martes, 17 de marzo de 2015

MATEO GARCÍA PUMACAHUA




Mateo García Pumacahua


Preguntado si sabe por qué se halla preso: dijo que la causa de su prisión sabe que es por la revolución que sucitaron los Angulo en la ciudad del Cuzco quienes le hicieron creer que nuestro Soberano el Señor Don Fernando VII había fallecido en la prisión o cautividad en que lo tuvieron los franceses y que en este caso se hallaba de defender la Patria de cualquiera otra dominación: que para ese alto fin necesitaba entrase en el proyecto de sostener la Independencia levantando en la indiada la adhesión que le tiene a su persona; a cuya pretensión convino el deponente con la mayor repugnancia y dolor de su corazón, al contemplar que este execrable hecho le conducía la sensible pérdida de la paternal protección que había merecido del Rey”.

Del interrogatorio a Pumacahua, Sicuani, 17 de marzo de 1815.


1. Pumacahua y la Revolución de 1814
En el proyecto revolucionario del año 1814 la participación del cacique de Chinchero se consideraba fundamental. Los alzados en armas, tal como menciona Vidaurre, ya lo tenían en mente para presidir la junta de gobierno que pretendían instaurar en el Cuzco: “Como se ha nombrado la Diputación pa. el gobierno político territorial, que sea su Presidente el Sor. Pomacagua, pues el Pueblo no quiere al Sor. Mariscal Picoaga. Esta fue la contestación qe. verbalmte. recibí quando pasé mi oficio escusándome del gobierno”[1]. Los revolucionarios, en consecuencia, al admitir los primeros nombramientos lo hicieron con el objeto de aparentar sujeción y respeto a las decisiones de las corporaciones, aunque en puridad no eran de su agrado los elegidos. Es más, Pumacahua estuvo ausente. Recién el día seis se haría presente en las reuniones o juntas, como consta del acta de ese día. Por este motivo Angulo y los otros líderes de la insurrección se vieron forzados a realizar una ulterior elección pero esta vez premunidos ya de un acuerdo previo con sus seguidores, y en cabildo abierto, lo que no había sucedido en las primeras juntas, de ahí que resultara elegido Mateo Pumacahua como cabeza del triunvirato.

2. Los motivos de Pumacahua para “entrar” en el proyecto revolucionario
En la declaración que dio en Sicuani con motivo de la causa abierta contra su persona por delito de alta traición, Pumacahua sostuvo que los hermanos Angulo lo convencieron de tomar parte en la revolución para defender la Patria de la dominación extranjera, habida cuenta de la muerte del Rey en su prisión o cautividad francesa. Añadió que convino en ella “con la mayor repugnancia y dolor de su corazón, al contemplar que este execrable hecho le conducía la sensible pérdida de la paternal protección que había merecido del Rey”[2]. Estas últimas palabras son muy importantes pues nos dejan entrever que Pumacahua no cambió en la postrera etapa de su vida el fidelismo y lealtad al rey. Él luchaba por la independencia de la “Patria”, pero no en el sentido de los revolucionarios, sino en el de “Patria hispana”.

En la respuesta siguiente al interrogatorio a que fue sometido antes de su ejecución, Pumacahua da cuenta de un hecho relevante: el que los revolucionarios “jamás le hacían intervenir en disposición alguna, respecto de que los primeros [los hermanos Angulo] habían tomado el escudo de su representación y ascendencia sobre los indios, únicamente para dar apoyo a sus perversos hechos”. Así, convencido ya Pumacahua de que la revolución a la que prestaba apoyo no era en defensa de la “Patria hispana”, sino de una insurrección contra la real corona, reclamaba continuamente a los susodichos hermanos Angulo por haberlo “perdido” y envuelto en ese atroz delito mediante “capsiosos modos”[3]. De ahí en adelante no le quedaría más que proseguir en la senda revolucionaria y ello porque Pumacahua abrigaba una finalidad distinta a la de los “patriotas”.

3. ¿La recuperación de la “República de Indios”? o la opción por el separatismo
Los revolucionarios bajo el pretexto de la defensa de la Constitución hollada por el despotismo justificaron en un primer momento su accionar. Esa justificación solo era aparente, pues como se los enrostraría Vidaurre, los hechos y acciones subsecuentes eran lo más opuesto a las disposiciones constitucionales. Por el contrario, Pumacahua nunca manifestó ese pretendido constitucionalismo. Si nos atenemos a los decretos de las Cortes anteriores a la Constitución y a la Constitución propiamente dicha, veremos que estos poco a poco socavaban el influjo y poder de los caciques. Así, como lo sugiere Sala i Vila, la decisión de Pumacahua por levantarse en armas o proseguir en la senda revolucionaria tal vez no fue con el objeto de la independencia de España, sino más bien en defensa de una sociedad “al margen de la española, la República de Indios, dividida o estructurada estamentalmente y en cuyo vértice estarían ellos legitimada su autoridad sobre el Común por la Corona, ante quienes debían ser responsables  del pago del tributo entendido como pacto de vasallaje”. Así, los caciques participaron en la revolución para “recuperar el poder en las comunidades, socavado por la pérdida de la recaudación fiscal y ante el avance de las masas campesinas indígenas y de los alcaldes”[4]. Entendió, por tanto, Pumacahua, que había llegado el momento y, en el fragor revolucionario contra las armas reales, “llamó a los pueblos para que le siguiesen”[5]. Sostienen la tesis separatista, vinculada al proyecto de los hermanos Angulo, Peralta y Pinto. Ambos inciden en el hecho de que la conducta de Pumacahua a través de los años siempre fue “fidelista”, empero sostienen que en aquella época crítica de la monarquía, el cacique de Chinchero, creyendo que el rey de España había muerto, optó por la puesta de los hermanos Angulo, dado que él, como otros nobles indígenas, “se consideraba súbdito del rey no del pueblo español”[6].

4. Sentencia y ejecución
Interrogado Pumacahua si había leído las leyes penales y si tenía conocimiento de la pena que se señalaba a los que se rebelaban contra el rey, dijo ”que no ha leído las leyes penales, pero que sabe que al que se rebela contra el Rey se le castiga con pena de muerte”. En efecto, esa sería la pena con la que se le sentenciaría. Manuel Ponferrada, juez fiscal de la causa, el 17 de marzo solicitó que se le aplique el castigo que imponían las leyes “a los traidores de su clase”, tanto más “porque la incomparable ascendencia que este reo tiene en los indios, exige que su sentencia se ejecute sin la menor dilación, a fin de desaparecer un objeto a quien ellos aman decididamente y es el más contrario al sistema de pacificación de estas revolucionadas Provincias, concluyo por el Rey a que sea condenado a sufrir la pena de ser ahorcado, cortada su cabeza que deberá conducirse a la capital del Cuzco para que se exponga en una pica a la vista del público y que su cuerpo se queme hasta reducirse a ceniza”[7].    

La junta militar, convocada ese mismo día para emitir la sentencia, condenó “a que el indicado Brigadier Mateo Pumaccahua sea ahorcado; que verificada esta operación sea cortada su cabeza para conducirla a la capital del Cuzco, y ponerla en la plaza mayor a la expectación común para que con su vista ejemplarize a sus semejantes; que uno de sus brazos sea remitido a la ciudad de Arequipa, para que de igual modo se grave en la plaza mayor, y el otro quede en este pueblo en la propia forma que el resto de su cuerpo sea reducido a cenizas en un proporcionado incendio”[8].





[1] Proclama de la noche del 3 de agosto de 1814, Archivo General de Indias, Audiencia de Lima 749, f. 470v.
[2] Proceso de Pumacahua, Colección Documental de la Independencia del Perú, III, 1971, p. 310.
[3] Ibid., pp. 310-311.
[4] Nuria Sala i Vila, “La participación indígena en la rebelión de Angulo y Pumacahua, 1814-1816”, Pilar García Jordán y Miguel Izard (coordinadores). Conquista y resistencia en la historia de América, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1991, p. 281.
[5] Proceso de Pumacahua, p. 313.
[6] Luz Eladia Peralta Apaza y Miguel Ángel Pinto Huaracha, Mateo Pumacahua. En torno a la personalidad del cacique de Chinchero. Lima: Seminario de Historia Rural Andina, UNMSM, 2003, pp. 95-96.
[7] Ibid., pp. 313-314.
[8] Ibid., p. 315.

martes, 10 de febrero de 2015

EL "SIEYES PERUANO": FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO Y LAS CONSTITUCIONES DE LA TEMPRANA REPÚBLICA, 1822-1834


El “Sieyes peruano”: Francisco Javier de Luna Pizarro y las constituciones de la temprana república, 1822-1834

Francisco Javier de Luna Pizarro, eclesiástico de relevante actuación política en la temprana república, tuvo un rol principal en la elaboración de nuestros primeros documentos constitucionales, al punto que se le motejó de “Sieyes peruano”[1]. Sirvan estas pequeñas glosas para explicar el porqué del apelativo.

1. Convocado el Congreso Constituyente del año 1822, Luna Pizarro asumió una posición de liderazgo en su interior. Así, designado como uno de los miembros de la comisión de Bases de la Constitución, influyó en sus colegas para que se adoptara el proyecto de Bases de la Constitución que tenía preparado y que obedecía a un esquema “puramente racional” y de contenido teórico, inspirado en la “Constitución fundada en la naturaleza y la razón” propuesta por Destutt de Tracy en su libro “Comentario sobre El Espíritu de las Leyes de Montesquieu”[2]. Luna Pizarro, obnubilado por las teorías políticas y creyendo a rajatabla en el ideólogo de moda de la época, aquel que incluso había sido elevado al rango de ideólogo oficial de la república norteamericana, Destutt de Tracy, pretendió que los principios que el ideólogo francés estableció para determinar el mejor régimen fundado en la naturaleza y la razón, bastaban para hacer realidad la república imaginada. Seguir a la naturaleza y la razón suponía también educar al ciudadano, esto es, impulsar la ilustración. Razón e ilustración, por tanto, eran los remedios para desterrar las preocupaciones arraigadas en los espíritus de la gran masa de la población peruana, con ellos se haría tabla rasa del pasado y se crearía un nuevo mundo. No sucedería así. El 17 de diciembre, con algunas pequeñas variaciones que no afectaban el contenido principal del proyecto, fueron promulgadas las Bases de la Constitución de la República Peruana. Luna Pizarro y su facción podían sentirse satisfechos de lo logrado hasta ese momento. Sin embargo, las circunstancias de la guerra, la debilidad y poca eficacia de la labor de la junta gubernativa, el surgimiento de otras facciones intentando llegar al poder y, por fin, el motín militar de Balconcillo, harían fracasar este primer proyecto político de nuestro “hacedor” de constituciones. Quien había sido el artífice del proyecto de las Bases de la Constitución solicitó autorización al congreso para “autoexiliarse” en Chile, al ver frustrados sus proyectos por el motín militar de Balconcillo que impuso a Riva Agüero como presidente del Perú. Por tanto, el proyecto de Constitución si bien mantuvo los principios establecidos en las Bases, no lo hizo en la forma como Luna Pizarro quizás lo hubiera deseado. En efecto, no existe una exacta correspondencia entre los principios sentados en las Bases y en el proyecto de Constitución.  

2. Vencido y capitulado el ejército del rey en Ayacucho, el Consejo de Gobierno, al que el Libertador delegó sus poderes, convocó al Congreso General del Perú. Este Congreso, amén de otros asuntos de importancia, estaría encargado de la ratificación o reforma de la Constitución de 1823. Sobre este asunto había consenso en el país: la Constitución de 1823, de tipo asambleario, en el que la supremacía residía en el poder legislativo en desmedro del poder ejecutivo, debía ser reformada. El contenido de una carta de Luna Pizarro a Bolívar no deja dudas. En ella el “fiero republicano” se complacía de haber “convenido” con el Libertador “opinando por la necesidad de que se reforme la Constitución”. Así lo había escrito, decía, a varios personajes residentes en Lima, “extrañando no se hubiese prevenido a los pueblos para que diesen esta facultad a sus Representantes, quienes en la mayor parte llevarán su poder conforme a la ley reglamentaria de elecciones, donde se extendió la fórmula para diputados de Congreso constituido”. Dos puntos, según Luna Pizarro, eran esenciales en la reforma. La primera concernía al poder ejecutivo, que “debía recibir amplitud en su autoridad”. La segunda tenía relación al poder legislativo y al modo de formación de las leyes, porque “según la actual Constitución nunca serán obra de madurez, sino de la precipitación y aún sorpresa”. Esto significaba rechazar la unicameralidad pues, dándose al ejecutivo “tres solos días para hacer observaciones a los proyectos de ley, ¿cómo se desempeñará cuando haya tumulto de pasiones, y de proyectos que se la pasen, como forzosamente ha de haber, y más en el sistema de una sola cámara?”. Por tanto, concluía, era “justísima” la observación del Libertador “sobre reforma de la Constitución”, prometiendo que el “buen juicio” de los representantes “la verifique por el bien del Estado”[3].

Sin embargo, el consenso entre el Libertador y el líder de los “liberales” solo quedó en misivas. Instaladas las juntas preparatorias del Congreso, la minoría liberal se enfrascó en un arduo debate con los partidarios de Bolívar. El asunto principal residía en que no convenían en la extensión del mandato del Libertador como hasta ese momento, es decir, con facultades dictatoriales, sino, bajo el imperio de la Constitución. Los debates suscitados en las juntas preparatorias hicieron comprender al Consejo de Gobierno y al Libertador que la instalación del Congreso sería perjudicial a los planes que ya se estaban trazando sobre los destinos de los países bajo el influjo de Bolívar. En ese estado, con el influjo del Consejo de Gobierno,  algunos diputados formularon la idea de hacer una representación al Libertador solicitando el aplazamiento de la reunión del Congreso hasta el año de 1827. Fue del agrado del gobierno dicha representación, por lo que el Congreso General quedó disuelto. La minoría opositora, liderada por Luna Pizarro, fue anatemizada y perseguida. Luna Pizarro fue obligado a expatriarse. Se embarcaría nuevamente con destino a Chile.

3. Caído el régimen bolivariano, luego de la insurrección de las tropas colombianas en enero de 1827, Luna Pizarro retornaría al país en olor a multitud. Retomó, entonces, el liderazgo del Congreso General Constituyente así como su labor de “ingeniero constitucional”. Como integrante de la comisión de Constitución participó activamente en la redacción del proyecto, logrando que el mismo se estructurara en lo fundamental sobre la base de la Constitución Argentina de 1826[4]. En efecto, así se hizo y en cierto modo la Constitución de 1828 moderó el radicalismo de la Constitución de 1823 y atemperó el autoritarismo de la Constitución vitalicia. La funesta experiencia de las pasadas luchas políticas hizo que Luna Pizarro moderara su inicial radicalismo y procurara esta vez el consenso entre las facciones. Sin embargo, la Constitución de 1828 se resentía de las circunstancias en que fue hecha y no logró establecer un adecuado equilibrio de poderes. El ejecutivo, pese a lo que pudiera pensarse, seguía limitado y sometido al Congreso, dada la existencia del Consejo de Estado. Por otro lado, las juntas departamentales coexistiendo con las municipalidades, debilitaban aún más la autoridad del poder central. Si bien Luna Pizarro estaba en lo cierto cuando en su carta a Bolívar manifestaba que el poder ejecutivo debía recibir amplitud en su autoridad, en la realidad de los hechos no pudo concretar esa idea. Los recelos contra el ejecutivo seguían latentes en la mente de la mayoría de los constituyentes[5].  

4. La Constitución de 1828 estableció que transcurridos cinco años de su vigencia debía ser revisada por una Convención destinada a ese objeto. La Convención se reunió, empero las circunstancias políticas enturbiaron la misión principal que se le había encomendado. En efecto, al haberse frustrado la elección presidencial, los convencionales tuvieron que lidiar con el problema de la sucesión presidencial. Este hecho desencadenaría la guerra civil y posterior anarquía que viviría el país los años 1834-1839. Entretanto, otra vez el “Sieyes peruano” se haría presente para dar una Constitución al país. 

Retrasados los trabajos de la comisión nombrada para presentar el proyecto de reforma de la Constitución, arribó Luna Pizarro desde Arequipa. Su llegada significó liderazgo y consistencia para la facción liberal. Estos, una vez reunidos, urdieron un plan para evitar la dilación de las tareas de la Convención, dado que su inacción podría dar motivos para su disolución. Convinieron en que Luna Pizarro y Villa elaboraran un proyecto, el que sería revisado por Vigil, Zavala, Zapata y Távara. Elaborado el proyecto, Luna Pizarro sería designado como miembro de la comisión de Constitución. Así sucedió. Luna Pizarro presentó su proyecto a la comisión, al que se denominó “proyecto traído de Arequipa en la petaca[6], luego se adicionó, corrigió y modificó en pocos días[7].

El proyecto presentado por la comisión de Constitución no agradó a ninguna de las facciones. El radicalismo liberal consideraba que el texto presentado otorgaba muchas facultades al ejecutivo. A sus ojos el poder ejecutivo solo debería ser un ente administrador supervisado por el supremo poder, el legislativo. En ese estado de cosas, realizada la elección de Orbegoso como presidente provisorio, se desencadenó la revolución del 4 de enero de 1834. Debelada esta, en un clima de guerra civil, enconos y odios, nada pudo adelantar la Convención para dar al país una carta moderada. Por el contrario, los eventos hicieron que se recortase aún más las atribuciones del poder ejecutivo. Fue este su principal espíritu y no el antimilitarismo, como muy bien lo sostiene Paniagua[8]. El propio Luna Pizarro dio cuenta del hecho. A su parecer, la carta se resentía de las circunstancias, de modo que el poder ejecutivo “con ella se va a encontrar lleno de trabas, y puede decirse –qe. con ciertos artícs. añadidos, se ha colocado en ella la palanca de las revoluciones. Esta es la panacea universal, según el concepto de la mayoría convencional qe. la va hacer jurar”[9]







[1] “Comunicados”, Miscelánea, N° 1013, Lima, 10 de diciembre de 1833, p. 2. Dice Goldoni que a Sieyes le fascinaba cultivar aquella aura que lo había hecho objeto del título de “faiseur des constitutions” y la celebrada facilidad con la cual redactaba “esquemas constitucionales”, aspectos que permitían entender cuál era su percepción sobre el valor de una buena constitución. Marco Goldoni, La dottrina costituzionale di Sieyès, Firenze: Firenze University Press, 2009, pp. 15-16.
[2] Antoine Louis Destutt de Tracy. Comentario sobre el Espíritu de las Leyes de Montesquieu. Madrid: Imprenta de  D. Fermín Villalpando, 1821.
[3] Carta de Luna Pizarro a Bolívar, Arequipa, 11 de noviembre de 1825, Francisco Xavier de Luna Pizarro. Escritos Políticos. Recopilación, prólogo y notas de Alberto Tauro. Lima: UNMSM, 1959, p. 24.
[4] En el borrador de una carta destinada a Pando, Luna reconocía que la Constitución de 1828 “sean cuales fueren las imperfecciones de que la han marcado las circunstancias en que se ha hecho, era en parte obra mía y que su sanción me ha costado inmensos disgustos y todo jénero de compromisos”, Borrador de carta a José María Pando, Lima, 8 de octubre de 1828, Escritos políticos. Suplemento, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1959, p. 14. Lo mismo reafirmaría en una sesión de la Convención Nacional del año de 1833, al debatirse una moción por la cual se pedía que formara parte de la comisión de Constitución. Decía Luna Pizarro que todos sabían que tuvo “alguna parte en la constitución del año 28 como individuo de la comisión que redactó su proyecto”, Diario de Debates de la Convención Nacional, Nº 7, Lima, 17 de diciembre de 1833, p. 2.
[5] Sobre la Constitución de 1828, Valentín Paniagua Corazao, “La Constitución de 1828 y su proyección en el constitucionalismo peruano”, Revista Peruana de Derecho Público, Nº 6, Lima, 2003, pp. 37-90. También en Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia Constitucional, Nº 4, 2003, en línea:  
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/195/173
[6] Santiago Távara, Historia de los partidos, Lima: Editorial Huascarán, 1952, pp. 124-125.
[7] Se decía en la Miscelánea: "Muy poco había avanzado en sus tareas la comisión encargada de redactar el proyecto de reforma de la constitución, cuando llegó a esta capital el señor Luna Pizarro. Desde luego él trató de agregarlo a la comisión; pero aparentando dicho señor mil melindres y delicadezas con respecto a haber sido hechura suya la constitución actual, quiso disimular así los planes que ya venían trasados desde Arequipa. En efecto, al poco tiempo, y nombrado que fue el señor Gómez Sanches, secretario de la convención, se logró a la sombra de este, su paisano, la incorporación del señor Luna en la precitada comisión. De entonces acá, todo ha corrido con una velocidad extraordinaria. El señor Luna recojió los trabajos que encontró hechos bajo el pretesto aparente de ecsaminarlos, y sacando de entre su equipaje su proyecto de constitución, lo presentó a los tres días y ahora se está imprimiendo, después de haberse leído en la convención. Tenemos pues, por segunda vez al Sieyes peruano en campaña lisonjeándose no en ocupar un puesto elevado, no en ejercer destinos de grande autoridad y conveniencia, sino desde un rincón y metido en su sotana mandar al que mande, y dar a su placer y voluntad leyes a la nación a que pertenece.", Comunicados”, Miscelánea, N° 1013, Lima, 10 de diciembre de 1833, pp. 1-2.
[8] Valentín Paniagua Corazao, “La Convención Nacional de 1833-1834 y la Constitución de 1834”, Pensamiento Constitucional, Nº 10, Lima, 2004, pp. 341-432, en línea: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/7674/7920
[9] Carta de Luna Pizarro a Nieto, Lima, 4 de junio de 1834, Escritos políticos, p. 91.

miércoles, 4 de febrero de 2015

AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES, DIPUTACIONES PROVINCIALES Y CORTES: RÉGIMEN ELECTORAL DE LAS PRIMERAS ELECCIONES "POPULARES" EN EL PERÚ, 1812-1814


Modelo de Boleto Electoral (Primer documento electoral utilizado en el Perú)

Ayuntamientos constitucionales, Diputaciones provinciales y Cortes: régimen electoral de las primeras elecciones “populares” en el Perú, 1812-1814


A Gisella Vanessa Rodríguez Chávez


Resumen
La Constitución política de la monarquía española estableció la elección “popular”, como sostiene Lorente, de tres instancias de origen representativo, carácter colegiado y determinación comunitaria, en cuyas manos se depositó el ejercicio –escalonado- de la soberanía. Estas instancias eran los Ayuntamientos constitucionales (en el ámbito local), las Diputaciones provinciales (en el ámbito provincial) y las Cortes (en el ámbito nacional). De esta forma se completaba e integraba la soberanía, dado que ni las Cortes ni el rey, juntos ni separados, como afirma Clavero, se identificaban con la Nación. Ahora bien, dichas instancias se conformaban por medio de elecciones “populares” indirectas, esto es, se establecieron grados de sufragio para conformarlas. Mientras que la elección de los Ayuntamientos constitucionales se realizaba en dos grados, la elección de diputados a Cortes y Diputaciones provinciales se efectuaba en cuatro grados. La presente ponencia, por tanto, pretende dar a conocer los elementos y la práctica que caracterizaron el régimen electoral según la Constitución de 1812 en el “reino” del Perú.

1. Introducción
Como acertadamente afirma Clavero, la representación de la ciudadanía según la Constitución de Cádiz se construye “como una gran pirámide”, teniendo una “dilatada base”, la parroquial, sobre la cual se constituyen los ayuntamientos constitucionales, “el cuerpo intermedio de las Diputaciones provinciales y la cúspide del parlamento o congreso llamado cortes” (Clavero, 2010: 435-436). Dicho aserto es complementado por Lorente, al manifestar que el constitucionalismo gaditano diseñó una “originalísima –y finalmente frustrada- pirámide de instancias de carácter representativo, carácter colegiado y determinación comunitaria, en cuyas manos se depositó el ejercicio –escalonado- de la soberanía” (Lorente, 2010:338). Así, a pesar de las declaraciones de diputados como Arguelles y el conde de Toreno de que solo las Cortes tenían carácter representativo, mientras que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales tenían un mero carácter administrativo, en América la interpretación fue distinta. Y no podía ser de otro modo. Dado que por elecciones se constituían las diversas instancias de gobierno previstas en la Constitución, los ayuntamientos constitucionales, en el caso del “reino” del Perú, se erigieron como el ente representativo por excelencia de los pueblos. Y no se trataba de mera declaración retórica, sino de una concreta realidad por la identificación existente entre el cabildo, su territorio y/o jurisdicción y el pueblo que lo constituía. Tenían consigo, pues, toda la carga del pasado pero a la vez incorporaban la impronta del nuevo ideario. Como entes que gestionaban y representaban los intereses de los sectores criollos necesariamente confrontarían con las autoridades políticas por el control del espacio público. Por tanto, serán los principales interesados por la plantificación de la Constitución. De ahí la defensa, interesada o no, de la Carta.

Cosa muy distinta sucedería con las Diputaciones provinciales (Lima y Cuzco), que no tuvieron mayor vinculación con el pueblo y no manifestaron, a los ojos de este, tal vez un carácter representativo, por estar muy vinculadas y/o subordinadas a los jefes políticos (en el caso de la Diputación provincial de Lima, al virrey Abascal), a pesar de ser según el diseño constitucional gaditano órganos de “autogobierno territorial”, que participaban en la “articulación nacional de España o, mejor efectivamente, de las Españas[1] (Clavero, 2007: 493).

Ahora bien, es importante recalcar el nexo invocado por los miembros de los ayuntamientos constitucionales conformados en el período: pueblo – ayuntamientos constitucionales – diputados – Cortes. De ahí el porqué del interés de los cabildos en las elecciones populares (principalmente en las elecciones de ayuntamientos y de diputados a Cortes). Querían ver su voz representada en las Cortes con el objeto de hacer llegar a las mismas sus demandas. Sin embargo, en la mayoría de casos, fueron frustradas sus intenciones. Fue lo que sucedió en la elección de los diputados por la provincia de Lima a las primeras Cortes ordinarias. Aunque la facción constitucional al contar con apoyo popular obtuvo resultados favorables en las elecciones de los primeros grados, logrando triunfar en las elecciones de los ayuntamientos constitucionales (dos grados), el filtro previsto por la Constitución para la elección de diputados a Cortes (cuatro grados), permitió al virrey evitar que personajes desafectos a su gobierno pudieran ser elegidos como representantes de la provincia de Lima.

En efecto, de acuerdo con la Carta la elección de los diputados se celebraban en juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia (art. 84). En las juntas electorales de parroquia los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio parroquial elegían compromisarios. Estos compromisarios, a su turno, elegían a los electores parroquiales (arts. 35 a 58). Los electores parroquiales, congregados en la ciudad cabeza de partido, conformaban la junta electoral de partido, donde se elegía al elector o electores del partido (arts. 59 a 77). Por último, los electores de partido, reunidos en la ciudad capital de la provincia, conformando la junta electoral de provincia, se encargaban de elegir a los diputados a Cortes y diputados provinciales (arts. 78 a 103). Los legisladores, en consecuencia, mediante la elección indirecta y los diversos grados del sufragio pretendieron fomentar la participación del mayor número en los primeros grados, mientras que en los grados más elevados procuraban la elección o selección de los menos, los notables, es decir, trataron de conciliar el número y la razón (Guenifey, 2001:61). Como lo precisaron los editores del Argos Constitucional de Lima: “La Constitución sabiamente previene los resultados que puedan acontecer en las elecciones por el acatamiento del pueblo. Debilita este por grados en la serie sucesiva de otras elecciones que establece y en que refunde los votos reducidos a un número menor. Así rectifica la voluntad nacional, y da tiempo a la reflexión y al juicio. ¿Qué legislación antigua o moderna ha procedido hasta ahora con más tino?” (Argos Constitucional de Lima, 1813:22). En consecuencia, “el sistema electoral en sus diversos grados está diseñado de modo que, tanto para la representación provincial como para la central, prima la cooptación elitista por supremacismo cultural” (Clavero, 2010: 436).

Por otro lado, si bien la Constitución diseñaba un ejercicio escalonado de la soberanía, lo que podía conllevar a eliminar las jerarquías territoriales existentes, provocando una fragmentación del poder, para felicidad del Perú dicho fenómeno no tuvo mayores consecuencias en el virreinato. Y ello por la sencilla razón de que los nuevos e innumerables ayuntamientos creados reconocieron en los ayuntamientos cabezas de partido o provincia su centro. Para confirmarlo basta una revisión de los libros de actas de los cabildos. Es ilustrativo en este punto un oficio dirigido por el ayuntamiento constitucional de Puno al ayuntamiento constitucional de Lima. En el documento los capitulares puneños, dando a conocer la noticia de su instalación, manifestaban estar persuadidos de que siendo el cabildo limeño “el primer Ayuntamiento del Virreynato, por serlo de su Capl.”, merecía también “las primeras atenciones por su rango, ilustración y poderoso influjo”. Empero, esto no quería decir que el ayuntamiento puneño, en su jurisdicción, no haya procurado actuar con autonomía, que es cosa distinta a una separación absoluta de su centro. No obstante, queda claro que la aplicación de la normativa constitucional gaditana implicó debilitar aún más la autoridad política de los funcionarios del gobierno central. Una autoridad estatal debilitada, por tanto, será uno de los problemas fundamentales que se afrontará en la iniciación republicana.

La trascendencia de las elecciones constitucionales fue reconocida en la temprana república. En efecto, el gobierno representativo permitió a los autonomistas americanos organizarse “para ganar las elecciones de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y las Cortes”. De esta manera debilitaron el poder de las autoridades reales (Rodríguez, 2005: 177 y 181). Francisco Javier Mariátegui, al tratar sobre las causas que habían retrasado la revolución del Perú, uno de los temas planteados para debatirse en la Sociedad Patriótica, aunque confundiendo la voz independencia con autonomía, mencionaba entre los hechos que comprobaban dicha voluntad “las elecciones hechas para regidores y diputados a Cortes” (Odriozola, 1874:438).

2. La ciudadanía
La ciudadanía gaditana fue determinada o “materializada” por los pueblos, por “sus ayuntamientos, que son quienes registran y reconocen a los vecinos con derecho de ciudadanía por virtud de vecindad (…), pero el criterio para la identificación está bien determinado por la propia Constitución de la Monarquía” (Clavero, 2011:48). En efecto, ciudadanos solo eran aquellos hombres libres y avecindados que traían su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios. Sin embargo, como bien lo hace notar Portillo, en la determinación de la ciudadanía entraba a tallar la religión, “pues, como es bien sabido, la vecindad únicamente podía entenderse en su dimensión parroquial. El vecino de la constitución gaditana es el feligrés, el hijo de la Iglesia, que cumple con los ritos y ritmos de la vida religiosa en un ámbito local a la vista y conocimiento de la comunidad” (Portillo, 2007:23). En definitiva, por ciudadanos, “debía entenderse varón, católico, de cultura europea, en definitiva «padre de familia»” (Lorente, 2006:540). Esa determinación comunitaria hizo posible que en el caso de las convocatorias a elecciones en el “reino” del Perú no se precisara la edad de los ciudadanos aptos para elegir, como sucedió en los casos de los reinos de Manila y Guatemala, donde esta edad se fijó en los 25 años (la mayoría de edad).

Sin embargo, esa “amplia” libertad de las juntas electorales de parroquia, a los ojos del virrey y de las autoridades de provincias y partidos, significaría un grave problema, pues la experiencia de las primeras elecciones populares para elegir a los ayuntamientos constitucionales y diputados a Cortes les mostró, en los casos de las grandes ciudades como Lima, Cuzco, Arequipa y Puno, que la preeminencia de una determinada facción podía hacer que controlara y manejara la junta parroquial a su antojo, por lo que la determinación de los ciudadanos estaría bajo el control de esa facción.

Empero, antes de entrar en detalle sobre la medida que tuvo que adoptar el virrey para limitar el poderío de las juntas electorales de parroquia, es pertinente recordar la manera en que la junta preparatoria de elecciones procedió a determinar qué se entendía por ciudadano según las disposiciones de la Constitución de Cádiz, lo que daría lugar al bando de convocatoria a elecciones para elegir los diputados a Cortes por la provincia de Lima, publicado el 26 de diciembre de 1812, precisando esta vez, con claridad, quienes eran los ciudadanos con “voto activo” en las juntas, lo que no había sucedido en la elección del ayuntamiento constitucional. Tenían voz activa “todos los vecinos en quienes concurran las calidades que exige la Constitución nacional y los Eclesiásticos Seculares; excluyéndose a los religiosos y a los militares de tropa viva que se hallan en actual servicio por no tener domicilio, ni vecindario fixo; y del propio modo a los pupilos, y menores, a no ser que estos se dirijan por sí administrando sus bienes, por requerirse maduro juicio para el acierto en asunto que tanto interesa al público, a que deben asistir los ciudadanos que puedan dicernir la gravedad del negocio” (Alvarez, 2013).  

Cómo se llegó a dicha determinación, pues de la siguiente manera. Con motivo de la primera elección popular (elección del ayuntamiento constitucional de Lima), preocupaba al virrey la movilización popular en las juntas electorales de parroquia y, del mismo modo, el sufragio de quienes no reunían las condiciones para ejercerlo. Con ese motivo, el 22 de diciembre de 1812, se reunió la junta preparatoria de elecciones. Sus miembros deliberaron sobre el significado legal de las voces “avecindado” y “vecino”, claves en su opinión para precisar quiénes eran los ciudadanos con ejercicio del voto. Iniciada la sesión tomo la palabra el arzobispo de Lima realizando una “facunda” explicación del significado de las palabras “avecindado” y “vecino” según la acepción que tenían en España. A continuación, cada uno de los presentes dio su opinión y, por último, se leyó el diccionario de la academia española “como el más seguro depósito de la propiedad de nuestra lengua”. Transcurridas más de dos horas la reunión fue suspendida debido a la gravedad de la materia y “para más discernirla y mejor resolverla”. Al día siguiente, congregados los vocales de la junta, se leyó un tomo de la obra de cierto publicista español que había traído el marqués de Zelada y que trataba “el punto con la última precisión y claridad”. Con todo lo expuesto “se determinó por uniforme dictamen de la Junta el verdadero sentido de las palabras referidas, elaborándose el acta de 23 de diciembre de 1812.

Según refiere Arrese, miembro de la junta, ésta realizó un estudio a conciencia de la Constitución sobre la materia, “siguiendo paso a paso” todos los artículos pertinentes para comprender “bien su letra y espíritu”. Del mismo modo cotejó el diccionario de la academia española que definía la vecindad como “la razón de vecino en un pueblo, por la habitación, o domicilio en el tiempo determinado por la ley”, mientras que se entendía por vecino al “que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye en él en las cargas o repartimientos, aunque actualmente no viva en él; y también el que ha ganado domicilio en un pueblo, por haber havitado en el tiempo determinado por la ley”. Por tanto, los vocales de la junta entendieron que el concepto de vecindad era el requisito fundamental para la determinación del ciudadano con ejercicio del voto, esto es, el ciudadano avecindado, aquel arraigado, recibido y admitido en el lugar con casa, familia y residencia de cinco años. En consecuencia, concluían, que “la naturaleza hace al Ciudadano y también al vecino: mas como aquel suele trasladarse del lugar de su nacimiento a otro, permanecerá ciudadano en este sin ser su vecino. Bien que podrá ganar en él la vecindad por los medios indicados en las leyes, que son el arraygo, o el tiempo señalado de su residencia” (Alvarez, 2014).     

3. El censo de población y la formación de los padrones de ciudadanos con ejercicio del voto
Las elecciones en las juntas electorales de parroquia para elegir a los diputados a Cortes por la provincia de Lima, como aconteció con la elección del ayuntamiento constitucional, se desarrollaron en un clima de agitación y movilización popular. Sin embargo, en esta oportunidad la actividad y audacia de la “plebe” fue mayor. En efecto, el grupo constitucional limeño realizó una febril actividad electoral. La razón era obvia. El virrey conociendo los sucesos de la primera elección popular limeña se había cuidado de tomar ciertas providencias para evitar que sucediera lo mismo en las presentes elecciones. Sin embargo, la agrupación constitucional logró burlarlas. Así, hicieron reuniones y conciliábulos nocturnos preparatorios de las elecciones, distribuyeron diversas comunicaciones a otros prosélitos en relación a las acciones a ejecutar durante la campaña, hicieron visitas a los diversos gremios de la ciudad procurando adherir a sus representantes y miembros a favor de sus candidatos, elaboraron y distribuyeron listas de electores y, por fin, movilizaron a la “plebe” hacia las parroquias con el objeto de intentar integrar las mesas con adherentes suyos, intimidar a los adversarios y ejercer presión sobre quienes presidían las mesas de votación.

El modo como se desarrollaban las elecciones preocupó al virrey. Era evidente que en varias de las parroquias no se aplicaba la resolución de la junta preparatoria de elecciones en relación a los ciudadanos que tenían ejercicio del voto, en parte ocasionado por la “falta de un Censo exacto o aproximado a la exactitud” (Arrese, 1813:18). Esa fue una de las razones, entre otras, por las cuales Abascal convocó, al día siguiente, 29 de diciembre, a los integrantes de la junta preparatoria de elecciones para decidir sobre la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento en las juntas electorales de parroquia[2]. Sin embargo, reflexionando más detenidamente sobre el asunto decidió suspender la reunión. Ese mismo día, no habiendo recibido comunicación alguna sobre la suspensión de la convocatoria, acudieron al palacio de gobierno Francisco de Arrese y el conde de San Isidro, síndico procurador y regidor del ayuntamiento constitucional, respectivamente. A ellos manifestó Abascal haber meditado que la junta preparatoria “debía declarar la nulidad de quanto se principió a obrar contra el tenor de su resolución, para que se reformasen las elecciones comenzándolas de nuevo”. Mas, para evitar que la declaración de nulidad pudiera “disgustar el ánimo de los que se persuadiesen a que ella (la junta) o el Gobierno estaban poseídos de diverso interés que el bien de la Patria”, resolvió “disimular los defectos” en las elecciones, “antes que verse obligado a expedir providencias duras, remitiendo el restablecimiento del orden prescrito a tiempo más oportuno, qual sería el inmediato a las primeras que ocurriesen” (Arrese, 1813:19-20).

El tiempo oportuno serían las elecciones para la renovación del ayuntamiento constitucional limeño, a fines de diciembre de 1813. Esperaba el virrey que con la realización de un censo de población y la formación de padrones con más exactitud, los “desórdenes” de las juntas electorales de parroquia se evitarían. No sucedería así, sino que más bien algunas disposiciones aparejadas al censo fueron cuestionadas por el ayuntamiento constitucional limeño y, lo peor, en otras provincias o partidos, el censo, si es que se realizó, no lo fue con la exactitud deseada, salvo notables excepciones. 

El 13 de agosto de 1813 Abascal dirigió un oficio al arzobispo de Lima ordenando la formación de un censo general de población exactamente clasificado, a fin de que las sucesivas elecciones de oficios del ayuntamiento y diputados de cortes, “se verifiquen sin el desorden y abuso que se han notado en las anteriores”. Los curas de cada diócesis, con la intervención del subdelegado, alcalde o regidor de cada pueblo, y los de las parroquias de la capital con la participación de un regidor del ayuntamiento, así como de los alcaldes de barrio en sus respectivas pertenencias, debían ejecutar a la más posible brevedad otro nuevo censo en que se expresaran los nombres de los habitantes, edades, estados, empleos, oficios o modo de vivir conocido, distinguiendo en casillas separadas las clases de ciudadanos, ciudadanas, españoles, españolas, religiosos, religiosas, esclavos y esclavas, incluidos los que se hallen en los hospitales y excluyéndose solamente a la tropa veterana e individuos de la marina que gocen de sueldo, “bien entendido que los que se caractericen de Ciudadanos han de ser los Eclesiásticos Seculares, y los que tengan indispensablemente las circunstancias de originarios por ambas líneas de los Dominios Españoles de ambos hemisferios, y estén avecindados, es decir, arraygados, recibidos y admitidos en el lugar con casa y familia, y residencia de cinco años: igualmente los extrangeros que hayan obtenido de las Cortes Carta especial de Ciudadanos, y los hijos legítimos de Estrangeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en sus Dominios no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte y un años cumplidos se hayan avecindado, exerciendo alguna profesión, oficio o industria útil”. Una vez concluido el censo un extracto del mismo debería ser remitido al virrey a efectos de formarse el padrón general del virreinato. Del mismo modo, a principios del mes de diciembre, los curas debían fijar en la puerta de sus respectivas parroquias la “lista de los Ciudadanos avecindados en ella que tengan voto en las elecciones”, con el objeto de que el ciudadano agraviado “por no habérsele incluido en dicha lista” lo hiciere presente. De ser justo el reclamo, los encargados de la formación del censo incluirían al agraviado en el padrón, haciéndose la anotación correspondiente. Asimismo, a los curas de las parroquias se les otorgaba la facultad de otorgar un “boleto” a los ciudadanos en ejercicio del voto, sin el cual estarían privados de sufragar. Por último, una lista igual a la fijada en las puertas de las parroquias sería elevada a las juntas electorales “para que en su vista se resuelva qualquiera duda que pudiera ofrecerse” ([Oficio del virrey…], 1813: 1-3; Gaceta del Gobierno de Lima, 1813: 546-548).

El 17 de agosto, en sesión del ayuntamiento, se corrió traslado a los síndicos procuradores del oficio del virrey acompañando ejemplares del que dirigió al arzobispo, relativo al censo de población que había de formarse para la elección de los oficios capitulares y de diputados a Cortes, sin el desorden anterior, para lo cual debía nombrarse a los regidores que participarían en dicha tarea. La tramitación de este expediente provocaría un conflicto al interior del ayuntamiento al emitir Francisco de Arrese un dictamen que se conformaba con la opinión del virrey sobre este asunto, disintiendo de lo opinado por José Gerónimo Vivar, dictamen este último que expresaba el sentir de la mayoría de los miembros del cabildo. Es más, en su respuesta Arrese manifestó que en las pasadas elecciones se habían experimentado “disensiones que fueron notorias”, expresiones que no fueron del agrado de los capitulares.

El 1 de septiembre el síndico Vivar emitió su respuesta. Según Vivar, eran oportunas y necesarias todas las medidas destinadas al “mejor orden y arreglo” de las elecciones. Mas, habiendo la Constitución reestablecido a los pueblos “el uso, goce y posesión de sus legítimos e imprescriptibles derechos”, y ser la declaración de los mismos “una atribución peculiar del cuerpo soberano”, debía serlo y lo era también “la de las condiciones y requisitos necesarios para disfrutarlos”. En consecuencia, no se podía añadir ni quitar “un ápice a los artículos constitucionales”, por lo que el ayuntamiento debería representar sobre la materia a la superioridad. En efecto, añadía, la Constitución para calificar a los ciudadanos solo requería “que su origen por ambas líneas sea de los dominios españoles  de ambos hemisferios, y estar avecindados en qualesquiera pueblo de los mismos dominios, de conformidad al artículo 18. Por tanto, las exigencias de ser “arraigados, recibidos y admitidos en el lugar con casa y familia, y residencia de cinco años”, importaban adiciones contrarias al tenor del artículo 375. Así, la residencia por cinco años establecida por el artículo 317 solo para los que “hayan de obtener los empleos de ayuntamiento”, lo era con la expresión “a lo menos”, entendiéndose que ese tiempo no era esencial “para que un ciudadano se diga y sea vecino y residente”. Por último, consideraba que “hacer dependiente del voleto de los curas el voto de los ciudadanos, de forma que sin él no sea admitido”, a la vez que no estaba prescrito por la Constitución, presentaba dos graves inconvenientes: el hacer a los párrocos árbitros de los derechos más sagrados y prevenir el juicio de la junta electoral, a la que en todas las circunstancias correspondía decidir quiénes debían votar, con boleto o sin él (Expediente promovido…, 1813: 2-4). Del dictamen de Vivar se advierte que el virrey pretendía evitar que las juntas electorales de parroquia se constituyeran en los entes supremos de la calificación de quienes ejercerían el voto. Juntas que en las pasadas elecciones habían sido controladas por los constitucionales o patriotas (Alvarez, 2014).

Con fecha 9 de septiembre expidió su dictamen el síndico Arrese. Su opinión estaba destinada a refutar el dictamen de su colega Vivar. Según Arrese el asunto del censo interesaba al buen orden y tranquilidad de las elecciones populares. El defecto de no haberse podido implementar en las pasadas elecciones provocó que se “experimentaran las disensiones que fueron notorias”, cuya prevención era objeto que correspondía al gobierno. En tal virtud, el representar a las Cortes entorpecería “el único medio de extinguir los abusos que se notaron”, debiendo rechazarse dicha proposición porque su objeto competía privativamente a la junta preparatoria de elecciones. Esta resolvió en su oportunidad la verdadera significación de las palabras ciudadano, vecino y avecindado. Señalaba, además, que aunque en la Constitución se “omitió designar el modo que había de observarse en la formación del censo” dejaba entender que las providencias sobre la materia correspondían a los gobernadores, no dudado que las dictadas por el virrey en el oficio dirigido al arzobispo eran las más oportunas, si se las meditaba con atención. Tal el caso de la participación de la autoridad eclesiástica y la secular. “Nunca por eso se podrá decir –afirmaba- que la calificación del voto del individuo dependa exclusivamente de lo que haga el párroco en el boleto que ha de suscribir, puesto que esta precaución todo se encamina a facilitar la votación sin agravio de los que deban tener sufragio en ella”. El mismo fin tenía la publicación de la lista de ciudadanos en la puerta de cada parroquia, considerado como “un medio de conservar los derechos individuales”, porque no solo podía reclamar en su oportunidad el ciudadano omitido de la lista, sino que también permitiría la exclusión del que hubiere sido colocado en ella sin serlo. Todo esto, empero, no implicaba restringir las facultades de las juntas electorales. Así, Arrese sostenía que “como no basta para sufragar la calidad sola de ciudadano, siempre queda expedito el juicio de la junta electoral para determinar, si en cada uno de los que se presenten, concurran o no las demás calidades que las necesarias, según el tenor de nuestra constitución”. Por tanto, recomendaba se proceda al nombramiento de los regidores que participarían en el censo y que si hubiere algo que representar, a pesar de lo expuesto, el cabildo “lo haga sin perjuicio del nombramiento para que en ningún caso se le pueda atribuir entorpecimiento ni dilación en la formación del censo” (Arrese, 1813:62-64).

Al día siguiente, en el cabildo, se vio el expediente seguido sobre el censo y las medidas necesarias para evitar desórdenes en las próximas elecciones populares. Sin embargo, ciertas expresiones contenidas en el dictamen del síndico Arrese causaron malestar en la mayor parte de los capitulares. No obstante, continuando con la tramitación del expediente se proveyó el auto siguiente: “pásese al Excmo. Señor Virey la consulta acordada, en la que se extractará la respuesta del Señor Síndico Dr. D. Gerónimo Vivar, sin omitir fundamento alguno de los que en ella se contienen: y advirtiendo que en la respuesta del Señor Procurador Síndico Dr. D. Francisco Arrese se notan cláusulas por las que puede deducirse que hubo disensiones en las pasadas elecciones populares que transcediesen y comprometiesen al pueblo mismo, cuya tranquilidad y sosiego son tan notorios; y  no siendo de creer se haya producido en este sentido sino concibiendo sencillamente qualquiera pequeño desorden de particulares, que no induce el menor argumento en la masa popular, conforme a lo que tiene firmado en la representación hecha a la Regencia del Reyno sobre la tranquilidad en las elecciones, e instalación de este Ayuntamiento constitucional, a lo que es notorio” (Expediente promovido…, 1813: 4-5). La representación o consulta del ayuntamiento constitucional reproduce prácticamente el dictamen  de Vivar (Expediente promovido…, 1813: 5-7). Sin embargo, es muy importante porque haciendo suya la respuesta del síndico, controvertía lo dispuesto por el virrey, permitiéndonos entender la diversa interpretación que se hacía de la Constitución.

El 15 de septiembre la superioridad dio respuesta a la consulta del ayuntamiento. Recordaba el virrey al cabildo que ese cuerpo debía saber, por los miembros que asistieron a las sesiones de la junta preparatoria de elecciones (única facultada para resolver sobre las dudas que ocurrieren sobre las elecciones), que en la junta “quedó resuelta la verdadera significación de las palabras ciudadano, vecino y avecindado”, por lo que dicha resolución debería ejecutarse sin recurso, conforme al artículo 9 de la instrucción que regulaba la materia. Era muy “notable”, por tanto, que el cabildo opusiera las dudas contenidas en su oficio de consulta. Enseguida, procedió a absolver cada una de las “dudas” del cabildo. En referencia a las supuestas adiciones a las palabras ciudadano, vecino y avecindado, afirmó que ello no significaba añadir, quitar o variar un punto los artículos constitucionales, sino fijar el verdadero significado de dichas palabras con el objeto de evitar toda duda, pues “nunca ha significado interpretación de la ley la inteligencia de sus voces, como necesaria para entender su espíritu y letra”, por lo que en nada se transgredía el artículo 18 constitucional y no el 28 como se leía en la representación del cabildo. Ciudadanos según la Constitución, decía el virrey, eran “los hombres buenos que habitan un pueblo como vecino, y que en él tienen casa y hogar: en estos libra su confianza para el acierto, como interesados en el buen orden, reposo y tranquilidad de su patria: solo ellos pueden estar animados del verdadero deseo de tener a su frente íntegros jueces, y zelosos padres que miren por su subsistencia y bien estar: no reside esta virtud en el forastero o transeúnte, o en el que no tiene nada que perder: este por el contrario se complace en el mismo desorden, intimida y ultraja al verdadero ciudadano: lo retrae del uso de sus derechos, haciéndole preferir el silencio de su casa a la tumultuaría vocería que lo confunde”. Los derechos de estos ciudadanos eran los que  debían conservarse y ampararse. Tratando con “verdaderos ciudadanos amantes de su patria”, los miembros del ayuntamiento, como presidentes de las juntas electorales de parroquia, podrían evitar aflicciones, disgustos y peligros en las elecciones: “la operación será más sencilla, y se excusará la dilación: desaparecerán las parcialidades, y el silencio presidirá un acto augusto y magestuoso”, contrario a lo que había ocurrido en las precedentes elecciones. Aseveraba, además, que no era hacer depender el voto del ciudadano del “voleto del cura”. Este solo era “un signo exterior que la potestad económica establece para el buen orden: solo significa que está habilitado para entrar en el lugar de la elección, sin perjuicio de las facultades que las juntas electorales de parroquia deban exercer en toda su extensión y plenitud”. Quedaban salvas, por tanto, las prerrogativas de las juntas y los derechos de todo aquel que se considerase perjudicado por no habérsele entregado el boleto. Concluía el virrey ordenando al ayuntamiento proceder al nombramiento inmediato de los regidores que debían concurrir a la formación del censo de la capital con el objeto de “fixar el verdadero orden en materia tan delicada y transcencental, protegiendo al verdadero ciudadano en el uso de sus legítimos derechos” (Expediente promovido…, 1813: 4-7). Dos días después, el 17, el cabildo designó a los regidores que participarían en la formación del censo. Inmediatamente fue remitido un oficio a Abascal comunicándole haberse dado “cumplimiento al oficio sobre la materia” (Expediente promovido…, 1813: 7-8).

En toda esta discusión sobre el censo de población estaban en juego dos visiones sobre el modo de cómo debían desarrollarse las elecciones en el nivel de las juntas electorales de parroquia. La primera, correspondiente a las autoridades políticas, sobre cómo limitar y controlar la amplia libertad comunitaria de las juntas en las elecciones, y la segunda, correspondiente a los ayuntamientos constitucionales, sobre cómo garantizar la libertad de las juntas evitando toda injerencia del gobierno sobre la actuación de la comunidad, del pueblo, en las mismas. 

4. Las juntas electorales y la práctica electoral
En virtud de la Constitución la gran mayoría de la población americana participaría en el experimento representativo. Sin embargo, como se trataba del paso de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, los cambios introducidos no afectaron los contextos tradicionales, permitiendo que los elementos nuevos pervivieran con los antiguos. Así, en el ámbito del voto, se dejaba a las comunidades locales grandes márgenes de discrecionalidad, principalmente en “el control del acceso a la ciudadanía”, a cargo de las juntas parroquiales al tiempo de las elecciones (Chiaramonti, 2012: 322). 

La impronta de lo viejo con lo nuevo, empero, se hizo menos evidente en las elecciones de ciudades como Lima, Cuzco, Arequipa, Puno, por citar ejemplos de casos en los que se cuenta con documentación sobre sus elecciones. En aquellas se notaron las nuevas prácticas y se reflejó el nuevo lenguaje político. Se caracterizaron, también, por ser muy competitivas, aunque la mayor actividad de los criollos (identificados como “constitucionales” o “patriotas”) hizo que prevalecieran sus candidatos en las juntas parroquiales. Los “constitucionales” o “patriotas” movilizarían a la plebe hacia las juntas electorales de parroquia con el objeto de imponerse en ellas. Esta plebe era variopinta: abogados, clérigos, comerciantes, colegiales, artesanos, así como los miembros de los diversos oficios (sastres, barberos, oloreros, panaderos, zapateros, etc.). Estos, a su vez, correspondían a las abolidas dos repúblicas: españoles e indios.

Ejemplos del poder de la multitud encontramos en las elecciones del nivel parroquial desarrolladas en tres grandes ciudades, Lima, Arequipa y Cuzco. El primer caso, sucedido en el colegio de San Fernando, lugar de reunión de la junta electoral de la parroquia de Santa Ana, con motivo de la elección de los diputados a Cortes por la provincia de Lima. El 28 de diciembre de 1812, la multitud que se congregó después de elegida la mesa electoral, conformada por Hipólito Unanue, José Morales Ugalde y Juan de Pimentel como escrutadores y secretario, respectivamente, protestaron por el nombramiento de Unanue, manifestando que “no era de la confianza, y aprobación de la pluralidad de los concurrentes”. Unanue, hombre cercano al virrey, cuya pluma estaba puesta al servicio del gobierno en el Verdadero Peruano, publicación que pretendía mediatizar la aplicación de la Constitución de conformidad a los deseos de Abascal, no era bien visto por el grupo constitucional. A pesar de la argumentación legal del presidente de la junta en pro de la permanencia del cuestionado, la multitud compuesta de un número aproximado de 300 personas logró su propósito. Unanue tomó la palabra para manifestar que hacía dimisión y renuncia del cargo, retirándose del lugar. Los presentes, “incontinenti”, proclamaron como su reemplazante a Andrés García Mancebo. Reanudada la votación se hizo presente José Galindo, colegial de San Fernando, impugnando el ejercicio del voto del ciudadano José Antonio Portocarrero, uno de los que había exigido la separación de Unanue, por no tener empleo conocido y “ser vago”. No habiendo presentado pruebas para acreditar la impugnación, el presidente solicitó la comparecencia del aludido. Este rechazó las imputaciones formuladas en su contra, lo que corroboraron varios de los presentes. La junta, por tanto, desestimó la objeción y resolvió que Portocarrero estaba habilitado para sufragar. Asimismo, por “exclamación” de los ciudadanos presentes se decidió que el acusador fuese privado de la voz activa y pasiva. Empero, como el propio Portocarrero intercediera por Galindo, la junta acordó que por “equidad” votase (Alvarez, 2013).

En Arequipa, el 7 de febrero de 1813, en las juntas electorales de parroquia con motivo de la elección del ayuntamiento constitucional de dicha ciudad, la apropiación del espacio público por la facción “patriota” aseguró la victoria de sus candidatos en dichas juntas. El triunfo, según los realistas, se debió a que los constitucionales habían “alucinado a la inocente plebe”. En efecto, tal como lo refería un “patriota”, ese día el pueblo había manifestado toda su energía y patriotismo: “no ha salido chapetón ni sarraceno; y al Intendente, que quiso poner en una parroquia un escrutador sarraceno, después de sentado en la mesa de votación, lo hicieron levantar, y pusieron en su lugar otro de su satisfacción”. No había duda, “los invictos arequipeños desplegaron aquel día toda su energía, y en pocos momentos hicieron temblar al mundo”. Enorgullecidos de su actuación, los “patriotas” arequipeños recomendaban a otros miembros de la facción residentes en otros partidos de la provincia tomar como modelo las elecciones realizadas en la capital arequipeña porque el triunfo “patriota” había sido absoluto. Ningún “chapetón”, “americano sarraceno”, ni de la “facción del gobierno” había sido elegido como elector debido a la actividad de los constitucionales. Para asegurar el triunfo de sus candidatos hicieron una gran movilización popular de manera que “todas las autoridades fueron atropelladas”, lográndose “una elección completa”. (Alvarez, 2012). 

En el Cuzco, también el 7 de febrero de 1813, en la junta electoral de la parroquia de la Matriz de Españoles, por presión de la gran cantidad de concurrentes, el gobernador intendente Pumacahua, bajo fianza de haz, ordenó la liberación de Rafael Ramírez de Arellano y Manuel Borja, abogados que habían sido detenidos y procesados por su prédica en favor de la puesta en vigencia de la Constitución en la ciudad imperial.

Sin embargo, a pesar de contar con el favor popular, los criollos no lograrían imponerse en todas las elecciones previstas por la Constitución: ayuntamientos constitucionales, diputados a Cortes y diputados provinciales. El problema residía en los grados de la elección tratándose del caso de las elecciones a Cortes y diputaciones provinciales: cuatro grados. Ese filtro permitiría al virrey y, en menor medida, a los funcionarios virreinales en las provincias, cooptar a los electores de los grados más elevados e imponer sus candidatos. De ese modo, limitaron el predominio popular en la conformación de esas instituciones y evitaron, también, un mayor desmedro de su autoridad. Fue el caso de la elección de diputados a Cortes por la provincia de Lima. El virrey excluyó al elector del partido de Lima, el fiscal Miguel de Eyzaguirre, de la junta electoral. Dicha decisión significó para la mayor parte de los miembros del ayuntamiento constitucional limeño el “claudicar las elecciones”, porque la exclusión de “su” elector significaba privar de voz a la población limeña. En consecuencia, al no tomar parte en la elección de los diputados implicaba en puridad no tener un auténtico “representante” que hiciera llegar la voz del cabildo en las Cortes.

El descontento del virrey con estos procesos electorales, debido a la preeminencia que en ella tomaban los desafectos a su gobierno, lo determinó a hacer propagar en la rudimentaria esfera pública limeña el ligamen entre los “constitucionales”, el ayuntamiento constitucional limeño y la plebe (lo que también hizo extensivo a la mayoría de ayuntamientos conformados en el periodo). Con ello pretendía descalificarlos, pues sobre la base de la concepción de la representación tradicional, solo los honorables, esto es, la gente de bien, debía ocupar los cargos o puestos públicos, lo que a su parecer no sucedía con las nuevas corporaciones municipales creadas por la Constitución.

Esa propaganda se haría más evidente luego de la elección para la renovación del ayuntamiento constitucional limeño. El 25 de diciembre fue publicado en El Investigador un artículo comunicado denigrando al “olorero” Melchor Ramos que en las elecciones había jugado un especial rol como “capitulero”, estando a un “triz” de ser elector, alcalde o regidor. El suceso, a los ojos del articulista, era una muestra de la disolución social: “¿A tal abatimiento hemos llegado, que un sujeto ridículo por todas sus circunstancias, a la sombra de quatro frasquitos vacíos, y a fuerza de ponerse tieso y hablar quatro palanganadas, quiera introducirse en un cuerpo que en el día debe ser el más respetable y digno de admiración, pues que debe salir de lo mejor de tantos sujetos dignos que hay en Lima?”. Concluía el articulista con la frase “a los liberales con eso”. Por último, nuevamente en El Investigador, el 13 de enero de 1814, se publicó un comunicado que hacía mención al barbero indio Lorenzo Chamamé, elegido elector en la precedente elección. En la visión tradicional, el ser elegido un indio como elector y, además, ser este, de oficio barbero, significaba un suceso extraordinario, una anomalía política, que solo podía indicar la disolución de la sociedad, es decir, el fin del mundo (o de un mundo: el de los estamentos). A pesar de ello, Chamamé contestó el comunicado. Manifestó al editor que cualquiera haya sido el espíritu del artículo que le hacía referencia, si se le denigraba indirectamente por su raza, por su oficio o por haber sido elegido como elector parroquial, estimaba que el crítico se acreditaba como “hombre de ninguna experiencia, y de muy poco mundo; quando nada ha sido, es y será más frecuente, que el que gentes de humildes principios se vean constituidos en deidades, a quienes ha venerado y venera el mundo todo. Y más dígale U. que quando las soberanas cortes dictaron la constitución, no ignoraban que la nación índica, toda ella, como más ignorante y menos laboriosa desde la conquista por el sistema con que se subyugó, no podía tener al tiempo de nuestra citada carta de libertad para ciudadanos ni representantes del pueblo, hombres que no fuesen barberos, silleros o zapateros” (Alvarez, 2014).  

5. Conclusión
El experimento representativo que rigió en el “reino” del Perú los años de 1812-1814 se articuló sobre una pirámide conformada en la base por los Ayuntamientos constitucionales, un cuerpo intermedio articulador de la nación y los ayuntamientos, las Diputaciones provinciales y, en la cúspide, la nación, representada por las Cortes. En torno a estas tres instancias de gobierno se diseño un régimen electoral indirecto que si bien preveía la participación popular en el nivel primario, las juntas electorales de parroquia, para el caso de las elecciones de Diputaciones provinciales y Cortes se tornaría restringido y elitista. Este diseño constitucional si bien debió potenciar las provincias, esto es, a las Diputaciones provinciales, en la realidad del virreinato peruano no fue así. Por el contrario, las Diputaciones provinciales no fueron vistas ni consideradas como un ente representativo, ni articulador. Y ello debió ser así por la incongruencia de la legislación de las Cortes en la determinación y significado de lo que debían entenderse por provincias en ultramar. Del mismo modo, porque la cooptación de las autoridades hizo de estos cuerpos un instituto sometido a los jefes políticos de turno. En consecuencia habiéndose establecido solo dos diputaciones provinciales para el territorio que comprendía el “reino” del Perú (Lima y Cuzco, sobre la base de sus respectivas audiencias), los órganos que asumieron la tarea de articuladores del pueblo con la nación, esto es, las Cortes, fueron los ayuntamientos constitucionales. Fueron, pues, estos cuerpos, los que en este periodo asumieron con toda razón la calidad de representantes del pueblo y ello por la sencilla razón de haber sido elegidos precisamente por los más en elecciones indirectas de dos grados, caso contrario de las elecciones para diputados a Cortes y diputados provinciales, que se realizaban en cuatro grados. El régimen electoral así diseñado calzaba, por tanto, con una realidad corporativa o comunitaria que los redactores de la Constitución no pensaron jamás en liquidar, sino más bien recrear.


Bibliografía

Alvarez, Wilver, 2014. “’La plebe, ¿representante del pueblo?’, ‘a los liberales con eso’: el censo de población y las elecciones para la renovación del ayuntamiento constitucional de Lima, 1813”, Mimeo.
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[1] Cursivas en el original.
[2] Similar problema había padecido el virrey de México, Venegas, al realizarse las elecciones parroquiales con motivo de la elección del ayuntamiento constitucional de la ciudad de México, por lo cual de hecho fueron suspendidas, iniciándose averiguaciones y diligencias sobre lo ocurrido, Guedea, 1991: 7-15.