Cortes, así como la efectiva participación de los mismos en Cádiz y, posteriormente en Madrid, el período de 1810 – 1814, es una materia aún por esclarecer. Sin embargo, ha habido avances en el tema y, por tanto, es necesario hacer una relación provisoria de estos diputados para evitar errores y malentendidos.

Teniendo en cuenta que en el libro publicado por el fallecido ex presidente provisorio de la república del Perú, Valentín Paniagua Corazao, Los Orígenes del Gobierno Representativo en el Perú. Las Elecciones (1809 – 1826), editado el año 2003, se ha realizado una pormenorizada relación de estos representantes, nos ceñiremos al mismo, adicionando los pocos nombres que hemos podido ubicar. Así tenemos.

Diputados Suplentes

Cinco fueron los diputados suplentes del Perú ante las Cortes de Cádiz:

Vicente Morales Duárez.
Ramón Feliú Olaguer.
Dionisio Inca Yupanqui.
Antonio Suaso.
Blas de Ostolaza.

Diputados Titulares Elegidos por los Ayuntamientos “Cabezas de Partido”.

Según la investigación efectuada por Paniagua fueron elegidos catorce diputados titulares. Sin embargo, hubo casos en que los ayuntamientos tuvieron que elegir varias veces a sus representantes, sea por renuncias de los primeros elegidos como en el caso de los ayuntamientos de Arequipa, donde hubo dos renuncias previas (Nicolás de Araníbar, por citar un ejemplo), Cuzco (José Mariano de Ugarte) y Puno, por lo que solo mencionaremos a los representantes con su derecho expedito:

DIPUTADOS
FECHA DE ELECCIÓN

HUAMANGA
Miguel Ruiz de la Vega
21 de agosto de 1810
LIMA
Francisco Salazar y Carrillo
27 de agosto de 1810
TARMA
José Lorenzo Bermúdez
11 de septiembre de 1810
GUAYAQUIL
José Joaquín Olmedo
11 de septiembre de 1810
HUÁNUCO
Domingo Alcaraz
24 de octubre de 1810
CHACHAPOYAS
Juan Antonio Andueza
10 de diciembre de 1812
TRUJILLO
Pedro García Coronel
27 de diciembre de 1810
PIURA
José Antonio Navarrete
21 de marzo de 1811
AREQUIPA
Mariano de Rivero
14 de noviembre de 1811
CUZCO
Manuel Galeano
18 de noviembre de 1811
MAYNAS
Tomás de Costa Romeo
18 de febrero de 1812
PUNO
Tadeo Gárate
27 de julio de 1812
HUANCAVELICA
Se carece de datos
ICA
Se carece de datos

De todos estos diputados solo nueve se incorporaron a las Cortes: Francisco Salazar y Carrillo, José Antonio Navarrete, José Joaquín Olmedo, José Lorenzo Bermúdez, Pedro García Coronel, Juan Antonio Andueza, Mariano de Rivero, Domingo Alcaraz y Tadeo Gárate.

Diputados Titulares elegidos a las Cortes Ordinarias 1813 – 1814.

Según las disposiciones constitucionales y lo acordado por la Junta Preparatoria de Elecciones, al virreinato peruano le correspondía elegir 22 diputados titulares y diez suplentes, siendo los elegidos como representantes ante las Cortes ordinarias de 1813 – 1814, los siguientes:

DIPUTADOS TITULARES
DIPUTADOS SUPLENTES
FECHA DE ELECCIÓN

LIMA
José Bernardo de Tagle
Francisco de Valdivieso
Manuel Antonio Noriega
29 de marzo de 1813
CUZCO
Hermenegildo de la Vega
Cayetano de Ocampo
Se carece de datos del tercer representante
Manuel de Borja
6 de abril de 1813
AREQUIPA
Hipólito Unanue
Domingo Tristán
Francisco Javier de Luna Pizarro
4 de octubre de 1813
HUAMANGA
Pedro José Tello y Beingolea
Martín José Mujica
Pedro Lazón y Garma
11 de julio de 1813
TRUJILLO
Gregorio Guinea
Agustín Fernández de Córdoba
José Gabino de Ortega
José Miguel Castillo
Pedro Antonio López Vidaurre
11 de julio de 1813
TARMA
Juan de Mateo Arnao
José Justo Castellanos y Urrutia
Pablo González
Domingo Orue
6 de julio de 1813
PUNO
Remigio de la Santa y Ortega
Juan Francisco Reyes
Isidoro José Gálvez
Se carece de datos
30 de mayo de 1813
HUANCAVELICA
Manuel Patricio Fernández
Se carece de datos
20 de agosto de 1813
GUAYAQUIL
Vicente Rocafuerte
Elección anulada por las Cortes
8 de julio de 1813
CHILOÉ, VALDIVIA Y OSORNO
Se carece de datos
Se carece de datos

De todos estos diputados solo ocho pudieron incorporarse a las Cortes ordinarias: José Bernardo de Tagle, Francisco de Valdivieso, José Miguel Castillo, Gregorio Guinea, Pablo González, Martín José Mujica, José Gabino de Ortega y Vicente Rocafuerte.

Diputados Titulares elegidos a las Cortes Ordinarias 1815 – 1816.

DIPUTADOS TITULARES
DIPUTADOS SUPLENTES
FECHA DE ELECCIÓN

LIMA
José Mariano de Aguirre y Mayora
Francisco de Arrese
Pedro Salvi
24 de abril de 1814
CUZCO
Francisco de Picoaga
Miguel de Orosco
Juan Munive y Mozo
Gabriel Antolín Ugarte y Gallegos
14 de marzo de 1814
AREQUIPA
Luis Gonzaga de la Encina
Francisco Pantaleón de Uztáriz
José de Yrigoyen
18 de abril de 1814
HUAMANGA
Se carece de datos
Se carece de datos
TRUJILLO
Toribio Rodríguez de Mendoza
José Ramón de Ostolaza
Juan Diego Teruel
Ignacio Valdivieso
Casimiro de Sotomayor
8 de mayo de 1814
TARMA
Alonso Gutiérrez de Caviedes
José de la Fuente y Chaves
Andrés Gomero
Pedro Juan Sanz
14 de marzo de 1814
PUNO
Gabriel Vicenteli
Manuel Quimper y Orvea
Cayetano Martínez del Campo
Joaquín Rodríguez de Arguelles
1 de mayo de 1814
HUANCAVELICA
Julián García de los Godos
Juan Ignacio García de los Godos
24 de abril de 1814
GUAYAQUIL
Se carece de datos
Se carece de datos
CHILOÉ, VALDIVIA Y OSORNO
Se carece de datos
Se carece de datos

Ninguno de estos diputados pudo incorporarse a las Cortes ordinarias por haberse restaurado el absolutismo.