sábado, 29 de marzo de 2014

UNA "DEMOCRACIA" TEMPRANA: ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PERÚ, 1812-1833

Una “democracia” temprana: elecciones y participación popular en el Perú, 1812-1833*

Wilver Alvarez
UNMSM

La crisis de la monarquía hispana en 1808 sería decisiva para que los “reinos” americanos se vean inmersos en un cambio trascendental: el viraje de un régimen monárquico y “despótico” hacia un régimen representativo y constitucional. La instalación de las Cortes así como la publicación y juramento de la Constitución de 1812 permitiría, a través de la elección, que las clases populares hicieran su aparición en la vida política del “reino”, convirtiéndose en un factor decisivo. Esas elecciones se caracterizarían por el sufragio ampliado (masculino), casi universal, aunque en términos prácticos el censo o padrón no excedía del diez por ciento de la población total.

La elección, mecanismo por el cual tenía aplicación el principio de la soberanía de la nación o soberanía popular, esto es, el fenómeno representativo, daba lugar al concepto de democracia o “demo-poder”. De ahí el temor de las autoridades. La multitud expresaba su poder en las “urnas temibles”[1] o, mejor dicho, en las “juntas temibles”[2], pues era la reunión de la masa de ciudadanos en las juntas electorales de parroquia, primer nivel o grado de la elección, lo que se temía, habida cuenta la gran autonomía de estas en sus decisiones. He ahí la participación popular (democrática) en la conformación de las diversas instancias del gobierno.

Entre los políticos de la iniciación republicana, nadie mejor que Vidaurre para corroborarlo, dado que él se consideraba el abanderado de la “democracia representativa” en el Perú. Así, afirmaba el “ciudadano” Vidaurre:

“Hasta aquí los poderes se creyó que eran tres; legislativo, ejecutivo y judicial. En esta ciencia nueva, son grandiosos los progresos que se han hecho en nuestros días. Ya no habrá un político que no convenga en que son cinco; el electoral, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el conservador. Se numera el primero entre ellos el electoral, por su preeminencia. Es el único que puede llamarse verdaderamente soberano. Es ejercitado por la nación, que es la asociación política de todos los ciudadanos, y es, en quien reside la soberanía. En él, el soberano manda por sí mismo; en los otros manda por representación, y los representantes son mandatarios, no soberanos. En aquél, no tiene que responder a nadie, porque el soberano no puede ser juzgado, corregido, ni castigado. En los otros, los encargados son súbditos, dignos de premio o castigo, según el recto uso, o el abuso de sus obligaciones. Y entiéndase, que cuando hablamos de este poder por exelencia, nos ceñimos al caso de las elecciones directas. Siendo indirectas, ya los segundos electores son representantes.

La esencia de la democracia sabemos, que consiste en gobernarse el pueblo por sí mismo. Desde la más remota antigüedad se tocaron los resultados desfavorables y aun la imposibilidad de mantenerse este sistema. El pueblo se vio obligado a delegar; pero para no aniquilar su naturaleza, retuvo el poder de elegir. (…) Todo ciudadano es elector, pero para ser elegido es preciso una renta fija. (...) Al que no sea desconocido el derecho público, confesará estas dos verdades: cuanto más populares son las elecciones, más se conforman con la democracia: cuanto se disminuye la popularidad, tanto se introduce la aristocracia justamente aborrecida. El magistrado que subscribe la nota, explicó esta idea en un discurso en la tribuna, que el absolutismo, quiso glosarlo después contra su verdadero sentido[3].

Si fuera posible, que el pueblo en masa lo hiciera todo por sí mismo, sin necesidad de delegar, sería la completa democracia. Luego todo lo que puede hacer por sí sin obstáculos, no deberá sujetarlo a voluntades particulares.”[4].

Aún más, Vidaurre era muy claro en precisar la diferencia entre la democracia absoluta y la democracia representativa. En ella especificaba claramente el ligamen del grado de la participación popular en las decisiones de autoridad o políticas con el tipo de democracia:

“Grocio queriendo probar la justicia del absolutismo de los reyes, se funda en que los pueblos como las personas pueden ceder sus derechos, quedando en servidumbre u obediencia pasiva. Esta sería la doctrina de los que dijesen, que el pueblo transmitió sus derechos en el Congreso de modo, que en ningún caso pudiera usar de ellos aunque se viese tiranizado. La ignorancia ha ocurrido a una distinción frívola. Se dice, que no es lo mismo la democracia que el sistema popular representativo. Sabed miserables godos y vitalicios. La democracia absoluta es cuando el pueblo todo lo decreta en masa: democracia representativa, cuando obra por apoderados. En ambas formas la soberanía está en el pueblo, y no puede enagenarse. Si se enagenase en el Congreso, perdería su naturaleza, ya no sería un sistema popular representativo, sino una oligarquía.”[5].

Este fenómeno había sido comprendido muy bien por el virrey Abascal. La Constitución de la monarquía española abriría el camino a un gobierno popular o democrático. El cambio era de gran magnitud, pues por la Constitución, decía Abascal, no solo se alteraban algunas de las antiguas leyes fundamentales, sino que se ampliaban otras para formar un “Gobierno popular nuevo y desconocido en España”. La novedad causó gran malestar en su ánimo, porque “veía reducida la persona del Rey a la simple representación de un Magistrado particular usurpada su soberanía”, abusándose del nombre de la nación y trastornando las leyes fundamentales de ella “para introducir los principios revolucionarios de la Democracia de la impiedad y de la ireligión”[6].

La democracia, así entendida, se asentaría antes que la constitucionalidad o gobierno libre, lo que preocuparía no solo a la autoridad virreinal, sino también a diversos personajes de la iniciación republicana. El salto había sido descomunal, no hubo el ansiado tránsito como quería Vidaurre en la época del liberalismo hispano (1812-1814 y 1820-1823), como lo quisieron San Martín y Monteagudo en 1821-1822, o como lo pretendieron establecer en su fracasado proyecto, Bolívar y Pando, en 1825-1826. 

No extrañe tampoco que quienes pretendieron crear un gobierno libre, vía la consolidación de un orden, antes que una democracia, despotricaran de la Constitución, pero entendida esta no como un régimen de libertad, sino como mero papel o documento declarativo de libertades o derechos, tal como se convertirían en las nacientes repúblicas. Es lo que expresaría Heres, aunque en términos muy duros, cuando comunicaba a Sucre la deposición del régimen bolivariano en el Perú: El amor a la ley lo había perdido a él y al Perú. Por ello, decía, volvía a sus principios, es decir, que en la revolución no hay términos medios. Así, en América no podía “seguirse el régimen constitucional, porque los pueblos ignorantes y sencillos se dejan alucinar y conducir por hombres sin patriotismo y sin ninguna virtud civil. Estos hombres claman contra los gobiernos hasta que obtienen el poder, y luego que lo consiguen son unos déspotas insoportables. Los trámites legales solo producen la impunidad y el aliento de los malos para trastornar el Estado. La cuestión está reducida a esta muy sencilla alternativa –Constitución y ruina del Estado y de los hombres virtuosos, o absolutismo y orden y paz”[7].

Algo similar escribiría desengañadamente Pando el año de 1837, tras su regreso a España, al referirse en sus Pensamientos y apuntes sobre moral y política a las repúblicas de la América del sur:

“El alma se aflige profundamente al contemplar tantos inútiles ensayos, tantas oscilaciones de métodos transitorios y de formas vanas, tantos delirios extravagantes mezclados con tan aborrecibles atrocidades, tanta pueril vanidad amasada con tan lastimosa impotencia. Aquél terreno deleznable no admite cimiento que no se desmorone y pulverize. Cada servil imitación ha sido un desengaño; cada tentativa propia, una nueva calamidad; las más groseras heces son las que nadan sobre la superficie; el poder va descendiendo en progresión acelerada cada día más abajo; nadie quiere obedecer, ni sabe mandar; la lei es un nombre tan irrisorio como el de moral o virtud pública; los juramentos se multiplican a la par con los perjurios; la pluma del abogado subleva las masas, que diezma la espada del soldado o la segur del verdugo. Cada uno de los efímeros gefes recuerda que:
‘Le premier qui fùt roi, fût un soldat heureux’,
y al fin se reputa dichoso si no cae más que hasta el destierro. No solamente se carece de verdadera libertad política, en el seno caótico de rebeliones militares, venganzas recíprocas de los bandos, y usurpaciones de la autoridad; sino que la libertad civil, el respeto a la propiedad, la seguridad del domicilio, son cosas casi desconocidas. Cada conmoción, seguida de un nuevo pacto social, es pintada como el final triunfo de los principios tutelares de la sociedad humana: -cada una de ellas lleva en pos de sí el sacrificio de nuevas víctimas, el ostracismo y la rapiña”.

A quien lo acusara de recargar demasiado las negras tintas en ese bosquejo, Pando aseguraba que o bien tenía interés en ocultar la verdad o no conocía lo que era el pueblo americano en general:

“sin educación, sin tradiciones, ni freno; desmoralizado por una lucha larga y cruelísima, abandonado a sí mismo sin guía, consejos, ni amigos; lanzado improvisamente en la resbaladiza senda de la democracia, cuando se halla dividido en castas que mutuamente se odian y desprecian, que apenas conocen las ventajas del orden, de la paz, de la honrada industria; y que, corrompidas por la superstición antigua llevada al punto más degradante, y descarriadas por las predicaciones anárquicas del tiempo actual, -creen lícito cuanto halaga sus ardientes pasiones, loable cuanto promete la victoria sobre sus rivales. Un hecho constante, dignísimo de atención, es que los breves periodos de calma y orden público, y por consiguiente de mejora en su situación económica y rentística, que han disfrutado los estados sur-americanos, se han debido únicamente a la dominación absoluta de un Gefe militar de sanas intenciones; quien se ha visto obligado a suspender la autoridad de la Constitución y de las leyes, y a obrar con arreglo a las inspiraciones de su conciencia.

Introducir la democracia en cualquier país preparado de antemano por la educación intelectual, por las habitudes y buenas costumbres, por la frugalidad y la templanza, -sería siempre un experimento peligroso e incierto: -mas introducirla en la América que fue Española, ha sido un error funesto, un crimen de lesa humanidad; -ha sido lo mismo que repartir a una tropa de niños o de amentes mixtos combustibles, teas inflamadas, armas de toda especie, para que se mutilen y degüellen”[8].

De lo expuesto, el presente ensayo pretende delinear las tensiones entre elecciones o democracia y gobierno libre o constitucional en el tránsito del virreinato a la iniciación republicana en el Perú, esto es, las dificultades derivadas de la introducción de un sufragio masculino casi universal (la participación popular), en momentos en que la monarquía española afrontaba una crisis de gran magnitud, así como la permanencia del mismo en la iniciación republicana, en momentos en que el naciente Estado propendía hacia su consolidación. Así, en la temprana república el fenómeno de la “democracia” política, vía las elecciones, implicaba altos grados de incertidumbre en la conformación de las estructuras de poder, impidiendo establecer un orden político “controlado”, no expuesto a los cambiantes pareceres de la masa popular, o mejor dicho, a los manejos de los capituleros. De ahí, las propuestas y opiniones que se dieron en el periodo para limitar la participación popular e introducir el sufragio directo. El problema, entonces, consistía en dos de los rasgos o características de la democracia que hoy consideramos como esenciales y que nadie está dispuesto a controvertir: la incertidumbre de los resultados del proceso, que “no están determinados de antemano”, y la dependencia del “pueblo”, es decir, “de las fuerzas políticas que compiten para promover sus intereses y valores”[9]








* Borrador de la introducción de un texto en preparación.
[1] Ragas, José, “Las urnas temibles. Elecciones, miedo y control en el Perú republicano, 1810-1931”, pp. 233-256.
[2] Alvarez, Wilver, "’El pueblo a las juntas’: las primeras elecciones populares en la ciudad de Lima, 1812-1814”.
[3] Se refiere Vidaurre al Discurso cuarto contra el caso séptimo del art. sesto del proyecto de constitución pronunciado en la tribuna el día 14 de octubre de 1827 por el diputado – Manuel de Vidaurre, Lima: Imprenta administrada por J. González, 1828.
[4] Vidaurre, Manuel Lorenzo, Proyecto de reforma de la Constitución peruana, en cuanto al poder judicial trabajado por el ciudadano Manuel Lorenzo Vidaurre. De orden de la Exma. Corte Suprema de Justicia, para presentarlo a la Convención, pp. 12-13.
[5] Manuel Lorenzo Vidaurre, “Manifiesto primero que presenta al pueblo el ciudadano…”, en Efectos de las facciones en los gobiernos nacientes. En este libro se recopilan los principios fundamentales del gobierno democrático constitucional representativo. Obra escrita por el ciudadano M. L. Vidaurre, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la república del Perú, ministro plenipotenciario en el gran Congreso de Panamá, ministro de Estado y de relaciones interiores y exteriores, diputado por la provincia de Lima en el Congreso Constituyente, resulta de su expatriación, p. 36, nota 11.
[6] Abascal, José Fernando de, Memoria de gobierno, pp. 439-440.
[7] Carta de Tomás Heres a Sucre, Guayaquil, 26 de febrero de 1827, en El Fénix, N° 2, Lima, 2 de agosto de 1827, p. 2.
[8] Pando, José María de, Pensamientos y apuntes sobre moral y política, pp. 43-44. (Cursivas nuestras).
[9] Przeworski, Adam, Democracia y mercado: reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina, p. 14.

miércoles, 5 de marzo de 2014

"'DEPRIMIR LA AUTORIDAD': LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN LAS CIUDADES DE AREQUIPA Y PUNO, 1812-1814"

“Deprimir la autoridad”: la Constitución de Cádiz en las ciudades de Arequipa y Puno, 1812 – 1814*

Wilver Alvarez
UNMSM

1. Introducción

Prácticamente desconocidos son los estudios en relación a la influencia de la Constitución de Cádiz en las intendencias del virreinato peruano durante la vigencia del primer liberalismo hispano. Salvo los casos de las ciudades de Lima y Cuzco[1], no existe información de lo sucedido en las otras seis ciudades capitales de intendencia: Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Puno, Tarma y Trujillo. Se reconoce, empero, que la Constitución gaditana tuvo gran impacto en el Perú no solo por ser una “fuente de inestabilidad política” para el gobierno[2], sino por otorgar la posibilidad del ejercicio de un gobierno autónomo para sectores de la sociedad anteriormente sometidas al control de las autoridades tradicionales. En efecto, la aplicación de mecanismos de participación popular en la formación del gobierno, reformulando el origen de la soberanía que ahora recaía en la “nación” y no en el rey, amplió la actividad política hacia casi toda la sociedad, estableciéndose por medio del sufragio un sistema representativo que comprendía tres instancias de gobierno: el ayuntamiento constitucional para el gobierno local, la diputación provincial para el gobierno de las provincias y las Cortes para el gobierno nacional[3].

Este ensayo pretende demostrar las profundas implicancias de la Constitución de Cádiz en dos ciudades capitales de intendencia del virreinato peruano, Arequipa y Puno, que si bien por la nueva normativa constitucional formaban parte de provincias distintas, Lima y Cuzco, compartían vínculos muy estrechos y atravesaban una coyuntura política similar. En efecto, en las dos ciudades los nuevos ayuntamientos constitucionales pretendieron erigirse en las máximas autoridades de su jurisdicción, sobreponiéndose a los antiguos gobernadores intendentes, a quienes desconocieron facultades de gobierno[4]. Posteriormente, aparentemente solucionado el conflicto por la intervención del virrey y la diputación provincial de Lima, los renovados ayuntamientos pretendieron conciliar con las autoridades a efectos de que se les conceda un margen de autonomía. Sin embargo, la prepotencia de los jefes políticos subalternos avalada por el jefe superior[5] y la regencia, impidiendo a los cabildos ejercer algunas de las atribuciones que la Constitución les confería así como conminándolos a no excederse de las mismas, motivaría el descontento de algunos miembros de dichas corporaciones. Ese ambiente, aunado a la guerra con la junta de Buenos Aires, determinaría que los descontentos se plegaran al separatismo, lo que se confirmaría con el estallido de la revolución del Cuzco.   

Una de las razones de los continuos enfrentamientos entre los ayuntamientos constitucionales y los jefes políticos, en lo fundamental, residía en la propia Constitución. La Carta no fue muy precisa en deslindar las atribuciones de las nuevas instituciones. Otra de las razones fue la interpretación que en clave autonomista le dieron los simpatizantes del liberalismo hispano[6]. Veían en ella un instrumento de limitación del poder central, que concedía amplias facultades a ayuntamientos y diputaciones provinciales. Además, como por elecciones se constituían las diversas instancias de gobierno previstas en la Constitución, entre ellos los ayuntamientos, estos  se erigieron como el ente representativo por excelencia de los pueblos. Y no solo se trataba de una mera declaración retórica (en los documentos de la época abundan las declaraciones en ese sentido), sino por la identificación existente entre el cabildo, su territorio y/o jurisdicción y el pueblo que lo constituía. Tenían consigo, pues, toda la carga del pasado pero incorporaban a la vez la impronta del nuevo ideario liberal. Así, los ayuntamientos fueron entendidos y utilizados como instrumentos que garantizaban la autonomía y gestión de los intereses locales. Por tanto, los miembros de dichas corporaciones fueron los principales interesados en la plantificación de la Constitución. De ahí la defensa interesada o no de la Carta. Es cierto, entonces, que el ideario liberal “fue difundido e interpretado desde los ayuntamientos”[7]. Por otro lado, y desde una óptica opuesta, la Constitución fue concebida como depresiva de las facultades del rey y de sus agentes subalternos. En consecuencia, los antiguos gobernadores intendentes y/o subdelegados se mostraron reacios a desprenderse de sus antiguas prerrogativas, por lo que inevitablemente confrontarían con los cabildos. Por último, la implementación de la Constitución en un escenario donde la insurgencia de Buenos Aires extendía su actuación por el Alto Perú y el sur del virreinato peruano implicó para las autoridades debilitar al gobierno, por lo que se procuró mediatizar su aplicación. En otras palabras, la Carta era vista por las autoridades como un instrumento favorable a los insurgentes que de haberse observado puntualmente habría ocasionado la pérdida del reino.

Ahora bien, la importancia de la Constitución se halla expresada en unas palabras de Luna Pizarro, escritas al conocerse en Lima el decreto del rey de 4 de mayo de 1814 por el que declaraba nulos y sin valor la Constitución y decretos de las Cortes: “quedan las Américas de colonias, y sepultemos aquella voz encantadora de igualdad que consolaba tanto a los españoles nacidos en el Nuevo Continente[8]. En esas palabras resumía el futuro líder liberal el programa de los criollos durante la vigencia del régimen constitucional, a saber: el estatus de las Américas con relación a la metrópoli, es decir, la igualdad entre los reinos de ambos hemisferios, lo que conllevaba al ansiado autogobierno, la autonomía, que no al separatismo o independencia. Como acertadamente ha señalado Annino, la pretensión de los liberales gaditanos fue  “constitucionalizar el imperio soñado por los Borbón, mientras que los americanos buscaron la constitucionalización del imperio de los Habsburgo del siglo XVIII ‘compuesto’ y, de facto, federal”[9]. La Constitución, no obstante, en la práctica, como escribiera el dirigente insurgente mexicano Guadalupe Victoria, “solo había generado infundadas esperanzas”[10].  

Antes de entrar en materia es necesario hacer ciertas precisiones. Dos temas aquí son fundamentales: la autonomía y la revolución territorial. En cuanto a la autonomía, Jaime Rodríguez ha sostenido que los esfuerzos americanos por alcanzar la autonomía dentro de la monarquía española constituyeron “un aspecto crítico del proceso de independencia”. El discurso americano “se basaba en la creencia de que sus territorios no eran colonias sino partes integrantes e iguales de la monarquía española. La ley, la teoría y la práctica confirmaban la convicción americana de que sus reinos eran iguales a los de la península”. En ese principio insistieron los dirigentes americanos durante el periodo que siguió a la crisis imperial de 1808. “De hecho, la mayoría de estos líderes demandó igualdad más que independencia. Buscaron la autonomía y no la separación de España. (…) Sólo cuando España rehusó concederles su demanda de autonomía fue que la mayoría de los americanos optó por la emancipación[11]. En este sentido el gobierno representativo les permitió organizarse “para ganar las elecciones de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y las Cortes”[12]. De esta manera fue debilitado el poder de las autoridades reales, reforzándose el de los autonomistas[13].

El vínculo elecciones y ayuntamientos constitucionales crearía un tipo peculiar de prácticas políticas que al decir de Annino fue el encuentro de la tradición criolla de los cabildos abiertos coloniales y el nuevo lenguaje liberal, llegando a identificar “en la ciudad la institución político-territorial fundamental de la sociedad criolla”[14]. De acuerdo a la investigación judicial realizada por la Audiencia de México sobre los sucesos del 29 de noviembre en la ciudad de México se demostraba que el peligro de las elecciones no procedía de las opiniones de los elegidos (los electores elegidos) sino de “la práctica de los requisitos en las juntas, porque por medio de ellas se recreaba una soberanía de la sociedad criolla” que las reformas borbónicas no habían logrado destruir y porque tal práctica debilitaba aún más el débil espacio administrativo. Se reflejó, entonces, “filtrada apenas por la Constitución, toda la herencia colonial con su plurisecular tensión entre instancia burocrática regia e instancia territorial criolla”. En la investigación judicial la burocracia se centró en identificar “una presunta ilegalidad de las prácticas de los requisitos y poder así deslegitimar la soberanía de las juntas”[15]. Se pretendía demostrar que las juntas no habían asegurado el orden público y, por tanto, que las prácticas de los requisitos del voto eran ilegales[16]. De acuerdo con Annino “por medio de la práctica de los requisitos se manifestaron los principios fundantes de la sociedad americana”, esto es, la reproducción de un orden basado en jerarquías que coexistía con ciertas manifestaciones “tumultuosas de la plebe”[17]. En el Perú, en cierto modo, ese orden jerárquico se reprodujo en las juntas electorales parroquiales para elegir a los ayuntamientos constitucionales y representantes a Cortes. Sin embargo, dicho orden fue cuestionado, dando lugar a nuevas prácticas.  

El voto y la instauración de los ayuntamientos constitucionales desencadenarían, según Annino, “un incontenible proceso de transferencia de poderes del Estado a las comunidades locales, en particular los pueblos”[18], la revolución territorial. La municipalización de las áreas rurales determinó que los pueblos vieran a dicha corporación “como el principal instrumento para lograr el autogobierno local”. En tal virtud, los pueblos se apropiaron de un recurso fundamental para la defensa de sus intereses: “la justicia local”[19]. La “naturaleza ambivalente” de la Carta tendrá rol preponderante en el fenómeno[20]. Esta ruralización de la ciudadanía, consecuencia de la crisis de la monarquía hispana, se entiende como “un desplazamiento del eje jurisdiccional de la ciudad al campo”. Por la Constitución el fenómeno se hizo presente en los territorios americanos. Así, Cádiz tuvo dos historias paralelas, “la de la asamblea, donde los americanos fueron la minoría que se opuso a gran parte de la carta, y la de los territorios coloniales, donde los americanos fueron la mayoría que la socializó siguiendo un ‘poder de la costumbre’ desconocido a los constituyentes”. Por tanto, no fue el voto sino la justicia lo que legitimó el poder revolucionario, dado que al elegirse a los alcaldes se hizo de estos unos jueces electos por la comunidad[21]

Aunque sugerentes, las tesis de Annino merecen matizarse en el caso del Perú. Si bien  la Carta otorgaba a los alcaldes constitucionales funciones de tipo jurisdiccional, estas se limitaban a la justicia conciliatoria. Funciones que ya antes habían ejercido y que también se ejercían en las comunidades. Por lo demás, en materia de jurisdicción contenciosa la actuación de los alcaldes no fue plena, dado que cuando pretendieron ejercerla mientras tanto se nombraban a los jueces de letras, las autoridades les recordaron que debían actuar “a prevención” junto con los asesores o teniente de letras. Si esto sucedía con los cabildos de las principales ciudades, mayores dificultades tuvieron los ayuntamientos de la periferia. La efímera vigencia de la Constitución, además, evitaría la propagación de esta “ruralización”. 

Los planteamientos de Annino los ha pretendido hacer extensivos al Perú, Chiaramonti. Sin embargo, los casos presentados por la autora no brindan evidencias suficientes para sustentar lo que plantea. Si bien es cierto que la creación y amplia difusión de los ayuntamientos constitucionales cuestionó la autoridad de los funcionarios reales, no “eliminaron las precedentes jerarquías territoriales”[22]. En efecto, una revisión de los libros de cabildos de las ciudades capitales de intendencia permite demostrar que los ayuntamientos creados en la periferia siguieron reconociendo en los cabildos “antiguos” preeminencia y autoridad[23]. Es cierto que hubo controversias por ciertas competencias entre estos, pero esos casos son excepciones que confirman la regla general.   

Por  último, en recientes estudios Peralta ha propuesto una hipótesis en relación a la elección de los ayuntamientos, su conformación y funcionamiento. La hipótesis sugiere que cuando hubo negociaciones previas entre los actores políticos los problemas no se presentaron en el funcionamiento de esas corporaciones. Por el contrario, cuando no existieron estas negociaciones previas los problemas estuvieron a la orden del día[24].  De ahí también derivaría la existencia de las anomalías o infracciones electorales. Sin embargo, la evidencia desvirtúa dicha hipótesis. Por más que haya habido acuerdo entre determinados actores políticos, el consenso nunca significó unanimidad. En consecuencia, los problemas siempre existieron. Por lo demás, las controversias no solo se suscitaron entre criollos o peninsulares, sino entre diversas facciones al interior de un mismo grupo, como en el caso de bandos criollos disputándose el control del ayuntamiento constitucional de Piura[25].

2. La Constitución de Cádiz en Arequipa: la elección del ayuntamiento constitucional

El 20 de diciembre de 1812 la Constitución se hizo pública en las plazas Mayor, Santa Marta, San Francisco y La Merced. El 21 fue jurada en la sala consistorial del ayuntamiento tanto por el gobernador intendente como por los capitulares. Más tarde, en una ceremonia en la iglesia catedral, Moscoso hizo pronunciar el juramento a los habitantes de la ciudad. Una Carta que en ese momento se consideraba como la de la libertad nacional y fuente de un nuevo pacto: “un Código que une con los más estrechos lasos a la España Europea, con la España Americana, y por decirlo de una vez; un Código que a todos ba a sacar del despotismo, de la baxesa de la obscuridad, y colmados de esplendor de beneficencia”[26]. En esos momentos de euforia vividos en la ciudad, Moscoso no podía prever las consecuencias que la vigencia de la Constitución provocaría en la provincia[27].

Poco tiempo después el gobernador intendente procedería a dar cumplimiento a las disposiciones remitidas por el virrey relacionadas con la elección de los miembros del ayuntamiento constitucional. Dicha elección fue convocada para el mes de febrero de 1813. Como sucedió con la elección de los miembros de los ayuntamientos constitucionales de Lima y Cuzco, en Arequipa se conformó una “facción” constitucional autodenominada “patriota” que desarrolló todos los medios y mecanismos conducentes para lograr una elección favorable a sus intereses, esto es, realizaron una “campaña electoral”. Evidencia que desvirtúa la afirmación hecha por Guerra de que en las elecciones hispánicas de la época no hubo “ni candidatos, ni programas, ni campañas electorales”[28], porque como sostiene Rodríguez “tanto los candidatos como las campañas electorales formaron parte del proceso electoral”[29]. La campaña electoral, en lo fundamental, comprendía el reclutamiento de prosélitos destinado a hacer lograr prevalecer las candidaturas de la facción durante el proceso electoral. A ese efecto se realizaban reuniones, se propalaban las candidaturas mediante la distribución de listas de electores y se incitaba a los miembros de la facción a acudir a las juntas electorales no solo para ejercer el voto, sino también para presenciar la realización del evento con la finalidad de ejercer presión en las mesas electorales o juntas. En resumidas cuentas, los “patriotas” fomentaron la movilización popular en las juntas electorales de parroquia, provocando temor y abstención en el bando contrario, los “chapetones” o “gobiernistas”.

La apropiación del espacio público por la facción “patriota” aseguró la victoria de sus candidatos en las juntas electorales de parroquia. El triunfo, según los realistas, se debió a que los constitucionales habían “alucinado a la inocente plebe”. En efecto, tal como lo refería un “patriota”, ese día el pueblo había manifestado toda su energía y patriotismo: “no ha salido chapetón ni sarraceno; y al Intendente, que quiso poner en una parroquia un escrutador sarraceno, después de sentado en la mesa de votación, lo hicieron levantar, y pusieron en su lugar otro de su satisfacción”[30]. No había duda, “los invictos arequipeños desplegaron aquel día toda su energía, y en pocos momentos hicieron temblar al mundo”[31]. Enorgullecidos de su actuación, los “patriotas” arequipeños recomendaban a otros miembros de la facción residentes en otros partidos de la provincia tomar como modelo las elecciones realizadas en la capital arequipeña porque el triunfo “patriota” había sido absoluto. Ningún “chapetón”, “americano sarraceno”, ni de la “facción del gobierno” había sido elegido como elector debido a la actividad de los constitucionales. Para asegurar el triunfo de sus candidatos hicieron una gran movilización popular de manera que “todas las autoridades fueron atropelladas”, lográndose “una elección completa”[32]

Contando con la mayoría de electores parroquiales, el 14 de febrero la facción “patriota” aseguró la conformación de un ayuntamiento constitucional a su satisfacción. La nueva corporación municipal se conformaría por Nicolás de Araníbar y Pedro Domingo Masías (alcaldes de primera y segunda nominación respectivamente); Francisco de la Fuente Loayza, Fermín Landázuri, Manuel de Rivero y Araníbar, Bruno Llosa, Mariano Benavides, Andrés Eguiluz, Francisco Javier Cornejo, José María Corbacho, Bernardo Bustamante, Manuel Mendoza, Manuel Gandarillas y Diego Jurado (regidores); y finalmente, por Mariano Ureta y Luis Arenas (síndicos procuradores)[33]. Una gran algarabía y entusiasmo rodeó la elección del ayuntamiento. Mariano Melgar, haciéndose eco del acontecimiento, compuso la oda intitulada “En la primera elección constitucional del ayuntamiento”.

3. El ayuntamiento constitucional de 1813

Instalado el ayuntamiento constitucional, desde ese momento se manifestarían los conflictos de la corporación con el gobierno, “hasta el extremo de haberse atrevido (…) a despojar del mando de la ciudad” al gobernador intendente[34]. En efecto,  en la primera sesión del nuevo ayuntamiento, donde se procedería a la designación de los “empleos” de la corporación, hubo controversia entre los capitulares y el gobernador intendente en cuanto a las facultades de los primeros para el nombramiento de algunos de estos cargos. Así sucedió cuando se trató del nombramiento del alcalde o juez de aguas, alcalde de cárcel, así como sobre la facultad de intervenir los jueces de teatro y de plaza de gallos en dichos establecimientos públicos.

Los miembros del ayuntamiento estaban persuadidos que la Constitución les otorgaba facultades para realizar dichos nombramientos y hacer inspecciones, mientras que Moscoso afirmaba lo contrario. En cuanto al nombramiento de alcalde o juez de aguas el gobernador intendente manifestó que “le parecía que no estaba autorisado” el ayuntamiento, dado que el nombrado “havía de exercer jurisdicción” y que según el espíritu de la Constitución esta debía “reasumirse” en los alcaldes ordinarios territoriales. Respecto al nombramiento del alcalde de cárcel, Moscoso manifestó corresponderle a él, como jefe político, sustentando su afirmación también en la  Constitución. Por último, en lo concerniente a la inspección que realizarían los jueces de teatro y de gallos en dichos establecimientos, el gobernador opinó que el ayuntamiento “no concevía bien en el particular”, pues a su parecer ningún artículo de la Constitución facultaba al ayuntamiento “para dar Jurisdicción Ordinaria” a quienes comisione para dichas casas. Los miembros del ayuntamiento replicaron que la facultad de inspección a otorgar no trataba de jurisdicción ordinaria, “sino solo de lo económico de las casas enunciadas y por la razón de incluirse en establecimientos públicos de beneficencia, utilidad y ornato”. Al no haber acuerdo sobre estos temas, ambas partes acordaron consultar a la superioridad[35].

A continuación Nicolás de Araníbar y los demás capitulares consultaron a Moscoso si el asesor del gobierno presidiría el ayuntamiento, en su ausencia, o si por el contrario debía ser presidido por los indicados en el artículo 309 de la Constitución y 7 del reglamento de la materia. A lo que contestó el gobernador que por el mismo artículo de la Constitución citado, el ayuntamiento siempre debía ser presidido por el jefe político donde los hubiese, y que estos nunca podían dejar de existir, más aún cuando en su opinión continuaba vigente la ordenanza de intendentes, la cual prescribía que en caso de falta o ausencia del gobernador intendente lo sucediera en el mando político el teniente de letras. En consecuencia, al no declarar la Constitución la suspensión de las facultades de dicho empleo, este debía continuar en el ejercicio de sus facultades “hasta tanto que por el nuebo código se allen nombrados el Juez mayor que previene la misma Constitución”. Sin embargo, con el objeto de evitar dudas, se resolvió también consultar a la superioridad[36].

En ese estado el regidor Mariano Benavides “suplicó” a Moscoso presidir siempre los acuerdos del ayuntamiento “para no proporcionar a los SS. Alcaldes el desaire que podrían resivir” si los presidía el teniente de letras, por no estar llamado según su dictamen conforme a la Constitución. El gobernador respondió que por la misma Constitución “estaba obligado a no coartar ni quitar a ningún empleado el exersicio de su jurisdicción, o facultades”. Por tanto, estando el teniente asesor en el libre ejercicio de su empleo, la autoridad política no podía “disminuir en nada sus prerrogatibas”[37].

Este último tema, al parecer irrelevante, tenía gran importancia para los capitulares. No admitían que el teniente asesor los presidiera porque los capitulares pretendían que no hubiera injerencia de ningún tipo en sus acuerdos, esto es, si aceptaban la presidencia del gobernador intendente era por la sencilla razón de haber sucedido así en la práctica, pero concebían que este tampoco debería presidirlos en la nueva coyuntura de modo que la presidencia debía recaer en sus propios miembros, en este caso los alcaldes, o los regidores en caso de falta o ausencia de los primeros. Se trataba, pues, de una pretensión de autonomía. Y no era una pretensión reciente, puesto que el asunto se incluyó dentro de las instrucciones del cabildo arequipeño a su diputado en Cortes Mariano Rivero. Empero, estas instrucciones habían sido redactadas con anterioridad, en virtud de la elección del diputado del reino ante la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, el año de 1809.

En concreto, el punto primero de dichas instrucciones establecía que los que ejercieran el cargo de gobernador debían ser personas de probidad y de graduación, debiendo ejercer el gobierno un promedio de cinco o seis años, cumplidos los cuales entregarían el mando a su sucesor, “y sino está presente al que le corresponda”. Estas autoridades, a su vez, debían reconocer los fueros y privilegios de los regidores, de modo que los demás lo hagan. Asimismo, para que los regidores sean “más respetados”, debía mandarse por su majestad “que cada año se elijan en la elección de oficios consegiles, dos del mismo Cuerpo que sean conjueses con el Señor Gobernador para que entiendan de sus causas, como se practica en el Cavildo eclesiástico”. Por último, solicitaban que el teniente de letras ejerciera funciones meramente de asesor, “sin jurisdicción ordinaria”, como los asesores de los virreyes, porque la mayoría abusaba de la jurisdicción que se les otorgaba[38].

Entretanto, los capitulares acordaron proceder al nombramiento de comisarios de barrio para lo cual nombraron una comisión encargada de la división de la ciudad a efectos de brindar un mejor servicio. Del mismo modo nombraron como apoderado del ayuntamiento en la capital al Dr. José Gerónimo Vivar[39]. El 6 de marzo se acordó turnasen de dos en dos los miembros de la corporación para ejercer las facultades conferidas en el ramo de policía y el 16 fue presentado el plan de división de la ciudad, procediéndose a la designación de los comisarios de barrio y continuándolo el 17. Ese mismo día 16 se dio cuenta de los desaires del cabildo eclesiástico, al no guardar las preeminencias debidas con la corporación. Al día siguiente fue enviada una diputación con el objeto de conciliar con dicho cuerpo a efectos de que estos guarden y conserven las preeminencias que correspondían al ayuntamiento[40].    

El 9 de abril, después de casi un mes de realizadas las consultas a la superioridad sobre los temas controvertidos, se dio lectura en el cabildo de un oficio del virrey en el que decidiendo sobre las consultas efectuadas, remitía las mismas al reglamento “constitucional”, esto es, al reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia[41]. La respuesta del virrey motivó al ayuntamiento dedicarse al estudio de dicho reglamento. Al parecer sus normas otorgaban amplias facultades a los cabildos, al mismo tiempo que restringían las de las autoridades políticas. Esto sería el detonante para que el ayuntamiento avanzara en sus pretensiones de autonomía.

En sesión del 10 de abril se trató nuevamente sobre dicho documento, remitido al ayuntamiento por el ministerio de la gobernación de ultramar. Como no había sido publicado en la provincia y sin esta publicación no podían tener efecto sus normas, se acordó remitir un oficio y el reglamento al gobernador intendente a efectos de su publicación el siguiente día “para que este vecindario no sea privado de los beneficios que trae esta preciosa Ley, y utilidades que resultan a la causa pública”. Si bien Moscoso en un primer momento se negó a  hacerlo por no habérsele remitido dicho reglamento por las autoridades correspondientes, accedió a la publicación teniendo en consideración la opinión del síndico procurador Ureta en referencia a la real orden que ordenaba el cese de cualesquiera autoridad que dentro de tercer día no diera cumplimiento a las órdenes que se le dirijan, así como por las reflexiones que hicieron los demás miembros del cuerpo[42]. Publicado el reglamento, en sesión del 13 de abril los capitulares procedieron al nombramiento de  juez del coliseo de gallos,  juez de aguas, jueces de teatro y jueces de policía, en virtud del artículo 5 del capítulo 4 del mismo y por considerar otorgarles dicha facultad la Constitución, precisando que la expresión jueces se entendía por la de diputados. Asimismo reservaron para la sesión siguiente todo lo demás del citado reglamento “por las sircunstancias de los días”[43].

El 21 de abril continuando con el asunto y conferenciando sobre los artículos relativos a los juzgados subalternos, se tuvo que suspender la sesión por el horario, acordando reanudarla a horas de la tarde[44]. En efecto, reunidos a la hora estipulada se procedió a una nueva lectura del reglamento. Concluida esta y luego de una detenida reflexión sobre los artículos concernientes a los gobernadores, así como de los artículos constitucionales y decisiones de las Cortes vinculadas a la materia, los capitulares acordaron que desde el día y hasta la decisión de su majestad, “no corresponde otro Presidente (del ayuntamiento) que el señor alcalde primer nombrado, y en su defecto los otros SS. que se llaman”. También se acordó enviar una diputación ante el intendente para comunicarle lo decidido en el cabildo. La diputación cumplió su cometido, tras lo cual el secretario de la intendencia se presentó en las casas consistoriales exponiendo que el gobernador solicitaba se le comunicase por oficio lo mismo que se le había noticiado por la diputación. Lo que se hizo en el momento a pesar del horario nocturno[45].

El primer paso para la tan ansiada autonomía fue dado por el ayuntamiento al decidir que la presidencia del cuerpo correspondía a sus propios miembros, esto es, al excluir de la corporación al gobernador intendente. Este proceder fue resultado de la interpretación que hicieron de la Constitución y decretos de las Cortes vigentes hasta ese momento. Al día siguiente, preocupado por la decisión del cabildo, Moscoso remitió al ayuntamiento dos oficios. El primero referido a la decisión capitular de no corresponderle la presidencia de dicho cuerpo y el segundo, consecuencia evidente de lo primero, del que exigía la más pronta y categórica contestación, a saber, “si en el combensimto. de no corresponderle la enunciada presidencia se encierra también el de ser o no Gefe Político de esta ciudad y Prova.”. Ese mismo día el cabildo acordó trasladar el documento a los síndicos procuradores con el objeto de escuchar sus dictámenes y con dichas opiniones contestar a la brevedad al gobernador intendente[46].    

Los síndicos emitieron su dictamen exponiendo que Moscoso hallaría lo que deseaba saber consultando el reglamento de audiencias y jueces de primera instancia. Teniendo a la vista lo dictaminado por los síndicos los capitulares acordaron hacer como se les pedía, contestando que cuando recibieron dicho reglamento por conducto del ministerio de ultramar y de orden de la Regencia, no hallaron entre los pliegos recibidos ninguno con el nombramiento de jefe político, ni tampoco otro declarando provincia a la ciudad con los partidos que se le han de asignar, conforme a la división territorial que debe hacerse, la que serviría “de localidad precisa pa. la incumbencia y funciones propias, de aquel Gefe”. Concluían manifestando que luego que se reciba uno u otro obedecerían lo mandado, como protestaban no separarse en nada de lo que resolvieran las soberanas Cortes, “con la más estricta exactitud hasta el escrúpulo”, llenando los juramentos que habían hecho de “guardar y hacer guardar estas santas leyes”[47].

Si bien en su contestación el ayuntamiento no negó a Moscoso su calidad de gobernador intendente, como en la Constitución y decretos de las Cortes no había mención a dicho cargo, indirectamente desconocieron su autoridad y más aún la de ser jefe político. Este,  el 26 de abril, volvió a remitir un oficio en el que expresaba no necesitar presentar a la corporación sus observaciones para sostenerse en la posesión y consideración de jefe político de la provincia empero, al ser esta la época del reinado de la razón, comunicaba las que le parecían suficientes para conservar la investidura, pidiendo además al ayuntamiento desnudarse de todo espíritu de sistema. Anexo al oficio adjuntaba una real orden del ministerio de ultramar en cuyo encabezamiento se leía: al gobernador político de la provincia de Arequipa. El ayuntamiento acordó agregar todo a sus antecedentes, pasarlo a la vista de los síndicos y una vez emitidos los dictámenes contestar a la brevedad, formando expediente sobre la materia. Previamente los síndicos habían representado que el ayuntamiento solicitara las causas de los juzgados que habían cesado según el reglamento de audiencias y jueces de primera instancia, suspendiéndose la renta de propios que se pagaba al asesor del gobierno porque también había cesado[48].      

Al día siguiente los alcaldes hicieron presente al cabildo que el intendente y el titulado teniente de letras les remitieron oficios sobre la disputa promovida por el ayuntamiento con relación al auto del primero de los nombrados por el que se ordenaba trasladar todas las causas al juzgado de letras, hecho que los exponentes juzgaban una violación directa del artículo 33, capítulo 2 del reglamento de audiencias y juzgados. Por ese motivo protestaban ante la corporación no ejercer las facultades que se les conferían mientras el ayuntamiento no resolviese la cuestión de haber cesado en su empleo el referido teniente de letras, al haber hecho dimisión de las causas, y porque no reconocían autoridad ni en el intendente ni en el teniente de letras para que se les intime abstenerse de tomar dicha jurisdicción. Acto seguido se retiraron ambos alcaldes, presidiendo la sesión el regidor primer nombrado. En consecuencia se trató sobre la representación de los síndicos relativa a que las causas civiles y criminales se trasladasen a los alcaldes constitucionales, de conformidad a lo establecido en el capítulo 4 del reglamento. Después de discutida y reflexionada la materia, los capitulares consideraron que según la norma el asesor que había sido de la intendencia, Antonio Luis Pereyra, no era “más que un juez dudoso”, habida cuenta que en la ciudad existían dos jueces llamados indubitablemente por el reglamento, los alcaldes constitucionales. Empero, a efectos de evitar nulidades y perjuicios “que podían resultar al orden público de que está encargado el ayuntamiento, decidieron trasladar la materia a la audiencia para que decida sobre la competencia, practicándose mientras tanto la distribución prescrita en el artículo 33 del capítulo 2 de la norma citada[49].

El 30 de abril se dio cuenta en el ayuntamiento del dictamen de los síndicos en referencia al oficio del intendente en el que expresaba sus observaciones de corresponderle ser el jefe político de la ciudad y provincia de Arequipa. Leída que fue se suspendió la sesión para continuarla en horas de la tarde, teniendo en cuenta la respuesta que se tenía que dar al intendente sobre dicho oficio y al que se había recibido en el día exigiendo respuesta[50]. Reanudada la reunión y leído nuevamente el dictamen se acordó contestar como lo pedían los síndicos. No hemos tenido a la vista dicho documento pero del contexto podemos deducir que la opinión fue porque al intendente no le correspondía el mando de la ciudad por no ser jefe político. En tal virtud los capitulares acordaron añadir en el oficio lo que pareciera conveniente a efectos de ponerse “en estado de contraerse a los grandes ramos qe. le están encargados sin etiquetas, ni competencias”, es decir, ya sin embozo, se reputaban facultados para ejercer la autoridad en la ciudad y “provincia”. En esa misma sesión se dio cuenta del oficio de Antonio Luis Pereyra por el que, no obstante no reconocer en el ayuntamiento facultad para la decisión tomada, cedía sin perjuicio de los recursos que se reservaba presentar sobre la materia[51].

La conducta de los miembros del ayuntamiento mortificó profundamente al intendente. Este no se quedó de brazos cruzados y remitió un oficio al gobierno superior dándole a conocer que se le había inhibido del gobierno de la ciudad y provincia. Del mismo modo, con fecha 2 de mayo remitió un nuevo oficio al ayuntamiento. Con fecha 4 de mayo se dio cuenta en sesión capitular del mencionado oficio. Por su contenido se acordó agregarse al expediente formado, dándose cuenta a la superioridad y contestándose con prudencia al remitente[52].

Los cuestionamientos a la autoridad del gobernador intendente se debieron a los vacíos existentes en la normativa constitucional y, sobre todo, a las pretensiones autonomistas de los miembros del ayuntamiento, liderados por Nicolás de Araníbar. La interpretación en la que se fundamentó la corporación para no reconocer la autoridad del intendente era simple. En la Constitución ya no existía la figura del gobernador intendente, pero sí en cambio la figura del jefe político superior de las provincias que, para el caso del Perú, serían dos: Lima y Cuzco. Por consiguiente, no existiendo otras autoridades equivalentes en las intendencias u antiguas provincias como Arequipa, inferían los capitulares arequipeños, la autoridad política correspondía al ayuntamiento constitucional. Por ese motivo los afines a Moscoso expresaban que la autoridad del intendente era “insultada” por una corporación conformada “en la mayor parte de los hombres más corrompidos”, antes denominados “tuitivos” y ahora “patriotas”[53].

El conflicto dio lugar a la formación de un expediente que fue elevado al superior gobierno. Empero, previamente se resolvió la queja del intendente respecto a habérsele inhibido del mando, lo que había comunicado al virrey por oficio. Abascal remitió al fiscal el documento, junto con un oficio del ayuntamiento constitucional, para su dictamen. Con fecha 30 de abril José Pareja emitió su opinión. De acuerdo al fiscal por la “erección” de ayuntamientos no se habían extinguido ni debían extinguirse los gobernadores políticos quienes continuaban ejerciendo las mismas facultades que les concedían las leyes, presidiendo los cabildos y cuidando del cumplimiento de lo que la Constitución encomendaba a dichas corporaciones así como de los demás objetos del gobierno político, dependiente del superior que ejercía el virrey. Este, conformándose con el dictamen, lo remitió al gobernador intendente de Arequipa, previniéndole lo comunicara al ayuntamiento constitucional para que le sirva de gobierno y cuide de su puntual observancia y cumplimiento[54]. El 18 de mayo Moscoso remitió al ayuntamiento un oficio adjuntando el superior decreto. Los capitulares, tras darle lectura, acordaron contestar que la corporación solo deseaba cumplir con la ley, por lo que se sometía a las decisiones superiores, a pesar que no se había tenido respuesta en torno al expediente de la materia. Con todo resolvieron obedecer y dar cumplimiento a lo ordenado[55].

Con el superior decreto quedó zanjada la controversia suscitada. El ayuntamiento acató pacíficamente la decisión y evitó confrontar al gobernador intendente. Por el contrario, considerándose triunfante y respaldado por la superioridad, Moscoso empezó a actuar con prepotencia, modo con el que pretendía castigar los agravios que a su parecer se le habían inferido en la contienda. Así, cuando el 28 de mayo se dio lectura en el salón consistorial de un oficio de Moscoso, transcribiendo otro del jefe superior, relativo a lo resuelto el 10 de mayo por la diputación provincial de Lima sobre la cuestión del mando político, se acordó archivar y contestar, dado que ya se había obedecido lo ordenado por el jefe superior, que era lo mismo que lo resuelto por la diputación[56].

Por fin, el 3 de junio el superior gobierno resolvería el expediente de la controversia suscitada en Arequipa sobre el mando político. Remitida la documentación al fiscal, este emitió su opinión. En efecto, en el dictamen Pareja ratificaba lo opinado el 30 de abril. Sin embargo, ampliaba el mismo al tratar dos cuestiones de importancia. En cuanto a la primera, referida al mando político, afirmaba que mientras se hiciera la división del territorio español conforme a la Constitución, en América debía subsistir la antigua demarcación por las circunstancias en que se encontraban, siendo conveniente que las antiguas provincias de intendencia permanezcan “con su particular centro de unión”, esto es, que “los satélites continúen girando en la órbita de su respectivo planeta”, dado que los ayuntamientos solo podían tener el gobierno de sus respectivas poblaciones para los precisos puntos que les facultaba la Constitución. Así, existiendo provincias compuestas de cien o más pueblos, como cada ayuntamiento era “independiente” entre sí, sería “una monstruosidad” en el gobierno si no tuviesen un jefe común por centro y regulador de sus respectivos movimientos, es decir, los intendentes. Aseguraba además que la “declaración” (interpretación) de la Constitución solo podía hacerse por el gobierno supremo de la nación. En cuanto al segundo punto, concerniente al ejercicio de la jurisdicción contenciosa, el fiscal opinaba que mientras se nombraran los jueces de letras deberían continuar ejerciéndola los alcaldes constitucionales, tenientes de letras y subdelegados, como estaba prescrito en el artículo 30 del reglamento. Conformándose con el dictamen fiscal, Abascal decretó que no se hiciera novedad en el gobierno y administración de justicia de la provincia en tanto no se efectuara lo prescrito en el artículo 1, capítulo 2 del reglamento de audiencias y juzgados de primera instancia, es decir, la distribución de partidos y el nombramiento de jueces de letras y de jefes políticos por el gobierno nacional[57].      

Con fecha 21 de junio el ayuntamiento recibió el oficio del virrey en el que este decretaba no haber motivos para hacerse variaciones en el gobierno de la provincia, permaneciendo las cosas en el estado en que se hallaban. Los capitulares acordaron agregar el documento a sus antecedentes, dando cuenta a las Cortes de todo lo obrado[58]. Eso no fue todo, el 31 de agosto el ayuntamiento recibió una carta orden de la Audiencia de Lima por la cual esta resolvía la controversia sobre jurisdicción contenciosa entre el ayuntamiento y el teniente de letras. La resolución de la audiencia era acorde a lo decretado por el gobierno superior. Ordenaba, por tanto, cumplir el auto de 24 de abril expedido por el gobernador intendente, que había sido impugnado por los alcaldes, disponiendo que el teniente de letras conociera a prevención con los alcaldes en los asuntos de jurisdicción contenciosa mientras tanto se efectuaba la división de partidos y se nombraban los jueces de letras, exceptuando los juicios de conciliación que según el reglamento y la Constitución correspondían a los alcaldes constitucionales[59].

Abascal, preocupado por la situación de Arequipa y Puno, expidió una orden dirigida a los gobernadores intendentes de dichas circunscripciones con el objeto de contener a los ayuntamientos constitucionales dentro de los límites establecidos por la Constitución. El portador de las mismas fue el general Pezuela, nombrado general en jefe del ejército del Alto Perú en reemplazo de Goyeneche, a quien se le instruyó para colaborar en el llamado al orden de dichos ayuntamientos. Según Pezuela el 28 de abril salió  del Callao con la instrucción que le dio el virrey “para sosegar las competencias de los Intendentes de Arequipa y Puno con los cabildos constitucionales y particulares de ambas ciudades: en donde el fuego de la independencia obraba con mucha actividad”[60]. Emprendió el viaje y arribó a la ciudad arequipeña el 14 de junio, allanando y componiéndolo todo “con la mayor sagacidad”, esto es, “con mucha política”[61], arreglando, aparentemente, las diferencias entre la autoridad política y los miembros del ayuntamiento constitucional. Pezuela conferenció con los interesados sobre los “ruidosos disgustos”, logrando que todos “quedasen conformes y avenidos”, fugando algunos perturbadores al tomar conocimiento de su llegada a Arequipa, “temerosos de ser presos conforme a la orden que traía”[62].

La gravedad del asunto obligó al virrey hacer difundir en el Verdadero Peruano un discurso sobre la subsistencia de los gobernadores intendentes[63], en el que se precisaba la inteligencia de la Constitución y decretos de las Cortes en cuanto a la permanencia de dichas autoridades, su relación con los ayuntamientos constitucionales así como las facultades y límites de ambas instituciones, en clave centralista, tal como lo concebían los liberales españoles de las Cortes.

Según el autor del discurso, el problema había sido ocasionado por una mala interpretación del reglamento para el gobierno de las audiencias y juzgados de primera instancia[64]. La cuestión planteada era la siguiente: “si en las provincias subsisten o no sus gobernadores, xefes políticos, que han sido los Intendentes; o si los ayuntamientos constitucionales y sus alcaldes, han sucedido en la gobernación dislocada, y separada de cada uno de los pueblos, con positiva exclusión de aquellos”[65].
           
Para desvanecer los equívocos, el articulista iniciaba el análisis partiendo de la división de los poderes del Estado deslindados por la Constitución y en la cual al rey correspondía “el gobierno con el poder executivo en toda su plenitud”. En consecuencia, debían existir “unos subalternos de división” que “obtengan y exerzan baxo de su dependencia el mismo gobierno y poder para el régimen de los pueblos”[66]. Estos no serían otros que los gobernadores y/o jefes políticos. Por el contrario, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales, “de nueva creación”, no eran otra cosa que “agentes”, a decir de unos, o “representantes”, como afirmaban otros, de las provincias y pueblos, porque tenían el mismo origen que las Cortes, esto es, eran resultado de la elección “de las gentes” y era en aquellos donde residía “centralmente el poder legislativo”, teniendo como aquella la facultad de formar ordenanzas municipales y regirse por ellas, “potestad que viene desde la ley final”. Esta facultad, en realidad mera facultad de iniciativa legal, era la principal característica del poder que ejercían, “pues sus demás atribuciones, ya son cargos de mera economía, a que corresponde ese gobierno interior de los pueblos (…) muy distante de aquel a que es anexo el poder executivo, que algunos quieren confundir”. Del mismo modo sucedía con el poder “judiciario” que, residiendo en el Supremo Tribunal de Justicia, tenía ramificaciones más claras que los otros poderes, es decir, en las audiencias, jueces de letras y “demás constituidos en judicatura”[67].
           
En segundo término, el autor procedía al análisis de la Constitución para demostrar que lejos de extinguir a los jefes políticos, suponía su existencia en muchos de sus artículos. Como fundamento de su aserto mencionaba los artículos 46, 67, 81, 309, 324 y 337 de la Carta, donde se hacía referencia indirecta a esos jefes políticos, dándose a entender en los dos últimos “que entre ellos hay superiores e inferiores”[68]. Empero, teniendo en cuenta la propia Constitución, quienes sostenían la no subsistencia de los gobernadores o jefes políticos inferiores fundamentaban erróneamente su posición en que con la nueva normativa solo quedaban de provincias aquellas en que se instalan diputaciones provinciales, y que las demás que lo habían sido hasta ahora, como Arequipa, se reducían a partidos, fundándose en el artículo 325 por el cual en cada provincia se forma una diputación provincial presidida por el jefe superior, concluyendo que no es tal aquella que no cuenta con diputación. El argumento, en resumen, era el siguiente: “La Constitución dice: ‘En cada provincia habrá una diputación provincial’. Luego no lo es, la que no la tiene, y por consiguiente no se le da xefe político (que es el punto a que se dirige la objeción), pues solo lo debe haber en las provincias”[69]. Más aún, el decreto de las Cortes de 23 de mayo de 1812, sobre la instalación de diputaciones provinciales, resolvía el equívoco: hasta que no se decretara el nuevo arreglo de las provincias según la Constitución, seguirían bajo el rango de tales aquellas que tenían esa condición, tal el sentido del artículo 2 del citado decreto. Por tanto, subsistiendo provincias donde no se instalarían diputaciones provinciales, “tendrán, y deberán tener (…) xefes políticos que las gobiernen, y con sola la distinción, que indica el expresado art. 337 de superiores e inferiores; siéndolo aquellos, de las primeras, y estos de las segundas; es decir, los xefes superiores de las provincias metrópolis, o de sede de diputación provincial, y los inferiores de las subalternas, sufragáneas, o dependientes, como se deduce del texto o contexto de aquel artículo”. Quedaba demostrado, entonces, sustentaba el articulista, “que la constitución lejos de extinguir a los gobernadores y xefes políticos de provincias, supone su existencia con diversidad de  clases”[70].
           
Finalmente, el autor del discurso procedía al análisis del reglamento de audiencias para corroborar si en esta norma se hacía exclusión de los gobernadores y/o jefes políticos de provincia, como erróneamente juzgaban algunos, esto es, los miembros del ayuntamiento constitucional arequipeño. Los artículos materia de la controversia eran los siguientes: artículo 39 del capítulo 2, artículo 11 del capítulo 3 y artículo 5 del capítulo 4[71]. Empero, recalcaba el escritor, debía tenerse presente que la normativa bajo examen solo trataba de los tribunales de justicia y no sobre gobiernos políticos. Así, el artículo 39 del capítulo 2 en lo fundamental restringía la jurisdicción de los virreyes, capitanes y comandantes generales de las provincias solamente a la jurisdicción militar, esto es, separaba el poder “judiciario” de los otros poderes, confiriéndolo en todas las instancias a determinados jueces que, “exentos de otros empleos y cargos, que reunían los antiguos, se contraygan exclusivamente al de la administración de justicia”. Por consiguiente, el citado artículo no significaba “supresión de gobierno en los agentes del poder executivo, sino restricción de jurisdicción contenciosa”[72]. En cuanto al artículo 11 del capítulo 3, mantenía en los alcaldes de los ayuntamientos constitucionales jurisdicción y facultades “en cuanto a lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos”, como lo habían tenido los alcaldes ordinarios, de conformidad a la Constitución. Ejercerían dichas facultades solo como “auxiliantes y suplientes accidentales” de los gobernadores y/o jefes políticos. Por último, si bien el artículo 5 del capítulo 4 otorgaba a los alcaldes el conocimiento de lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos respectivos, con absoluta inhibición de los jueces de letras y subdelegados, tal facultad la ejercerían no “en lo directivo, sino en lo contencioso”[73].
           
Tras analizar la Constitución y reglamentos correspondientes concluía el escritor que no se habían “extinguido a los xefes políticos, ni innovado en materia de gobierno”[74]. En otras palabras, solo había cambiado la nomenclatura para designar a las autoridades políticas, distribuyéndose las competencias de acuerdo al principio de separación de poderes: “El gobierno político y principal de los pueblos, que esencialmente consiste en la execución de las leyes, es dado a los gobernadores y xefes políticos; el interior y económico a los ayuntamientos, y la jurisdicción contenciosa, en causas verbales entre partes, sobre uno y otro, a los alcaldes en primera instancia”[75]. Esta era la verdadera inteligencia de la Constitución y del reglamento de audiencias. Opinar lo contrario, es decir, negar la existencia de los gobernadores y/o jefes políticos inferiores ocasionaría funestas consecuencias: “¿cómo subsistirían los departamentos, partes principales del cuerpo político de la nación? ¿Cómo se podrían reunir en sociedad común, tantos pueblos de su dependencia? ¿Cómo guardarían orden, tendrían nexo, y se convendrían in unum, para la formación del edificio social? ¿A quién se dirigirían las leyes y las órdenes para que se circulasen en los innumerables lugares de cada provincia? ¿Cómo podrían entenderse los ministerios con los infinitos alcaldes y ayuntamientos que hay en tan vastos territorios? Y siendo todos estos independientes, y de igual autoridad, ¿en qué guerras civiles no entrarían sin un respeto superior, que a todos los contuviese en los límites de su deber? Entonces veríamos levantarse pueblos contra pueblos por etiquetas pueriles, dando la apariencia del fuero, las más veces causa al desafuero; y en una palabra, la más horrenda anarquía vendría a ser el término de nuestra Constitución”[76].

4. “Dar estabilidad a la Constitución”: la circulación de la obra Derechos y Deberes de los Ciudadanos 

La prédica constitucionalista asumida por la facción “patriota”, que tenía en los miembros del ayuntamiento constitucional un valioso apoyo, no solo se limitó a asegurar un margen de autonomía en el gobierno de la ciudad, sino propició la difusión de cierta ideología radical. No debe olvidarse que en Arequipa se había conformado una tertulia en la que figuraban José María Corbacho, Mariano Melgar, Mariano José de Arce, Francisco de Paula Quirós, entre otros, que simpatizaban con el ideario constitucional pero también se iban decantando por una opción separatista. Dentro de esta tertulia también formaban parte miembros de la familia Rivero.

Es en esta coyuntura que en el mes de junio se esperaba en Arequipa la llegada de la reimpresión de la obra de Mably, Derechos y Deberes del Ciudadano, que había sido impresa en Cádiz traducida y prologada por la marquesa de Astorga, y que fue remitida por el diputado Mariano Rivero, desde Cádiz, a su hermano Francisco Rivero. Según este último, a la sazón editor, el objeto que tuvo Mariano para la reimpresión de la obra en el Perú era “contribuir en quanto le sea posible a la felicidad de la América (…) a fin de que circulando por el reyno, llegue a manos de todos, para que logremos las conocidas ventajas que ella ofrece, y tener él la dulce satisfacción de haber cooperado a nuestros adelantamientos”[77]. En último término, se trataba de una obra necesaria para dar estabilidad a la Constitución que, desde su promulgación, había recibido duros ataques. El prefacio de la obra no podía ser más rotundo al respecto: “En la presente época en que nuestra libertad peligra, más por los ataques de los enemigos de nuestra Constitución, que por la fuerza de los enemigos exteriores, ninguna obra en mi concepto, podía ser tan útil a los españoles, como la de los derechos y deberes del ciudadano, en la qual con la mayor claridad y exactitud, se demarcan las facultades de los simples ciudadanos, y se circunscriben las funciones de los magistrados, tal qual deben ser en un país libre”[78]
           
La obra efectivamente circuló en Arequipa, Lima y otras ciudades del reino, a pesar de Abascal. Para combatirla el virrey hizo publicar el folleto El defensor de la patria al tribuno de Chile. En él el autor no solo contestaba el prólogo de la obra de Mably, “Tan agradable al Sr. Rivero diputado de Arequipa, que ha inundado la América de exemplares, con el loable fin de instruir a sus compatriotas”, sino también se impugnaba la “acusación” contra el virrey pronunciada por Rivero en la sesión de las Cortes generales y extraordinarias de 1 de marzo de 1813[79]. Empero, Rivero no solo remitió a su hermano Francisco la obra de Mably, sino también las Cartas de un Americano al Español[80] escritas por Sevando Teresa de Mier, “para que se circulase en su fiel provincia de Arequipa”[81]. En las “Cartas” se compendiaban los principales argumentos que los americanos esgrimirían para oponerse, en el plano doctrinal e ideológico, a las pretensiones peninsulares. Se trataba de textos que justificaban plenamente la independencia de los americanos.

5. Las elecciones de diputados a Cortes ordinarias, diputado provincial y renovación del ayuntamiento constitucional

El mes de agosto fueron convocadas por el gobernador intendente las elecciones para elegir los diputados a Cortes de la provincia[82]. En la ciudad de Arequipa los “patriotas” nuevamente se apropiaron del espacio público para hacer triunfar la candidatura que patrocinaban. Fue elegido como elector del partido de Arequipa Nicolás Araníbar, alcalde del ayuntamiento. Así, el 4 de octubre de 1813, reunidos los electores de seis de los siete partidos de la provincia, se procedió a la elección de los dos diputados propietarios y diputado suplente. Fueron elegidos Hipólito Unanue, Domingo Tristán (propietarios) y Francisco Javier de Luna Pizarro (suplente)[83]. El resultado de la elección no fue del agrado del virrey al conocer que el segundo diputado propietario lo era Tristán, coronel de los ejércitos reales que, cuando ejercía de intendente de La Paz, el año de 1810, gobernaba “en connivencia con Buenos Aires”[84]. Por ello la animadversión que sentía hacia Tristán, a quien consideraba “quizá el más inmoral, corrupto y malvado ciudadano de Arequipa, atribuyendo su elección a la presión de los sediciosos, los audaces y los intrigantes”[85]. No se equivocaba el virrey. Tristán fue elegido gracias al apoyo brindado por Nicolás Araníbar quien, al día siguiente, sería elegido diputado provincial y, como suplente, la elección recaería en Antonio Bedoya.
           
Sin embargo, las elecciones no se habían desarrollado en un clima de tranquilidad, no solo por la movilización popular electoral, sino porque en la ciudad se respiraba un ambiente de insurrección originadas por las victorias militares en el Alto Perú del ejército porteño al mando de Belgrano. Como consecuencia, el 27 de septiembre fueron apresados Manuel Rivero y Araníbar, regidor del ayuntamiento  y padre del diputado en Cortes Mariano Rivero, y el subteniente Antonio Ferrandiz, acusados de intentar sublevar la ciudad “con sorpresa de los cuarteles, deposición del gobierno y a favor de los revolucionarios de Buenos Aires”[86]. Sin embargo, el avance de las tropas de la Junta de Buenos Aires sufrió un grave percance cuando el 1 de octubre fueron derrotadas por el ejército del rey al mando de Pezuela en la batalla de Vilcapuquio. Como afirmara este general en su memoria militar, desde ese día se podía decir “con toda verdad que se recuperó la América del sur” [87]
           
Momentáneamente contenidos los intentos de insurrección en la ciudad, los “patriotas” continuarían con sus pretensiones de mantener el predominio en el ayuntamiento constitucional, próxima la fecha de su renovación. En efecto, el mes de diciembre se convocó a elecciones para la renovación del cabildo. Como en la anterior elección, los resultados fueron favorables a la facción “patriota”. El 28 de diciembre de 1813, reunidos los electores en el salón consistorial eligieron a Bernardo Gamio y a José María Masías (alcaldes); Manuel de la Fuente y Loayza, Tomás Ofelan, Estanislao Araníbar, Francisco Xavier Arismendi, José Dávila y Mariano Solórzano (regidores);  Francisco de Paula Quirós (síndico procurador)[88].

6. El ayuntamiento constitucional de 1814

La prisión de Manuel de Rivero causó conmoción por las muy diversas relaciones que este tenía en la ciudad. El ambiente, por lo demás, era tenso. El sector decidido por la insurgencia crecía en número, pero permanecían ocultos, esperando el momento de actuar. Mientras tanto el gobernador intendente impidió a Francisco de Paula Quirós la toma de posesión de su cargo de síndico procurador[89], deteniéndolo por conspirador y enviándolo preso a Lima el 10 de enero de 1814. Moscoso acusaba a Quirós de ser el sectario más decidido y activo por el sistema revolucionario de Buenos Aires y de separación absoluta del gobierno nacional.

El 4 de enero se procedió en sesión de cabildo al nombramiento de los empleos del ayuntamiento. El 7 del mismo mes fue designado el tesorero de caudales de propios y arbitrios así como el apoderado de la corporación en la capital, el abogado Gregorio Luna[90]. El 11 el secretario dio cuenta de un recado que Moscoso había dado al portero del cabildo referido a que una vez concluida la sesión se le remitiese el libro de actas para conocer las resoluciones tomadas y que si en la sesión del día se trataba sobre el nombramiento de comisarios de barrio se la llevaran a efectos de firmarla. Los capitulares, sorprendidos por dicha solicitud, teniendo en consideración los artículos de la Constitución y del reglamento de audiencias sobre la materia, así como con lo practicado el año anterior, en un primer momento se resistieron a cumplir lo solicitado. Sin embargo, meditando seriamente, acordaron enviar una diputación ante el gobernador intendente manifestándole la extrañeza que causaba al ayuntamiento semejante solicitud, todo con el fin de mantener la paz, acierto y mejor armonía con dicha autoridad. Cumplida la comisión de la diputación estos informaron que al comunicarle a Moscoso la opinión del cabildo sobre el particular, este respondió que como jefe político era presidente nato del ayuntamiento y como tal “se consideraba con facultad de aprobar, o desaprobar sus actas”. A pesar que los comisionados cordialmente le expresaron cuanto les pareció oportuno al asunto, añadiendo que el cuerpo deseaba su asistencia así como mantener una relación de paz y armonía, como lo habían practicado desde su instalación, repitió Moscoso lo anteriormente expresado acotando “que era costumbre que no devía interrumpirse”[91].

El 14 los capitulares acordaron que Moscoso, como jefe político, procurase asistir al cabildo cuando sus ocupaciones se lo permitieran y no pudiendo hacerlo el secretario le daría parte de lo que se hubiese acordado. Asimismo la corporación, de acuerdo con su presidente, consultaría a la superioridad sobre el artículo 15 de la ordenanza de intendentes y los artículos del título sexto de la Constitución[92]. Empero, el 28 de enero se acordó suspender la consulta al haberse tomado conocimiento de un superior decreto del virrey sobre la materia ante una consulta hecha por el intendente de La Paz[93]. La decisión obviamente era contraria a lo que pretendían los capitulares.

La actitud del intendente en la precedente controversia demostraría a las claras su pretensión de someter al ayuntamiento. Del mismo modo mostraría a un cabildo timorato y dispuesto a no confrontar con la autoridad. Sin embargo, la cada vez más prepotente actuación del jefe político obligaría a algunos miembros de la corporación a tratar de controvertir sus decisiones, aunque sin éxito. Por otro lado, las pretensiones autonomistas del cabildo, ya contenidas por su docilidad frente al jefe político, serán sofocadas al tomarse conocimiento de la instrucción para el gobierno económico – político de las provincias[94]. En efecto, la instrucción ratificaba lo dispuesto por la Constitución confiriendo la autoridad gubernativa a los delegados nombrados por el rey, desvaneciendo los equívocos suscitados por el reglamento de audiencias y juzgados de primera instancia. Así el mando de las provincias recaía en los jefes políticos. Solo en defecto de estos lo asumían los alcaldes de los pueblos, mas no los cuerpos colegiados como diputaciones provinciales o ayuntamientos.

Como medio de contener y evitar cualquier pretensión del nuevo ayuntamiento, Abascal remitió un oficio al gobernador intendente ordenando que en los días en que Moscoso saliera a tomar aires de campo, esto es, se ausentara de la ciudad, el mando político sería ejercido por el teniente asesor de la intendencia[95]. Conocida dicha decisión los capitulares acordaron por unanimidad tratar con el gobernador intendente sobre el asunto, a efectos de conservar la mejor armonía, y teniendo a la vista el artículo 10, capítulo 3 de la instrucción. Por su parte el regidor Eguiluz opinó porque se obedeciera lisa y llanamente lo decretado por el virrey[96]. El 31, contando con la presencia de Moscoso, la corporación resolvió consultar al jefe superior del reino con arreglo al artículo anteriormente citado[97]. En verdad, la decisión del virrey era contraria a la instrucción. El citado decreto en el artículo 10, capítulo 3, prescribía que en caso de vacante o imposibilidad temporal de los jefes políticos subalternos, harían sus veces los alcaldes de primer nombramiento.      

7. La elección de diputados a las Cortes ordinarias de 1815 – 1816

En los primeros meses del año de 1814 se desarrollaron las elecciones de diputados a Cortes ordinarias para el bienio 1815 – 1816. Un nuevo motivo de preocupación para el gobernador intendente, apremiado por los rumores de conspiración. Luego de celebrarse las juntas electorales de parroquia y las juntas electorales de partido se procedió a la reunión de la junta electoral de provincia. El 18 de abril, en la segunda sesión de la junta, se procedió a la elección de los diputados. Moscoso, quien hacía las veces de presidente, tuvo que sufrir nuevas humillaciones al ser desautorizado y negada su preeminencia por la mayoría de electores. Francisco Pantaleón de Uztáriz, a la sazón elegido secretario, manejó a su antojo la reunión, desconociendo la autoridad del gobernador intendente cuando pretendía poner orden en la sesión, actuando como un “patriota en grado heroico”[98].

Realizada la votación por los electores y efectuado el escrutinio de los sufragios resultaron elegidos como diputados propietarios el obispo Luis Gonzaga de la Encina y el cura rector de la iglesia catedral, secretario de la junta electoral de provincia, Francisco Pantaleón de Uztáriz. Como diputado suplente el cargo recayó en José de Irigoyen. Sin embargo, disuelta la junta electoral hubo cuestionamientos al proceso electoral. La elección del obispo Gonzaga de la Encina fue objetada por ejercer un empleo provisto por el gobierno y por carecer de los siete años de residencia requeridos para ser considerado vecino de la provincia. La petición de nulidad de su elección, según el obispo, la habían presentado sus enemigos. En efecto, el obispo era uno de los más resueltos defensores del absolutismo y en sus diversos sermones y pastorales predicaba contra los insurgentes de Buenos Aires. No convenía a la facción patriota su partida a las Cortes. Empero, el propio obispo consideraba nula su elección no por los argumentos planteados por sus contrarios, sino por las leyes divinas. Él tenía la misión de instruir a sus fieles en la doctrina evangélica, “afirmarlos en los sentimientos que deben tener en orden a la unión con la Nación, con esa Madre Patria, con el Rey, y con la subordinación que deben prestar a todas las autoridades lexítimas, desterrando la irreligión y sedición, que venían cundiendo desde Bs. As., a pasos abanzados[99]. Por el contrario, en el caso de Uztáriz, este afrontó numerosas diligencias para su viaje a las Cortes. En primer término tuvo que superar los obstáculos que le puso Moscoso, hasta el extremo de negarse a otorgarle copia del acta de la elección[100]. La razón de los resentimientos y rivalidad del gobernador intendente no solo tenían relación con los sucesos de la junta electoral de provincia[101], sino con la pertenencia de Uztáriz a la facción patriota y por considerar que estos tenían vínculos con la insurgencia.

8. La aplicación de la ley de parentescos en el ayuntamiento constitucional

El 1 de julio el alcalde Domingo Gamio expuso que considerándose impedido para presidir el ayuntamiento por lo dispuesto en la real orden de 8 de noviembre de 1813, no podía procederse a abrir la sesión mientras no asistiera el presidente del cabildo y determinara lo que conviniera. Al poco tiempo se hizo presente Moscoso y presidió el acuerdo donde se trató sobre el cumplimiento del decreto de las Cortes que ordenaba la observancia de la ley de parentescos en los cargos concejiles, acordando reservar el asunto para la siguiente sesión[102]. Habiendo acudido los capitulares mas no el jefe político subalterno a la reunión acordada, procedieron a efectuar la relación de parentesco en que se encontraba cada uno de los miembros de la corporación, así como con los electores que participaron en la elección del cabildo, razón que remitieron a Moscoso con el correspondiente oficio, expresando que dicho jefe se sirva citar a las juntas electorales a la mayor brevedad para reemplazar a los capitulares que se hallaren comprendidos en la prohibición legal[103]. Por citación del gobernador intendente el 9 de julio se reunió el cabildo a efectos de proseguir con el expediente sobre la nulidad de las elecciones de oficios concejiles realizadas en contravención de la ley de parentescos[104]. Moscoso hizo de conocimiento el auto que había decretado sobre la materia en el que designaba los capitulares que debían ser subrogados. En consecuencia, el cuerpo mandó tomar razón de lo señalado en el auto y formar los libros necesarios según la naturaleza de las actas que debían celebrarse[105]

El 10 de julio se reunieron los electores para efectuar el nombramiento de quienes reemplazarían a los capitulares incursos en la prohibición de la ley de parentescos. La razón de quienes dejarían los cargos incluía a los dos alcaldes, tres regidores y al primer síndico procurador. La mayoría de ellos familiares del ex alcalde Nicolás de Araníbar. El 13 tomaron posesión de sus cargos los recientemente elegidos. El marqués de Villa Hermosa y Buenaventura Berenguer (alcaldes) y Manuel Cayetano de Loyo (regidor). Entretanto quedó en suspenso el recibimiento del coronel José Menaut (regidor) al alegar el fuero militar del que gozaba, y anulada la elección de Juan Pedro Zelayeta (regidor). A este subrogaría el capitán Pedro Murga al efectuarse nueva elección. En cuanto al primer síndico procurador, Mariano Ureta, el gobernador intendente lo declaró hábil y expedito para continuar en el ejercicio de su empleo, al resultar su parentesco posterior a su nombramiento, sin perjuicio de la consulta que se hiciera al gobierno superior[106]

En ese estado el subrogado alcalde José María Masías manifestó que no obstante no estar incurso en la prohibición de la ley de parentescos, no ligándole ninguno de los parentescos de los que habla la citada ley con ninguno de los miembros del ayuntamiento, pues aunque su hermano Pedro Domingo Masías participó en la elección del cabildo, ese solo voto que pudiera haber recibido de aquel no podía inutilizar los restantes obtenidos de los otros electores, pero con todo se despojaba de la vara “coacto y compelido”, sin perjuicio de los derechos de su empleo y demás que hubiera lugar a fin de ponerse a cubierto de la responsabilidad que pudiera imputársele por “este hecho violento”. Respondió Moscoso manifestando que el espíritu de la orden era evitar la perpetuidad y herencia en las familias de los oficios concejiles, lo que no tendría efecto si no dejase el cargo el referido Masías, quien precisamente había sucedido a su hermano como alcalde constitucional. Y que en cuanto a la violencia que aludía el reclamante, usara de sus derecho como creyera conveniente, pues lo obrado tan solo estaba dirigido por la justicia con que se debían desempeñar las órdenes y encargos de la soberanía[107].

A continuación se leyó un escrito del mencionado Masías solicitando testimonios del acta de su nombramiento y de la del 10 del presente. Moscoso ordenó al secretario las expidiese, acotando que pese a estar dirigida la petición al ayuntamiento y no a su presidente o alcaldes, “en quienes está la jurisdicción, o poder judiciario”, por esta vez accedía a su otorgamiento. A estas palabras hizo oposición el regidor Eguiluz exponiendo que por la real orden de 10 de septiembre de 1813 el mando político de la ciudad estaba a cargo del ayuntamiento constitucional, por lo que sostenía que no existía impedimento en que la corporación otorgara copias certificadas de los documentos obrantes en su archivo, sin que esto significara ejercitar poder judiciario alguno o jurisdicción contenciosa. Replicó Moscoso que no se podían otorgar testimonios mientras no lo ordenaran su presidente o alcaldes, en caso de ausencia del primero, ni tampoco dejar de estar presididos por estos, salvo casos de enfermedad o ausencia. Expresó, asimismo, que en cuanto a la opinión de pertenecerle el mando político de la ciudad al ayuntamiento, estaba muy persuadido que el mando de la ciudad y provincia le correspondía solo a él, mientras tanto no se le haya despojado por una ley, por el Consejo de Regencia o por la superioridad. Por consiguiente, no podía permitir que nadie se lo disputase y que si el ayuntamiento quería formarle competencia lo hiciera formalizando expediente. Concluyó su exposición manifestando que como jefe político no permitiría que el ayuntamiento “se extienda más allá de sus atribuciones que le están señaladas”, sabiendo sujetar a la corporación o a cada uno de sus miembros cuando se excedan de dichas atribuciones[108]






9. Arequipa y la revolución del Cuzco

El 3 de agosto estalló una insurrección en el Cuzco que depuso a las autoridades, constituyéndose una junta de gobierno. El 12 se recibió un oficio del gobernador intendente de Puno comunicando el suceso. El ayuntamiento expresó el “espanto” que le causó la noticia, ratificando su antigua fidelidad al rey, a las leyes y a las autoridades constituidas, acordando con el jefe político providencias para asegurar el orden público y evitar que la insurrección se propagara en la ciudad y provincia[109]. Con fecha 14 el ayuntamiento recibió un pliego de la ciudad del Cuzco. Los capitulares aunque dudando procedieron a abrirlo. Abierto el pliego se leyeron las firmas de José Angulo y Gabriel José Béjar. En consecuencia, habiendo observado que el contenido se dirigía a invitar a la fiel corporación a seguir el camino del desorden público y al notar que los remitentes eran sujetos totalmente desconocidos, el ayuntamiento manifestó que no podía entrar en contestaciones con personas ilegítimas y de ninguna consideración pública, por lo que  acordó devolver todo al jefe político para que con su presencia se tomaran las providencias convenientes[110].       

La asonada insurgente obligó a la “nobleza del Cuzco” retirarse de la ciudad para buscar refugio en Arequipa. En efecto, los cuzqueños fueron recibidos con beneplácito por el vecindario y los capitulares la noche del 17 de agosto. Al día siguiente el jefe político arequipeño remitió un oficio al ayuntamiento constitucional felicitándolo por la “noble y fiel conducta” de todo el vecindario tras conocerse los acontecimientos del Cuzco[111].  Era evidente que Moscoso temía que lo acontecido en el Cuzco se propagara en Arequipa. De ahí su alivio al disiparse, momentáneamente, sus temores. Sin embargo, los pliegos cuzqueños dirigidos al ayuntamiento no cesaban de llegar.

El 16 de septiembre el ayuntamiento arequipeño recibió un oficio del nuevo gobierno político constituido en el Cuzco. En el documento los insurgentes comunicaban lo sucedido y recalcaban “la tranquilidad del pueblo, ninguna efusión de sangre, y de la libertad que se va dando a los ministros y demás europeos con la lentitud y precauciones correspondientes al resentimiento y queja general contra ellos”[112]. Al día siguiente, después de un juicioso y maduro examen los capitulares arequipeños acordaron contestar dicho oficio, sin reconocer al nuevo gobierno político establecido, remitiendo copia certificada tanto del oficio recibido como su contestación al jefe político[113]. El contenido del documento es una palmaria muestra de la ilusión constitucional del ayuntamiento arequipeño, esto es, su opción por seguir la senda constitucional, rechazando tanto el despotismo como el separatismo. En resumidas cuentas, la confianza en obtener concesiones para el gobierno autónomo dentro de la monarquía constitucional.

Los capitulares desde el principio del documento recomendaban a los insurgentes reponer las cosas a su estado original. Consideraban que el despecho y resentimiento de algunos contra las autoridades depuestas no era la voz de todo el Cuzco ni de sus corporaciones. Alegar la violación de la Constitución para justificar sentimientos particulares significaba infringir “otras leyes más sagradas y más fundamentales del mismo Código, y por reparar o vengar defectos parciales, se ha derribado el edifico de la fidelidad común, y dislocado los inviolables resortes del orden público”. La medida, por tanto, importaba hacer retroceder el derecho público de España al estado de la infancia de las sociedades, convirtiendo “la acción popular en queja armada”. Tan débiles antecedentes no podían producir “sistema ni combinación” con provincias apartadas y distintas como Arequipa. De persistir los revolucionarios en tan funesto empeño lo único que lograrían sería el “descalabro”, con el inútil derramamiento de la sangre de inocentes víctimas. Más aún, habiendo triunfado la España de sus tiranos y robustecido su brazo lo descargaría “sobre sus hijos” y esta sería la calamidad que acabaría “con los restos de estas provincias”. No solo el Cuzco, sino toda la nación española había vivido “colmada de resentimientos e injurias”. Mas, resonando la “campana de la queja”, todos se encontraban ahora al mismo nivel. La “aurora del consuelo” se presentaba con la Constitución. Así, decían los capitulares de Arequipa, “Acábese de plantificar el árbol fecundo de la Constitución; riéguese con la pureza de nuestras costumbres, y en sus ramas encontraremos el fruto saludable, la beneficencia y el desagravio. No es natural desviar la cara de las manos que vienen a enjugarnos las lágrimas, y es una temeridad clásica pender al menos lo cierto por lo dudoso de las oscilaciones civiles”[114].

Sin embargo, con el devenir de los acontecimientos y aproximándose las tropas revolucionarias del Cuzco a la ciudad de Arequipa el temor se apoderó de sus habitantes. El ayuntamiento constitucional haciendo uso de su representación exhortó a los vecinos resguardar la provincia de los disidentes. El 9 de noviembre, próximas las huestes revolucionarias, el jefe político comunicó al ayuntamiento su marcha al campamento para hacer frente al ejército revolucionario, encomendándole el resguardo interior de la ciudad[115]. Al día siguiente la débil resistencia de las tropas leales de Arequipa fueron derrotadas en Cangallo por el ejército de Pumacahua. Conocida la noticia en la ciudad el temor hizo presa en sus habitantes, aunque un pequeño grupo se regocijó por el desenlace. Se trataba de los “tuitivos” o “patriotas”, quienes tendrían ocasión “de besar alegres las manos del rebelde Pumacagua”[116].

Los revolucionarios ingresaron a la ciudad de Arequipa y fueron recibidos en triunfo. El 12 de noviembre todas las corporaciones fueron citadas a un cabildo abierto. Presidían el acto Pumacahua y Vicente Angulo. Este último leyó la fórmula del juramento de obediencia a Fernando VII, con la reserva de ser cumplida si volviera cismático, apóstata, hereje o hubiera hecho consideraciones o empeños con otras naciones extranjeras, entretanto la provincia de Arequipa quedaba sujeta a la capital del Cuzco. En ese momento pidió la palabra Mariano José de Arce. En su intervención se opuso a la fórmula del juramento de fidelidad a Fernando VII, calificando a este último como un déspota al igual que todos sus antecesores y un usurpador de las Américas. Reclamó airado por la proclamación de la independencia de estos dominios de la España. Ante la audaz propuesta del clérigo arequipeño, Pumacahua y Angulo tuvieron que deliberar con Arce, por lo cual se redactó una nueva fórmula de adhesión de Arequipa a la revolución del Cuzco. Declarada esta se procedió al nombramiento de las autoridades de la provincia. Esto provocó una nueva discusión. Arce hizo la pregunta de si el gobierno se sujetaría a la Constitución que conocía había sido abolida por el rey, de la cual hizo el elogio, o a las antiguas leyes. Zanjó el asunto Vicente Angulo defendiendo la postura planteada desde el inicio por los revolucionarios del Cuzco, esto es, mantener la adhesión a Fernando VII y a la Constitución. A su entender la noticia de la abolición de la Carta “venía por papeles fingidos”. En consecuencia había que observar la Constitución. Según Porras fue Arce quien propuso los nombramientos de los personajes que acompañarían a Vicente Angulo en la junta de gobierno arequipeña. Agustín de Cosío y el marqués de Villa Hermosa, alcalde constitucional del ayuntamiento, completaron la terna. Como suplente fue designado José María Corbacho[117].

El 18 de noviembre en un nuevo cabildo abierto se trató sobre la administración pública de la ciudad y la provincia. Contando con la presencia de Pumacahua, los integrantes de la junta de gobierno y los miembros del ayuntamiento fue expedido un reglamento provisional que rigiera el gobierno. En sus artículos principales se dispuso que la administración pública en lo político, civil y militar se sujetaría a lo previsto por la Constitución española, reglamentos de las cortes y leyes del reino, con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes (art. 1). El gobierno estaría conformado por tres miembros titulares y un suplente. Estos tenían competencia en lo político y militar de toda la provincia, siendo sus miembros inseparables en sus providencias y recusables en forma individual (art. 2). El gobierno siempre sería ejercido por tres personas. En caso de faltar alguno, no siendo suficiente el suplente para completarlo, ocuparían los lugares faltantes los alcaldes y regidores del ayuntamiento por su orden (art. 3). La administración de justicia en primera instancia correspondía a los alcaldes constitucionales de los pueblos y subdelegados de los partidos. En segunda instancia al gobierno de la capital y en tercera a la junta suprema de justicia del Cuzco (art. 4)[118].

La ocupación de la ciudad arequipeña por los revolucionarios no duró mucho tiempo. Teniéndose noticia de la cercanía de las tropas reales comandadas por el general Ramírez, los insurgentes decidieron abandonar la ciudad, habida cuenta que en la propia Arequipa estaba madurando “una especie de contrarrevolución”[119]. El cabildo eclesiástico y varios integrantes del ayuntamiento constitucional sentían descontento por la situación vivida, considerándose rehenes de los insurgentes. El mismo Vicente Angulo desconfiaba de todo. El ambiente en la ciudad se tornó más álgido a inicios de diciembre. El gobierno político temía una contra-revolución[120]. Con el objeto de contener la propaganda realista que se manifestaba sin temor[121] se anunció y circuló una proclama comunicando la aprensión del virrey Abascal en Lima y el refuerzo del ejército patriota con hombres y armamento provenientes del Cuzco[122]. La proclama finalizaba con la siguiente inscripción: “año primero de la libertad peruana”.

En la mañana del 6 de diciembre, no pudiendo los insurgentes contener las manifestaciones contrarias de los arequipeños y teniendo presente la proximidad del ejército del general Ramírez, decidieron abandonar la ciudad para plegarse a las tropas de Pumacahua. El regocijo del cabildo eclesiástico y de varios de los integrantes del ayuntamiento constitucional era inocultable. Dos puntos eran los determinantes de esa actitud. La primera, el rechazo a la opción separatista viendo en ella la preeminencia de la muchedumbre sobre los hombres de bien. La segunda, el temor a las represalias del ejército realista. Temor fundado por las sanguinarias muestras que las tropas del general Ramírez hacían en su triunfal marcha desde el Alto Perú. Ese mismo día los cabildos eclesiástico y civil remitieron una primera comunicación al virrey y, luego, el contenido de un acta capitular. Ambos documentos son importantes porque demuestran el sentir de las principales corporaciones de la ciudad durante el tiempo que estuvieron sometidas al gobierno político insurgente. En el primero se dejaba constancia de haber estado 25 días sometido el “fidelísimo pueblo” de Arequipa bajo “la opresión y abatimiento” de las fuerzas invasoras del Cuzco. Expulsados los insurgentes proclamaron a Fernando VII como “su legítimo y propio dueño”. Entretanto ambos cabildos se dedicaban al restablecimiento del orden público y nombrando un gobierno provisional[123]

El acta capitular, empero, era más explícita. En el documento se manifestaba que a las ocho de la mañana del día 6 de diciembre “fugó el gobierno intruso”, temeroso de que los habitantes de Arequipa sacudieran el yugo insurgente para proclamar “al mejor de los monarcas”, Fernando VII. En verdad, así sucedió. Hubo algarabía en la ciudad, gritos de viva el rey y aclamaciones a las legítimas autoridades. Mientras tanto el ayuntamiento dictaba providencias para restablecer el orden público. Provisionalmente fue nombrado como gobernador interino Buenaventura Berenguel, alcalde de segunda nominación del cabildo. En lo militar el nombramiento recayó en el coronel Francisco de la Fuente y Loayza. Finalmente los capitulares acordaron dirigir una comunicación al general Ramírez, jefe del ejército pacificador del rey, próximo a hacer su ingreso a la ciudad, “con el sacrosanto objeto de asegurar a estos leales moradores en sus sentimientos de fidelidad”. Del mismo modo una diputación se presentaría ante el citado general para saludarlo y asegurarle un recibimiento “con toda la pompa, alegría y lucimiento de que sea capaz, y ponga el último sello a su fidelidad”[124].

Ramírez hizo su ingreso a la ciudad el 9 de diciembre. Fue recibido con muestras de sumisión y efusión. Uno de sus primeros actos fue nombrar como gobernador interino y comandante militar de la provincia al brigadier de los reales ejércitos Pío Tristán[125]. De esta forma se daba término a la revolución en Arequipa y concluía, también, la ilusión constitucional.

10. La liquidación del régimen constitucional en Arequipa

El 2 de enero de 1815, congregados en cabildo extraordinario por orden del gobernador intendente interino, se leyó un oficio del virrey por el cual nombraba nuevos capitulares para la corporación. Los cesantes acordaron dar pronto y puntual cumplimiento[126]. Al día siguiente los elegidos por el virrey juramentaron y tomaron posesión de sus cargos. Los capitulares designados eran los coroneles José Menaut y Francisco Arauzo (alcaldes); Buenaventura Berenguel, el coronel Juan Antonio Montufar, el capitán Manuel Martínez del Campo, el teniente coronel Juan Mariano de Goyeneche, Juan Manuel Salamanca, el teniente coronel José Barreda, Mariano Larrea, el capitán Manuel Arredondo, Manuel Ruiz del Barrio, José Zegarra, el teniente coronel José Manuel Alvizuri y Mariano Ugarte (regidores); y el sargento mayor Pedro Murga (síndico procurador)[127].

Con fecha 9 de enero el presidente de la corporación trasladó el auto proveído por el Real Acuerdo de Justicia por el que se mandaba reponer las cosas al estado anterior que tenían antes de la Constitución, reglamentos y decretos abolidos por la real orden del 4 de mayo de 1814[128]. El 16 de marzo se dio cuenta de un oficio ordenando que los ayuntamientos se gobiernen conforme a las leyes que regían el año de 1808[129]. Finalmente, el 7 de julio se dio lectura a un oficio remitido por el intendente acompañando la orden del superior gobierno, fechada el 28 de diciembre de 1814, transcribiendo la resolución del rey por la cual ordenaba el cese de los ayuntamientos constitucionales y el restablecimiento de los antiguos[130]

11. La Constitución de Cádiz en Puno: la elección del ayuntamiento constitucional

La noticia del arribo de ejemplares de la Constitución preocupó al gobernador intendente. Desde ese momento Quimper manifestaría una profunda animadversión a la Carta. Así, en informe dirigido al virrey Pezuela, fechado el 1 de julio de 1816, la calificó como la infame Constitución”, un código destructor de los sagrados derechos del real trono, un instrumento mortal del reposo en que vivían los habitantes del Perú, quienes antes de ella rendían gustosos el homenaje de fieles vasallos al más benigno y amable de los monarcas, siendo el móvil fundamental de la desorganización de la capital de Puno y de toda su provincia[131]. Pese a todo, la Constitución fue publicada el 30 de diciembre de 1812 y, al día siguiente, 31, se hizo el respectivo juramento[132].  Bajo el cobijo de la Constitución también en Puno se conformó una facción “constitucional”. Sus integrantes vieron el momento propicio para hacerse cargo del gobierno local buscando hacer efectivas sus pretensiones de gobierno autónomo.

El 4 de enero de 1813 Quimper comunicó al virrey haber recibido el bando publicado en Lima para la elección de oficios del ayuntamiento, “sobre cuyo exacto cumplimiento” no perdería “momento”[133]. En tal virtud, el 12 de enero se realizó la elección de los miembros del ayuntamiento constitucional de Puno[134]. Como en las actividades previas a la elección trabajaron con mayor eficacia los constitucionales, la mayoría de los electores parroquiales les eran afines. En consecuencia, el día de la elección el triunfo correspondió a dicha facción. Conformaban la nueva corporación municipal, a la que correspondía el número de dos alcaldes, doce regidores y dos síndicos procuradores, entre otros, Manuel Martín de Rivarola (alcalde de primera nominación), José Benito Laso de la Vega (alcalde de segunda nominación); Juan Manuel Peralta, José Antonio de los Ríos, Eusevio García, Casimiro Rudecindo Bravo, José Cano, Manuel Eusevio Bermejo, Pascual Toledo, Manuel Pino y Bernardo Portugal (regidores); Juan Ignacio Velarde y Domingo Terroba (síndicos procuradores).

Como era de esperarse, la victoria de los “constitucionales” no fue del agrado del gobernador intendente. No solo por la personalidad de los elegidos, sino por la movilización política de la población en el nivel de la elección parroquial, lo que preocupó a la autoridad. Por esa razón Quimper criticaba con dureza “la publicación de la maldita ley” estableciendo los intrigantes principios de las juntas electorales parroquiales que precedían las juntas electorales de provincia que, “en traviesa, estudiosa votación formalizaban los Ayuntamientos”, dejando en el suelo puneño el germen revolucionario. Para Quimper de esas “viciosas juntas y elecciones” salían los opositores al gobierno legítimo. Los pueblos se conmovían por el influjo de unos cuantos malvados, extranjeros o sujetos carentes de la vecindad para proceder con la fidelidad y amor que se requería, procurando hacer triunfar su partido con el objeto de tener otros tantos magistrados con que dominar la provincia, hollando la autoridad legítima. Así, los nuevos ayuntamientos de las capitales de provincia y de los pueblos anejos no fueron sino otros tantos enemigos del gobierno y del derecho soberano, porque al estar conformados “no de las primeras personas, como antes era visto, sino en la mayor parte de sujetos de baja extracción, viciosos, y acaso criminales”, atropellaban a los que “en clase superior se oponían a sus perversas ideas”[135].

12. El ayuntamiento constitucional de 1813

El nuevo ayuntamiento muy pronto hubo de tener conflictos con el gobernador intendente, porque al tener origen popular se consideraba como el único representante legítimo de la ciudad. El conflicto se agudizó cuando los miembros del cabildo se negaron a reconocer privilegios al gobernador intendente y a los regidores perpetuos. En concreto, Quimper se quejaba porque en las funciones de tabla el nuevo ayuntamiento no realizaba el ceremonial de respeto y cortesía hacia su persona, tal como había sucedido con el cabildo abolido. Dicha situación significaba para el gobernador que el público interpretase esa falta de consideración como supresión de su autoridad y facultades[136]. No le faltaría razón. El ayuntamiento muy pronto desconocería su calidad de autoridad política.

Ese mismo día el ayuntamiento remitió una consulta al virrey en relación al viaje del diputado electo a las Cortes generales y extraordinarias, Tadeo Gárate. Según los capitulares los poderes de Gárate estaban revocados y más aún cuando según los artículos 91 y 97 de la Constitución no podía ejercer la diputación de la provincia por no tener los siete años de vecindad y ser además empleado nombrado por el gobierno en la misma provincia. Por tales argumentos el ayuntamiento hacía las diligencias necesarias para proceder a la elección de los tres diputados que representarían a Puno en las próximas Cortes ordinarias, siendo “quizá la primera de las subalternas, que con la mayor fidelidad y celo posible se ha esmerado en cumplir los ápices de la Constitución y ejecutar con prontitud las órdenes superiores de V. E. análogas a su plan[137]. La decisión del cabildo, empero, tenía claras connotaciones políticas. Gárate era un connotado absolutista y adicto al gobernador. No era favorable al ayuntamiento su partida a España como representante de la provincia puneña. Con todo, Gárate viajó a las Cortes para ejercer el cargo de diputado.

A mediados de febrero los miembros del ayuntamiento procedieron a organizar las elecciones parroquiales en la ciudad para el nombramiento de los diputados a Cortes ordinarias del bienio 1813 – 1814. Luego de realizadas las elecciones parroquiales se procedió a la elección de los electores de los partido y a finales de mayo se reunió la junta electoral de provincia. Fueron elegidos como diputados propietarios Remigio de la Santa y Ortega, obispo de La Paz, Juan Francisco Reyes y José Isidoro Gálvez. Las sesiones de la junta electoral, empero, no fueron pacíficas. Al nombrarse al obispo de La Paz como primer diputado de la provincia, el gobernador y presidente de la junta presentó una objeción. Este consideró que el obispo carecía de la residencia formal y material en la provincia para obtener el cargo. Sin embargo la objeción presentada fue desestimada por José María Mendizábal, vocal secretario de la junta, cuya opinión siguieron la mayoría de electores[138]. Al siguiente día fueron nombrados los diputados provinciales. Los nombramientos recayeron en Matías Alday, cura de Azángaro; José Manuel Campana, José Antonio Ríos y Bernabé Canabal.

Entretanto, a principios de abril, teniendo conocimiento los miembros del ayuntamiento del reglamento de audiencias y juzgados de primera instancia, que supuestamente otorgaba amplias facultades a los cabildos, acordaron solicitar al virrey su pronta remisión a la ciudad de Puno, cosa a la que se opuso enérgicamente Quimper por entender que se trataba de una reconvención temeraria de la respetable autoridad del virrey. Sin embargo, los capitulares no escatimaron esfuerzos por obtener dicho documento. Así, sin ponerlo en conocimiento de Quimper, solicitaron al ayuntamiento del Cuzco la remisión de un ejemplar. Obtenido el reglamento, con oficio lo remitieron al gobernador exigiendo su publicación, a la vez que le comunicaban las nuevas facultades que creían corresponder al cabildo en virtud de la citada norma. En efecto, los capitulares interpretaban que de acuerdo al reglamento la autoridad política dejaba de pertenecer al intendente, recayendo en la corporación. Como lo expresara Quimper, el cabildo se concebía omnímodo e independiente, de modo que se atribuía no solo lo político, sino también lo económico, quitándole hasta el tratamiento de gobernador. No obstante, el gobernador intendente se negó a efectuar dicha publicación y en comunicación al virrey le solicitaba que en caso de remitir el reglamento a la ciudad, le describiera “si con arreglo a él y no obstante de no estar aún demarcados los partidos, existen o no en mi autoridad lo gubernativo, económico, y político[139].    

Con el objeto de evitar conflictos, Quimper, no obstante su carácter, trató de mantener una conducta moderada y prudente con el ayuntamiento. Empero, los descomedidos oficios de la corporación y la conducta del alcalde Laso, según él, se habían propuesto subyugarlo y tratarlo con despotismo, interpretando a su antojo la Constitución y reglamentos. Por ello solicitaba al virrey disponer lo necesario para sostener la autoridad del gobierno y conservar en paz la provincia de Puno[140]. El 18 de mayo, el gobernador se quejó nuevamente ante el virrey por la “despótica arbitrariedad” del ayuntamiento constitucional. En concreto el reclamo de Quimper obedecía a que el síndico procurador Velarde le negaba el ejercicio de la jurisdicción contenciosa. En consecuencia, el gobernador solicitaba al jefe superior le ilustrara sobre el particular[141].

En resumen, el comportamiento de los miembros de la corporación municipal con respecto al gobernador intendente tenía como fundamento la poca claridad de la normativa constitucional. Esta establecía como órgano superior de los ayuntamientos a la diputación provincial, presidida por el jefe político, ente que para el caso de Cuzco y Puno correspondía a la diputación provincial del Cuzco. No decía nada, en cambio, sobre la existencia de jefes políticos subalternos ni de la subsistencia de los gobernadores intendentes en las nuevas circunscripciones que resultarían de la división administrativa producto de la Constitución. Por tanto, los capitulares puneños consideraban que en Puno el ayuntamiento constitucional asumía las facultades del gobierno de la circunscripción en toda su extensión.

Benito Laso, alcalde de segunda nominación y abogado de la Real Audiencia del Cuzco, lideró las reivindicaciones del ayuntamiento constitucional. Laso aceptó con beneplácito la Constitución gaditana, cuya aplicación a sus ojos implicaba un margen de autonomía en el gobierno de la ciudad. Sin embargo, su conducta fue observada con animosidad y caracterizada como insubordinada por el gobernador intendente. En efecto, Quimper en comunicación al virrey, manifestaba que en la capital de Puno había un espíritu de anarquía. Bajo el cobijo de la Constitución muchos individuos actuaban contra el gobierno, a imitación de Laso y del ayuntamiento, quienes los habían persuadido de actuar de ese modo “con sus producciones y hollamiento de la autoridad del Govrno. con depresión de sus facultades en los oficios pasados por esta junta o consejo”[142]. Por esta razón Quimper solicitaba al virrey separar a Laso de la ciudad y ordenar su traslado a Lima. Del mismo modo daba cuenta que Laso había sido elegido sin tener los cinco años de residencia que prescribía el artículo 317 de la Constitución Política para ejercer el cargo. Por último, el gobernador suplicaba se le otorgara la facultad de “remitir todo sospechoso e insubordinado” con destino a la ciudad de Lima[143].

A pesar de todo, Laso no fue separado de la ciudad. Por consiguiente subsistieron los conflictos, comprometiendo la autoridad del gobernador intendente, a tal punto que la audacia de los miembros del ayuntamiento se incrementó “abanzándose a bociferar del gobierno anterior a su creación, sin excepción del Superior a quien zatirizaban en plaza pública, y en lo que ellos llamaban Consejo pa. acordar sus arbitrariedades”[144]. La actitud autónoma del ayuntamiento constitucional de la ciudad de Puno fue imitada por otros ayuntamientos de la circunscripción, como en el caso del ayuntamiento constitucional de Huancané, en el que varios de sus miembros incitaron a los “naturales” no hacer efectivo el pago de la contribución voluntaria. Esos hechos  motivaban amargas quejas de Quimper en sus misivas al virrey. A su criterio, todo el problema lo había causado el ayuntamiento constitucional de Puno, porque desde su instalación sus máximas se habían transmitido a los otros ayuntamientos, generándose un estado de insubordinación que solo podía “cortarlos la fuerza”[145], como sucedería posteriormente.

Con el propósito de contener a los ayuntamientos constitucionales dentro de los límites fijados por la Constitución, el general Pezuela fue enviado con destino a Arequipa y Puno. Después de cumplir su encargo en Arequipa, salió de esa ciudad con destino a Puno el 23 de junio de 1813, arribando el 29 del mismo mes y año. Según sus propias palabras tuvo “que hacer bastante para conciliar los ánimos del Intendente, cabildantes y otros que estaban en una total desavenencia”[146]. Sin embargo, con mucha diligencia logró su propósito, recibiendo del ayuntamiento un oficio por el cual los capitulares “para siempre ofrecía(n) la mejor armonía con el Intendente”. El 2 de julio Pezuela partió de Puno con dirección al Desaguadero, logrando aparentemente conciliar los ánimos del intendente y miembros del ayuntamiento constitucional. Asimismo,  dejó un destacamento militar conformado de 40 hombres[147]. Según Quimper, los tres días de permanencia de Pezuela en la ciudad habían “destruido la borrasca de la discordia”[148].

La conciliación lograda por Pezuela dio sus frutos momentáneamente. Ocurrió cuando se produjeron rebeliones en la capital del partido de Lampa a consecuencia de la negativa de  algunos “ayllus” a pagar la “contribución voluntaria”, medida de fuerza que se iba extendiendo a otros partidos, lo que obligaba al gobierno a requerir fuerzas para contener la insubordinación[149]. Lo mismo sucedió cuando en cabildo presidido por el gobernador intendente se acordó “estimular” a los naturales de la provincia para el pago de la contribución voluntaria, “haciéndoles ver de este modo era satisfactoria y no degradante contribución que exigían tales actuales críticas circunstancias de sostener un exército en campaña en defensa de los propios bienes y tranquilidad pública”[150]. Esa concordancia, sin embargo, no duraría por mucho tiempo.

13. La renovación del ayuntamiento constitucional

Llegado el mes de diciembre, fecha de la renovación del ayuntamiento constitucional, nuevamente los “constitucionales” lograron hacer triunfar a sus candidatos en las elecciones parroquiales y de provincia, utilizando los mismos métodos empleados en la anterior elección, porque tres meses antes de su nueva instalación ya había publicado a sus dos alcaldes, Ramón Echenique y Juan Manuel Velarde, “ventilando sus calidades, y realizando su Plan al sufragio de unos Electores faccionarios que concordaban con sus ideas”[151]

Como nuevos miembros del ayuntamiento constitucional de Puno para el año de 1814 figuraban Juan Manuel Velarde y Ramón de Echenique (alcaldes de primera y segunda nominación, respectivamente), Manuel Ledesma, Mariano Esteves, Nicolás Calisaya, Evaristo Franco, Vicente Rodríguez, Leonardo Solórzano y José Patricio Silva Salgado (regidores y procurador síndico). Posteriormente, como había fallecido el regidor Evaristo Franco, los capitulares puneños, sin recurrir a los electores, decidieron reemplazarlo mediante votación de sus propios integrantes, eligiéndose a Felipe Arce, decisión que contravenía lo dispuesto por decreto de las Cortes[152].

14. La elección de diputados a las Cortes ordinarias de 1815 - 1816

Esta elección dio inicio a otra controversia entre el ayuntamiento constitucional y el gobernador intendente. A fines de abril de 1814 el ayuntamiento tomó conocimiento que en la ciudad de Huancané, antes de celebrarse la junta electoral de partido, se había publicado los nombres de los futuros diputados a Cortes. Lo mismo había sucedido en la ciudad de Puno “con notoria crítica del vecindario y concurso”. Entre los “nombrados” diputados figuraban Rafael Cazorla, cura de Cavanilla; José Manuel de Arrizaválaga, cura de San Pedro de Juli; Manuel Quimper, hijo del gobernador; y Francisco Garcés.

El ayuntamiento consideraba el suceso “un trastorno el más escandaloso y el más criminal de nuestra Constitución, de sus terminantes artículos, fórmulas e instrucciones análogas”. Por esa razón afirmaban, como “cuerpo que representa los derechos del pueblo y sus ciudadanos, encargado por las peculiares incumbencias de su institución a la fiel observancia de las soberanas sanciones”, no quedarle más arbitrio que comunicarlo a la junta electoral de  provincia para que en ella se resuelva el asunto, “antes que la nulidad se haga irreparable”[153]. La intervención del ayuntamiento en el proceso electoral fue motivada por la nominación del hijo del gobernador de la provincia como uno de los posibles diputados a Cortes. Sin embargo, la publicación anticipada de los posibles diputados a Cortes no importaba infracción a la Constitución, como posteriormente lo determinaría la junta electoral de provincia.

El 1 de mayo el ayuntamiento remitió a la junta electoral el expediente comprensivo de la denuncia. Ese mismo día la junta electoral, “para expedir sus funciones públicas con la libertad que les franquea la Constitución Política”, trató en primer término la denuncia del cabildo. Examinado el asunto sus miembros consideraron que el expediente promovido por el ayuntamiento constitucional contenía excesos, reparos e infracciones, advirtiendo que en su expedición no había participado el jefe político, tratándose de un asunto grave, entendiendo que tal vez fue concebido “por uno que otro amigo de la tranquilidad”. Es más, manifestaban que si se trataba de una acción popular de ciudadanos particulares para cautelar la observancia de la Constitución y de las leyes, lo contenido no era otra cosa que “el mayor atentado”. Si, por el contrario, era la acción de una corporación competente para corregir los procedimientos de la junta electoral, se admiraban que el ayuntamiento excediera sus atribuciones usurpando facultades privativas de la junta. Más aún, suponiendo legitimada la acción notaban que el sumario carecía de evidencias concretas en cuanto al nombramiento de los electores del partido de Huancané. Mientras que en relación a la publicación anticipada de los diputados a Cortes con designación de sus nombres acordaron deberse “considerar esta por un rumor bago, y vosinglería connatural a la incauta plebe acostumbrada a presentir según su capricho”, no pudiendo ser indicio para sospechar de unos sujetos (los electores) “que han merecido la sagrada y augusta confianza de sus partidos”. Por el contrario, si ese era al pensamiento de los electores de partido, su intención no sería otra cosa que “el comprobante eterno de una obra madura, meditada, y conferida para el acierto de un nombramiento en personas beneméritas y dignas que reúnen las prendas y virtudes necesarias” como lo exigía la propia constitución, pues era evidente que lo trazado por la precipitación y el desacuerdo se hallaba expuesto a errores. Añadían, además, que el argumento del ayuntamiento, de ser válido, habría que imputárselo con mayor fundamento a sus miembros cuando en la renovación del año 1813 publicaron tres meses antes de la elección los nombres de sus dos alcaldes. En conclusión la junta electoral de provincia declaró que la denuncia y pesquisa del cabildo eran “nada menos que una pura vacilosidad, y una serie de intempestivas y desprevenidas acciones, dirigidas no por el norte del zelo público, sino de fines particulares que calla”, resolviendo despreciar la solicitud del ayuntamiento “advirtiéndole el zelo sobre sus incumbencias privativas, sin mezclarse en gestiones y negociar de agena inspección”[154].

A continuación la junta electoral procedió a la elección de los tres diputados propietarios y suplente que correspondían a la provincia. Resultaron elegidos Gabriel Vicenteli, cura de la doctrina de San Juan de Juli; el coronel Manuel Quimper y Orvea; Cayetano Martínez del Campo, cura de Puno y vicario foráneo del partido de Huancané; y Joaquín Rodríguez Arguelles, cura de la doctrina de San Juan de Ácora[155]. Al día siguiente fueron elegidos los dos diputados propietarios y el suplente que renovarían la diputación provincial del Cuzco. Los electos eran Rafael Cazorla, cura de Cavanilla y vicario foráneo del partido de Lampa; Andrés de las Cuentas, vice rector del Real Colegio Seminario del Cuzco; y el sargento mayor del regimiento de dragones de Carabayllo Juan Pinto del Postigo[156].

Conocidos los resultados de la elección y habiendo recibido el ayuntamiento constitucional copia del acta electoral conteniendo lo resuelto por la junta electoral de provincia sobre la denuncia presentada, los capitulares decidieron elevar el expediente ante la diputación provincial del Cuzco. El 4 de mayo, en el oficio con el que remitían el expediente al Cuzco, el ayuntamiento manifestaba que se habían confirmado las sospechas de la publicación anticipada de los diputados con el nombramiento del hijo del gobernador. No solo eso. En aquella sesión las discusiones fueron el rasgo común, caracterizándose por el bullicio y las personalidades, todo con el objeto de obtenerse el nombramiento del coronel Manuel Quimper, material y formalmente “niño”, hijo del jefe político de la provincia. Toda la concurrencia que se hallaba al frente de las galerías consistoriales quedó admirada “al ver confirmada la sospecha”, aunque satisfecha con el nombramiento de los otros diputados[157].

15. Puno y la revolución del Cuzco

Las divergencias entre el ayuntamiento constitucional y el jefe político continuaron y tuvieron su explosión con el conocimiento en Puno de la revolución estallada en la ciudad del Cuzco. Casi la totalidad de los miembros del cabildo, bajo el pretexto de  oponerse y defender la ciudad del comisionado de la junta revolucionaria del Cuzco, Pinelo, fueron preparando el ambiente para sumarse y plegarse a la insurrección. El 23 de agosto de 1814 se hizo un consejo de guerra y cabildo abierto para tratar sobre la defensa y seguridad de la ciudad, resolviéndose en última instancia rendir la ciudad a  las tropas insurgentes en consideración a la superioridad de aquellas y la carencia de recursos para impedirlo. La noche del 25, ante las noticias de la proximidad de las tropas comandadas por Pinelo, los reclutas del cuartel de la ciudad se sublevaron, mas la intentona fue contenida por la intervención del alcalde constitucional, moderándose el “desenfreno popular”. Quimper teniendo conocimiento que la sublevación del cuartel estallaría buscó refugio para ocultarse[158]. Esa misma noche, según su versión, el alcalde Ramón Echenique y el regidor Manuel Bermejo se presentaron en su casa comunicándole la decisión de la provincia a favor de los revolucionarios del Cuzco. Así, el ayuntamiento constitucional puneño hizo alianza con la junta del Cuzco, por medio de su cabildo y por bando publicado el 26 de agosto, “un día después de su alzamiento infame”. Quimper, observando “que la capital se hallava decidida por el gobierno rebolucionario del Cuzco”, solicitó se le permitiera salir de la ciudad con destino a Arequipa[159].

El 29 de agosto Pinelo hizo su ingreso a la ciudad de Puno sin oposición y “con el mayor gusto del cabildo que le escribió con anticipación convidándole con la ciudad”. El mando político se confirió a Manuel Velarde, alcalde de primer voto, mientras que el mando militar se confió al coronel Remigio Arias[160]. De ese modo Puno entró en alianza con los revolucionarios del Cuzco e invitando al caudillo Pinelo  para que entrase “con toda seguridad” a la  ciudad, auxiliándolo “con tropas para la toma del Desaguadero y sanguinario pillage de la ciudad de la Paz”. Del mismo modo, brindándole a Pumacahua y a Vicente Angulo “toda la oficialidad, soldados, e indiada para la toma de Arequipa”[161].

Tras casi dos meses de estar la ciudad en poder de los insurgentes el ambiente de la ciudad se enrareció. Los insurgentes mientras tanto abandonaron la ciudad. La situación vivida durante el periodo insurgente y el conocimiento de la aproximación del ejército realista bajo el mando del general Ramírez hizo comprender a la clase dirigente de Puno que era mejor restaurar el orden anterior. En consecuencia, teniendo cerca de la ciudad a las tropas realistas, el cabildo envió una diputación para entrevistarse con el general Ramírez dándole cuenta de la evacuación de la ciudad por las tropas insurgentes y manifestándole que la ciudad se sometía a las armas del rey. Ramírez, en efecto, hizo su ingreso a la ciudad el 23 de noviembre de 1814[162]. Una de las primeras medidas del jefe realista fue nombrar como gobernador interino de Puno a Francisco de Paula González, quien sujetaría por las armas a toda la provincia.

16. Conclusión

La Constitución de Cádiz en el sur del Perú, en particular en las ciudades de Arequipa y Puno, tuvo distintos significados y consecuencias. Para los “patriotas” importó una ilusión constitucional. Creyeron que la Carta les permitiría representación en la monarquía y autonomía en la gestión de los intereses locales. Posteriormente, tras las decisiones de la superioridad, de la Regencia y de las propias Cortes, contrarias a sus pretensiones, la ilusión y esperanza dieron lugar al desencanto, pues a pesar de la Carta se mantenía el estado de cosas anterior. De ahí el desengaño de un sector de los “patriotas” constitucionales que devendrían en separatistas. Por tanto, el trayecto de estos ayuntamientos presentó dos etapas: la primera, que abarcó los primeros meses del año 1813, la de las infundadas esperanzas, cuando se produjo la confrontación de los cabildos con las autoridades políticas por el control del espacio público. La segunda,  desde inicios de 1814, la del desencanto, cuando la prepotencia de las autoridades avalada por la Regencia y las Cortes, desvirtuaron la pretensión autonomista de los cabildos, provocando el descontento de algunos de sus miembros. Por el contrario, desde la óptica de las autoridades, la Constitución fue sinónimo de desorden, de pérdida de autoridad para el gobierno.

En resumen, la propia Carta dio origen a los conflictos entre las diversas instancias de gobierno, ya por ambivalencia, imprecisión o vacíos en la normativa. Sin embargo, estos también surgieron por la negativa de las autoridades en despojarse de facultades que, según la Constitución, ya no les correspondían. Significaba para aquellos una pérdida de su preeminencia en favor de sectores considerados no aptos para ejercerlos. Empero, en lo fundamental, la Constitución sirvió de cauce para la participación política de un gran parte de la sociedad así como para el debate sobre la cosa pública. Esta experiencia será gravitante en la temprana república peruana. 


Archivos

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Archivo Histórico Nacional (Madrid), Consejos, legajo 6299, 1.

Archivo Municipal de Arequipa, Libro de actas del cabildo N° 26, 1804 – 1812.
_________ Libro de actas del cabildo N° 27, 1813 – 1815.

Biblioteca Nacional del Perú, Manuscrito 1812 – D457, Libro de correspondencia con el Exmo. Sr. virrey del reyno por el Sr. D. Manuel Quimper, gobernador intendente de esta provincia de Puno, que empieza desde 1º de enero de dicho año.
_________ Manuscrito 1813 – D9421, Expediente sobre la petición presentada por Antonio Luis Pereyra para que se le expida testimonio de una resolución.
_________ Manuscrito 1813 – D9963, Expediente sobre el recurso presentado por el subdelegado de Moquegua para que se le haga conocer el reglamento sobre el funcionamiento de ayuntamientos.
_________ Manuscrito 1813 – D11706, Copiador de reservadas [correspondencia del obispo Gonzaga de la Encina].
_________ Manuscrito 1814 – D467, Libro copiador de los oficios remitidos por el intendente de Puno a otros intendentes sobre diversos asuntos de carácter administrativo.
_________ Manuscrito 1814 – D11727, Exposición sobre las elecciones para diputados a Cortes, realizadas en la ciudad de Arequipa.


Periódicos

Verdadero Peruano, Tomo II, Lima, 1813.
El Investigador del Perú, Lima, 1814.


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_________ La independencia de la América española, segunda edición, México: FCE – El Colegio de México – Fideicomiso Historia de las Américas, 2005.
_________ “De la fidelidad a la revolución: el proceso de independencia de la antigua provincia de Guayaquil, 1809 – 1820”, Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, 2004, N° 21, pp. 35 – 88.

Serrano Ortega, José Antonio y Chust, Manuel, “Veracruz: antiguo régimen, liberalismo gaditano e independencia, 1750 - 1826”, en Juan Ortiz Escamilla (coordinador), Revisión histórica de la guerra de independencia en Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz – Universidad Veracruzana - Comisión Estatal del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, 2008, pp. 73 - 98.




* El presente texto (aún en revisión, ampliación y corrección) forma parte de un modesto trabajo sobre el primer liberalismo hispano en el Perú, 1812 – 1814 (que si el tiempo y las ocupaciones lo permiten esperamos culminar), tratándose en lo fundamental los casos de las ciudades de Lima, Cuzco, Arequipa y Puno.
[1] Peralta Ruiz, Víctor, En defensa de la autoridad, pp. 105 – 175; Paniagua Corazao, Valentín, Los orígenes del gobierno representativo en el Perú, pp. 183 – 196, 223 – 231 y 242 – 250.
[2] Paniagua Corazao, Los orígenes del gobierno representativo en el Perú, p. 112.
[3] Rodríguez O., Jaime E., La revolución política durante la época de la independencia,  p. 51.
[4] Similar situación se presentaría entre el ayuntamiento constitucional de Guayaquil y el gobernador  Vasco y Pascual, como refiere Rodríguez O., Jaime E., “De la fidelidad a la revolución”, pp. 76 – 77.
[5] Las controversias entre los ayuntamientos y las autoridades eran materia de consulta ante el jefe superior. Esto era un medio por el que la autoridad moderaba las pretensiones de los cabildos. Así Abascal refería que los cabildos causaron “una muy molesta ocupación al Gobierno en la contextación de sus reiteradas consultas para la inteligencia de sus facultades Oficios y órdenes para contener las consequencias que produjo la mala que se les había dado”. Abascal y Sousa, José Fernando de, Memoria de gobierno, I, pp. 118 – 119.  
[6] Una síntesis de los debates en las Cortes sobre el régimen municipal, donde nuevamente confrontaron las posiciones autonomistas de los americanos con las centralizadoras de los liberales españoles, en Chust, Manuel, “El poder municipal”, pp. 115 – 127. 
[7] Ortiz Escamilla, Juan y Serrano Ortega, José Antonio, “Introducción”, p. 14.
[8] Carta de Luna Pizarro del 18 de septiembre de 1814, en Luna Pizarro, Francisco Javier de, Justicia sin crueldad, p. 96. (Cursivas nuestras).
[9] Annino, Antonio, “Imperio, Constitución y diversidad en la América hispana”, p. 218.
[10] Carta de Guadalupe Victoria al ayuntamiento constitucional de Veracruz, 1 de agosto de 1814, citado por Serrano Ortega, José Antonio y Chust, Manuel, “Veracruz: antiguo régimen, liberalismo gaditano”, p. 86.
[11] Rodríguez O., Jaime E., La independencia de la América española, p. 27. (Cursivas en el original).
[12] Ibid., p. 177.
[13] Ibid., p. 181.
[14] Annino, Antonio, “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial”, p. 78.
[15] Ibid., p. 85.
[16] Ibid., p. 86.
[17] Ibid., p. 88.
[18] Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial”, p. 177.
[19] Ibid., p. 179.
[20] Ibid., p. 182.
[21] Annino, Antonio, “La ciudadanía ruralizada”. 
[22] El trabajo de Chiaramonti sin lugar a dudas aporta nuevas perspectivas de investigación. Sin embargo, al centrar el estudio de la primera etapa del liberalismo hispano a un recuento de casos aislados e inconexos, impide que las conclusiones obtenidas puedan generalizarse. Esto, creemos, es una de las principales limitaciones de su interesante investigación. Chiaramonti, Gabriella, Ciudadanía y representación en el Perú, pp. 197 – 198.   
[23] Lo que también ha sido notado por Rodríguez para el caso de Guayaquil: “Si bien el nuevo orden político dictaba que los ayuntamientos constitucionales dependían de la Diputación Provincial de Lima, los nuevos gobiernos rurales seguían considerando la ciudad de Guayaquil como cabeza de la provincia, pues informaron sobre sus elecciones a su ayuntamiento. También solicitaron el apoyo de la capital contra las pretensiones del Gobernador Vasco y Pascual, cuyas funciones no quedaban claros en la Constitución”. Rodríguez O., “De la fidelidad a la revolución”, p. 69.
[24] Peralta Ruiz, Víctor, La independencia y la cultura política peruana, p. 242; Peralta Ruiz, Víctor, “El impacto de las Cortes de Cádiz en el Perú”, p. 81.
[25] Hernández García, Elizabeth, La elite piurana y la independencia del Perú, pp. 221 – 260.
[26] Archivo Municipal de Arequipa (en adelante AMA), Libro de actas del cabildo N° 26. El relato de la publicación y jura de la Constitución en ff. 324v – 327.
[27] Con posterioridad Moscoso manifestaría que la publicación de la Constitución, en vez de ser la época “de la felicidad común de esta Provincia, lo ha sido del desorden, y de la anarquía, según el plan de los revolucionarios, cuyos conatos sostenidos con la esperanza del auxilio del Exército de los Ynsurgentes de Buenos Ayres, hubieran tenido cumplido efecto, si las Armas del Rey no hubieran conseguido el triunfo en las memorables acciones de Vilcapugio y Ayohuma”. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Audiencia de Lima (en adelante AL), 748, N° 83a, f. 447v.
[28] Guerra, François – Xavier, “El soberano y su reino”, p. 53.
[29] Rodríguez O., Jaime E.,  “Las instituciones gaditanas en Nueva España”, p. 382.
[30] Al rey nuestro señor,  pp. 58 – 59, nota 7.
[31] Ibid., p. 59.
[32] Ibid., p. 16. En la declaración que dio Rafael Hurtado, secretario del ayuntamiento perpetuo, con motivo del proceso por sedición instaurado a Manuel de Rivero, afirmó que a algunos de los implicados en la conspiración, tales como Antonio Gonzales y el mulato “Adiazola”, los había “visto hacer papel con prepotencia por la plebe y en las juntas de elecciones”. Lo mismo refirió Francisco Quintanilla, implicando además a Mariano Rodríguez. Este último, por su parte, manifestó que “pensó con libertad desde las elecciones”. Eguiguren, Luis Antonio, Hojas para la historia de la emancipación del Perú, pp. 88 y 91 – 92.
[33] Acta electoral del 14 de febrero de 1813, en AMA,  Libro de actas del cabildo N° 27, ff. 1 – 2v.
[34] Oficio de Abascal al secretario de Estado y de la gobernación de ultramar, 31 de mayo de 1813, en Colección Documental de la Independencia del Perú (En adelante CDIP), XXII, 1, p. 301.
[35] Acta del 19 de febrero de 1813, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, ff. 5 – 5v.
[36] Ibid., ff. 5v – 6.
[37] Ibid., f. 6.
[38] Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, legajo 6299, 1, f. 11.
[39] Actas del 23 y 26 de febrero de 1813, Ibid., ff. 7 y 8. Vivar conformaba la facción constitucional limeña y ejercía el cargo de síndico procurador del ayuntamiento constitucional de Lima.
[40] Actas del 6, 16 y 17 de marzo de 1813, Ibid., ff. 11, 13 – 14v y 15 – 18v.
[41] Acta del 9 de abril de 1813, Ibid., f. 24.
[42] Acta del 10 de abril de 1813, Ibid., f. 25.
[43] Acta del 13 de abril de 1813, Ibid., ff. 25v – 26.
[44] Acta del 21 de abril de 1813, Ibid., f. 26v.
[45] Acta del 21 de abril de 1813, Ibid., ff. 26v – 27. (Cursivas nuestras).
[46] Acta del 22 de abril de 1813, Ibid., f. 27v. (Cursivas nuestras).
[47] Acta del 24 de abril de 1813, Ibid., ff. 28v – 29.
[48] Acta del 26 de abril de 1813, Ibid., ff. 30 – 30v.
[49] Acta del 27 de abril de 1813, Ibid., ff. 31 – 32. (Cursivas nuestras).
[50] Acta del 30 de abril de 1813, Ibid., f. 32v.
[51] Ibid., f. 33. (Cursivas nuestras).
[52] Acta del 4 de mayo de 1813, Ibid., f. 33v.
[53] Al rey nuestro señor, p. 15. Según Antonio Luis Pereyra el intento de los miembros del ayuntamiento por hacerse cargo del gobierno tenía relación con los triunfos del ejército insurgente de Buenos Aires en el Alto Perú. Así refería que “Estos espíritus laboriosos de la revolución veían acercarse su Exército partidario, y les parecía conveniente preparar el teatro pa. su recepción. A este intento, pues, conducía el apoderarse del gobierno, lo que podían facilitar con el aparato más legítimo, interpretando a su modo la citada ley (el reglamento de audiencias y juzgados de primera instancia)”. AGI, AL, 748, N° 83a, f. 453.
[54] Biblioteca Nacional del Perú (En adelante BNP), Manuscrito 1813 – D9963, f. 1.
[55] Acta del 18 de mayo de 1813, f. 35v.
[56] Acta del 28 de mayo de 1813, ff. 37v – 38.
[57] BNP, Manuscrito 1813 – D9963, ff. 1 - 2.
[58] Acta del 21 de junio de 1813, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, ff. 39v – 40.
[59] Acta del 31 de agosto de 1813, Ibid., f. 46v.
[60] CDIP, XXVI, 1, p. 244.
[61] Al rey nuestro señor, p. 59, nota 8.
[62] CDIP, XXVI, 1, p. 245.
[63] Verdadero Peruano, 19 y 26 de agosto de 1813, pp. 127 – 140. El artículo lo suscribía Aristove Zemog, anagrama de Evaristo Gómez Sánchez, uno de los fundadores de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa.
[64] Reglamento para el gobierno de las audiencias.
[65] Verdadero Peruano, 19 de agosto de 1813, p. 127.
[66] Ibid., p. 128.
[67] Ibid.
[68] Ibid., p. 131.
[69] Ibid., p. 132.
[70] Ibid., pp. 133 – 134.
[71] Ibid., p. 134.
[72] Verdadero Peruano, 26 de agosto de 1813, p. 135.
[73] Ibid., pp. 136 – 137.
[74] Ibid., p. 137.
[75] Ibid.
[76] Ibid., p. 139. El decreto de las Cortes de 23 de junio de 1813 zanjaría el asunto, al precisar con meridiana claridad las facultades de los ayuntamientos constitucionales, diputaciones provinciales y jefes políticos, concordando con la postura asumida por el virrey Abascal. “Instrucción para el gobierno económico - político de las provincias”, en Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias, pp. 112 – 135. Un detallado análisis de la instrucción en Morell Ocaña, Luis, “El municipio constitucional y la instrucción de 1813”, pp. 121 – 145.
[77] Derechos y deberes del ciudadano, p. i. Equivocadamente Mc Evoy afirma que Bernardino Ruiz fungió “como editor y prologuista de los ‘Derechos y deberes del ciudadano’”, editándola “en su propia imprenta y con su propio dinero”. Mc Evoy, Carmen, “Seríamos excelentes vasallos, y nunca ciudadanos”, p. 838.
[78] Derechos y deberes del ciudadano,  p. xii.
[79] El defensor de la patria al tribuno de Chile,  pp. 2 – 3.
[80] Carta de un Americano al Español;  Segunda carta de un Americano al Español. De estos textos existen reimpresiones realizadas en Cartagena de Indias el año de 1813.
[81] Al rey nuestro señor, p. 21.
[82] Acta del 31 de julio de 1813, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, f. 45.
[83] “Acta de elección de diputados por Arequipa ante las Cortes de Cádiz”, en CDIP, I, 7, pp. 400 – 402.
[84] Glave, Luis Miguel, “Cultura política, participación indígena y redes de comunicación”, p. 386.
[85] Fisher, John, Gobierno y sociedad en el Perú colonial, p. 242.
[86] Oficio del gobernador intendente de Arequipa al virrey Abascal, 1 de octubre de 1813, en  CDIP, XXII, 1, p. 305. En octubre se produciría el levantamiento de Paillardelli en Tacna, intentona que fue debelada por fuerzas enviadas desde Arequipa.
[87] CDIP, XXVI, 1, p. 257.
[88] Acta electoral del 28 de diciembre de 1813, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, ff. 57 – 57v.
[89] Acta del 1 de enero de 1814, nota al margen de 4 de enero, Ibid., f. 58.
[90] Actas del 4 y 7 de enero de 1814, Ibid., ff. 58v – 59v.
[91] Acta del 11 de enero de 1814, Ibid., ff. 60v – 61.
[92] Acta del 14 de enero de 1814, Ibid., ff. 61 – 61v.
[93] Acta del 28 de enero de 1814, Ibid., f. 66.
[94] Acta del 15 de marzo de 1814, Ibd., f. 75.
[95] El nuevo teniente de letras fue designado por Abascal en el mes de junio de 1813. La designación recayó en el abogado Juan Antonio Valdés. Acta del 25 de junio de 1813, Ibid., ff. 40 – 40v.
[96] Acta del 22 de marzo de 1814, Ibid., ff. 76v – 77.
[97] Acta del 31 de marzo de 1814, Ibid., ff. 78v – 79. La consulta no recibiría repuesta de la superioridad.
[98] El Investigador del Perú, 1 de junio de 1814, ff. 1 – 4.
[99] BNP, Manuscrito 1814 – D11727,  f. 2v.
[100] Oficio de Francisco Pantaleón de Uztáriz al virrey, sin fecha, en CDIP, IV, 2, p. 482.
[101] Oficio de Francisco Pantaleón de Uztáriz al virrey, 17 de mayo de 1814,  Ibid,  p. 476.
[102] Acta del 1 de julio de 1814, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, f. 95v.
[103] Acta del 5 de julio de 1814, Ibid., ff. 95v – 96.
[104] Decreto de las Cortes de 19 de mayo de 1813.
[105] Acta del 9 de julio de 1814, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, ff. 96 – 96v.
[106] Acta del 13 de julio de 1814, Ibid., ff. 96v – 97.
[107] Ibid., ff. 97 – 97v.
[108] Ibid., ff. 97v – 98.
[109] Acta del 12 de agosto de 1814, Ibid., ff. 105 – 105v.
[110] Acta del 14 de agosto de 1814, Ibid., f. 106.
[111] Oficio de José Gabriel Moscoso al ayuntamiento, 18 de agosto de 1814, en CDIP, III, 7, p. 322; acta del 18 de agosto de 1814, Ibid., ff. 107 – 107v.
[112] Oficio del gobierno político, excelentísima diputación provincial e ilustre ayuntamiento de la ciudad del Cusco de este cabildo constitucional. Cuzco, 6 de septiembre de 1814, Ibid.,  pp. 339 – 340; acta del 16 de septiembre de 1814, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, f. 115.
[113] Acta del 17 de septiembre de 1814, Ibid., ff. 115 – 115v.
[114] Oficio del ayuntamiento de Arequipa, 16 de septiembre de 1814 (debe tratarse de un borrador), en CDIP, III, 7, pp. 341 – 342.
[115] Oficio de José Gabriel Moscoso al ayuntamiento de Arequipa, 9 de noviembre de 1814, Ibid., pp. 373 – 374.
[116] Al rey nuestro señor, p. 18.
[117] Porras Barrenechea, Raúl,  “Mariano José de Arce”, pp. 75 – 80.
[118] Acta del 18 de noviembre de 1814, en CDIP,  XXII, 1, pp. 357 – 358.
[119] Alcón, Juan José,  Diario de la expedición, p.  37.
[120] Comunicación del regidor José Fernández Dávila al ayuntamiento, Cangallo 4 de diciembre de 1814, en CDIP, III, 7, pp. 370 – 371.
[121] Porras Barrenechea, “Mariano José de Arce”, p. 84.
[122] Proclama de los insurgentes de Arequipa, 4 de diciembre de 1814, en CDIP, III, 7, pp. 386 – 387.
[123] Comunicación del ayuntamiento de Arequipa al virrey, 6 de diciembre de 1814, Ibid., p. 391.
[124] Acta del 6 de diciembre de 1814, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, ff. 129v – 130.
[125] Oficio del general Ramírez al ayuntamiento de Arequipa, 9 de diciembre de 1814, en CDIP, III, 7,  pp. 393 – 394.
[126] Acta del 2 de enero de 1815, en AMA, Libro de actas del cabildo N° 27, ff. 134 – 134v.
[127] Acta del 3 de enero de 1815, Ibid., f. 135.
[128] Acta del 17 de febrero de 1815, Ibid., ff. 144v – 145.
[129] Acta del 16 de marzo de 1815, Ibid., f. 148v.
[130] Acta del 7 de julio de 1815, Ibid., ff. 159v – 160.
[131] AGI, AL, 755, N° 2a, f. 4. (Cursivas nuestras).
[132] Oficio de Quimper al virrey, 18 de enero de 1813, en BNP, Manuscrito 1812 – D457, f. 59.  
[133] Oficio de Quimper al virrey, 4 de enero de 1813, Ibid., f. 55v.
[134] Oficio de Quimper al virrey, 18 de enero de 1813, Ibid., f. 58.
[135] AGI, AL, 755, N° 2a, f. 4.   
[136] Oficio de Quimper al virrey, 18 de enero de 1813, en BNP, Manuscrito 1812 – D457, f. 58.  
[137] CDIP, IV, 2,  p. 192. (Cursivas nuestras).
[138] Oficio de Quimper al virrey, 1 de junio de 1813, en BNP, Manuscrito 1812 – D457, f. 68.
[139] Oficio de Quimper al virrey, 17 de abril de 1813, Ibid., f. 65. (Cursivas nuestras).
[140] Oficio de Qumper al virrey, 3 de mayo de 1813, Ibid., f. 66v.
[141] Oficio de Quimper al virrey, 18 de mayo de 1813, Ibid., f. 67.  
[142] Oficio de Quimper al virrey, 1 de junio de 1813, Ibid., f. 68v.
[143] Ibid., ff. 68v – 69.
[144] AGI, AL, 755, N° 2a, f. 4v.  
[145] Oficio de Quimper al virrey, 18 de julio de 1813, en BNP, Manuscrito 1812 – D457, f. 73.
[146] CDIP, XXVI, 1, p. 245.
[147] Ibid.
[148] Oficio de Quimper al virrey, 4 de julio de 1813, en BNP, Manuscrito 1812 – D457, f. 70v.
[149] Oficio de Quimper al virrey, 3 de agosto de 1813, f. 75.
[150] Ibid., ff. 75 – 75v.
[151] Oficio de la junta electoral de provincia al ayuntamiento constitucional de Puno, 1 de mayo de 1814, en CDIP, IV,  2, p. 465.
[152] El Investigador del Perú, 12 de agosto de 1814, f. 4.
[153] Oficio del ayuntamiento a la junta electoral de provincia, 28 de abril de 1814, en CDIP, IV, 2, p. 453.
[154] Acta de la junta electoral de provincia, 1 de mayo de 1814, Ibid., pp. 463 – 465.
[155] Acta de la junta electoral de provincia, 1 de mayo de 1814,  Ibid., pp. 470 – 471.
[156] Acta de la junta electoral de provincia, 1 de mayo de 1814, Ibid., p. 473.
[157] Oficio del ayuntamiento a la diputación provincial del Cuzco, 4 de mayo de 1814, Ibid., pp. 467 – 468.
[158] CDIP, III, 7, pp. 710 – 711.
[159] AGI, AL, 755, N° 2a, f. 5v.  
[160] CDIP, XXVI, 1, pp. 288 – 289.
[161] AGI, AL, 755, N° 2a, f. 6.
[162] Alcón, Diario de la expedición, p. 29.