EL FRUSTRADO CONGRESO GENERAL DE 1826
SUMILLA. 1. La Convocatoria. 2. La Agenda. 3. Las Juntas Preparatorias. 4. Disolución del Congreso General: la Representación de los “Persas”.
1. La Convocatoria
Por decreto de 21 de junio de 1825[1] el Consejo de Gobierno convocó al “Congreso jeneral del Perú” para el día 10 de febrero de 1826 (art. 1). La convocatoria, en realidad, era “prematura”. Según el decreto de 10 de febrero de 1825[2], que prorrogó la dictadura, el Libertador quedaba encargado del supremo mando de la república, hasta la reunión del Congreso que prescribía el artículo 191 de la Constitución (art. 1). Dicho Congreso debería reunirse dentro del período establecido por el artículo 53 de la Constitución (art. 2), es decir, a partir del 20 de septiembre de 1826, y no antes, pudiendo diferirla el Libertador “si lo ecsijieren la libertad interior y esterior de la República” (art. 3). El Congreso general, de conformidad con la Constitución, tenía facultades constituyentes, pues se le encargaba de la ratificación o reforma de la Carta (art. 191), siempre y cuando los poderes de los diputados tuvieran “cláusula especial que los autorice para ello” (art. 192). No era, por tanto, un mero Congreso constitucional, aunque por los decretos antes referidos, ciertos artículos referidos a este último le eran aplicables, verbigracia su reunión el 20 de septiembre.
El Congreso, según relación adjunta al decreto de convocatoria, debería estar conformado por 96 diputados propietarios y 58 suplentes, no obstante que el propio decreto estableciera que el número de diputados a elegirse debía arreglarse “a la base de 12000 habitantes por cada uno”, según el censo publicado en la guía del Perú del año 1797, por no haber tiempo suficiente “para formar los respectivos padrones (art. 5). Sobre la base de aquel censo, se formaría y acompañaría “lista del número de diputados que corresponde a cada provincia de las clases de propietarios y suplentes, y el total que debe nombrar cada departamento” (art. 6). Por tanto, la relación publicada por el Consejo de Gobierno no se ajustaba a la realidad y, en consecuencia, hubo variación del número de diputados. En efecto, se eligieron en el país 105 diputados propietarios y 60 suplentes.
2. La Agenda
Al Congreso general correspondía resolver tres asuntos fundamentales que interesaban a la república: 1) la continuidad de Bolívar en el mando del país, 2) la ratificación o reforma de la Constitución de 1823 y 3) el problema de Bolivia.
En cuanto al primer punto la opinión era unánime: Bolívar debía continuar en el mando del país. Sin embargo, las divergencias eran en relación a la forma en que habría de ejercerlo. Los miembros del círculo del Libertador opinaban que debería ejercerse con las mismas facultades con los que lo había investido el Congreso Constituyente, esto es, facultades extraordinarias o continuación de la dictadura. Por el contrario, los liberales consideraban que el mando debería ejercerse según las leyes, es decir, constitucionalmente.
Sobre el segundo punto también había consenso en el país: la Constitución de 1823, de tipo asambleario, en el que la supremacía residía en el poder legislativo en desmedro del poder ejecutivo, debía ser reformada. El contenido de una carta de Luna Pizarro a Bolívar no deja dudas. En ella el “fiero republicano” se complacía de haber “convenido” con el Libertador “opinando por la necesidad de que se reforme la Constitución”. Así lo había escrito, decía, a varios personajes residentes en Lima, “extrañando no se hubiese prevenido a los pueblos para que diesen esta facultad a sus Representantes, quienes en la mayor parte llevarán su poder conforme a la ley reglamentaria de elecciones, donde se extendió la fórmula para diputados de Congreso constituido”. Dos puntos, según Luna Pizarro, eran esenciales en la reforma. La primera concernía al poder ejecutivo, que “debía recibir amplitud en su autoridad”. La segunda tenía relación al poder legislativo y al modo de formación de las leyes, porque “según la actual Constitución nunca serán obra de madurez, sino de la precipitación y aún sorpresa”. Esto significaba rechazar la unicameralidad pues, dándose al ejecutivo “tres solos días para hacer observaciones a los proyectos de ley, ¿cómo se desempeñará cuando haya tumulto de pasiones, y de proyectos que se la pasen, como forzosamente ha de haber, y más en el sistema de una sola cámara?”. Por tanto, concluía, era “justísima” la observación del Libertador “sobre reforma de la Constitución”, prometiendo que el “buen juicio” de los representantes “la verifique por el bien del Estado”[3].
Del mismo modo, en El Republicano de Arequipa se afirmaba que el Congreso necesariamente debía “tomar en consideración” la Constitución para hacer en ella “las variaciones que convengan”, porque era evidente que la actual Carta, “discutida y sancionada bajo el estruendo del cañón, y en circunstancias difíciles y calamitosas”, requería mejoras como “combinar con esactitud el equilibrio de los tres poderes”, de manera que el poder ejecutivo “no carezca de aquella fuerza vital que le sea necesaria, para dar impulso a la felicidad pública”. Situación más que necesaria en pueblos donde la libertad apenas era conocida y las instituciones nacientes[4].
Finalmente, con respecto al tercer punto, era general el deseo de la unión del Perú y Bolivia. Las facciones existentes en el país compartían ese punto de vista, como lo demuestra el contenido de una carta remitida de Lima a Buenos Aires:
“En cuanto al régimen interior del país, hay tres opiniones principales – la primera y más poderosa es la dominante, que está decidida por una autoridad militar. La segunda está por una República concentrad, gobernada por leyes mui liberales; pero que al mismo tiempo contengan a los pueblos en sus aspiraciones de federación: esta desea ver el gobierno y empleos militares en personas puramente Peruanas, y que sean del todo independientes de la clase militar. La tercera, la forman los partidarios de Riva Agüero, que están también por una República concentrada; pero que se resienten mucho del egoísmo e intolerancia de todo partido. Estas facciones se subdividen en otras, que las modifican en parte; pero todas cuentan para sus planes con la incorporación de la República Bolivia”[5].
El problema residía en la forma que se daría a la unión, pues existían varias posibilidades. En efecto, desde que Bolívar arribó a Lima de su viaje al Potosí, varios proyectos que concernían al futuro del Perú y de la América del Sur se discutían en la Magdalena. Según O’Leary, algunos influyentes diputados al Congreso general de 1826 “eran de parecer, y así lo propusieron, que el Perú y Bolivia se uniesen en una sola república”, bajo la denominación de República Bolívar y designando al general Sucre como presidente. Otros, “con más amplias miras”, recomendaban un gobierno enérgico, “con el Libertador a la Cabeza”. No faltaban, tampoco, quienes aseguraban “que las colonias recién emancipadas no estaban preparadas para las instituciones republicanas, y que únicamente la adopción de un sistema monárquico atajaría los males a que se hallaban espuestas, por la incompatibilidad de las formas democráticas con los hábitos coloniales”. Esta última postura la compartían miembros del Consejo de Gobierno como Unanue y Larrea[6].
Entre aquellos personajes que visitaron a Bolívar se encontraba Luna Pizarro[7]. De acuerdo con O’Leary, el clérigo arequipeño “parecía decidido por la unión del Perú con Bolivia”. Con ese objeto y “bajo una forma práctica”, presentó un proyecto al Libertador[8]. Se trataba de la federación. Bolivia se reuniría al Perú, cediendo el departamento de La Paz para formar el Estado central. Tacna sería la capital del Estado federal[9].
3. Las Juntas Preparatorias
El 25 de marzo de 1826 el Ministerio de Gobierno convocó a los diputados residentes en la capital que habían obtenido la aprobación de sus actas de elecciones por la Corte Suprema de Justicia, cuyo número de 65 componían las dos terceras partes de la totalidad (96 diputados propietarios, de conformidad con la relación adjunta al decreto de convocatoria), citándolos para que a la una de la tarde del 29 de marzo, se reúnan en el salón destinado a ese efecto, con el objeto de dar inicio a los actos preparatorios de la instalación y apertura pública de sus sesiones[10]. En efecto, el día señalado se celebró la primera junta preparatoria del Congreso general. Contra los deseos del Consejo de Gobierno un grupo de diputados, liderados por Luna Pizarro, decidió no someterse a las pretensiones del oficialismo, manifestando una férrea oposición. Unanue, a la sazón presidente del Consejo de Gobierno, se presentó ante la junta para verificar el inicio de sus labores y comunicar que, de acuerdo con el libertador, habían decidido que los diputados podían determinar, por defecto del Senado, la autoridad ante quien habían de prestar el juramento prescrito en el artículo 52 de la Constitución (relativo a Congreso constitucional), sin el cual no estaban en capacidad legal de fijar el día de la apertura pública de las sesiones, citar al ejecutivo y declarar instalado el Congreso. La formalidad, indicó, podía cumplirse jurando ante él, exhibiendo previamente cada diputado sus poderes[11]. La sugerencia del ministro tenía como finalidad examinar nuevamente los poderes de los diputados y, en particular, de los representantes opositores al gobierno, en el entendido de que varios de ellos venían premunidos de poderes con cláusula especial para la reforma de la Constitución. La indicación dio lugar a que el diputado Manuel Cuadros, considerando la propuesta como “una provocación y un desconocimiento de los fueros del Congreso”[12], manifestara que sobre cualquier asunto de su competencia la representación nacional dispondría en su oportunidad[13], concluyendo su intervención exclamando exaltado y con “voz de trueno”[14]: “retírese el señor Ministro, y entonces procederemos a jurar”[15]. La protesta de Cuadros obligó a Unanue a salir precipitadamente de la reunión.
A partir de este incidente la junta se enfrascó en un acalorado debate sobre la calificación de las actas de elecciones y poderes de los diputados, así como sobre el órgano que entendería sobre ellas. El desorden en la reunión era tal que, para evitarlo, se propuso el nombramiento de quienes las presidieran. Los opositores al gobierno exigieron que en el nombramiento de la mesa directiva bastase la pluralidad relativa de los diputados. Los gobiernistas, por el contrario, opinaron se observara el reglamento interior del Congreso Constituyente. Intervino, entonces, Luna Pizarro, manifestando que los diputados ya no estaban sujetos a la Constitución ni a reglamento alguno, pues esos códigos habían sido provisorios: “han callado desde que nosotros fuimos elejidos”[16]. Razón tenía el diputado arequipeño. El artículo 191 de la Constitución de 1823 sujetaba a un Congreso general de diputados de todas las provincias, culminada que sea la guerra, la ratificación o reforma de la misma, siempre y cuando, según el artículo 192, los poderes de los diputados tuvieran cláusula especial que los autorice. La petición de los opositores fue aprobada, eligiéndose a Manuel Urquijo y Eduardo Carrasco, presidente y secretario, respectivamente. Antes se había resuelto que las sesiones fueran públicas. De inmediato, diputados de Arequipa propusieron el nombramiento de una comisión de poderes. González Vigil, uno de los autores, tomando la palabra, demostró que solo al Congreso, “en su calidad de Juez de la elección de sus miembros, correspondía calificar los títulos respectivos y que esa atribución era parte sustantiva de su autonomía funcional”[17]. La proposición significaba cuestionar las calificaciones efectuadas por la Corte Suprema y, por consiguiente, reexaminar “poderes ya revisados por la autoridad legítima”[18], esto es, “revocar lo actuado”[19]. La ardorosa defensa de la propuesta por la facción liberal determinó que los sufragios favorecieran la proposición. En consecuencia, se acordó que todos los diputados presentasen sus credenciales y poderes a una comisión designada por el presidente de la junta preparatoria[20].
La abierta oposición de la minoría liberal a los designios del gobierno llegó a oídos de Bolívar. Según González Vigil, “perdida la votación salieron desaforados de la junta los devotos de la dictadura, y partieron los de más influencia a la Magdalena a esponer al Libertador, que el país estaba en el mayor conflicto, y que la anarquía, que ya asomaba, iba a devorar al Perú”[21]. Bolívar, furioso al conocer la existencia de un grupo opositor al gobierno, “ocurrió a su manoseado sistema de renunciar al mando y retirarse a Colombia con sus tropas”[22]. En carta a Santander Bolívar decía lo siguiente:
“En estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de Arequipa, que son los caraqueños del Perú, han querido que este congreso fuese constituyente y no constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron, unos por equivocación y otros por seducción. El consejo de gobierno sostenía la constitución por mi consejo, y como yo iba ser desairado junto con mis delegados, y además temía una nueva anarquía nacer en este congreso constituyente, repetí decididamente lo que digo todos los días: que me iba. Esta palabra causó un alboroto inmenso. Todas las corporaciones, el pueblo y el congreso mismo me rogaron fuerte y unánimemente; además, hubo proyectos de impedirme a todo trance la marcha y de destruir, de paso, a los que me daban este disgusto”[23].
El 31 de marzo, conocida la noticia de que Bolívar y las tropas auxiliares de Colombia se retirarían del Perú, “luego que se verificase la instalación del Congreso jeneral prócsimo a celebrarse”, porque algunos individuos “no creían necesaria su permanencia en la república para sistemar su felicidad”[24], la Municipalidad y demás corporaciones concurrieron a la Magdalena para suplicar al Libertador revocara su resolución. Empero, no lograron su cometido. Retornando las corporaciones a la ciudad, sus miembros comunicaron al pueblo que Bolívar “se mantenía incontrastable” en su decisión. El hecho determinó a algunos diputados “tratar de obtener lo que aquellas no habían podido recabar”[25]. Laso, Pedemonte, Bueno y Villarán reunieron las firmas de una veintena de diputados y remitieron un oficio al presidente de la junta preparatoria con la finalidad de que la convocase de inmediato, porque la “Patria peligraba”[26]. El 2 de abril los diputados se reunieron en junta extraordinaria. A propuesta de los oficialistas el tema tratado fue sobre Bolívar y su permanencia en el país. Estos manifestaron que el Libertador había determinado irse a Colombia porque en la primera junta preparatoria se habían escuchado voces considerando innecesaria su presencia. Los miembros de la facción liberal respondieron manifestando que en la reunión precedente a Bolívar no se le había faltado en lo menor y que las decisiones adoptadas eran expresión de la voluntad de la representación nacional. A continuación tomó la palabra Pedemonte y en un discurso “patético” expuso que si Bolívar no continuaba ejerciendo el mando y se retiraba del país la anarquía se entronizaría[27].
La preocupación del orador era compartida por todos los diputados. Sin embargo, la divergencia residía en el tipo de autoridad con que se investiría al Libertador. Los liberales, privadamente, según explicaba Luna Pizarro, habían considerado que el primer paso que debía dar el Congreso al instalarse “era el nombramiento del ejecutivo”, deseando “poner al libertador a la cabeza del gobierno con la investidura de primer presidente de la república, para que la administrase según la constitución” y, del mismo modo, nombrar como vicepresidente al general La Mar. Por el contrario, los oficialistas “opinaban porque siguiese el poder absoluto”, esto es, “facultades extraordinarias”, incompatibles “con la existencia del congreso”[28]. Del mismo modo, Mariano Alejo Alvarez, concordando con Luna Pizarro, manifestaba al Libertador que la opinión de los diputados estaba dividida sobre “la clase de autoridad” con que se le investiría. Decía: “unos quieren que sea la de las Leyes, y otros la Dictadura, bajo la misma o diferente nominación”[29]. Tras un intenso debate los diputados se conformaron con una propuesta de José María Bueno “reducida a que una comisión fuese donde el Libertador, y le dijese que los deseos de los pueblos y Diputados eran, de que no se fuese y siempre permaneciese en la República”. En seguida se ordenó por la presidencia que la proposición se presentara por escrito. Mas, al hacerlo, Bueno la varió agregando “con el mismo mando que ha tenido”[30]. Sometida la propuesta a votación fue aprobada. Empero, Luna Pizarro y Manuel Hurtado Zapata, al darse cuenta de la variación, reclamaron sobre ese hecho en el momento que se realizaba la votación de la propuesta. El reclamo no fue atendido. Finalmente Luna Pizarro manifestó que el reclamo constase en actas y se le comunicara al Libertador “que esta no era más que una reunión preventiva”[31], pues la junta preparatoria “no tenía facultad para formar ninguna clase de autoridad”[32]. Al día siguiente, una comisión compuesta ocho diputados, uno por cada departamento del país, presidida por Fuentes Pacheco[33], acudió a la Magdalena para exponer a Bolívar “que el Perú por el órgano de sus representantes no permitirá que le abandone, y que su permanencia en los mismos términos que hoy gobierna, es el primer interés de la república”[34]. La comisión logró su propósito. Al “ofrecerle la continuación del mando dictatorial”[35], convenció al Libertador para que variase su resolución. Así, el 4 de abril la comisión comunicó a sus comitentes el resultado de su gestión. En esta tercera sesión hubo una viva discusión sobre la naturaleza y atribuciones de la junta preparatoria. Varios de los diputados que en primera instancia habían apoyado las proposiciones de la minoría liberal se retractaron. Al día siguiente, continuando el debate, la mayoría de los diputados resolvieron, por 36 votos contra 18, que las juntas preparatorias no tenían ninguna facultad relativa a la instalación del Congreso, esto es, la mayoría aprobó “la extravagante y escandalosa proposición que el examen de las actas y poderes pertenecían al gobierno y no a los diputados”[36], disolviéndose en consecuencia la reunión[37].
Los debates suscitados en las juntas preparatorias hicieron comprender al Consejo de Gobierno y al Libertador que la instalación del Congreso sería perjudicial a los planes que ya se estaban trazando sobre los destinos de los países bajo el influjo de Bolívar. Si bien en un principio este estuvo decidido en que a representación nacional se instalara el 10 de febrero de 1826, fecha conmemorativa de la concesión por el Congreso Constituyente de la dictadura, fue convencido y se convenció que el Congreso reunido solo entorpecería la realización de sus designios. El 26 de febrero, en carta a Pando, Bolívar le manifestaba que su intención había sido instalar el Congreso el 10 de febrero, por esa razón arribó de su viaje al sur el 7 del mismo mes. Sin embargo, a pesar de haberse hecho una convocatoria anticipada, el número de diputados presentes en la capital no era el suficiente para la instalación. Empero, consideraba que pronto se cumpliría su deseo[38]. Bolívar incluso tenía preparado el mensaje que expondría al Congreso. Por el contexto del mismo podemos afirmar que la versión final fue redactada entre fines de marzo y principios de abril. En los párrafos finales del mensaje decía:
“Señor: El Congreso Constitucional va a empezar sus tareas legislativas en las circunstancias más gloriosas para el Perú, pues se halla libre y en reposo, gozando de los triunfos de sus armas, del orden que ha establecido la administración y de la sabiduría de las leyes más liberales del mundo. En medio de tales prosperidades era mi ardiente deseo devolver el poder público que la Nación me había confiado, y dejaros en plena libertad de obrar sin la presencia de un ejército auxiliar y de un jefe extranjero: pero el pueblo, la capital de la República, todas las corporaciones y vosotros mismos habéis mostrado vuestra terrible alarma por mi separación del Perú; yo pues, no he podido resistir a los votos de una Nación que se empeña en honrarme con su confianza y en oprimirme con sus bondades.
¡Representantes del pueblo! Os ofrezco nuevamente mis servicios hasta que mi patria me llame o mi conciencia me persuada que no soy más útil a los peruanos”[39].
Posteriormente, disueltas las juntas preparatorias, Bolívar ya no deseaba la instalación del Congreso. Entre tanto el Consejo de Gobierno meditaba la adopción de diferentes medidas para cumplir con los deseos del Libertador. Una de ellas fue iniciar una campaña de desprestigio contra los diputados opositores. Los arequipeños llevarían la peor parte. En El Republicano se escribiría con saña contra ellos. La orden la daría el prefecto Gutiérrez de La Fuente para complacer al Libertador, tras recibir la carta en que Bolívar le expresara su disgusto por la diputación arequipeña encabezada por Luna Pizarro:
“¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible cambiarlos sería la mejor cosa del mundo, puesto que sus poderes no han venido conforme a la Constitución y que han perdido su alegato en la junta preparatoria. Yo creo que Arequipa tendrá que reunir de nuevo sus asambleas para tratar de los nuevos poderes; y, por lo mismo, sería muy conveniente para el bien del Perú que se nombrasen otros más patriotas y menos perversos. Yo le aseguro a más que con ellos no se puede hacer nada bueno: quieren destruirlo todo a su modo. Como Arequipa no mande mejores diputados, estoy seguro que la anarquía entra con todo su furor, y yo me voy con Dios por no recibir ultrajes de esos miserables esclavos de los españoles. Si Ud. ama a su patria debe empeñarse en que se varíe esta maldita diputación. Luna engañó a Riva Agüero; Luna echó a Monteagudo y a San Martín; Luna perdió a la junta gubernativa. Por culpa de Luna entró al gobierno Riva Agüero; y por culpa de Luna entró Torre Tagle. Por Luna se perdió el Perú enteramente y por Luna se volverá a perder, pues tales son sus intenciones. Yo quisiera, mi querido general que Ud. se apersonara en estos negocios para que no se nos pierda el trabajo de tantos años y de tantos sacrificios”[40].
Otra de las medidas adoptadas por el gobierno fue el solicitar a los diputados la presentación de los poderes otorgados por los colegios electorales, haría las veces de Senado, “para que en su vista se señalen los días y horas en que deban comparecer a prestar el juramento prevenido por la constitución”[41]. El objeto era “anular esos mismos poderes de los diputados aprobados ya por la Corte Suprema, en virtud de la comisión que se le dio”[42]. En efecto, el 17 de abril el Consejo de Gobierno expidió un decreto por el cual declaró nulos los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Lima, Arequipa y Condesuyos al contener “cláusula especial para la reforma de la constitución política, sin la condición prevenida en el artículo 58 de la ley reglamentaria (de elecciones), esplicatorio del artículo 192 de dicha constitución”, ordenando que se otorgaran nuevos poderes con “entera sujeción” a las leyes. Asimismo, declaró que los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Bolívar, Cuzco, Lambayeque y Quispicanchi debían reformarse, de conformidad al artículo 55 de la ley reglamentaria de elecciones, al contener la cláusula especial para la reforma de la Constitución, sujeta a la condición de tener efecto para el caso indicado en el artículo 58 de dicha ley[43]. Pocos días después, en carta a Santander, Bolívar comentaba sus impresiones sobre lo acontecido:
“En la adjunta gaceta encontrará Ud. el decreto del consejo de gobierno declarando írritos los poderes de los diputados de algunas provincias, que no están conformes con el artículo 58 de la ley reglamentaria. Según este decreto han quedado separados del congreso lo menos veinte diputados, cuyos poderes se han encontrado no conformes a lo que previene la constitución, y aunque han quedado como cuarenta y ocho en regla, no creo que se reúna este congreso hasta el año 27, no solo porque cuarenta diputados no son suficientes para componerlo, sino porque será preciso que se reformen los poderes de los veinte diputados, o se hagan nuevas elecciones. No tengo embarazo en decir a Ud. que yo no he visto este acontecimiento con gran pesar; porque entre tanto puedo yo arreglar el país, darle más moral y buscar una persona que pueda servir el ejecutivo con aquella firmeza y energía que se requiere aquí sobre todo. El consejo de gobierno, no hay duda que ha hecho lo que ha podido, pero no tiene opinión”[44].
De las opiniones vertidas en las juntas preparatorias se puede concluir que las divergencias tenían como fundamento los siguientes temas: la naturaleza del congreso convocado y el órgano encargado de calificar las actas y poderes de los diputados.
4. La Disolución del Congreso General: la Representación de los 52 Diputados, los “Persas”
Bolívar y la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, como resultado de lo acontecido en las juntas preparatorias, consideraban peligrosa la instalación del Congreso general. De acuerdo con Heres la disyuntiva del Libertador era “o irse como pensaba o disolver el Congreso”[45]. Del mismo modo, varios diputados influenciados por la propaganda oficial opinaban que la reunión del Congreso provocaría una grave crisis en el país. En ese estado de cosas algunos diputados formularon la idea de hacer una representación al Libertador solicitando el aplazamiento de la reunión del Congreso hasta el año de 1827[46]. Según Heres el Libertador no tuvo parte en la representación, aunque si conoció de su formulación[47].
1. La Convocatoria
Por decreto de 21 de junio de 1825[1] el Consejo de Gobierno convocó al “Congreso jeneral del Perú” para el día 10 de febrero de 1826 (art. 1). La convocatoria, en realidad, era “prematura”. Según el decreto de 10 de febrero de 1825[2], que prorrogó la dictadura, el Libertador quedaba encargado del supremo mando de la república, hasta la reunión del Congreso que prescribía el artículo 191 de la Constitución (art. 1). Dicho Congreso debería reunirse dentro del período establecido por el artículo 53 de la Constitución (art. 2), es decir, a partir del 20 de septiembre de 1826, y no antes, pudiendo diferirla el Libertador “si lo ecsijieren la libertad interior y esterior de la República” (art. 3). El Congreso general, de conformidad con la Constitución, tenía facultades constituyentes, pues se le encargaba de la ratificación o reforma de la Carta (art. 191), siempre y cuando los poderes de los diputados tuvieran “cláusula especial que los autorice para ello” (art. 192). No era, por tanto, un mero Congreso constitucional, aunque por los decretos antes referidos, ciertos artículos referidos a este último le eran aplicables, verbigracia su reunión el 20 de septiembre.
El Congreso, según relación adjunta al decreto de convocatoria, debería estar conformado por 96 diputados propietarios y 58 suplentes, no obstante que el propio decreto estableciera que el número de diputados a elegirse debía arreglarse “a la base de 12000 habitantes por cada uno”, según el censo publicado en la guía del Perú del año 1797, por no haber tiempo suficiente “para formar los respectivos padrones (art. 5). Sobre la base de aquel censo, se formaría y acompañaría “lista del número de diputados que corresponde a cada provincia de las clases de propietarios y suplentes, y el total que debe nombrar cada departamento” (art. 6). Por tanto, la relación publicada por el Consejo de Gobierno no se ajustaba a la realidad y, en consecuencia, hubo variación del número de diputados. En efecto, se eligieron en el país 105 diputados propietarios y 60 suplentes.
2. La Agenda
Al Congreso general correspondía resolver tres asuntos fundamentales que interesaban a la república: 1) la continuidad de Bolívar en el mando del país, 2) la ratificación o reforma de la Constitución de 1823 y 3) el problema de Bolivia.
En cuanto al primer punto la opinión era unánime: Bolívar debía continuar en el mando del país. Sin embargo, las divergencias eran en relación a la forma en que habría de ejercerlo. Los miembros del círculo del Libertador opinaban que debería ejercerse con las mismas facultades con los que lo había investido el Congreso Constituyente, esto es, facultades extraordinarias o continuación de la dictadura. Por el contrario, los liberales consideraban que el mando debería ejercerse según las leyes, es decir, constitucionalmente.
Sobre el segundo punto también había consenso en el país: la Constitución de 1823, de tipo asambleario, en el que la supremacía residía en el poder legislativo en desmedro del poder ejecutivo, debía ser reformada. El contenido de una carta de Luna Pizarro a Bolívar no deja dudas. En ella el “fiero republicano” se complacía de haber “convenido” con el Libertador “opinando por la necesidad de que se reforme la Constitución”. Así lo había escrito, decía, a varios personajes residentes en Lima, “extrañando no se hubiese prevenido a los pueblos para que diesen esta facultad a sus Representantes, quienes en la mayor parte llevarán su poder conforme a la ley reglamentaria de elecciones, donde se extendió la fórmula para diputados de Congreso constituido”. Dos puntos, según Luna Pizarro, eran esenciales en la reforma. La primera concernía al poder ejecutivo, que “debía recibir amplitud en su autoridad”. La segunda tenía relación al poder legislativo y al modo de formación de las leyes, porque “según la actual Constitución nunca serán obra de madurez, sino de la precipitación y aún sorpresa”. Esto significaba rechazar la unicameralidad pues, dándose al ejecutivo “tres solos días para hacer observaciones a los proyectos de ley, ¿cómo se desempeñará cuando haya tumulto de pasiones, y de proyectos que se la pasen, como forzosamente ha de haber, y más en el sistema de una sola cámara?”. Por tanto, concluía, era “justísima” la observación del Libertador “sobre reforma de la Constitución”, prometiendo que el “buen juicio” de los representantes “la verifique por el bien del Estado”[3].
Del mismo modo, en El Republicano de Arequipa se afirmaba que el Congreso necesariamente debía “tomar en consideración” la Constitución para hacer en ella “las variaciones que convengan”, porque era evidente que la actual Carta, “discutida y sancionada bajo el estruendo del cañón, y en circunstancias difíciles y calamitosas”, requería mejoras como “combinar con esactitud el equilibrio de los tres poderes”, de manera que el poder ejecutivo “no carezca de aquella fuerza vital que le sea necesaria, para dar impulso a la felicidad pública”. Situación más que necesaria en pueblos donde la libertad apenas era conocida y las instituciones nacientes[4].
Finalmente, con respecto al tercer punto, era general el deseo de la unión del Perú y Bolivia. Las facciones existentes en el país compartían ese punto de vista, como lo demuestra el contenido de una carta remitida de Lima a Buenos Aires:
“En cuanto al régimen interior del país, hay tres opiniones principales – la primera y más poderosa es la dominante, que está decidida por una autoridad militar. La segunda está por una República concentrad, gobernada por leyes mui liberales; pero que al mismo tiempo contengan a los pueblos en sus aspiraciones de federación: esta desea ver el gobierno y empleos militares en personas puramente Peruanas, y que sean del todo independientes de la clase militar. La tercera, la forman los partidarios de Riva Agüero, que están también por una República concentrada; pero que se resienten mucho del egoísmo e intolerancia de todo partido. Estas facciones se subdividen en otras, que las modifican en parte; pero todas cuentan para sus planes con la incorporación de la República Bolivia”[5].
El problema residía en la forma que se daría a la unión, pues existían varias posibilidades. En efecto, desde que Bolívar arribó a Lima de su viaje al Potosí, varios proyectos que concernían al futuro del Perú y de la América del Sur se discutían en la Magdalena. Según O’Leary, algunos influyentes diputados al Congreso general de 1826 “eran de parecer, y así lo propusieron, que el Perú y Bolivia se uniesen en una sola república”, bajo la denominación de República Bolívar y designando al general Sucre como presidente. Otros, “con más amplias miras”, recomendaban un gobierno enérgico, “con el Libertador a la Cabeza”. No faltaban, tampoco, quienes aseguraban “que las colonias recién emancipadas no estaban preparadas para las instituciones republicanas, y que únicamente la adopción de un sistema monárquico atajaría los males a que se hallaban espuestas, por la incompatibilidad de las formas democráticas con los hábitos coloniales”. Esta última postura la compartían miembros del Consejo de Gobierno como Unanue y Larrea[6].
Entre aquellos personajes que visitaron a Bolívar se encontraba Luna Pizarro[7]. De acuerdo con O’Leary, el clérigo arequipeño “parecía decidido por la unión del Perú con Bolivia”. Con ese objeto y “bajo una forma práctica”, presentó un proyecto al Libertador[8]. Se trataba de la federación. Bolivia se reuniría al Perú, cediendo el departamento de La Paz para formar el Estado central. Tacna sería la capital del Estado federal[9].
3. Las Juntas Preparatorias
El 25 de marzo de 1826 el Ministerio de Gobierno convocó a los diputados residentes en la capital que habían obtenido la aprobación de sus actas de elecciones por la Corte Suprema de Justicia, cuyo número de 65 componían las dos terceras partes de la totalidad (96 diputados propietarios, de conformidad con la relación adjunta al decreto de convocatoria), citándolos para que a la una de la tarde del 29 de marzo, se reúnan en el salón destinado a ese efecto, con el objeto de dar inicio a los actos preparatorios de la instalación y apertura pública de sus sesiones[10]. En efecto, el día señalado se celebró la primera junta preparatoria del Congreso general. Contra los deseos del Consejo de Gobierno un grupo de diputados, liderados por Luna Pizarro, decidió no someterse a las pretensiones del oficialismo, manifestando una férrea oposición. Unanue, a la sazón presidente del Consejo de Gobierno, se presentó ante la junta para verificar el inicio de sus labores y comunicar que, de acuerdo con el libertador, habían decidido que los diputados podían determinar, por defecto del Senado, la autoridad ante quien habían de prestar el juramento prescrito en el artículo 52 de la Constitución (relativo a Congreso constitucional), sin el cual no estaban en capacidad legal de fijar el día de la apertura pública de las sesiones, citar al ejecutivo y declarar instalado el Congreso. La formalidad, indicó, podía cumplirse jurando ante él, exhibiendo previamente cada diputado sus poderes[11]. La sugerencia del ministro tenía como finalidad examinar nuevamente los poderes de los diputados y, en particular, de los representantes opositores al gobierno, en el entendido de que varios de ellos venían premunidos de poderes con cláusula especial para la reforma de la Constitución. La indicación dio lugar a que el diputado Manuel Cuadros, considerando la propuesta como “una provocación y un desconocimiento de los fueros del Congreso”[12], manifestara que sobre cualquier asunto de su competencia la representación nacional dispondría en su oportunidad[13], concluyendo su intervención exclamando exaltado y con “voz de trueno”[14]: “retírese el señor Ministro, y entonces procederemos a jurar”[15]. La protesta de Cuadros obligó a Unanue a salir precipitadamente de la reunión.
A partir de este incidente la junta se enfrascó en un acalorado debate sobre la calificación de las actas de elecciones y poderes de los diputados, así como sobre el órgano que entendería sobre ellas. El desorden en la reunión era tal que, para evitarlo, se propuso el nombramiento de quienes las presidieran. Los opositores al gobierno exigieron que en el nombramiento de la mesa directiva bastase la pluralidad relativa de los diputados. Los gobiernistas, por el contrario, opinaron se observara el reglamento interior del Congreso Constituyente. Intervino, entonces, Luna Pizarro, manifestando que los diputados ya no estaban sujetos a la Constitución ni a reglamento alguno, pues esos códigos habían sido provisorios: “han callado desde que nosotros fuimos elejidos”[16]. Razón tenía el diputado arequipeño. El artículo 191 de la Constitución de 1823 sujetaba a un Congreso general de diputados de todas las provincias, culminada que sea la guerra, la ratificación o reforma de la misma, siempre y cuando, según el artículo 192, los poderes de los diputados tuvieran cláusula especial que los autorice. La petición de los opositores fue aprobada, eligiéndose a Manuel Urquijo y Eduardo Carrasco, presidente y secretario, respectivamente. Antes se había resuelto que las sesiones fueran públicas. De inmediato, diputados de Arequipa propusieron el nombramiento de una comisión de poderes. González Vigil, uno de los autores, tomando la palabra, demostró que solo al Congreso, “en su calidad de Juez de la elección de sus miembros, correspondía calificar los títulos respectivos y que esa atribución era parte sustantiva de su autonomía funcional”[17]. La proposición significaba cuestionar las calificaciones efectuadas por la Corte Suprema y, por consiguiente, reexaminar “poderes ya revisados por la autoridad legítima”[18], esto es, “revocar lo actuado”[19]. La ardorosa defensa de la propuesta por la facción liberal determinó que los sufragios favorecieran la proposición. En consecuencia, se acordó que todos los diputados presentasen sus credenciales y poderes a una comisión designada por el presidente de la junta preparatoria[20].
La abierta oposición de la minoría liberal a los designios del gobierno llegó a oídos de Bolívar. Según González Vigil, “perdida la votación salieron desaforados de la junta los devotos de la dictadura, y partieron los de más influencia a la Magdalena a esponer al Libertador, que el país estaba en el mayor conflicto, y que la anarquía, que ya asomaba, iba a devorar al Perú”[21]. Bolívar, furioso al conocer la existencia de un grupo opositor al gobierno, “ocurrió a su manoseado sistema de renunciar al mando y retirarse a Colombia con sus tropas”[22]. En carta a Santander Bolívar decía lo siguiente:
“En estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de Arequipa, que son los caraqueños del Perú, han querido que este congreso fuese constituyente y no constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron, unos por equivocación y otros por seducción. El consejo de gobierno sostenía la constitución por mi consejo, y como yo iba ser desairado junto con mis delegados, y además temía una nueva anarquía nacer en este congreso constituyente, repetí decididamente lo que digo todos los días: que me iba. Esta palabra causó un alboroto inmenso. Todas las corporaciones, el pueblo y el congreso mismo me rogaron fuerte y unánimemente; además, hubo proyectos de impedirme a todo trance la marcha y de destruir, de paso, a los que me daban este disgusto”[23].
El 31 de marzo, conocida la noticia de que Bolívar y las tropas auxiliares de Colombia se retirarían del Perú, “luego que se verificase la instalación del Congreso jeneral prócsimo a celebrarse”, porque algunos individuos “no creían necesaria su permanencia en la república para sistemar su felicidad”[24], la Municipalidad y demás corporaciones concurrieron a la Magdalena para suplicar al Libertador revocara su resolución. Empero, no lograron su cometido. Retornando las corporaciones a la ciudad, sus miembros comunicaron al pueblo que Bolívar “se mantenía incontrastable” en su decisión. El hecho determinó a algunos diputados “tratar de obtener lo que aquellas no habían podido recabar”[25]. Laso, Pedemonte, Bueno y Villarán reunieron las firmas de una veintena de diputados y remitieron un oficio al presidente de la junta preparatoria con la finalidad de que la convocase de inmediato, porque la “Patria peligraba”[26]. El 2 de abril los diputados se reunieron en junta extraordinaria. A propuesta de los oficialistas el tema tratado fue sobre Bolívar y su permanencia en el país. Estos manifestaron que el Libertador había determinado irse a Colombia porque en la primera junta preparatoria se habían escuchado voces considerando innecesaria su presencia. Los miembros de la facción liberal respondieron manifestando que en la reunión precedente a Bolívar no se le había faltado en lo menor y que las decisiones adoptadas eran expresión de la voluntad de la representación nacional. A continuación tomó la palabra Pedemonte y en un discurso “patético” expuso que si Bolívar no continuaba ejerciendo el mando y se retiraba del país la anarquía se entronizaría[27].
La preocupación del orador era compartida por todos los diputados. Sin embargo, la divergencia residía en el tipo de autoridad con que se investiría al Libertador. Los liberales, privadamente, según explicaba Luna Pizarro, habían considerado que el primer paso que debía dar el Congreso al instalarse “era el nombramiento del ejecutivo”, deseando “poner al libertador a la cabeza del gobierno con la investidura de primer presidente de la república, para que la administrase según la constitución” y, del mismo modo, nombrar como vicepresidente al general La Mar. Por el contrario, los oficialistas “opinaban porque siguiese el poder absoluto”, esto es, “facultades extraordinarias”, incompatibles “con la existencia del congreso”[28]. Del mismo modo, Mariano Alejo Alvarez, concordando con Luna Pizarro, manifestaba al Libertador que la opinión de los diputados estaba dividida sobre “la clase de autoridad” con que se le investiría. Decía: “unos quieren que sea la de las Leyes, y otros la Dictadura, bajo la misma o diferente nominación”[29]. Tras un intenso debate los diputados se conformaron con una propuesta de José María Bueno “reducida a que una comisión fuese donde el Libertador, y le dijese que los deseos de los pueblos y Diputados eran, de que no se fuese y siempre permaneciese en la República”. En seguida se ordenó por la presidencia que la proposición se presentara por escrito. Mas, al hacerlo, Bueno la varió agregando “con el mismo mando que ha tenido”[30]. Sometida la propuesta a votación fue aprobada. Empero, Luna Pizarro y Manuel Hurtado Zapata, al darse cuenta de la variación, reclamaron sobre ese hecho en el momento que se realizaba la votación de la propuesta. El reclamo no fue atendido. Finalmente Luna Pizarro manifestó que el reclamo constase en actas y se le comunicara al Libertador “que esta no era más que una reunión preventiva”[31], pues la junta preparatoria “no tenía facultad para formar ninguna clase de autoridad”[32]. Al día siguiente, una comisión compuesta ocho diputados, uno por cada departamento del país, presidida por Fuentes Pacheco[33], acudió a la Magdalena para exponer a Bolívar “que el Perú por el órgano de sus representantes no permitirá que le abandone, y que su permanencia en los mismos términos que hoy gobierna, es el primer interés de la república”[34]. La comisión logró su propósito. Al “ofrecerle la continuación del mando dictatorial”[35], convenció al Libertador para que variase su resolución. Así, el 4 de abril la comisión comunicó a sus comitentes el resultado de su gestión. En esta tercera sesión hubo una viva discusión sobre la naturaleza y atribuciones de la junta preparatoria. Varios de los diputados que en primera instancia habían apoyado las proposiciones de la minoría liberal se retractaron. Al día siguiente, continuando el debate, la mayoría de los diputados resolvieron, por 36 votos contra 18, que las juntas preparatorias no tenían ninguna facultad relativa a la instalación del Congreso, esto es, la mayoría aprobó “la extravagante y escandalosa proposición que el examen de las actas y poderes pertenecían al gobierno y no a los diputados”[36], disolviéndose en consecuencia la reunión[37].
Los debates suscitados en las juntas preparatorias hicieron comprender al Consejo de Gobierno y al Libertador que la instalación del Congreso sería perjudicial a los planes que ya se estaban trazando sobre los destinos de los países bajo el influjo de Bolívar. Si bien en un principio este estuvo decidido en que a representación nacional se instalara el 10 de febrero de 1826, fecha conmemorativa de la concesión por el Congreso Constituyente de la dictadura, fue convencido y se convenció que el Congreso reunido solo entorpecería la realización de sus designios. El 26 de febrero, en carta a Pando, Bolívar le manifestaba que su intención había sido instalar el Congreso el 10 de febrero, por esa razón arribó de su viaje al sur el 7 del mismo mes. Sin embargo, a pesar de haberse hecho una convocatoria anticipada, el número de diputados presentes en la capital no era el suficiente para la instalación. Empero, consideraba que pronto se cumpliría su deseo[38]. Bolívar incluso tenía preparado el mensaje que expondría al Congreso. Por el contexto del mismo podemos afirmar que la versión final fue redactada entre fines de marzo y principios de abril. En los párrafos finales del mensaje decía:
“Señor: El Congreso Constitucional va a empezar sus tareas legislativas en las circunstancias más gloriosas para el Perú, pues se halla libre y en reposo, gozando de los triunfos de sus armas, del orden que ha establecido la administración y de la sabiduría de las leyes más liberales del mundo. En medio de tales prosperidades era mi ardiente deseo devolver el poder público que la Nación me había confiado, y dejaros en plena libertad de obrar sin la presencia de un ejército auxiliar y de un jefe extranjero: pero el pueblo, la capital de la República, todas las corporaciones y vosotros mismos habéis mostrado vuestra terrible alarma por mi separación del Perú; yo pues, no he podido resistir a los votos de una Nación que se empeña en honrarme con su confianza y en oprimirme con sus bondades.
¡Representantes del pueblo! Os ofrezco nuevamente mis servicios hasta que mi patria me llame o mi conciencia me persuada que no soy más útil a los peruanos”[39].
Posteriormente, disueltas las juntas preparatorias, Bolívar ya no deseaba la instalación del Congreso. Entre tanto el Consejo de Gobierno meditaba la adopción de diferentes medidas para cumplir con los deseos del Libertador. Una de ellas fue iniciar una campaña de desprestigio contra los diputados opositores. Los arequipeños llevarían la peor parte. En El Republicano se escribiría con saña contra ellos. La orden la daría el prefecto Gutiérrez de La Fuente para complacer al Libertador, tras recibir la carta en que Bolívar le expresara su disgusto por la diputación arequipeña encabezada por Luna Pizarro:
“¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible cambiarlos sería la mejor cosa del mundo, puesto que sus poderes no han venido conforme a la Constitución y que han perdido su alegato en la junta preparatoria. Yo creo que Arequipa tendrá que reunir de nuevo sus asambleas para tratar de los nuevos poderes; y, por lo mismo, sería muy conveniente para el bien del Perú que se nombrasen otros más patriotas y menos perversos. Yo le aseguro a más que con ellos no se puede hacer nada bueno: quieren destruirlo todo a su modo. Como Arequipa no mande mejores diputados, estoy seguro que la anarquía entra con todo su furor, y yo me voy con Dios por no recibir ultrajes de esos miserables esclavos de los españoles. Si Ud. ama a su patria debe empeñarse en que se varíe esta maldita diputación. Luna engañó a Riva Agüero; Luna echó a Monteagudo y a San Martín; Luna perdió a la junta gubernativa. Por culpa de Luna entró al gobierno Riva Agüero; y por culpa de Luna entró Torre Tagle. Por Luna se perdió el Perú enteramente y por Luna se volverá a perder, pues tales son sus intenciones. Yo quisiera, mi querido general que Ud. se apersonara en estos negocios para que no se nos pierda el trabajo de tantos años y de tantos sacrificios”[40].
Otra de las medidas adoptadas por el gobierno fue el solicitar a los diputados la presentación de los poderes otorgados por los colegios electorales, haría las veces de Senado, “para que en su vista se señalen los días y horas en que deban comparecer a prestar el juramento prevenido por la constitución”[41]. El objeto era “anular esos mismos poderes de los diputados aprobados ya por la Corte Suprema, en virtud de la comisión que se le dio”[42]. En efecto, el 17 de abril el Consejo de Gobierno expidió un decreto por el cual declaró nulos los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Lima, Arequipa y Condesuyos al contener “cláusula especial para la reforma de la constitución política, sin la condición prevenida en el artículo 58 de la ley reglamentaria (de elecciones), esplicatorio del artículo 192 de dicha constitución”, ordenando que se otorgaran nuevos poderes con “entera sujeción” a las leyes. Asimismo, declaró que los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Bolívar, Cuzco, Lambayeque y Quispicanchi debían reformarse, de conformidad al artículo 55 de la ley reglamentaria de elecciones, al contener la cláusula especial para la reforma de la Constitución, sujeta a la condición de tener efecto para el caso indicado en el artículo 58 de dicha ley[43]. Pocos días después, en carta a Santander, Bolívar comentaba sus impresiones sobre lo acontecido:
“En la adjunta gaceta encontrará Ud. el decreto del consejo de gobierno declarando írritos los poderes de los diputados de algunas provincias, que no están conformes con el artículo 58 de la ley reglamentaria. Según este decreto han quedado separados del congreso lo menos veinte diputados, cuyos poderes se han encontrado no conformes a lo que previene la constitución, y aunque han quedado como cuarenta y ocho en regla, no creo que se reúna este congreso hasta el año 27, no solo porque cuarenta diputados no son suficientes para componerlo, sino porque será preciso que se reformen los poderes de los veinte diputados, o se hagan nuevas elecciones. No tengo embarazo en decir a Ud. que yo no he visto este acontecimiento con gran pesar; porque entre tanto puedo yo arreglar el país, darle más moral y buscar una persona que pueda servir el ejecutivo con aquella firmeza y energía que se requiere aquí sobre todo. El consejo de gobierno, no hay duda que ha hecho lo que ha podido, pero no tiene opinión”[44].
De las opiniones vertidas en las juntas preparatorias se puede concluir que las divergencias tenían como fundamento los siguientes temas: la naturaleza del congreso convocado y el órgano encargado de calificar las actas y poderes de los diputados.
4. La Disolución del Congreso General: la Representación de los 52 Diputados, los “Persas”
Bolívar y la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, como resultado de lo acontecido en las juntas preparatorias, consideraban peligrosa la instalación del Congreso general. De acuerdo con Heres la disyuntiva del Libertador era “o irse como pensaba o disolver el Congreso”[45]. Del mismo modo, varios diputados influenciados por la propaganda oficial opinaban que la reunión del Congreso provocaría una grave crisis en el país. En ese estado de cosas algunos diputados formularon la idea de hacer una representación al Libertador solicitando el aplazamiento de la reunión del Congreso hasta el año de 1827[46]. Según Heres el Libertador no tuvo parte en la representación, aunque si conoció de su formulación[47].
[1] Gaceta del Gobierno. Nº 57. Lima, 23 de junio de 1825, p. 1.
[2] Gaceta del Gobierno. Nº 15. Lima, 13 de febrero de 1825, p. 3.
[3] Carta de Luna Pizarro a Bolívar. Arequipa, 11 de noviembre de 1825, Francisco Xavier de Luna Pizarro. Escritos Políticos. Recopilación, prólogo y notas de Alberto Tauro. Lima: UNMSM, 1959, p. 24.
[4] “Variedades”, El Republicano. Nº 14. Arequipa, 25 de febrero de 1826, p. 65.
[5] “Extracto de una carta particular de Lima de 1 de junio último”, Mensagero Argentino. Nº 79. Buenos Aires, 22 de agosto de 1826, p. 2.
[6] Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 1826). Tomo II. Madrid: Sociedad Española de Librería, s.f.e., pp. 564 – 565. El propio Libertador había manifestado en carta a Santander haber recibido una propuesta de Alvear para extender la República Bolívar, por tratados, hasta Buenos Aires y Chile. En el Perú, afirmaba, también querían lo mismo que Alvear. En consecuencia, de realizarse aquellas propuestas, “no habría más que dos repúblicas, Colombia y Bolivia”, aunque en el Perú había “quien quiere imperio”. Carta de Bolívar a Santander. Magdalena, 20 de marzo de 1826, Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales. Tomo V. Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1929, p. 257.
[7] Carta de Luna Pizarro a Gutiérrez de La Fuente. Lima, 15 de marzo de 1826, “Catálogo de documentos manuscritos”, Mariano Felipe Paz Soldán. Historia del Perú independiente. Segundo período 1822 – 1827. Tomo II. El Havre: Imprenta de A. Lemale, 1874, p. 69.
[8] Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 - 1826), pp. 564 – 565.
[9] Santiago Távara. Historia de los partidos. Edición y notas de Jorge Basadre y Félix Denegri Luna. Lima: Editorial Huascarán, 1951, p. 126.
[10] Gaceta del Gobierno. Nº 25. Lima, 25 de marzo de 1826, p. 1.
[11] “El Peruano”, El Peruano. Nº 10. Lima, 5 de julio de 1826, p. 2.
[12] Valentín Paniagua Corazao. “El proceso constituyente y la Constitución vitalicia (bolivariana) de 1826 (I)”. Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia Constitucional. Nº 8, septiembre de 2007, http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/32/23 .
[13] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, Mensagero Argentino. Nº 62. Buenos Aires, 13 de julio de 1826, p. 1.
[14] “Discurso del prefecto de Arequipa, Manuel Cuadros, al asumir y juramentar el cargo”, El Restaurador. Nº 8. Arequipa, 24 de febrero de 1834, p. 3.
[15] Sebastián Lorente. Historia del Perú desde la proclamación de la independencia. Tomo I. Lima: Imprenta Calle de Camaná Nº 130, 1876, p. 334.
[16] “El Peruano”, p. 2.
[17] Valentín Paniagua Corazao. “El proceso constituyente y la Constitución vitalicia (bolivariana) de 1826 (I)”; Lorente. Historia del Perú desde la proclamación de la independencia, pp. 334 – 335.
[18] “Constitucionales y serviles”, El Peruano Independiente. Nº 16. Lima, 8 de abril de 1826, p. 1. Reproducido en El Republicano. Nº 25. Arequipa, 13 de mayo de 1826, p. 110.
[19] “El Peruano”, p. 2.
[20] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1; Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 - 1826), p. 566.
[21] Francisco de Paula González Vigil. “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, El Patriota Chileno. Nº 17. Santiago de Chile, 1826, citado en “El Peruano”, p. 2.
[22] Mariano Felipe Paz Soldán. Historia del Perú independiente. Segundo período 1822 – 1827, p. 60.
[23] Carta de Bolívar a Santander, Magdalena, 7 de abril de 1826, Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 269. (Cursivas en el original).
[24] Benito Laso. Esposición que hace Benito Laso diputado al Congreso por la provincia de Puno. Lima: Imprenta Republicana administrada por José María Concha, 1826, p. 2.
[25] “El Peruano”, p. 3.
[26] Ibíd.; “Copia de de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1.
[27] Daniel Florencio O’Leary. Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819 - 1826), p. 568.
[28] Carta de Luna Pizarro al Obispo Goyeneche. Lima, 31 de mayo de 1826. Rubén Vargas Ugarte. Historia general del Perú. La República (1825 – 1833). Tomo VII. Lima: Editorial Milla Batres, segunda edición, 1984, p. 291.
[29] Carta de Mariano Alejo Alvarez a Bolívar. Lima, 18 de abril de 1826. Daniel Florencio O’Leary. Memorias del general O’Leary publicadas por su hijo Simón B. O’Leary. Tomo X. Caracas: Imprenta de la “Gaceta Oficial”, 1880, p. 501.
[30] “Copia de de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1. (Cursivas en el original).
[31] Ibíd.
[32] “El Peruano”, p. 3.
[33] “Constitucionales y serviles”, p. 1 y 110, respectivamente.
[34] Benito Laso. Esposición que hace Benito Laso diputado al Congreso por la provincia de Puno, p. 3 (cursivas en el original); “El Peruano”, p. 3; Sebastián Lorente. Historia del Perú desde la proclamación de la independencia, p. 335; Mariano Felipe Paz Soldán. Historia del Perú independiente. Segundo período 1822 – 1827, p. 61.
[35] Francisco de Paula González Vigil. “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, citado en “El Peruano”, p. 2.
[36] Francisco de Paula González Vigil. “Conducta de la Convención con el poder egecutivo, y de este con la Convención desde las juntas preparatorias”. El Constitucional. Nº 2. Lima, 6 de noviembre de 1834, p. 4.
[37] Gaceta del Gobierno. Nº . Lima, 5 de abril de 1826, p. 1.
[38] Carta de Bolívar a Pando. Magdalena, 26 de febrero de 1826. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 229.
[39] “Mensaje que el Libertador Bolívar debía presentar al Congreso del Perú en 1826”. Mensajes de los presidentes del Perú. Recopilación y notas por Pedro Ugarteche y Evaristo San Cristóval. Volumen I. Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1943, pp. 24 – 25.
[40] Carta de Bolívar a Gutiérrez de La Fuente. Magdalena, 6 de abril de 1826. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 266.
[41] Gaceta del Gobierno. Nº 29. Lima, 8 de abril de 1826, p. 1.
[42] Francisco de Paula González Vigil. “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, citado en “El Peruano”, p. 4.
[43] Gaceta del Gobierno. Nº 32. Lima, 19 de abril de 1826, p. 1.
[44] Carta de Bolívar a Santander. Magdalena, 23 de abril de 1826. Vicente Lecuna. Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, pp. 276 - 277.
[45] Daniel Florencio O’Leary. Historia de la independencia americana. La emancipación del Perú según la correspondencia del general Heres con el Libertador (1821 – 1830). Madrid: Editorial América, 1919, p. 396.
[46] Luis José de Orbegoso. Memorias del gran mariscal don Luis José de Orbegoso. Lima: Gil, S. A., Editores, segunda edición, 1939, p. 36.
[47] Daniel Florencio O’Leary. Historia de la independencia americana. La emancipación del Perú según la correspondencia del general Heres con el Libertador (1821 – 1830), p. 396.
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