domingo, 19 de marzo de 2017

BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA


BOSQUEJO BIOGRÁFICO
de José Gálvez Egúsquiza*

I.
A fines del siglo XV, Francisco Pizarro empujado por el espíritu que las guerras, triunfos y conquistas de Isabel la Grande infundieron en el pueblo español, arribó a las desconocidas y felices regiones del imperio de los Incas. Cubierto de acero y acompañado de jinetes invulnerables que manejaban el rayo, llegó hasta el Inca reinante, quien le esperó deslumbrado y afectuoso con su corte y vasallos para darle hospitalidad: esta fue pagada con el suplicio. Cajamarca fue el teatro de tan horrendo crimen; ¡crimen que derribó un imperio y que fue el bautismo de sangre de la conquista del Perú! Tres siglos y medio después, en la misma escena, sobre la misma sangre de Atahualpa, nació el vengador de ese crimen: en 1818[1] nació José Gálvez.

El coronel Dr. D. José Gálvez fue hijo legítimo del señor coronel D. José Gálvez Paz y de Da. María Micaela Egúsquiza.

Sus primeros estudios los hizo en el Colegio Central de Ciencias de su país natal, Cajamarca, bajo la dirección del sabio sacerdote D. José Pío Burga, quien lo distinguió quizá previendo en su joven discípulo un futuro grande hombre.

La naturaleza y las tradiciones históricas influyen siempre de una manera decisiva en el porvenir de los hombres y de los pueblos. Esa influencia es más trascendental e indeleble en caracteres platónicos como el de nuestro héroe.

Gálvez tenía en su temperamento mucho del indígena peruano: era serio, contemplativo y constante: a su espíritu delicado, a su inteligencia escudriñadora, no podía escapar esta verdad: que, ESPAÑA NO NOS TRAJO CIVILIZACIÓN, SI POR TAL SE ENTIENDE LA ALIANZA DE LA CIENCIA, DE LA CARIDAD Y DE LA LIBERTAD, PARA ACERCAR A LOS PUEBLOS EN LO POSIBLE A LA PERFECCIÓN. Para esto era sin duda suficiente el contraste que presentaban la brillantez del cielo, la riqueza del suelo cajamarquino, el lujo de esa naturaleza privilegiada en la que todo es vida; con la humildad, indolencia y tristeza del indio que hoy tanto remeda la muerte; agréguense a esto las tradiciones de la conquista.

¡Cuántas veces, después de oír una de ellas, no contemplaría a la luz del sol poniente y desde las eminencias de las colinas de su cuna, la prisión del infeliz y último monarca: cuántas no compadecería la abyección de una raza inteligente y buena, cuya sangre corría mezclada en sus venas, ilustrada y feliz tres siglos antes, reducida hoy a la oscuridad y consunción! Estamos ciertos que su pecho generoso se desgarró ante los recuerdos del pasado y el espectáculo que le ofrecía al presente una raza entera, y sí como Aníbal no juró al pie de un altar vengar a su padre y en él a una nación; instintivamente hizo Gálvez cuanto pudo por la regeneración y venganza de su patria.

Joven todavía se impuso una misión tan grande como noble, tan seria como dificultosa; una misión digna de él: extirpar para siempre de nuestro suelo el coloniaje, que si bien fue herido gravemente o muerto si se quiere materialmente en Junín y Ayacucho, moralmente quedó como el Fénix de la fábula, renaciendo de sus cenizas.

Hombre de convicciones y de razón, buscó sus armas en las ideas, en los principios, en el derecho, y sus soldados en la juventud. Naturaleza indómita para la injusticia, y todo privilegio lo era para él, encontró estrechos los muros del más antiguo y acreditado colegio, regentado a la sazón por un representante sincero y hábil de los principios retrógrados de autoridad y soberanía de la inteligencia, y se retiró el año 49 al colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, en el que con profusión había sembrado y cultivado las creencias democrático-republicanas el bienhechor de la juventud de esa época, D. D. Sebastián Lorente, historiador y filósofo distinguido.

El espíritu e ideas que dominaban en el recinto de dicho colegio, facilitaron mucho a Gálvez la tarea que se impuso, cuando se dedicó a la enseñanza de la Jurisprudencia y de la Filosofía; distinguiéndose desde entonces como penalista. Gálvez fue el primero que dictó en el Perú un curso de Derecho Penal, combatiendo la doctrina, entonces en boga, de la expiación, a la que opuso ventajosamente la de la corrección. Su alma generosa no podía menos que anatemizar todo sistema que llevara como fin el escarmiento. En derecho público defendió con vehemencia todo lo que se relacionará con las doctrinas liberales, revelando desde entonces el aliento democrático que bañaba su espíritu. ¡Qué lecciones tan elocuentes, sanas y avanzadas no habría podido dejar, si hubiera pensado en escribirlas! Pero si Gálvez se adivinaba ya como caudillo de un principio, su modestia, quizá la absorción de su espíritu en un porvenir puramente político, le hacía desconocerse como escritor. Sin embargo, ¡cuántas páginas maestras se encuentran en los debates de la Convención, en los códigos y en las resoluciones dictatoriales, redactadas por él! Desde la cátedra examinó y combatió los errores, las prácticas y las ideas reaccionarias que, arraigadas unas y sembradas con profusión otras, han venido dominando o influyendo hasta el extremo de que el país desconfiara de sí mismo, es decir de su rehabilitación y reforma.

La cátedra fue el escenario en que se presentó abogando por los principios democráticos, y en que manifestó las dotes con que la providencia la favoreciera para caudillo y orador. Si “el estilo es el hombre”, a nadie más aplicable este aforismo filosófico-literario que a José Gálvez, cuya palabra clara, precisa e impetuosa, revelaba al creyente; más aún, al apóstol de principios que no por ser elevados, dejan de ser verdaderos. Gálvez fue en la cátedra el mismo hombre que se vio después en el foro, en los campamentos, en la tribuna y en el gabinete: incontrastable demócrata, intransigente republicano, honrado administrador; y jamás, en los contrastes de su vida política, en las resistencias sociales que muchas veces provocó con su severidad, en la vehemencia de la peroración parlamentaria que tanto desorienta, ni en situación alguna, se encontraron actos o palabras contrarios o inconsecuentes a sus principios.

Ya que hemos pronunciado las palabras caudillo y orador, toca decir que bajo este segundo aspecto, se mostraba grande únicamente, cuando su improvisación fácil era provocada por la resistencia. De naturaleza impresionable, Gálvez para ser elocuente, necesitaba conmoverse; por eso era más tribuno que orador, es decir, más brillante que convincente, más corazón que cálculo; de aquí que su palabra, casi siempre pausada y fría en los primeros periodos de sus discursos, se iba robusteciendo, entonando y arrebatando a medida que la emoción, ajena o propia le agitaba. Por estas circunstancias, fotografiadas en sus discursos, si fuera necesario dar una calificación a la elocuencia de Gálvez, no sería de trepidarse para calificarla de “elocuencia popular”, y compararla al fuego que mientras más se alimenta más extensión y brillo toma su flama.

En la enseñanza de los principios democráticos, en la formación de su falange, diremos con más exactitud, empleó más de cuatro años, y se preparaba para acometer las tareas del foro, cuando sucesos políticos de muy marcado carácter y de elevada significación, vinieron a distraer sus miras y pensamientos.

II.
Fácil es comprender que Gálvez, poseedor de un alma semejante a la de Mazzini, que tenía fe en sí mismo y fe en la misión que se había impuesto; la regeneración de un pueblo y la muerte de ciertos errores, había de encontrar antipáticos, opresivos los procesos y litigios personales.

Gálvez se había impuesto la defensa de grandes intereses, así es que su mirada, tenazmente fija en la política, siguió con inexorable severidad los pasos de todas las administraciones. Entre estas, la del general Echenique atrajo grandes odiosidades a causa de la mala herencia que le dejara su predecesor el mariscal Castilla, de la que fue peor parte la elástica e imprudente ley de consolidación, cuyo cumplimiento abusivo, sancionado por un círculo desprestigiado y sospechosos en materias de probidad, exasperó a la mayoría de los pueblos que, incitados a la rebelión por caudillos diestros y prestigiosos, la efectuaron con tan gran estrépito, que tomó al poco tiempo el carácter de una verdadera insurrección popular.

Por doloroso que sea decirlo, hasta febrero y noviembre de 65, las revoluciones, en el sentido estricto de la palabra, no han existido en el Perú: lo que hasta entonces se había practicado por los caudillos, son motines y asonadas, cuyo éxito ha dependido más de la audacia y de las esperanzas que han dado a los aspirantes, que de la voluntad y acción del pueblo: a medida que las pasiones se calman, se va conociendo que la de 54 pertenece a esta jerarquía.

Si las revoluciones se originan y verifican por la colosal fuerza de un sentimiento moral y justo que se apodera de una nación entera, y por la múltiple acción del trabajo, de la resistencia y del valor de sus hijos, acción que extendiéndose arrastra todos los intereses a un fin; habrá que confesar que la púnica efectuada fue la de febrero de 65, en la que Gálvez tomó una parte eficaz.

La del 54 tuvo en su origen iguales apariencias de universalidad y justicia; así es que muchos fueron los engañados y entre ellos Gálvez. Ahora, como las revoluciones, sea cual fuere su alcance, tienen por ejecutores y sectarios hombres de naturaleza, instintos e ideas diferentes, que no se unifican, sino que hasta chocan entre sí, a pesar de lo que siempre son y representan, una potencia de impulsión, no será extraño encontrar a Gálvez al lado de caudillos que, si se quiere, pueden considerarse como sus antípodas morales. Entre estos mismos hombres, aun estando adheridos por afinidades de sentimientos y de inteligencia, los unos tienen en la cabeza el rayo de la inspiración, en el seno la hoguera del entusiasmo, llevan a donde van elocuencia y pasión, hijas de la fe, con las que avivan los sentimientos populares o los inclinan a sus creencias, siendo los otros fuerzas puramente pacientes, modestas, que sin embargo embarazan al poder y triunfan de toda resistencia injusta, sin más que seguir a los primeros. A estos perteneció Gálvez, desde que tomó parte en la revolución de 54.

Dos influencias de distinto carácter dominaron el espíritu de Gálvez cuando por primera vez tomó parte activa en la política del país como revolucionario del 54: la una absoluta y la otra social.

Gálvez había contemplado en la sucesión de nuestros gobiernos, que el engaño y la falsificación precedían a todos, aun cuando posteriormente tomaran títulos de legales o legítimos. Con la historia en la mano juzgaba que tantas luchas, encarnizadas unas, sordas otras, que tantos combates entre los que forman una misma generación (la generación republicana);  que tantas quejas y esfuerzos, que tantas batallas sangrientas, y tantos debates en asambleas y congresos, tendían a un fin deseado desde el año 21: el establecimiento de la democracia, basada en la libertad, en el orden y en la ley; mas por desgracia, todos y cada uno de los esfuerzos terminaban en miserables variantes, cuando no en crímenes o farsas indignas. No encontrando en sus meditaciones y en los ejemplos del pasado sino mezquinas tiranías, en los sucesos políticos y sociales, mentiras con manto de verdad, su espíritu tenía que estar dispuesto para toda revolución que entrañara siquiera la esperanza de llegar al fin memorado. Por otra parte, vio que el creador del gobierno del 51, y que muchos que mostraban patriotismo, eran después de haber gobernado antes, los primeros en denunciar grandes abusos fiscales, y señalar, como la ruina perpetua de la nación, la existencia de ese gobierno durante el periodo constitucional. Este que se sentía minado y vacilante se echó en brazos del Congreso, del que solo obtuvo reacciones coercitivas de la mayoría, y acusaciones graves de los bancos contrarios. Por todo esto, Gálvez no trepidó en unirse a los caudillos, llevando el contingente de los que son nacidos para próceres.

La influencia que hacía de Gálvez un gran revolucionario, la formaban sus ideas políticas y su temperamento: las primeras se resentían de la exageración que engendran en una alma pura las tradiciones y rezagos del coloniaje y los espectáculos de la época; el segundo era demasiado impaciente y rígido, permítase la expresión para esperar o doblegarse. Así, pues, Gálvez fu consecuente consigo mismo cuando inició sus labores políticas reuniéndose al general Castillo en Junín.

Gálvez llevó a la revolución de esa época el contingente del valor y de la fe, que por de pronto convirtieron al ciudadano en capitán, y como tal hizo práctico el aforismo cesáreo, de que del ejemplo a la imitación, y de esta al éxito, no hay más distancia para los hombres capaces que la que señala la voluntad. El límite que señala a esta las naturalezas fuertes, entre la concepción y la práctica, es bien corto; así es que viendo la bizarría de los rebeldes del sur, no hay que admirarse de la actividad, previsión y acierto que desplegó en sus operaciones militares, como jefe unas ocasiones, como segundo del bravo general Castillo otras; siendo lo cierto que, durante el corto tiempo que medió entre su llegada al departamento de Junín y su prisión en Colca, a causa de una reacción de las fuerzas que le obedecieron poco antes, ejecutó hechos notables de valor. El gobierno de Lima, que conoció la talla del enemigo que le presentaban sus adeptos, lo embarcó con destino a Chile, de donde poco tiempo después volvió a nuestras costas, internándose hasta encontrar el grueso del ejército dirigido por el caudillo principal, quien, apreciando sus calidades distinguidas y sus servicios lo empleó en la Secretaría de Gobierno, y después en el Estado Mayor de la división de vanguardia, nombramiento a los que precedió el de teniente coronel efectivo, en cuya clase llegó hasta los campos de La Palma, donde tuvo lugar la batalla de ese nombre, que dando el triunfo a los vencedores de Alto del Conde, Arequipa e Izcuchaca, proporcionó a Gálvez la ocasión de manifestarse valeroso y entendido capitán.

La causa que con tanto ardimiento abrazara desde año y medio antes, y a la que sacrificara sus intereses, su salud y sus afecciones personales, triunfó el 5 de enero en los campos de La Palma, en los que desempeño funciones de comandante general.

III.
Gálvez estaba satisfecho, creía que su deber estaba cumplido por entonces; y no deseando otro premio que la realización del ideal político que perseguía desde su juventud, renunció la clase de teniente coronel, ganada por sus servicios, y cuando el humo del combate no se había disipado. Ejemplo de civismo, tanto más meritorio, cuando que estando militarizado el país, una charretera se consideraba con razón como el mejor título para sobreponerse a los demás ciudadanos.

Sea que percibiese que las ambiciones personales se anteponían ya a los principios proclamados, o bien la desconfianza de utilizar ventajosamente sus cualidades administrativas bajo los caudillos de la moralidad en favor del país, lo positivo es que Gálvez no quiso ocupar puestos administrativos o de influencia decisiva en política; contentándose con el dignísimo de rector del colegio de San Carlos.

Su dirección produjo en ese glorioso plantel un sacudimiento saludable, que se hizo menos sensible por la predisposición benévola que existía en la juventud hacia la revolución triunfante, sin duda porque la novedad deslumbra en cierta época de la vida, y porque las ideas democráticas ganan terreno, como todo lo bello, aun cuando solo se presente en teoría. Gálvez aprovechó de esa predisposición, para destruir las ideas reaccionarias que poco antes propagara desde la cátedra alguno de sus predecesores, empleando la misma cátedra como antídoto del veneno que encontrara. Pinheiro anotado fue sustituido por doctrinas más avanzadas; Pacheco (el penalista) fue combatido en las suyas; Ahrens se hizo familiar a la juventud; y Bentham fue comentado y corregido.

La filosofía y la historia se abrieron nuevos horizontes; y, para decirlo todo, el espíritu vivificador de la democracia que poco antes parecía refugiarse en el colegio de Guadalupe, pasó a enseñarse en los vastos claustros de San Carlos ante una juventud ávida de saber.

Trabajando en este sentido, Gálvez llenaba las exigencias de la época en que vivimos; cumplía el deber que se había impuesto, y colocaba a una generación entera en el camino que para ella trazara como el más corto para llegar al fin tan deseado. Desgraciadamente no pudo completar su obra, porque 6 meses después de iniciada tomó asiento en la Convención Nacional, para la cual fue elegido diputado por los departamentos de Junín y de Cajamarca[2]. Sin embargo, ha debido acompañarle la satisfacción de haber sembrado con provecho el germen de sus ideas.

El 14 de julio de 1855 se instaló la Convención, y Gálvez con Escudero, otra constelación brillante de esa época (hoy también apagada por la muerte), ocuparon el puesto de secretarios. Allí, en unión de Prado, Vigil, San Román, Costas, Tejeda, Ureta, Quirós, y otras personalidades, tipos pronunciados, emblemas notables de heroísmo, de ciencia, probidad y patriotismo, que enorgullecen nuestra patria; allí, entre esas eminencias, José Gálvez ocupó casi siempre el puesto más conspicuo, y que todos sus compañeros le señalaron con tanto mayor placer, cuanto que era un homenaje rendido más que al saber o a la experiencia, a la probidad y al valor. Lo que Gálvez trabajó en ese cuerpo es conocido por todos, así como ignorados sus sufrimientos. A la vista están la Constitución de 56, las leyes secundarias, las proposiciones y decretos sueltos, las discusiones parlamentarias; pero lo que hasta hoy ha estado cubierto con un espeso velo, del que hoy levantamos un canto solamente, son los desengaños que ofrecieron al pueblo, las infidencias que cometieron los mismos caudillos de la moralidad.

Y por qué no decirlo: quizá de buena fe, muchos de los miembros de la misma Convención, dieron el escándalo de cisionarse primero, de conspirar contra su propia obra después… Tales hechos hirieron a Gálvez física y moralmente; por eso le vimos convertido principista en acusador; por eso en la tribuna, semejante al león traidoramente herido que en su cólera no respeta cadáveres, Gálvez levantó la vara de un partido para descargarla sobre los vencidos, no por falta de generosidad, por cierto, sino por despecho; y ¡hay cóleras nobles!...

Gálvez lo había expuesto todo con el desprendimiento de intereses materiales que le caracterizaba: había creído, como los compañeros cuyos nombres se han citado, que el fisco sería sagrado, que los llamados ladrones serían castigados, que los titulados robos, convertidos de expedientes en vales, servirían para formar una hoguera de purificación; creyó, en fin, que la Convención y el Gobierno serían ambos en sus esfera la manifestación de las esperanzas populares, ¡engendradas por celestes programas!... Cuando nada de esto sucedió, cuando, por el contrario, los vales fueron reconocidos, por su mismo hermano y la feria se renovó, y las competencias entre poderes amenazaron un legicidio; y la reacción alumbró con la tea de la venganza a los mismos vencedores; Gálvez quizá se arrepintió de haber sido actor del sangriento drama del 54; y para reparar su error, por una de aquellas contradicciones aparentes en política, determinó, y determinó muy bien, no pasarse ni retroceder, sino romper con el pasado y abrir paso a nuevas esperanzas, quizá a una nueva revolución en cuyo torno se habría reunido lo que quedara de verdaderos creyentes en la democracia. De aquí esa severidad y acritud que manifestó contra toda debilidad, contra toda transacción, y que quizá recayó alguna vez sobre inocentes.

Mientras tanto, vistos en su conjunto la Convención y el Gobierno provisorio, los pensamientos más desconsoladores se abren camino para justificar, por decirlo así, los hechos consumados.

Durante el largo periodo que medió entre el 14 de julio de 55 y 2 de noviembre de 57, periodo tan lleno de agitaciones y desengaños, es innegable que los principios liberales obtuvieron triunfos esplendidos: pero como estos, así como la descentralización debilitaban al Poder Ejecutivo, este más de una vez descalzó su guante y lo arrojó al rostro de la Convención, siendo el resultado que el poder moral de esta y el sentimiento nacional estuvieron divididos en dos fuerzas, dispuestas siempre a destruirse, por lo que la Convención perdió el respeto con que se le había acogido. Es claro que careciendo de él, era impotente para dirigir a la sociedad y refrenar al gobierno, con tanta mayor razón cuanta que en su propio seño la Convención encerraba la discordia y la anarquía. El Gobierno por su parte, lo que hacía era violentar a la nación, faltar a sus promesas, debilitar moralmente a la Convención, en vez de calmar a la primera; cumplir las segundas y robustecer a esta.

Si todo es exacto, no hay pues, que admirarse de que el general Vivanco encontrara partidarios entre todos los círculos políticos: que el legicidio de 2 de noviembre se recibiera con la sonrisa más cruel; y que el pueblo olvidara todo lo que debía a sus representantes, quienes le daban un código grandioso que tal vez no tardaremos en apreciar.

Gálvez que preveía estos resultados, así como Vigil, Escudero y otros, sufrió tormentos crueles que lo llevaron al lecho del dolor momentos después del legicidio; y su espíritu, quizá por primera y única vez, sufrió ese decaimiento que necesitara la conmoción de 23 de noviembre de 60.

IV.
No es la época (ni este trabajo lo permite) de juzgar a la Convención; solo diremos que Gálvez con los nombrados y con su actividad, prolongó su vida algunos días; y que principiando por la carta liberal de 56, hasta la última proposición que presentó, siempre manifestó un espíritu liberal en todas sus obras, digno de mejor época y de menos ambicioso gobierno.

Gálvez, después del desastre de noviembre, marchó para Europa, donde pudo atender a su salud seriamente quebrantada por las fatigas del cuerpo y del espíritu, y esperar que las pasiones calmadas le abrieran las puertas de la patria. Logrado su primer objeto, la salud, recorrió muchas naciones del viejo continente, cuyas constituciones estudió con esmero. Sus inclinaciones y principios le hicieron amables la Bélgica y particularmente la Suiza, cuyas costumbres y administración habría deseado ver en su patria. En una de sus cartas a un amigo decía: “Salgo con sentimiento de este país en el que se respira verdadera libertad, en el que la armonía entre la política y las costumbres se palpa lo mismo en la oficina de las autoridades, que en la cabaña de los agricultores. ¿Cuándo sucederá otro tanto en  mi patria?”.

Gálvez consagró, y con provecho, mucho tiempo de su destierro al estudio; y cuando abiertas para él las playas de su país pudo volver, trajo en su cabeza un caudal de ideas administrativas y políticas, y más arraigadas en el corazón las que de antemano profesaba. El espectáculo de las monarquías produjo en Gálvez el efecto que la luz de los fuegos fatuos, cuya flama brillante va debilitándose a medida que transcurre el tiempo y que solo resplandece en la oscuridad, único elemento de su existencia.

Gálvez cuando volvió, permaneció dedicado a su profesión de abogado cerca de tres años.

Por una de esas conversaciones tan frecuentes en la política de Castilla, quizá persuadido este de la elevación y generosidad de Gálvez al conspirar, desengañado tal vez de las esperanzas que pusiera en el partido que hasta el fin de su administración se le adhirió, para escarnecerle después; este prócer no omitió halago, promesa ni cortesía, con el fin de atraer a Gálvez y adherirlo a su gobierno. Los puestos más elevados en la diplomacia y en la administración le fueron ofrecidos, todo en vano. Actor de una revolución desgraciada, su espíritu no transigió con el que juzgaba mal gobernante: creyente de buena fe, no podía doblegar humilde su personalidad ante la conveniencia y menos de un mandatario que, si bien acreedor a su respeto en más de una fase, en política era veleidoso y arbitrario.

Durante las cortas administraciones del mariscal San Román y del general Canseco siguió trabajando en la abogacía. Aun estaba bien dispuesto para servir la primera de estas; y no es dudoso que hubiera tomado parte en la política del general San Román, si su muerte prematura no cortara más de una esperanza lisonjera para la nación.

V.
Se ha dicho que Gálvez no apartaba su mirada de los actos y actores políticos del país; y con esa tenaz observación no es de extrañar que conociera perfectamente las tendencias del vicepresidente general Pezet; que predijera casi con exactitud los males y vicios de que adolecería su administración y la manera triste como cayó. Sus predicciones a este respecto fallaron solo en cuanto a la época, pues la atentatoria captura de las islas de Chincha dio vida a un gobierno que en su conducta y en su personal de su primer ministerio llevaba imbíbita su muerte. Gálvez debía ser y fue uno de los que precipitaron su caída; pero la naturaleza del suceso del 14 de abril dejó atónitos a todos, y pasado el pasmo que produjera, el patriotismo y el deber se adhirieron a ese gobierno acancerado que, incapaz de sacar partido del entusiasmo, generosidad y honor de todos, no tuvo abnegación para abdicar o sucumbir antes que deshonrarse.

Gálvez no creyó un instante en las promesas del general Pezet, ni en las de su gabinete; y guardó silencio, protestando vengar los ultrajes de la patria.

La inacción del Gobierno cuando el incendio de la fragata de guerra española Triunfo, la composición personal del gabinete Allende, la elección del general D. Manuel Ignacio de Vivanco para iniciar negociaciones, hechos que fueron precedidos de los manejos más ambiguos; la enigmática ley de 7 de octubre que expidió el Congreso de 64 y de la renuncia del gabinete Costas, fueron pruebas evidentes de que sus juicios no habían sido erróneos, e impelido por ellos, principió a trabajar en contra de la administración Pezet, cuyos derroches, por otro lado, amenazaban destruir del todo la riqueza fiscal.

No teniendo la prensa la libertad, ni la asociación garantías, escribió a sus numerosos amigos de distintos lugares de la República, “que estuviesen atentos, que no descansaran en decir al pueblo lo que con él se hacía, y que se prepararan a todo evento, por lo que pudiera venir del Gobierno, no siendo de esperarse nada honroso.”

El tratado de 27 de enero no sorprendió a Gálvez, como no sorprendió al partido liberal; y si bien produjo en todos dolor profundo esa humillación nacional; no fue pequeño consuelo estar prevenido para la insurrección que, sabía con seguridad, debía estallar en Arequipa encabezada por el señor coronel D. Mariano I. Prado, restaurador de la honra nacional.

Cuando tuvo noticia de los sucesos de 28 de febrero en aquella ciudad, Gálvez pensó en unirse al caudillo; pero, conociendo la suficiencia de este para llevar a cabo la reivindicación de la honra nacional se abstuvo de hacerlo, con tanta mayor razón, cuanto que, siendo jefe de un partido, el calificado Rojo; su presencia podía dar un carácter menos lato a la revolución gloriosa que se inició. Así es que utilizó sus servicios en diversas comisiones del Gobierno revolucionario, tanto en el país como en Chile, a donde fue en clase de agente confidencial, trabajando entonces sin descanso para proporcionar armas, recursos pecuniarios y, lo que es más importante, las simpatías de un gobierno y pueblos vecinos.

Si no en todas ocasiones, en muchas logró el objeto a que tendían sus pasos y esfuerzos y siempre manifestó esa energía e inteligencia, que ni sus enemigos políticos le han disputado. Mientras tanto, el país sentía que sus operaciones no eran estériles y que en Gálvez tenía un celoso servidor.

Pronunciada la República, del Desaguadero a Canelos, del Amazonas al Pacífico, sin más excepción que el departamento de Lima, Gálvez se unió al Gobierno restaurador en Chincha, y permaneció al lado del coronel Prado hasta el 6 de noviembre en que ambos entraron triunfantes a la capital, habiéndose distinguido ese día, como en otras ocasiones, por sus serenidad y entusiasmo. El mismo día entró también el vicepresidente, general D. Pedro Diez Canseco a palacio libre de estorbos y peligros.

El vicepresidente organizó su gabinete, y manifestó no querer apartarse del camino que había aparentado seguir su predecesor, el constitucional. Adoptó en la política interna esos términos medios que jamás dan resultados satisfactorios: en la exterior, hizo algo peor, se conformó con declarar que las relaciones con España quedaban en el pie que tenían después del 14 de abril de 64. Esto era falsear la revolución completamente, desde que su principal objeto fue reivindicar al país: era burlar las esperanzas de Chile, ya en guerra con España, o más bien las esperanzas de la América que, en la secuestración de las islas de Chincha, vio los brotes de esa ambición europea que hizo tremolar el pabellón español en Santo Domingo y el francés en México.

El ejército y el pueblo, el primero que acababa de cruzar la República, sufriendo penalidades, el otro, que había sido saqueado, ultrajado y abaleado por el gobierno anterior, ya vencedores, no podían, ni era lógico que pudiesen sostener a un gobierno que así procedió, como no es posible que un corazón noble y valiente sostenga o se hermane a ideas contemporizadoras después de un gran triunfo.

La Constitución del 60, que había servido de escudo a todos los abusos de la administración anterior, era una de las trabas más fuertes, a pesar de su desprestigio, para introducir las reformas que la revolución se propuso acometer y terminar, y amparaba legalmente a los hombres que más habían abusado en el país. Por todos estos motivos, pueblo y ejército se unieron en la capital, como se unió después todo el Perú, para pedir al Gobierno el cumplimiento del programa revolucionario, consignado en las actas de la mayoría de los pueblos insurreccionados. Y para que las personalidades no quitaran a los nuevos principios el brillo que debieron conservar para ser respetados; no obstante la ineptitud reconocida del segundo vicepresidente, se le ofreció por ambos la suma de poder que era necesario en las circunstancias, para llenar las aspiraciones populares que eran de justicia, reivindicación y honra. El segundo vicepresidente se negó a aceptar la autorización ofrecida; y entonces se invistió con ella al general Prado, quien, desde el primer día en que asumió la responsabilidad de coronar la obra de la revolución, no descansó un instante hasta ver cumplida su misión el DOS DE MAYO DE 1866.

Hemos entrado en la precedente digresión, porque Gálvez fue de los primeros en protestar de la conducta ambigua, débil y mezquina del gobierno que se llamaba constitucional, sin que hubiera razón para sostener ni el calificativo de tal, desde que el derrocado lo invocaba con mejor derecho.

Gálvez palpó también las intrigas palaciegas, cuya consecución por más tiempo habría dado lugar a un cambio de hombres, más no de ideas, principios y reformas: por esto, y por las consideraciones anteriores, proclamó las aspiraciones del pueblo y ejército victoriosos; llegando a ser el principal agente de ambos.

Proclamada la Dictadura, Gálvez tenía que ocupar un puesto culminante; puesto al que sus antecedentes, posición y trabajos lo llamaron con beneplácito del Dictador, quien, mejor que nadie, apreciaba su rectitud, ilustración y capacidad, pues militaron juntos en la revolución del 54, fueron colegisladores en la Convención del 56, y, posteriormente, miembros de una misma causa: ese puesto fue el de Secretario de Guerra.

La significación personal de Gálvez, la influencia del puesto que ocupó, sus ideas avanzadas y severas, hicieron temblar a los vencidos en 6 de noviembre, y a los que habiendo tomado parte de la administración Pezet, tenían sobre su conciencia responsabilidades que salvar. El temor aumentó al ver la pureza y decisión de los que con él completaron las Secretarías de la Dictadura; quienes al ocupar el puesto que les designó el Jefe Supremo, pusieron en práctica el programa revolucionario.

Este temor fue infundado; porque, si bien el solo nombre de Gálvez era una amenaza para los traficantes políticos, estos tuvieron la suerte de que la guerra con España, que debía declararse, como se declaró, y la defensa del país, que era su consecuencia inmediata, absorbieran su tiempo y meditaciones, de tal manera, que casi no participó de la política interior. El Callao, su fortificación, el aumento de elementos de defensa y de victoria, eran la mira de sus pensamientos y la del Dictador. ¡Prado y Gálvez presentían el 2 de Mayo!

Esta es la principal causa por la que la acción administrativa de Gálvez, como Secretario de la Dictadura, fue la menos sensible en la política interior del país; no dejando de influir mucho la confianza que le inspiraban sus compañeros, los señores Pacheco, Tejeda, Pardo y Quimper.

Aparte de estas causas, creemos que su conocimiento del país, madurado en las luchas parlamentarias, en el destierro y en sus viajes, había, si no debilitado su rigidez política, por lo menos calmado su vehemencia; siendo positivo que, cuando la necesidad lo llevó a tomar parte en los consejos dictatoriales, Gálvez, con asombro de sus colegas, fue más de una vez quien se opuso a innovaciones y reformas, muy conformes con sus antecedentes e ideas, y que sus compañeros de gabinete implantaron o intentaron introducir.

Contraído Gálvez a los trabajos de guerra, y desconfiando de sus luces, pues tenía la modestia del mérito, llevó al ministerio: primero, a un actor principal de la revolución, al señor coronel don Lino Cornejo; y poco tiempo después, a un amigo íntimo, cuya ilustración y probidad le era conocidas, al coronel D. Juan Espinosa, en quien descargó, durante los días inmediatos al 2 de Mayo todas las labores de su penoso puesto, para dar ensanche a su actividad en el Callao, donde en compañía de los ingenieros Malinowski, Borda y Arancibia, estudiaba los detalles más importantes y las probabilidades culminantes de la manera más conveniente de asegurar el triunfo sobre las naves españolas, que ya habían tomado una actitud amenazante.

Sin embargo, Gálvez se dio tiempo para dictar algunas medidas económicas y de organización militar de gran trascendencia para el país y para el erario nacional, cuya situación se inclinaba a la bancarrota. Aquí solo apuntaremos las más importantes, tanto para que no sean olvidadas, como para que se vea su espíritu recto, económico y organizador.

El 11 de diciembre de 65 suprimió las inspecciones de los cuerpos cívicos, dejando la organización de estos al inspector general del ejército.

El 12 del mismo, declaró nulos los ascensos dados por la administración Pezet hasta el 7 de marzo, lo mismo que los ascensos a generales, contraalmirantes, coroneles y capitanes de navío, concedidos antes de la misma fecha sin aprobación del Congreso. Mandó borrar del escalafón militar a los que hubieren seguido sirviendo hasta el 6 de noviembre. Los demás jefes fueron indefinidos, percibiendo sus haberes con arreglo a sus clases y tiempo de servicios, Por el artículo 5° y último de este decreto, dejó subsistentes las responsabilidades fiscales y políticas, las que debían hacerse efectivas con arreglo a los decretos del gobierno dictatorial. En la misma fecha, y como consecuencia de lo anterior, mandó cancelara las tomas de razón de todos los títulos y despachos conferidos por la administración Pezet en las condiciones indicadas.

Por otro decreto ordenó la rendición de cuentas al excomisario general y a los primeros y segundos jefes de los cuerpos rendidos, para que se devolviesen a la tesorería y reintegrasen en dinero lo que justamente no se hubiera invertido, y se nombró con tal fin una comisión revisora.

El 17 de diciembre suprimió el cuerpo político de la armada, por no tener funciones propias que desempeñar.

Para evitar que se cobrasen montepíos mayores que los debidos, mandó revalidar las cédulas de montepíos, declarando a las viudas el haber que les correspondiera por la clase anterior al ascenso dado después del 7 de marzo.

Los abusos que pudieron crearse por reclamaciones indebidas o exageradas, fueron atajados por medio de la circular que dirigió, con fecha 5 de enero a los prefectos, pidiéndoles la remisión de una nota exacta de los subsidios de guerra, víveres, cabalgaduras, etc., que los ciudadanos hubiesen facilitado a la revolución.

El 14 de enero fue un día grande para la patria: ese día solemne, Gálvez tuvo la satisfacción que por tanto tiempo y con tantas fatigas persiguiera, ese día firmó con los otros Secretarios, la declaratoria de guerra a España que hizo Prado.

Una medida más previsora que justa, pero relevante de su desprendimiento desde que él mismo era militar, fue la que expidió dividiendo en cuarentavas partes el goce de cesantías, y declarando que solo se reconocía derecho a tal goce por servicios reales y efectivos.

El 24 de enero, Gálvez expidió el notable documento sobre instrucciones a los comandantes de buques de guerra y a los corsarios del Perú, para persecución y apresamiento de naves enemigas. Ese escrito fue redactado en cortísimo tiempo, y es una prueba clásica de la ilustración del Secretario de Guerra y Marina. La concisión, claridad y método que guarda en su forma, corresponde a la elevación de miras y al progreso de las doctrinas modernas en materia de derecho internacional.

El 15 de febrero decretó el establecimiento de guardias nacionales, según la ley orgánica de 12 de marzo de 1857, dada por la Convención.

La victoria de Abtao, que sirvió para encender el entusiasmo de los peruanos, fue merecidamente estimada por el Jefe Supremo y por sus Secretarios; y a Gálvez cupo la suerte de redactar y autorizar con su firma el decreto supremo de 11 de marzo, concediendo una medalla a los vencedores. Los términos del decreto revelan al entusiasmo con que se expidió.

El día anterior dispuso el desarme de la fortaleza de la independencia y que toda la artillería pasase a las baterías de la playa. Dos motivos de importancia tuvo Gálvez para dictar esta medida: utilizar más ventajosamente los cañones, y proporcionar un lugar seguro de depósito al comercio.

El último decreto que existe publicado de los que firmó es el de 28 de abril, creando una junta para dar y señalar colocación a todos los que ofrecieron sus servicios en defensa de la patria.

Parece que después se limitó a resoluciones y prevenciones relativas a la fortificación y defensa del Callao, siendo de su predilección los trabajos que se verificaban en la torre de la Merced, futuro calvario del creyente republicano, del denodado patriota.

Desde que firmó este decreto, se puede decir que no se apartó del Callao. Allí estuvo vivificando el entusiasmo, robusteciendo las fuerzas de ese pueblo que, convertido en Atlante, construía una batería, la del pueblo, en veinticuatro horas; que no dormías, esperando la hora de la victoria; y que cada vez que lo veía pasar, llenaba el aire de aclamaciones patrióticas que sin saberlo, eran un digno adiós que daban al que de jefe debía pasar pronto a la gloria de víctima y de héroe…

Llegó por fin el 2 de Mayo. Gálvez recorrió sereno nuevamente las baterías, en seguida se retiró a escribir a la gobernación, hasta que le anunciaron la aproximación de la escuadra enemiga a estas, entonces, sin inmutarse, apresuró la conclusión de un escrito al parecer oficial, el que terminado guardó sobre sí. En seguida pidió su caballo y fue a escape hasta la batería de Abtao, de la que regresó a la torre de la Merced; donde tuvo la gloria de disparar el primer cañonazo del 2 de Mayo. Las últimas palabras que de él se conservan fueron las que dirigió a un amigo que le saludaba: “¡Qué día tan grande el de hoy!”

Al ver a Gálvez fijar con tanta avidez su mirada en el lugar en que pereció, al contemplarle trabajando sin descanso en levantar la formidable torre cuyo nombre pertenece a la historia, Gálvez se presenta con el estoicismo de los reyes egipcios que inspeccionaban la erección de las famosas pirámides en que debían descansar sus restos, y que serían digno mausoleo de un hombre que en vida reunió las virtudes políticas más acendradas, las más ambles y puras del trato social, sino fueran testimonios del despotismo. Pero no, Gálvez reposa en algo más grande que esas pirámides, más inmenso que el desierto que las rodea: Gálvez tiene el mismo sepulcro que Washington, ¡el corazón de sus conciudadanos!





* "Bosquejo biográfico del coronel D. D. José Gálvez", El Comercio, N° 10149, Lima, 1 de mayo de 1869, pp. 2-4.
[1] La información sobre la fecha del nacimiento de José Gálvez es contradictoria. Jorge Guillermo Leguía, en su Elogio a José Gálvez, solo menciona el año de 1819, e incluso ese dato pareciera mera referencia por corregir, pues en otros escritos vinculados a Gálvez hace alusiones en el sentido de que esa no sería la fecha correcta. Sin embargo, muchos textos de divulgación histórica, entre ellos la Enciclopedia Ilustrada del Perú por Alberto Tauro del Pino y el Diccionario Histórico y Biográfico del Perú por Carlos Milla Batres mencionan que Gálvez nació el 19 de marzo de 1819. Por el contrario, en la biografía escrita por Elena Villanueva en la Biblioteca Hombres del Perú, así como en la Historia de la República del Perú de Jorge Basadre, se menciona que Gálvez nació el 28 de abril de 1822, señalando que la anterior fecha, que se creía ser la verdadera, tenía su razón porque a Gálvez le gustaba seguir la costumbre española de celebrar su cumpleaños el día 19 de marzo, día de San José (lo que se observa en algunos artículos de periódicos de la época). No obstante, ambos indican que la fecha exacta se debe al descubrimiento de su partida de bautismo (sea por Elena Romero o por José Gálvez Barrenechea), en la cual consta el 28 de abril de 1822 como fecha de su natalicio. Información contradictoria que esperamos dilucidar ubicando dicha partida de bautismo u otro documento parecido.
[2] Fue elegido diputado por las provincias de Pasco, Cajamarca y Cajabamba. En la Convención Nacional optó por representar a la provincia de Pasco.

martes, 29 de noviembre de 2016

"¡QUÉ MALDITOS DIPUTADOS HA MANDADO AREQUIPA!": LAS JUNTAS PREPARATORIAS DEL FRUSTRADO CONGRESO GENERAL DE 1826


“¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa!”: las juntas preparatorias del frustrado Congreso General de 1826

A Vanessa

1. La convocatoria
Por decreto de 21 de junio de 1825[1] el Consejo de Gobierno convocó al “Congreso jeneral del Perú” para el día 10 de febrero de 1826 (art. 1). La convocatoria, en realidad, era “prematura”. Según el decreto de 10 de febrero de 1825[2], que prorrogó la dictadura, el Libertador quedaba encargado del supremo mando de la república hasta la reunión del Congreso que prescribía el artículo 191 de la Constitución (art. 1). Dicho Congreso debería reunirse dentro del período establecido por el artículo 53 de la Constitución (art. 2), es decir, a partir del 20 de septiembre de 1826, y no antes, pudiendo diferirla el Libertador “si lo ecsijieren la libertad interior y esterior de la República” (art. 3). El Congreso general, de conformidad con la Constitución, tenía facultades constituyentes, pues se le encargaba de la ratificación o reforma de la Carta (art. 191), siempre y cuando los poderes de los diputados tuvieran “cláusula especial que los autorice para ello” (art. 192). No era, por tanto, un mero Congreso constitucional, aunque por los decretos antes mencionados, ciertos artículos referidos a este último le eran aplicables, verbigracia su reunión el 20 de septiembre.

El Congreso, según relación adjunta al decreto de convocatoria, debería estar conformado por 96 diputados propietarios y 58 suplentes, no obstante que el propio decreto estableciera que el número de diputados a elegirse debía arreglarse “a la base de 12000 habitantes por cada uno”, según el censo publicado en la guía del Perú del año 1797, por no haber tiempo suficiente “para formar los respectivos padrones (art. 5). Sobre la base de aquel censo, se formaría y acompañaría “lista del número de diputados que corresponde a cada provincia de las clases de propietarios y suplentes, y el total que debe nombrar cada departamento” (art. 6). Por tanto, la relación publicada por el Consejo de Gobierno no se ajustaba a la realidad y, en consecuencia, hubo variación del número de diputados. En efecto, se eligieron en el país 105 diputados propietarios y 60 suplentes.

2. La agenda
Al Congreso general correspondía resolver tres asuntos fundamentales que interesaban a la república: 1) la continuidad de Bolívar en el mando del país, 2) la ratificación o reforma de la Constitución de 1823 y 3) el problema de Bolivia[3].

En cuanto al primer punto la opinión era unánime: Bolívar debía continuar en el mando del país. Sin embargo, las divergencias eran en relación a la forma en que habría de ejercerlo. Los miembros del círculo del Libertador opinaban que debería ejercerse con las mismas facultades con los que lo había investido el Congreso Constituyente, esto es, facultades extraordinarias o continuación de la dictadura. Por el contrario, los liberales consideraban que el mando debería ejercerse según las leyes, es decir, constitucionalmente.

Sobre el segundo punto también había consenso en el país: la Constitución de 1823, de tipo asambleario, en el que la supremacía residía en el poder legislativo en desmedro del poder ejecutivo, debía ser reformada. El contenido de una carta de Luna Pizarro a Bolívar no deja dudas. En ella el “fiero republicano” se complacía de haber “convenido” con el Libertador “opinando por la necesidad de que se reforme la Constitución”. Así lo había escrito, decía, a varios personajes residentes en Lima, “extrañando no se hubiese prevenido a los pueblos para que diesen esta facultad a sus Representantes, quienes en la mayor parte llevarán su poder conforme a la ley reglamentaria de elecciones, donde se extendió la fórmula para diputados de Congreso constituido”. Dos puntos, según Luna Pizarro, eran esenciales en la reforma. La primera concernía al poder ejecutivo, que “debía recibir amplitud en su autoridad”. La segunda tenía relación al poder legislativo y al modo de formación de las leyes, porque “según la actual Constitución nunca serán obra de madurez, sino de la precipitación y aún sorpresa”. Esto significaba rechazar la unicameralidad pues, dándose al ejecutivo “tres solos días para hacer observaciones a los proyectos de ley, ¿cómo se desempeñará cuando haya tumulto de pasiones, y de proyectos que se la pasen, como forzosamente ha de haber, y más en el sistema de una sola cámara?”. Por tanto, concluía, era “justísima” la observación del Libertador “sobre reforma de la Constitución”, prometiendo que el “buen juicio” de los representantes “la verifique por el bien del Estado”[4].

Del mismo modo, en El Republicano de Arequipa se afirmaba que el Congreso necesariamente debía “tomar en consideración” la Constitución para hacer en ella “las variaciones que convengan”, porque era evidente que la actual Carta, “discutida y sancionada bajo el estruendo del cañón, y en circunstancias difíciles y calamitosas”, requería mejoras como “combinar con esactitud el equilibrio de los tres poderes”, de manera que el poder ejecutivo “no carezca de aquella fuerza vital que le sea necesaria, para dar impulso a la felicidad pública”. Situación más que necesaria en pueblos donde la libertad apenas era conocida y las instituciones nacientes[5].

Finalmente, con respecto al tercer punto, era general el deseo de la unión del Perú y Bolivia. Las facciones existentes en el país compartían ese punto de vista, como lo demuestra el contenido de una carta remitida de Lima a Buenos Aires:

“En cuanto al régimen interior del país, hay tres opiniones principales –la primera y más poderosa es la dominante, que está decidida por una autoridad militar. La segunda está por una República concentrada, gobernada por leyes mui liberales; pero que al mismo tiempo contengan a los pueblos en sus aspiraciones de  federación: esta desea ver el gobierno y empleos militares en personas puramente Peruanas, y que sean del todo independientes de la clase militar. La tercera, la forman los partidarios de Riva Agüero, que están también por una República concentrada; pero que se resienten mucho del egoísmo e intolerancia de todo partido. Estas facciones se subdividen en otras, que las modifican en parte; pero todas cuentan para sus planes con la incorporación de la República Bolivia”[6].

El problema residía en la forma que se daría a la unión, pues existían varias posibilidades. En efecto, desde que Bolívar arribó a Lima de su viaje al Potosí, varios proyectos que concernían al futuro del Perú y de la América del Sur se discutían en la Magdalena. Según O’Leary, algunos influyentes diputados al Congreso general de 1826 “eran de parecer, y así lo propusieron, que el Perú y Bolivia se uniesen en una sola república”, bajo la denominación de República Bolívar y designando al general Sucre como presidente. Otros, “con más amplias miras”, recomendaban un gobierno enérgico, “con el Libertador a la Cabeza”. No faltaban, tampoco, quienes aseguraban “que las colonias recién emancipadas no estaban preparadas para las instituciones republicanas, y que únicamente la adopción de un sistema monárquico atajaría los males a que se hallaban espuestas, por la incompatibilidad de las formas democráticas con los hábitos coloniales”. Esta última postura la compartían miembros del Consejo de Gobierno como Unanue y Larrea[7].  

Entre aquellos personajes que visitaron a Bolívar se encontraba Luna Pizarro[8]. De acuerdo con O’Leary, el clérigo arequipeño “parecía decidido por la unión del Perú con Bolivia”. Con ese objeto y “bajo una forma práctica”, presentó un proyecto al Libertador[9]. Se trataba de la federación. Bolivia se reuniría al Perú, cediendo el departamento de La Paz para formar el Estado central. Tacna sería la capital del Estado federal[10].

3. Las juntas preparatorias[11]
El 25 de marzo de 1826 el Ministerio de Gobierno convocó a los diputados residentes en la capital que habían obtenido la aprobación de sus actas de elecciones por la Corte Suprema de Justicia, cuyo número de 65 componían las dos terceras partes de la totalidad (96 diputados propietarios, de conformidad con la relación adjunta al decreto de convocatoria), citándolos para que a las cinco de la tarde del 29 de marzo, se reúnan en el salón destinado a ese efecto, con el objeto de dar inicio a los actos preparatorios de la instalación y apertura pública de sus sesiones[12]. En efecto, la tarde del día señalado se celebró la primera junta preparatoria del Congreso general[13].

Contra los deseos del Consejo de Gobierno un grupo de diputados, liderados por Luna Pizarro, decidió no someterse a las pretensiones del oficialismo, manifestando una férrea oposición. Unanue, presidente del Consejo de Gobierno, se presentó ante la junta para verificar el inicio de sus labores y comunicar que, de acuerdo con el Libertador, habían decidido que los diputados podían determinar, por defecto del Senado, la autoridad ante quien habían de prestar el juramento prescrito en el artículo 52 de la Constitución (relativo a Congreso constitucional), sin el cual no estaban en capacidad legal de fijar el día de la apertura pública de las sesiones, citar al ejecutivo y declarar instalado el Congreso. La formalidad, indicó, podía cumplirse jurando ante él, exhibiendo previamente cada diputado sus poderes[14]. La sugerencia del ministro tenía como finalidad examinar nuevamente los poderes de los diputados y, en particular, de los representantes opositores al gobierno, en el entendido de que varios de ellos venían premunidos de poderes con cláusula especial para la reforma de la Constitución.

 La indicación dio lugar a que el diputado Manuel Cuadros, considerando la propuesta como “una provocación y un desconocimiento de los fueros del Congreso”[15], manifestara que sobre cualquier asunto de su competencia la representación nacional dispondría en su oportunidad[16], presentando las siguientes proposiciones:
1. En las juntas preparatorias debía resolverse “cómo, ante quién, y cuándo” los diputados prestarían juramento, pues por el poder presentado y que fue aprobado por la Corte Suprema de la República, se le había facultado para alterar o reformar la Constitución, razón por la cual “no podía hacer el juramento” prescrito en el art. 52 de la misma, relativo a Congreso constitucional, tal como lo quería Unanue.
2. Las juntas preparatorias debían ser públicas, pues en ellas no podía haber “cosa de reserva”.
3. Se nombraran dos comisiones para la revisión de las actas y poderes otorgados por los colegios electorales a los diputados, pues esto “lo había visto practicar” en las Cortes españolas, pareciéndole algo incuestionable. Además, al no existir el Senado Conservador, facultado para esta revisión, otorgar ese examen al poder ejecutivo significaría que por ese medio se podría desestimar la participación en el Congreso “de los más zelosos defensores de los pueblos”[17].

Cuadros concluyó su intervención exclamando exaltado y con “voz de trueno”[18]: “retírese el señor Ministro, y entonces procederemos a jurar”[19]. La protesta de Cuadros obligó a Unanue a salir precipitadamente de la reunión. A partir de este incidente la junta se enfrascó en un acalorado debate sobre las proposiciones de los liberales. El desorden en la reunión era tal que, para evitarlo, se propuso el nombramiento de quienes las presidieran. Los opositores al gobierno exigieron que en el nombramiento de la mesa directiva bastase la pluralidad relativa de los diputados. Los gobiernistas, por el contrario, opinaron se observara el reglamento interior del Congreso Constituyente. Intervino, entonces, Luna Pizarro, manifestando que los diputados ya no estaban sujetos a la Constitución ni a reglamento alguno, pues esos códigos habían sido provisorios: “han callado desde que nosotros fuimos elejidos”[20]. Razón tenía el diputado arequipeño. El artículo 191 de la Constitución de 1823 sujetaba a un Congreso general de diputados de todas las provincias, culminada que sea la guerra, la ratificación o reforma de la misma, siempre y cuando, según el artículo 192, los poderes de los diputados tuvieran cláusula especial que los autorice. La petición de los opositores fue aprobada, eligiéndose a Manuel Urquijo y Eduardo Carrasco, presidente y secretario, respectivamente. Del mismo modo se resolvió que las sesiones de las juntas preparatorias fuesen públicas.

A continuación se trató el pedido de nombramiento de las comisiones para la calificación de las actas de elecciones y poderes de los diputados, así como sobre el órgano que entendería sobre ellas. González Vigil, tomando la palabra, demostró que solo al Congreso, “en su calidad de Juez de la elección de sus miembros, correspondía calificar los títulos respectivos y que esa atribución era parte sustantiva de su autonomía funcional”[21]. La proposición significaba cuestionar las calificaciones efectuadas por la Corte Suprema y, por consiguiente, reexaminar “poderes ya revisados por la autoridad legítima”[22], esto es, “revocar lo actuado”[23]. La ardorosa defensa de la propuesta por la facción liberal determinó que los sufragios favorecieran la proposición. En consecuencia, se acordó que todos los diputados presentasen sus credenciales y poderes a las comisiones designadas por el presidente de la junta preparatoria[24].

La abierta oposición de la minoría liberal a los designios del gobierno llegó a oídos de Bolívar. Según González Vigil, “perdida la votación salieron desaforados de la junta los devotos de la dictadura, y partieron los de más influencia a la Magdalena a esponer al Libertador, que el país estaba en el mayor conflicto, y que la anarquía, que ya asomaba, iba a devorar al Perú”[25]. Bolívar, furioso al conocer la existencia de un grupo opositor al gobierno, “ocurrió a su manoseado sistema de renunciar al mando y retirarse a Colombia con sus tropas”[26]. En carta a Santander Bolívar decía lo siguiente:

“En estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de Arequipa, que son los caraqueños del Perú, han querido que este congreso fuese constituyente y no constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron, unos por equivocación y otros por seducción. El consejo de gobierno sostenía la constitución por mi consejo, y como yo iba ser desairado junto con mis delegados, y además temía una nueva anarquía nacer en este congreso constituyente, repetí decididamente lo que digo todos los días: que me iba. Esta palabra causó un alboroto inmenso. Todas las corporaciones, el pueblo y el congreso mismo me rogaron fuerte y unánimemente; además, hubo proyectos de impedirme a todo trance la marcha y de destruir, de paso, a los que me daban este disgusto”[27].

El 31 de marzo, conocida la noticia de que Bolívar y las tropas auxiliares de Colombia se retirarían del Perú, “luego que se verificase la instalación del Congreso jeneral prócsimo a celebrarse”, porque algunos individuos “no creían necesaria su permanencia en la república para sistemar su felicidad”[28], la Municipalidad y demás corporaciones concurrieron a la Magdalena para suplicar al Libertador revocara su resolución. Empero, no lograron su cometido. Retornando las corporaciones a la ciudad, sus miembros comunicaron  al pueblo que Bolívar “se mantenía incontrastable” en su decisión. El hecho determinó a algunos diputados “tratar de obtener lo que aquellas no habían podido recabar”[29]. Laso, Pedemonte, Bueno y Villarán reunieron las firmas de una veintena de diputados y remitieron un oficio al presidente de la junta preparatoria con la finalidad de que la convocase de inmediato, porque la “Patria peligraba”[30].

El 2 de abril los diputados se reunieron en junta extraordinaria. A propuesta de los oficialistas el tema tratado fue sobre Bolívar y su permanencia en el país. Estos manifestaron que el Libertador había determinado irse a Colombia porque en la primera junta preparatoria se habían escuchado voces considerando innecesaria su presencia. A continuación tomó la palabra Pedemonte y expuso que si Bolívar no continuaba ejerciendo el mando y se retiraba del país la anarquía se entronizaría[31]. La preocupación del orador era compartida por todos los diputados. Sin embargo, la divergencia residía en el tipo de autoridad con que se investiría al Libertador. Los liberales, privadamente, según explicaba Luna Pizarro, habían considerado que el primer paso que debía dar el Congreso al instalarse “era el nombramiento del ejecutivo”, deseando “poner al libertador a la cabeza del gobierno con la investidura de primer presidente de la república, para que la administrase según la constitución” y, del mismo modo, nombrar como vicepresidente al general La Mar. Por el contrario, los oficialistas “opinaban porque siguiese el poder absoluto”, esto es, “facultades extraordinarias”, incompatibles “con la existencia del congreso”[32]. Del mismo modo, Mariano Alejo Alvarez, concordando con Luna Pizarro, manifestaba al Libertador que la opinión de los diputados estaba dividida sobre “la clase de autoridad” con que se le investiría. Decía: “unos quieren que sea la de las Leyes, y otros la Dictadura, bajo la misma o diferente nominación”[33].

Tras un intenso debate la mayoría de los diputados se conformaron con una propuesta de José María Bueno “reducida a que una comisión fuese donde el Libertador, y le dijese que los deseos de los pueblos y Diputados eran, de que no se fuese y siempre permaneciese en la República[34]. Cuadros, oponiéndose, había opinado que no se mandara ninguna comisión, pues con la resolución de las peticiones presentadas, a Bolívar “no se le había faltado en lo menor”, lo contrario sería degradar la majestad del cuerpo reunido en juntas preparatorias[35]. En seguida se ordenó por la presidencia que la proposición se presentara por escrito. Mas, al hacerlo, Bueno la varió agregando “con el mismo mando que ha tenido[36]. Sometida la propuesta a votación fue aprobada por 34 votos contra 14[37]. Empero, Luna Pizarro y Manuel Hurtado Zapata, al darse cuenta de la variación, reclamaron sobre ese hecho en el momento que se realizaba la misma. No fue atendida su reclamación. Finalmente Luna Pizarro manifestó que el reclamo constase en actas y se le comunicara al Libertador “que esta no era más que una reunión preventiva[38], pues la junta preparatoria “no tenía facultad para formar ninguna clase de autoridad”[39].

Al día siguiente, una comisión compuesta por ocho diputados, uno por cada departamento del país, presidida por Fuente Pacheco[40], acudió a la Magdalena  para exponer a Bolívar “que el Perú por el órgano de sus representantes no permitirá que le abandone, y que su permanencia en los mismos términos que hoy gobierna, es el primer interés de la república[41]. La comisión logró su propósito. Al “ofrecerle la continuación del mando dictatorial”[42], convenció al Libertador para que variase su resolución. Así, el 4 de abril la comisión comunicó a sus comitentes el resultado de su gestión. En esta tercera sesión hubo una viva discusión sobre la naturaleza y atribuciones de la junta preparatoria. Varios de los diputados que en primera instancia habían apoyado las proposiciones de la minoría liberal se retractaron.

El 5 de abril, continuando el debate, Manuel Cuadros opinó que se suspendieran las juntas preparatorias hasta que en la capital estuvieran presentes las dos terceras partes de los diputados elegidos, pues cuando se iniciaron las juntas con solo 63, no se tenía conocimiento del aumento de la representación por el departamento de Puno, ignorándose el número exacto de diputados elegidos, aunque había quienes afirmaban que el total de diputados era de 104. En consecuencia, conformada la representación nacional de aproximadamente 104 diputados, los 63 diputados presentes no componían los dos tercios necesarios para iniciar sus sesiones. Además, conociéndose del recelo del ejecutivo hacia la representación nacional, consideraba ser necesaria la suspensión de las juntas hasta la presencia en la capital de por lo menos 70 diputados, que equivalían a los dos tercios del total. Finalmente, algunos de los diputados oficialistas, entre ellos, José de Larrea, opinaron que los representantes así reunidos no tenían facultad para instalar el Congreso. En consecuencia, los diputados resolvieron, por 36 votos contra 18, que las juntas preparatorias no tenían facultad alguna relativa a la instalación del Congreso, disolviéndose en consecuencia la reunión[43], en otras palabras, la mayoría de diputados aprobó “la extravagante y escandalosa proposición que el examen de las actas y poderes pertenecían al gobierno y no a los diputados”[44].

4. La disolución del Congreso General: la representación de los 52 diputados, los “persas”
Los debates suscitados en las juntas preparatorias hicieron comprender al Consejo de Gobierno y al Libertador que la instalación del Congreso sería perjudicial a los planes que ya se estaban trazando sobre los destinos de los países bajo el influjo de Bolívar. Si bien en un principio este estuvo decidido en que la representación nacional se instalara el 10 de febrero de 1826, fecha conmemorativa de la concesión por el Congreso Constituyente de la dictadura, fue convencido y se convenció que el Congreso reunido solo entorpecería la realización de sus designios. El 26 de febrero, en carta a Pando, Bolívar le manifestaba que su intención había sido instalar el Congreso el 10 de febrero, por esa razón arribó de su viaje al sur el 7 del mismo mes. Sin embargo, a pesar de haberse hecho una convocatoria anticipada, el número de diputados presentes en la capital no era el suficiente para la instalación. Empero, consideraba que pronto se cumpliría su deseo[45]. Bolívar incluso tenía preparado el mensaje que expondría al Congreso. Por el contexto del mismo podemos afirmar que la versión final fue redactada entre fines de marzo y principios de abril. En los párrafos finales del mensaje decía:

“Señor: El Congreso Constitucional va a empezar sus tareas legislativas en las circunstancias más gloriosas para el Perú, pues se halla libre y en reposo, gozando de los triunfos de sus armas, del orden que ha establecido la administración y de la sabiduría de las leyes más liberales del mundo. En medio de tales prosperidades era mi ardiente deseo devolver el poder público que la Nación me había confiado, y dejaros en plena libertad de obrar sin la presencia de un ejército auxiliar y de un jefe extranjero: pero el pueblo, la capital de la República, todas las corporaciones y vosotros mismos habéis mostrado vuestra terrible alarma por mi separación del Perú; yo pues, no he podido resistir a los votos de una Nación que se empeña en honrarme con su confianza y en oprimirme con sus bondades.

¡Representantes del pueblo! Os ofrezco nuevamente mis servicios hasta que mi patria me llame o mi conciencia me persuada que no soy más útil a los peruanos”[46].

Posteriormente, disueltas las juntas preparatorias, Bolívar ya no deseaba la instalación del Congreso. Entre tanto el Consejo de Gobierno meditaba la adopción de diferentes medidas para cumplir con los deseos del Libertador. Una de ellas fue iniciar una campaña de desprestigio contra los diputados opositores. Los arequipeños llevarían la peor parte. En El Republicano se escribiría con saña contra ellos[47]. La orden la daría el prefecto Gutiérrez de La Fuente para complacer al Libertador, tras recibir la carta en que Bolívar le expresara su disgusto por la diputación arequipeña liderada por Luna Pizarro:

“¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible cambiarlos sería la mejor cosa del mundo, puesto que sus poderes no han venido conforme a la Constitución y que han perdido su alegato en la junta preparatoria. Yo creo que Arequipa tendrá que reunir de nuevo sus asambleas para tratar de los nuevos poderes; y, por lo mismo, sería muy conveniente para el bien del Perú que se nombrasen otros más patriotas y menos perversos. Yo le aseguro a más que con ellos no se puede hacer nada bueno: quieren destruirlo todo a su modo. Como Arequipa no mande mejores diputados, estoy seguro que la anarquía entra con todo su furor, y yo me voy con Dios por no recibir ultrajes de esos miserables esclavos de los españoles. Si Ud. ama a su patria debe empeñarse en que se varíe esta maldita diputación. Luna engañó a Riva Agüero; Luna echó a Monteagudo y a San Martín; Luna perdió a la junta gubernativa. Por culpa de Luna entró al gobierno Riva Agüero; y por culpa de Luna entró Torre Tagle. Por Luna se perdió el Perú enteramente y por Luna se volverá a perder, pues tales son sus intenciones. Yo quisiera, mi querido general que Ud. se apersonara en estos negocios para que no se nos pierda el trabajo de tantos años y de tantos sacrificios”[48].

Otra de las medidas adoptadas por el gobierno, como consecuencia de haberse resuelto en las juntas preparatorias que estas no tenían facultad alguna relativa a la instalación del Congreso, fue solicitar a los diputados la presentación de los poderes otorgados por los colegios electorales, haría las veces de Senado, “para que en su vista se señalen los días y horas en que deban comparecer a prestar el juramento prevenido por la constitución”[49]. El objeto era “anular esos mismos poderes de los diputados aprobados ya por la Corte Suprema, en virtud de la comisión que se le dio”[50]. En efecto, el 17 de abril el Consejo de Gobierno expidió un decreto por el cual declaró nulos los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Lima, Arequipa y Condesuyos al contener “cláusula especial para la reforma de la constitución política, sin la condición prevenida en el artículo 58 de la ley reglamentaria (de elecciones), esplicatorio del artículo 192 de dicha constitución”, ordenando que se otorgaran nuevos poderes con “entera sujeción” a las leyes. Asimismo, declaró que los poderes conferidos por los colegios electorales de las provincias de Bolívar, Cuzco, Lambayeque y Quispicanchi debían reformarse, de conformidad al artículo 55 de la ley reglamentaria de elecciones, al contener la cláusula especial para la reforma de la Constitución, sujeta a la condición de tener efecto para el caso indicado en el artículo 58 de dicha ley[51]. Pocos días después, en carta a Santander, Bolívar comentaba sus impresiones sobre lo acontecido:

En la adjunta gaceta encontrará Ud. el decreto del consejo de gobierno declarando írritos los poderes de los diputados de algunas provincias, que no están conformes con el artículo 58 de la ley reglamentaria. Según este decreto han quedado separados del congreso lo menos veinte diputados, cuyos poderes se han encontrado no conformes a lo que previene la constitución, y aunque han quedado como cuarenta y ocho en regla, no creo que se reúna este congreso hasta el año 27, no solo porque cuarenta diputados no son suficientes para componerlo, sino porque será preciso que se reformen los poderes de los veinte diputados, o se hagan nuevas elecciones. No tengo embarazo en decir a Ud. que yo no he visto este acontecimiento con gran pesar; porque entre tanto puedo yo arreglar el país, darle más moral y buscar una persona que pueda servir el ejecutivo con aquella firmeza y energía que se requiere aquí sobre todo. El consejo de gobierno, no hay duda que ha hecho lo que ha podido, pero no tiene opinión”[52].

Bolívar y la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, como resultado de lo acontecido en las juntas preparatorias, consideraban peligrosa la instalación del Congreso general. De acuerdo con Heres la disyuntiva del Libertador era “o irse como pensaba o disolver el Congreso”[53]. Del mismo modo, varios diputados influenciados por la propaganda oficial opinaban que la reunión del Congreso provocaría una grave crisis en el país. En ese estado de cosas algunos diputados formularon la idea de hacer una representación al Libertador solicitando el aplazamiento de la reunión del Congreso hasta el año de 1827[54]. Según Heres el Libertador no tuvo parte en la representación, aunque sí conoció de su formulación[55].

La representación, fechada el 21 de abril de 1826, fue suscrita por 52 diputados. En varios casos, las firmas fueron obtenidas por coacción[56]. A los diputados que la suscribieron se les denominó los “persas”[57]. Los fundamentos de la representación eran los siguientes:

a) Exceso de poderes de algunos representantes, incompatible con lo estipulado en la ley reglamentaria de elecciones. ¿Fórmula de poderes para Congreso constitucional o Congreso general?
b) Representación nacional incompleta. El número de diputados excedía de los 96 que indicaba el decreto del Consejo de Gobierno.
c) Ilegalidad de la convocatoria. Según el decreto de 10 de febrero de 1825, el Congreso general debía convocarse el 20 de septiembre de 1826, y no antes, pudiendo diferirse según criterio del Libertador.

En consecuencia, los diputados pedían al Libertador que adoptara las siguientes medidas:
1. Suspender la convocatoria del Congreso hasta el año de 1827.
2. Encargar a los prefectos realizar con prontitud y prolijidad los censos de población de todas las provincias.
3. Inspirar a los pueblos confianza y amor hacia sus representantes.
4. Ilustrar la opinión pública y consultar a las provincias sobre la ratificación o reforma de la Constitución de 1823.
5. Consultarlas, también, en caso de considerarse la reforma, sobre su extensión, ¿total o parcial?
6. Consultar a las provincias si los representantes actuarían con libertad o se ceñirían a poderes especiales conteniendo clausulas expresas sobre el tipo de reforma, su aplicación y puntos sobre los cuales debería establecerse.
7. Consultar a los pueblos sobre la persona a quien el Congreso debería elegir como Presidente de la República.

Practicadas dichas medidas y recibidas por el gobierno las respuestas a la consulta, entonces sería el momento de la convocatoria a Congreso[58]. El 27 de abril el Consejo de Gobierno, “atendiendo a la grave y delicada entidad de los puntos que se proponen en esta representación”, elevó la petición de los diputados al Libertador, “en quien radicalmente reside el poder supremo, para que las resuelva del modo que estime conveniente al mejor bien de la nación”[59]. Ese mismo día Bolívar remitió al Consejo de Gobierno su decisión. Aprobaba el “proyecto” de los diputados, porque ellos querían acudir “a la fuente de donde emanan sus poderes”:

“Nada es tan conforme con las doctrinas populares, como el consultar a la nación en masa, sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, -las leyes fundamentales, y el majistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error, o a la seducción: pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte; y por consiguiente, nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones; y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios”.

En tal virtud, ordenaba que se consulte a los colegios electorales[60]. El Consejo de Gobierno, por lo tanto, expidió el decreto de 1 de mayo de 1826, por el que se encargaba a los prefectos, intendentes, gobernadores, alcaldes y párrocos de los pueblos, formar el censo de la población de su mando, remitiéndolas al gobierno (art. 1). Recibidos los censos de población de los departamentos de la República, el gobierno ordenaría la convocatoria de los colegios electorales para que sean consultados sobre los puntos contenidos en la petición de los diputados (art. 2). El gobierno, además, consultaría los medios menos onerosos a los pueblos para que contribuyan con los emolumentos de sus representantes (art. 3). Emitida la opinión de los colegios electorales el gobierno dispondría la reunión del Congreso (art. 4)[61].

Como consecuencia de este decreto el Congreso general de 1826 fue “disuelto”. Se iniciaba el camino para la imposición de la Constitución Boliviana o “vitalicia”. Desde este momento, como dirían los opositores a Bolívar, “la dictadura fue usurpación”[62], o mejor dicho, “Bolívar se declaró Tirano[63].




[1] Gaceta del Gobierno, Nº 5, Lima, 23 de junio de 1825, p. 1.
[2] Gaceta del Gobierno, Nº 15, Lima, 13 de febrero de 1825, p. 3.
[3] Paniagua Corazao, Valentín, “El proceso constituyente y la Constitución vitalicia de 1826”, en Juan Vicente Ugarte de Pino, Raúl Chanamé Orbe, José F. Palomino Manchego y Alberto Rivera Acuña-Falcón (Coordinadores), Historia y Derecho. El Derecho Constitucional frente a la Historia, tomo I, Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2008, p. 370. 
[4] Carta de Luna Pizarro a Bolívar, Arequipa, 11 de noviembre de 1825, en Luna Pizarro, Francisco Xavier de, Escritos Políticos, Recopilación, prólogo y notas de Alberto Tauro, Lima: UNMSM, 1959, p. 24.
[5] “Variedades”, El Republicano, Nº 14, Arequipa, 25 de febrero de 1826, p. 65.
[6] “Extracto de una carta particular de Lima de 1 de junio último”, Mensagero Argentino, Nº 79, Buenos Aires, 22 de agosto de 1826, p. 2.
[7] O’Leary, Daniel Florencio, Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819-1826), tomo II, Madrid: Sociedad Española de Librería, s.f.e., pp. 564–565. El propio Libertador había manifestado en carta a Santander haber recibido una propuesta de Alvear para extender la República Bolívar, por tratados, hasta Buenos Aires y Chile. En el Perú, afirmaba, también querían lo mismo que Alvear. En consecuencia, de realizarse aquellas propuestas, “no habría más que dos repúblicas, Colombia y Bolivia”, aunque en el Perú había “quien quiere imperio”. Carta de Bolívar a Santander, Magdalena, 20 de marzo de 1826, en Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, tomo V, Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1929, p. 257. 
[8] Carta de Luna Pizarro a Gutiérrez de La Fuente, Lima, 15 de marzo de 1826, “Catálogo de documentos manuscritos”, en Paz Soldán, Mariano Felipe, Historia del Perú independiente. Segundo período 1822–1827, tomo II, El Havre: Imprenta de A. Lemale, 1874, p. 69.
[9] O’Leary, Daniel Florencio, Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819-1826), pp. 564–565.
[10] Távara, Santiago, Historia de los partidos, Edición y notas de Jorge Basadre y Félix Denegri Luna, Lima: Editorial Huascarán, 1951, p. 126.
[11] La reconstrucción del debate en las juntas preparatorias se ha realizado, en lo principal, con artículos publicados en periódicos de la época, dada la no existencia de las actas en el archivo del Congreso de la República del Perú.
[12] Gaceta del Gobierno, Nº 25, Lima, 25 de marzo de 1826, p. 1.
[13] “Recuerdo importante de dos documentos ministeriales del año pasado de 1826”, La Estafeta del Pueblo, N° 18, Lima, 29 de mayo de 1827, p. 198. El documento remitido a los diputados tenía el siguiente tenor: “Ministerio de Estado.- Sr. diputado Don.- Tenga V. S a bien asistir el miércoles inmediato a las cinco de la tarde al salón de sesiones de la Universidad para la Junta preparatoria que debe preceder a la apertura del congreso.- P. E. S. M. José Serra.” De los 65 diputados citados, solo asistieron 63. Uno de ellos se excusó por enfermo, mientras que Unanue indicó que no formaría parte del Congreso, pese a haber sido elegido diputado por la provincia de Arica, porque seguiría desempeñado su cargo de ministro en el Consejo de Gobierno. Por el contrario, José de Larrea y Laredo, ministro de Hacienda, ejercería la diputación por la provincia de Huaylas.
[14] “El Peruano”, El Peruano, Nº 10, Lima, 5 de julio de 1826, p. 2.
[15] Paniagua Corazao, Valentín, “El proceso constituyente y la Constitución vitalicia de 1826, p. 371.
[16] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, Mensagero Argentino, Nº 62, Buenos Aires, 13 de julio de 1826, p. 1.
[17] Cuadros, Manuel, “Remitido”, La Estafeta del Pueblo, N° 13, Lima, 24 de abril de 1827, pp. 145-146. (Cursivas en el original).
[18] “Discurso del prefecto de Arequipa, Manuel Cuadros, al asumir y juramentar el cargo”, El Restaurador, Nº 8, Arequipa, 24 de febrero de 1834, p. 3.
[19] Lorente, Sebastián, Historia del Perú desde la proclamación de la independencia, tomo I, Lima: Imprenta Calle de Camaná Nº 130, 1876, p. 334.
[20] “El Peruano”, p. 2.
[21] Paniagua Corazao, Valentín, “El proceso constituyente y la Constitución vitalicia de 1826, p. 371”; Lorente, Sebastián, Historia del Perú desde la proclamación de la independencia, pp. 334–335.
[22] “Constitucionales y serviles”, El Peruano Independiente, Nº 16, Lima, 8 de abril de 1826, p. 1, reproducido en El Republicano, Nº 25. Arequipa, 13 de mayo de 1826, p. 110.
[23] “El Peruano”, p. 2.
[24] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1; O’Leary, Daniel Florencio, Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819-1826), p. 566.
[25] González Vigil, Francisco de Paula, “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, El Patriota Chileno, Nº 17, Santiago de Chile, 1826, citado en “El Peruano”, p. 2.
[26] Paz Soldán, Mariano Felipe, Historia del Perú independiente. Segundo período 1822–1827, p. 60.
[27] Carta de Bolívar a Santander, Magdalena, 7 de abril de 1826, en Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 269. (Cursivas en el original).
[28] Laso, Benito, Esposición que hace Benito Laso diputado al Congreso por la provincia de Puno, Lima: Imprenta Republicana administrada por José María Concha, 1826, p. 2.
[29] “El Peruano”, p. 3.
[30] Ibíd.; “Copia de de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1.
[31] O’Leary, Daniel Florencio, Bolívar y la emancipación de América. Memorias del general O’Leary (1819-1826), p. 568.
[32] Carta de Luna Pizarro al Obispo Goyeneche, Lima, 31 de mayo de 1826, en Vargas Ugarte,  Rubén, Historia general del Perú. La República (1825–1833), tomo VII, Lima: Editorial Milla Batres, segunda edición, 1984, p. 291.
[33] Carta de Mariano Alejo Alvarez a Bolívar, Lima, 18 de abril de 1826, en O’Leary, Daniel Florencio, Memorias del general O’Leary publicadas por su hijo Simón B. O’Leary, tomo X, Caracas: Imprenta de la “Gaceta Oficial”, 1880, p. 501.
[34] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1. (Cursivas en el original).
[35] Cuadros, Manuel, “Remitido”, pp. 145-146.
[36] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1. (Cursivas en el original).
[37] “Recuerdo importante de dos documentos ministeriales del año pasado de 1826”, p. 200.
[38] “Copia de una carta escrita de Lima su fecha 4 de abril de 1826”, p. 1. (Cursivas en el original).
[39] “El Peruano”, p. 3.
[40] “Constitucionales y serviles”, pp. 1 y 110, respectivamente.
[41] Laso, Benito, Esposición que hace Benito Laso diputado al Congreso por la provincia de Puno, p. 3. (Cursivas en el original); “El Peruano”, p. 3; Lorente, Sebastián, Historia del Perú desde la proclamación de la independencia, p. 335; Paz Soldán, Mariano Felipe, Historia del Perú independiente. Segundo período 1822–1827, p. 61.
[42] González Vigil, Francisco de Paula, “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, citado en “El Peruano”, p. 2.
[43] Gaceta del Gobierno, Nº 28, Lima, 5 de abril de 1826, p. 1.
[44] González Vigil, Francisco de Paula, “Conducta de la Convención con el poder egecutivo, y de este con la Convención desde las juntas preparatorias”, El Constitucional, Nº 2, Lima, 6 de noviembre de 1833, p. 4.
[45] Carta de Bolívar a Pando, Magdalena, 26 de febrero de 1826, en Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 229.
[46] “Mensaje que el Libertador Bolívar debía presentar al Congreso del Perú en 1826”, en Mensajes de los presidentes del Perú, Recopilación y notas por Pedro Ugarteche y Evaristo San Cristóval, volumen I, Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1943, pp. 24–25.
[47] Notas a la reproducción del artículo “Constitucionales y serviles”, El Republicano, N° 25, Arequipa, 13 de mayo de 1826, pp. 109-111;  “Variedades”, El Republicano; N° 26, Arequipa. 20 de mayo de 1826, pp. 116-117.
[48] Carta de Bolívar a Gutiérrez de La Fuente, Magdalena, 6 de abril de 1826, en Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, p. 266.
[49] Gaceta del Gobierno, Nº 29, Lima, 8 de abril de 1826, p. 1.
[50] González Vigil, Francisco de Paula, “Relación histórica de las sesiones preparatorias del Congreso en Lima”, citado en “El Peruano”, p. 4.
[51] Gaceta del Gobierno, Nº 32, Lima, 19 de abril de 1826, p. 1.
[52] Carta de Bolívar a Santander, Magdalena, 23 de abril de 1826, en Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador corregidas conforme a los originales, pp. 276-277.
[53] O’Leary, Daniel Florencio, Historia de la independencia americana. La emancipación del Perú según la correspondencia del general Heres con el Libertador (1821–1830), Madrid: Editorial América, 1919, p. 396.
[54] Orbegoso, Luis José de, Memorias del gran mariscal don Luis José de Orbegoso, Lima: Gil, S. A., Editores, segunda edición, 1939, p. 36.
[55] O’Leary, Daniel Florencio, Historia de la independencia americana. La emancipación del Perú según la correspondencia del general Heres con el Libertador (1821–1830), p. 396.
[56] La Estafeta del Pueblo, N° 2, Lima, 13 de febrero de 1827, pp. 18-19 de un ejemplar manuscrito; así, Manuel Cuadros, en presencia de otros diputados, pese a las amenazas, contestó “que primero me dejaría cortar la mano que hacerlo”, El Telégrafo de Lima, N° 606, Lima, 30 de abril de 1829, p. 2. (Cursivas en el original).
[57] En unas advertencias los editores de La Estafeta del Pueblo señalaban que “Bajo el nombre de Persas son conocidos en el público los cincuenta y dos diputados que firmaron la asquerosa y degradante representación que se lee impresa en la Gaceta de Gobierno núm 36, tom. 9 - Se advierte para inteligencia de los lectores que lo ignoran, especialmente en las repúblicas amigas”, La Estafeta del Pueblo, N° 2, Lima, 13 de febrero de 1827, pp. 21-22. (Cursivas en el original).
[58] Gaceta del Gobierno, N° 36, Lima, 3 de mayo de 1826, pp. 2-5.
[59] Ibid., p. 5.
[60] Ibid., p. 6.
[61] Ibid.
[62] Alcance a la Estafeta Núm. 8, Lima, 1827, p. 3.
[63] “Variedades”, El Eco de la Opinión del Perú, N° 5, Lima, 19 de agosto de 1827, p. 2. (Cursivas en el original).