martes, 17 de marzo de 2015

MATEO GARCÍA PUMACAHUA




Mateo García Pumacahua


Preguntado si sabe por qué se halla preso: dijo que la causa de su prisión sabe que es por la revolución que sucitaron los Angulo en la ciudad del Cuzco quienes le hicieron creer que nuestro Soberano el Señor Don Fernando VII había fallecido en la prisión o cautividad en que lo tuvieron los franceses y que en este caso se hallaba de defender la Patria de cualquiera otra dominación: que para ese alto fin necesitaba entrase en el proyecto de sostener la Independencia levantando en la indiada la adhesión que le tiene a su persona; a cuya pretensión convino el deponente con la mayor repugnancia y dolor de su corazón, al contemplar que este execrable hecho le conducía la sensible pérdida de la paternal protección que había merecido del Rey”.

Del interrogatorio a Pumacahua, Sicuani, 17 de marzo de 1815.


1. Pumacahua y la Revolución de 1814
En el proyecto revolucionario del año 1814 la participación del cacique de Chinchero se consideraba fundamental. Los alzados en armas, tal como menciona Vidaurre, ya lo tenían en mente para presidir la junta de gobierno que pretendían instaurar en el Cuzco: “Como se ha nombrado la Diputación pa. el gobierno político territorial, que sea su Presidente el Sor. Pomacagua, pues el Pueblo no quiere al Sor. Mariscal Picoaga. Esta fue la contestación qe. verbalmte. recibí quando pasé mi oficio escusándome del gobierno”[1]. Los revolucionarios, en consecuencia, al admitir los primeros nombramientos lo hicieron con el objeto de aparentar sujeción y respeto a las decisiones de las corporaciones, aunque en puridad no eran de su agrado los elegidos. Es más, Pumacahua estuvo ausente. Recién el día seis se haría presente en las reuniones o juntas, como consta del acta de ese día. Por este motivo Angulo y los otros líderes de la insurrección se vieron forzados a realizar una ulterior elección pero esta vez premunidos ya de un acuerdo previo con sus seguidores, y en cabildo abierto, lo que no había sucedido en las primeras juntas, de ahí que resultara elegido Mateo Pumacahua como cabeza del triunvirato.

2. Los motivos de Pumacahua para “entrar” en el proyecto revolucionario
En la declaración que dio en Sicuani con motivo de la causa abierta contra su persona por delito de alta traición, Pumacahua sostuvo que los hermanos Angulo lo convencieron de tomar parte en la revolución para defender la Patria de la dominación extranjera, habida cuenta de la muerte del Rey en su prisión o cautividad francesa. Añadió que convino en ella “con la mayor repugnancia y dolor de su corazón, al contemplar que este execrable hecho le conducía la sensible pérdida de la paternal protección que había merecido del Rey”[2]. Estas últimas palabras son muy importantes pues nos dejan entrever que Pumacahua no cambió en la postrera etapa de su vida el fidelismo y lealtad al rey. Él luchaba por la independencia de la “Patria”, pero no en el sentido de los revolucionarios, sino en el de “Patria hispana”.

En la respuesta siguiente al interrogatorio a que fue sometido antes de su ejecución, Pumacahua da cuenta de un hecho relevante: el que los revolucionarios “jamás le hacían intervenir en disposición alguna, respecto de que los primeros [los hermanos Angulo] habían tomado el escudo de su representación y ascendencia sobre los indios, únicamente para dar apoyo a sus perversos hechos”. Así, convencido ya Pumacahua de que la revolución a la que prestaba apoyo no era en defensa de la “Patria hispana”, sino de una insurrección contra la real corona, reclamaba continuamente a los susodichos hermanos Angulo por haberlo “perdido” y envuelto en ese atroz delito mediante “capsiosos modos”[3]. De ahí en adelante no le quedaría más que proseguir en la senda revolucionaria y ello porque Pumacahua abrigaba una finalidad distinta a la de los “patriotas”.

3. ¿La recuperación de la “República de Indios”? o la opción por el separatismo
Los revolucionarios bajo el pretexto de la defensa de la Constitución hollada por el despotismo justificaron en un primer momento su accionar. Esa justificación solo era aparente, pues como se los enrostraría Vidaurre, los hechos y acciones subsecuentes eran lo más opuesto a las disposiciones constitucionales. Por el contrario, Pumacahua nunca manifestó ese pretendido constitucionalismo. Si nos atenemos a los decretos de las Cortes anteriores a la Constitución y a la Constitución propiamente dicha, veremos que estos poco a poco socavaban el influjo y poder de los caciques. Así, como lo sugiere Sala i Vila, la decisión de Pumacahua por levantarse en armas o proseguir en la senda revolucionaria tal vez no fue con el objeto de la independencia de España, sino más bien en defensa de una sociedad “al margen de la española, la República de Indios, dividida o estructurada estamentalmente y en cuyo vértice estarían ellos legitimada su autoridad sobre el Común por la Corona, ante quienes debían ser responsables  del pago del tributo entendido como pacto de vasallaje”. Así, los caciques participaron en la revolución para “recuperar el poder en las comunidades, socavado por la pérdida de la recaudación fiscal y ante el avance de las masas campesinas indígenas y de los alcaldes”[4]. Entendió, por tanto, Pumacahua, que había llegado el momento y, en el fragor revolucionario contra las armas reales, “llamó a los pueblos para que le siguiesen”[5]. Sostienen la tesis separatista, vinculada al proyecto de los hermanos Angulo, Peralta y Pinto. Ambos inciden en el hecho de que la conducta de Pumacahua a través de los años siempre fue “fidelista”, empero sostienen que en aquella época crítica de la monarquía, el cacique de Chinchero, creyendo que el rey de España había muerto, optó por la puesta de los hermanos Angulo, dado que él, como otros nobles indígenas, “se consideraba súbdito del rey no del pueblo español”[6].

4. Sentencia y ejecución
Interrogado Pumacahua si había leído las leyes penales y si tenía conocimiento de la pena que se señalaba a los que se rebelaban contra el rey, dijo ”que no ha leído las leyes penales, pero que sabe que al que se rebela contra el Rey se le castiga con pena de muerte”. En efecto, esa sería la pena con la que se le sentenciaría. Manuel Ponferrada, juez fiscal de la causa, el 17 de marzo solicitó que se le aplique el castigo que imponían las leyes “a los traidores de su clase”, tanto más “porque la incomparable ascendencia que este reo tiene en los indios, exige que su sentencia se ejecute sin la menor dilación, a fin de desaparecer un objeto a quien ellos aman decididamente y es el más contrario al sistema de pacificación de estas revolucionadas Provincias, concluyo por el Rey a que sea condenado a sufrir la pena de ser ahorcado, cortada su cabeza que deberá conducirse a la capital del Cuzco para que se exponga en una pica a la vista del público y que su cuerpo se queme hasta reducirse a ceniza”[7].    

La junta militar, convocada ese mismo día para emitir la sentencia, condenó “a que el indicado Brigadier Mateo Pumaccahua sea ahorcado; que verificada esta operación sea cortada su cabeza para conducirla a la capital del Cuzco, y ponerla en la plaza mayor a la expectación común para que con su vista ejemplarize a sus semejantes; que uno de sus brazos sea remitido a la ciudad de Arequipa, para que de igual modo se grave en la plaza mayor, y el otro quede en este pueblo en la propia forma que el resto de su cuerpo sea reducido a cenizas en un proporcionado incendio”[8].





[1] Proclama de la noche del 3 de agosto de 1814, Archivo General de Indias, Audiencia de Lima 749, f. 470v.
[2] Proceso de Pumacahua, Colección Documental de la Independencia del Perú, III, 1971, p. 310.
[3] Ibid., pp. 310-311.
[4] Nuria Sala i Vila, “La participación indígena en la rebelión de Angulo y Pumacahua, 1814-1816”, Pilar García Jordán y Miguel Izard (coordinadores). Conquista y resistencia en la historia de América, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1991, p. 281.
[5] Proceso de Pumacahua, p. 313.
[6] Luz Eladia Peralta Apaza y Miguel Ángel Pinto Huaracha, Mateo Pumacahua. En torno a la personalidad del cacique de Chinchero. Lima: Seminario de Historia Rural Andina, UNMSM, 2003, pp. 95-96.
[7] Ibid., pp. 313-314.
[8] Ibid., p. 315.

miércoles, 4 de febrero de 2015

AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES, DIPUTACIONES PROVINCIALES Y CORTES: RÉGIMEN ELECTORAL DE LAS PRIMERAS ELECCIONES "POPULARES" EN EL PERÚ, 1812-1814


Modelo de Boleto Electoral (Primer documento electoral utilizado en el Perú)

Ayuntamientos constitucionales, Diputaciones provinciales y Cortes: régimen electoral de las primeras elecciones “populares” en el Perú, 1812-1814


A Gisella Vanessa Rodríguez Chávez


Resumen
La Constitución política de la monarquía española estableció la elección “popular”, como sostiene Lorente, de tres instancias de origen representativo, carácter colegiado y determinación comunitaria, en cuyas manos se depositó el ejercicio –escalonado- de la soberanía. Estas instancias eran los Ayuntamientos constitucionales (en el ámbito local), las Diputaciones provinciales (en el ámbito provincial) y las Cortes (en el ámbito nacional). De esta forma se completaba e integraba la soberanía, dado que ni las Cortes ni el rey, juntos ni separados, como afirma Clavero, se identificaban con la Nación. Ahora bien, dichas instancias se conformaban por medio de elecciones “populares” indirectas, esto es, se establecieron grados de sufragio para conformarlas. Mientras que la elección de los Ayuntamientos constitucionales se realizaba en dos grados, la elección de diputados a Cortes y Diputaciones provinciales se efectuaba en cuatro grados. La presente ponencia, por tanto, pretende dar a conocer los elementos y la práctica que caracterizaron el régimen electoral según la Constitución de 1812 en el “reino” del Perú.

1. Introducción
Como acertadamente afirma Clavero, la representación de la ciudadanía según la Constitución de Cádiz se construye “como una gran pirámide”, teniendo una “dilatada base”, la parroquial, sobre la cual se constituyen los ayuntamientos constitucionales, “el cuerpo intermedio de las Diputaciones provinciales y la cúspide del parlamento o congreso llamado cortes” (Clavero, 2010: 435-436). Dicho aserto es complementado por Lorente, al manifestar que el constitucionalismo gaditano diseñó una “originalísima –y finalmente frustrada- pirámide de instancias de carácter representativo, carácter colegiado y determinación comunitaria, en cuyas manos se depositó el ejercicio –escalonado- de la soberanía” (Lorente, 2010:338). Así, a pesar de las declaraciones de diputados como Arguelles y el conde de Toreno de que solo las Cortes tenían carácter representativo, mientras que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales tenían un mero carácter administrativo, en América la interpretación fue distinta. Y no podía ser de otro modo. Dado que por elecciones se constituían las diversas instancias de gobierno previstas en la Constitución, los ayuntamientos constitucionales, en el caso del “reino” del Perú, se erigieron como el ente representativo por excelencia de los pueblos. Y no se trataba de mera declaración retórica, sino de una concreta realidad por la identificación existente entre el cabildo, su territorio y/o jurisdicción y el pueblo que lo constituía. Tenían consigo, pues, toda la carga del pasado pero a la vez incorporaban la impronta del nuevo ideario. Como entes que gestionaban y representaban los intereses de los sectores criollos necesariamente confrontarían con las autoridades políticas por el control del espacio público. Por tanto, serán los principales interesados por la plantificación de la Constitución. De ahí la defensa, interesada o no, de la Carta.

Cosa muy distinta sucedería con las Diputaciones provinciales (Lima y Cuzco), que no tuvieron mayor vinculación con el pueblo y no manifestaron, a los ojos de este, tal vez un carácter representativo, por estar muy vinculadas y/o subordinadas a los jefes políticos (en el caso de la Diputación provincial de Lima, al virrey Abascal), a pesar de ser según el diseño constitucional gaditano órganos de “autogobierno territorial”, que participaban en la “articulación nacional de España o, mejor efectivamente, de las Españas[1] (Clavero, 2007: 493).

Ahora bien, es importante recalcar el nexo invocado por los miembros de los ayuntamientos constitucionales conformados en el período: pueblo – ayuntamientos constitucionales – diputados – Cortes. De ahí el porqué del interés de los cabildos en las elecciones populares (principalmente en las elecciones de ayuntamientos y de diputados a Cortes). Querían ver su voz representada en las Cortes con el objeto de hacer llegar a las mismas sus demandas. Sin embargo, en la mayoría de casos, fueron frustradas sus intenciones. Fue lo que sucedió en la elección de los diputados por la provincia de Lima a las primeras Cortes ordinarias. Aunque la facción constitucional al contar con apoyo popular obtuvo resultados favorables en las elecciones de los primeros grados, logrando triunfar en las elecciones de los ayuntamientos constitucionales (dos grados), el filtro previsto por la Constitución para la elección de diputados a Cortes (cuatro grados), permitió al virrey evitar que personajes desafectos a su gobierno pudieran ser elegidos como representantes de la provincia de Lima.

En efecto, de acuerdo con la Carta la elección de los diputados se celebraban en juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia (art. 84). En las juntas electorales de parroquia los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio parroquial elegían compromisarios. Estos compromisarios, a su turno, elegían a los electores parroquiales (arts. 35 a 58). Los electores parroquiales, congregados en la ciudad cabeza de partido, conformaban la junta electoral de partido, donde se elegía al elector o electores del partido (arts. 59 a 77). Por último, los electores de partido, reunidos en la ciudad capital de la provincia, conformando la junta electoral de provincia, se encargaban de elegir a los diputados a Cortes y diputados provinciales (arts. 78 a 103). Los legisladores, en consecuencia, mediante la elección indirecta y los diversos grados del sufragio pretendieron fomentar la participación del mayor número en los primeros grados, mientras que en los grados más elevados procuraban la elección o selección de los menos, los notables, es decir, trataron de conciliar el número y la razón (Guenifey, 2001:61). Como lo precisaron los editores del Argos Constitucional de Lima: “La Constitución sabiamente previene los resultados que puedan acontecer en las elecciones por el acatamiento del pueblo. Debilita este por grados en la serie sucesiva de otras elecciones que establece y en que refunde los votos reducidos a un número menor. Así rectifica la voluntad nacional, y da tiempo a la reflexión y al juicio. ¿Qué legislación antigua o moderna ha procedido hasta ahora con más tino?” (Argos Constitucional de Lima, 1813:22). En consecuencia, “el sistema electoral en sus diversos grados está diseñado de modo que, tanto para la representación provincial como para la central, prima la cooptación elitista por supremacismo cultural” (Clavero, 2010: 436).

Por otro lado, si bien la Constitución diseñaba un ejercicio escalonado de la soberanía, lo que podía conllevar a eliminar las jerarquías territoriales existentes, provocando una fragmentación del poder, para felicidad del Perú dicho fenómeno no tuvo mayores consecuencias en el virreinato. Y ello por la sencilla razón de que los nuevos e innumerables ayuntamientos creados reconocieron en los ayuntamientos cabezas de partido o provincia su centro. Para confirmarlo basta una revisión de los libros de actas de los cabildos. Es ilustrativo en este punto un oficio dirigido por el ayuntamiento constitucional de Puno al ayuntamiento constitucional de Lima. En el documento los capitulares puneños, dando a conocer la noticia de su instalación, manifestaban estar persuadidos de que siendo el cabildo limeño “el primer Ayuntamiento del Virreynato, por serlo de su Capl.”, merecía también “las primeras atenciones por su rango, ilustración y poderoso influjo”. Empero, esto no quería decir que el ayuntamiento puneño, en su jurisdicción, no haya procurado actuar con autonomía, que es cosa distinta a una separación absoluta de su centro. No obstante, queda claro que la aplicación de la normativa constitucional gaditana implicó debilitar aún más la autoridad política de los funcionarios del gobierno central. Una autoridad estatal debilitada, por tanto, será uno de los problemas fundamentales que se afrontará en la iniciación republicana.

La trascendencia de las elecciones constitucionales fue reconocida en la temprana república. En efecto, el gobierno representativo permitió a los autonomistas americanos organizarse “para ganar las elecciones de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y las Cortes”. De esta manera debilitaron el poder de las autoridades reales (Rodríguez, 2005: 177 y 181). Francisco Javier Mariátegui, al tratar sobre las causas que habían retrasado la revolución del Perú, uno de los temas planteados para debatirse en la Sociedad Patriótica, aunque confundiendo la voz independencia con autonomía, mencionaba entre los hechos que comprobaban dicha voluntad “las elecciones hechas para regidores y diputados a Cortes” (Odriozola, 1874:438).

2. La ciudadanía
La ciudadanía gaditana fue determinada o “materializada” por los pueblos, por “sus ayuntamientos, que son quienes registran y reconocen a los vecinos con derecho de ciudadanía por virtud de vecindad (…), pero el criterio para la identificación está bien determinado por la propia Constitución de la Monarquía” (Clavero, 2011:48). En efecto, ciudadanos solo eran aquellos hombres libres y avecindados que traían su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios. Sin embargo, como bien lo hace notar Portillo, en la determinación de la ciudadanía entraba a tallar la religión, “pues, como es bien sabido, la vecindad únicamente podía entenderse en su dimensión parroquial. El vecino de la constitución gaditana es el feligrés, el hijo de la Iglesia, que cumple con los ritos y ritmos de la vida religiosa en un ámbito local a la vista y conocimiento de la comunidad” (Portillo, 2007:23). En definitiva, por ciudadanos, “debía entenderse varón, católico, de cultura europea, en definitiva «padre de familia»” (Lorente, 2006:540). Esa determinación comunitaria hizo posible que en el caso de las convocatorias a elecciones en el “reino” del Perú no se precisara la edad de los ciudadanos aptos para elegir, como sucedió en los casos de los reinos de Manila y Guatemala, donde esta edad se fijó en los 25 años (la mayoría de edad).

Sin embargo, esa “amplia” libertad de las juntas electorales de parroquia, a los ojos del virrey y de las autoridades de provincias y partidos, significaría un grave problema, pues la experiencia de las primeras elecciones populares para elegir a los ayuntamientos constitucionales y diputados a Cortes les mostró, en los casos de las grandes ciudades como Lima, Cuzco, Arequipa y Puno, que la preeminencia de una determinada facción podía hacer que controlara y manejara la junta parroquial a su antojo, por lo que la determinación de los ciudadanos estaría bajo el control de esa facción.

Empero, antes de entrar en detalle sobre la medida que tuvo que adoptar el virrey para limitar el poderío de las juntas electorales de parroquia, es pertinente recordar la manera en que la junta preparatoria de elecciones procedió a determinar qué se entendía por ciudadano según las disposiciones de la Constitución de Cádiz, lo que daría lugar al bando de convocatoria a elecciones para elegir los diputados a Cortes por la provincia de Lima, publicado el 26 de diciembre de 1812, precisando esta vez, con claridad, quienes eran los ciudadanos con “voto activo” en las juntas, lo que no había sucedido en la elección del ayuntamiento constitucional. Tenían voz activa “todos los vecinos en quienes concurran las calidades que exige la Constitución nacional y los Eclesiásticos Seculares; excluyéndose a los religiosos y a los militares de tropa viva que se hallan en actual servicio por no tener domicilio, ni vecindario fixo; y del propio modo a los pupilos, y menores, a no ser que estos se dirijan por sí administrando sus bienes, por requerirse maduro juicio para el acierto en asunto que tanto interesa al público, a que deben asistir los ciudadanos que puedan dicernir la gravedad del negocio” (Alvarez, 2013).  

Cómo se llegó a dicha determinación, pues de la siguiente manera. Con motivo de la primera elección popular (elección del ayuntamiento constitucional de Lima), preocupaba al virrey la movilización popular en las juntas electorales de parroquia y, del mismo modo, el sufragio de quienes no reunían las condiciones para ejercerlo. Con ese motivo, el 22 de diciembre de 1812, se reunió la junta preparatoria de elecciones. Sus miembros deliberaron sobre el significado legal de las voces “avecindado” y “vecino”, claves en su opinión para precisar quiénes eran los ciudadanos con ejercicio del voto. Iniciada la sesión tomo la palabra el arzobispo de Lima realizando una “facunda” explicación del significado de las palabras “avecindado” y “vecino” según la acepción que tenían en España. A continuación, cada uno de los presentes dio su opinión y, por último, se leyó el diccionario de la academia española “como el más seguro depósito de la propiedad de nuestra lengua”. Transcurridas más de dos horas la reunión fue suspendida debido a la gravedad de la materia y “para más discernirla y mejor resolverla”. Al día siguiente, congregados los vocales de la junta, se leyó un tomo de la obra de cierto publicista español que había traído el marqués de Zelada y que trataba “el punto con la última precisión y claridad”. Con todo lo expuesto “se determinó por uniforme dictamen de la Junta el verdadero sentido de las palabras referidas, elaborándose el acta de 23 de diciembre de 1812.

Según refiere Arrese, miembro de la junta, ésta realizó un estudio a conciencia de la Constitución sobre la materia, “siguiendo paso a paso” todos los artículos pertinentes para comprender “bien su letra y espíritu”. Del mismo modo cotejó el diccionario de la academia española que definía la vecindad como “la razón de vecino en un pueblo, por la habitación, o domicilio en el tiempo determinado por la ley”, mientras que se entendía por vecino al “que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye en él en las cargas o repartimientos, aunque actualmente no viva en él; y también el que ha ganado domicilio en un pueblo, por haber havitado en el tiempo determinado por la ley”. Por tanto, los vocales de la junta entendieron que el concepto de vecindad era el requisito fundamental para la determinación del ciudadano con ejercicio del voto, esto es, el ciudadano avecindado, aquel arraigado, recibido y admitido en el lugar con casa, familia y residencia de cinco años. En consecuencia, concluían, que “la naturaleza hace al Ciudadano y también al vecino: mas como aquel suele trasladarse del lugar de su nacimiento a otro, permanecerá ciudadano en este sin ser su vecino. Bien que podrá ganar en él la vecindad por los medios indicados en las leyes, que son el arraygo, o el tiempo señalado de su residencia” (Alvarez, 2014).     

3. El censo de población y la formación de los padrones de ciudadanos con ejercicio del voto
Las elecciones en las juntas electorales de parroquia para elegir a los diputados a Cortes por la provincia de Lima, como aconteció con la elección del ayuntamiento constitucional, se desarrollaron en un clima de agitación y movilización popular. Sin embargo, en esta oportunidad la actividad y audacia de la “plebe” fue mayor. En efecto, el grupo constitucional limeño realizó una febril actividad electoral. La razón era obvia. El virrey conociendo los sucesos de la primera elección popular limeña se había cuidado de tomar ciertas providencias para evitar que sucediera lo mismo en las presentes elecciones. Sin embargo, la agrupación constitucional logró burlarlas. Así, hicieron reuniones y conciliábulos nocturnos preparatorios de las elecciones, distribuyeron diversas comunicaciones a otros prosélitos en relación a las acciones a ejecutar durante la campaña, hicieron visitas a los diversos gremios de la ciudad procurando adherir a sus representantes y miembros a favor de sus candidatos, elaboraron y distribuyeron listas de electores y, por fin, movilizaron a la “plebe” hacia las parroquias con el objeto de intentar integrar las mesas con adherentes suyos, intimidar a los adversarios y ejercer presión sobre quienes presidían las mesas de votación.

El modo como se desarrollaban las elecciones preocupó al virrey. Era evidente que en varias de las parroquias no se aplicaba la resolución de la junta preparatoria de elecciones en relación a los ciudadanos que tenían ejercicio del voto, en parte ocasionado por la “falta de un Censo exacto o aproximado a la exactitud” (Arrese, 1813:18). Esa fue una de las razones, entre otras, por las cuales Abascal convocó, al día siguiente, 29 de diciembre, a los integrantes de la junta preparatoria de elecciones para decidir sobre la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento en las juntas electorales de parroquia[2]. Sin embargo, reflexionando más detenidamente sobre el asunto decidió suspender la reunión. Ese mismo día, no habiendo recibido comunicación alguna sobre la suspensión de la convocatoria, acudieron al palacio de gobierno Francisco de Arrese y el conde de San Isidro, síndico procurador y regidor del ayuntamiento constitucional, respectivamente. A ellos manifestó Abascal haber meditado que la junta preparatoria “debía declarar la nulidad de quanto se principió a obrar contra el tenor de su resolución, para que se reformasen las elecciones comenzándolas de nuevo”. Mas, para evitar que la declaración de nulidad pudiera “disgustar el ánimo de los que se persuadiesen a que ella (la junta) o el Gobierno estaban poseídos de diverso interés que el bien de la Patria”, resolvió “disimular los defectos” en las elecciones, “antes que verse obligado a expedir providencias duras, remitiendo el restablecimiento del orden prescrito a tiempo más oportuno, qual sería el inmediato a las primeras que ocurriesen” (Arrese, 1813:19-20).

El tiempo oportuno serían las elecciones para la renovación del ayuntamiento constitucional limeño, a fines de diciembre de 1813. Esperaba el virrey que con la realización de un censo de población y la formación de padrones con más exactitud, los “desórdenes” de las juntas electorales de parroquia se evitarían. No sucedería así, sino que más bien algunas disposiciones aparejadas al censo fueron cuestionadas por el ayuntamiento constitucional limeño y, lo peor, en otras provincias o partidos, el censo, si es que se realizó, no lo fue con la exactitud deseada, salvo notables excepciones. 

El 13 de agosto de 1813 Abascal dirigió un oficio al arzobispo de Lima ordenando la formación de un censo general de población exactamente clasificado, a fin de que las sucesivas elecciones de oficios del ayuntamiento y diputados de cortes, “se verifiquen sin el desorden y abuso que se han notado en las anteriores”. Los curas de cada diócesis, con la intervención del subdelegado, alcalde o regidor de cada pueblo, y los de las parroquias de la capital con la participación de un regidor del ayuntamiento, así como de los alcaldes de barrio en sus respectivas pertenencias, debían ejecutar a la más posible brevedad otro nuevo censo en que se expresaran los nombres de los habitantes, edades, estados, empleos, oficios o modo de vivir conocido, distinguiendo en casillas separadas las clases de ciudadanos, ciudadanas, españoles, españolas, religiosos, religiosas, esclavos y esclavas, incluidos los que se hallen en los hospitales y excluyéndose solamente a la tropa veterana e individuos de la marina que gocen de sueldo, “bien entendido que los que se caractericen de Ciudadanos han de ser los Eclesiásticos Seculares, y los que tengan indispensablemente las circunstancias de originarios por ambas líneas de los Dominios Españoles de ambos hemisferios, y estén avecindados, es decir, arraygados, recibidos y admitidos en el lugar con casa y familia, y residencia de cinco años: igualmente los extrangeros que hayan obtenido de las Cortes Carta especial de Ciudadanos, y los hijos legítimos de Estrangeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en sus Dominios no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte y un años cumplidos se hayan avecindado, exerciendo alguna profesión, oficio o industria útil”. Una vez concluido el censo un extracto del mismo debería ser remitido al virrey a efectos de formarse el padrón general del virreinato. Del mismo modo, a principios del mes de diciembre, los curas debían fijar en la puerta de sus respectivas parroquias la “lista de los Ciudadanos avecindados en ella que tengan voto en las elecciones”, con el objeto de que el ciudadano agraviado “por no habérsele incluido en dicha lista” lo hiciere presente. De ser justo el reclamo, los encargados de la formación del censo incluirían al agraviado en el padrón, haciéndose la anotación correspondiente. Asimismo, a los curas de las parroquias se les otorgaba la facultad de otorgar un “boleto” a los ciudadanos en ejercicio del voto, sin el cual estarían privados de sufragar. Por último, una lista igual a la fijada en las puertas de las parroquias sería elevada a las juntas electorales “para que en su vista se resuelva qualquiera duda que pudiera ofrecerse” ([Oficio del virrey…], 1813: 1-3; Gaceta del Gobierno de Lima, 1813: 546-548).

El 17 de agosto, en sesión del ayuntamiento, se corrió traslado a los síndicos procuradores del oficio del virrey acompañando ejemplares del que dirigió al arzobispo, relativo al censo de población que había de formarse para la elección de los oficios capitulares y de diputados a Cortes, sin el desorden anterior, para lo cual debía nombrarse a los regidores que participarían en dicha tarea. La tramitación de este expediente provocaría un conflicto al interior del ayuntamiento al emitir Francisco de Arrese un dictamen que se conformaba con la opinión del virrey sobre este asunto, disintiendo de lo opinado por José Gerónimo Vivar, dictamen este último que expresaba el sentir de la mayoría de los miembros del cabildo. Es más, en su respuesta Arrese manifestó que en las pasadas elecciones se habían experimentado “disensiones que fueron notorias”, expresiones que no fueron del agrado de los capitulares.

El 1 de septiembre el síndico Vivar emitió su respuesta. Según Vivar, eran oportunas y necesarias todas las medidas destinadas al “mejor orden y arreglo” de las elecciones. Mas, habiendo la Constitución reestablecido a los pueblos “el uso, goce y posesión de sus legítimos e imprescriptibles derechos”, y ser la declaración de los mismos “una atribución peculiar del cuerpo soberano”, debía serlo y lo era también “la de las condiciones y requisitos necesarios para disfrutarlos”. En consecuencia, no se podía añadir ni quitar “un ápice a los artículos constitucionales”, por lo que el ayuntamiento debería representar sobre la materia a la superioridad. En efecto, añadía, la Constitución para calificar a los ciudadanos solo requería “que su origen por ambas líneas sea de los dominios españoles  de ambos hemisferios, y estar avecindados en qualesquiera pueblo de los mismos dominios, de conformidad al artículo 18. Por tanto, las exigencias de ser “arraigados, recibidos y admitidos en el lugar con casa y familia, y residencia de cinco años”, importaban adiciones contrarias al tenor del artículo 375. Así, la residencia por cinco años establecida por el artículo 317 solo para los que “hayan de obtener los empleos de ayuntamiento”, lo era con la expresión “a lo menos”, entendiéndose que ese tiempo no era esencial “para que un ciudadano se diga y sea vecino y residente”. Por último, consideraba que “hacer dependiente del voleto de los curas el voto de los ciudadanos, de forma que sin él no sea admitido”, a la vez que no estaba prescrito por la Constitución, presentaba dos graves inconvenientes: el hacer a los párrocos árbitros de los derechos más sagrados y prevenir el juicio de la junta electoral, a la que en todas las circunstancias correspondía decidir quiénes debían votar, con boleto o sin él (Expediente promovido…, 1813: 2-4). Del dictamen de Vivar se advierte que el virrey pretendía evitar que las juntas electorales de parroquia se constituyeran en los entes supremos de la calificación de quienes ejercerían el voto. Juntas que en las pasadas elecciones habían sido controladas por los constitucionales o patriotas (Alvarez, 2014).

Con fecha 9 de septiembre expidió su dictamen el síndico Arrese. Su opinión estaba destinada a refutar el dictamen de su colega Vivar. Según Arrese el asunto del censo interesaba al buen orden y tranquilidad de las elecciones populares. El defecto de no haberse podido implementar en las pasadas elecciones provocó que se “experimentaran las disensiones que fueron notorias”, cuya prevención era objeto que correspondía al gobierno. En tal virtud, el representar a las Cortes entorpecería “el único medio de extinguir los abusos que se notaron”, debiendo rechazarse dicha proposición porque su objeto competía privativamente a la junta preparatoria de elecciones. Esta resolvió en su oportunidad la verdadera significación de las palabras ciudadano, vecino y avecindado. Señalaba, además, que aunque en la Constitución se “omitió designar el modo que había de observarse en la formación del censo” dejaba entender que las providencias sobre la materia correspondían a los gobernadores, no dudado que las dictadas por el virrey en el oficio dirigido al arzobispo eran las más oportunas, si se las meditaba con atención. Tal el caso de la participación de la autoridad eclesiástica y la secular. “Nunca por eso se podrá decir –afirmaba- que la calificación del voto del individuo dependa exclusivamente de lo que haga el párroco en el boleto que ha de suscribir, puesto que esta precaución todo se encamina a facilitar la votación sin agravio de los que deban tener sufragio en ella”. El mismo fin tenía la publicación de la lista de ciudadanos en la puerta de cada parroquia, considerado como “un medio de conservar los derechos individuales”, porque no solo podía reclamar en su oportunidad el ciudadano omitido de la lista, sino que también permitiría la exclusión del que hubiere sido colocado en ella sin serlo. Todo esto, empero, no implicaba restringir las facultades de las juntas electorales. Así, Arrese sostenía que “como no basta para sufragar la calidad sola de ciudadano, siempre queda expedito el juicio de la junta electoral para determinar, si en cada uno de los que se presenten, concurran o no las demás calidades que las necesarias, según el tenor de nuestra constitución”. Por tanto, recomendaba se proceda al nombramiento de los regidores que participarían en el censo y que si hubiere algo que representar, a pesar de lo expuesto, el cabildo “lo haga sin perjuicio del nombramiento para que en ningún caso se le pueda atribuir entorpecimiento ni dilación en la formación del censo” (Arrese, 1813:62-64).

Al día siguiente, en el cabildo, se vio el expediente seguido sobre el censo y las medidas necesarias para evitar desórdenes en las próximas elecciones populares. Sin embargo, ciertas expresiones contenidas en el dictamen del síndico Arrese causaron malestar en la mayor parte de los capitulares. No obstante, continuando con la tramitación del expediente se proveyó el auto siguiente: “pásese al Excmo. Señor Virey la consulta acordada, en la que se extractará la respuesta del Señor Síndico Dr. D. Gerónimo Vivar, sin omitir fundamento alguno de los que en ella se contienen: y advirtiendo que en la respuesta del Señor Procurador Síndico Dr. D. Francisco Arrese se notan cláusulas por las que puede deducirse que hubo disensiones en las pasadas elecciones populares que transcediesen y comprometiesen al pueblo mismo, cuya tranquilidad y sosiego son tan notorios; y  no siendo de creer se haya producido en este sentido sino concibiendo sencillamente qualquiera pequeño desorden de particulares, que no induce el menor argumento en la masa popular, conforme a lo que tiene firmado en la representación hecha a la Regencia del Reyno sobre la tranquilidad en las elecciones, e instalación de este Ayuntamiento constitucional, a lo que es notorio” (Expediente promovido…, 1813: 4-5). La representación o consulta del ayuntamiento constitucional reproduce prácticamente el dictamen  de Vivar (Expediente promovido…, 1813: 5-7). Sin embargo, es muy importante porque haciendo suya la respuesta del síndico, controvertía lo dispuesto por el virrey, permitiéndonos entender la diversa interpretación que se hacía de la Constitución.

El 15 de septiembre la superioridad dio respuesta a la consulta del ayuntamiento. Recordaba el virrey al cabildo que ese cuerpo debía saber, por los miembros que asistieron a las sesiones de la junta preparatoria de elecciones (única facultada para resolver sobre las dudas que ocurrieren sobre las elecciones), que en la junta “quedó resuelta la verdadera significación de las palabras ciudadano, vecino y avecindado”, por lo que dicha resolución debería ejecutarse sin recurso, conforme al artículo 9 de la instrucción que regulaba la materia. Era muy “notable”, por tanto, que el cabildo opusiera las dudas contenidas en su oficio de consulta. Enseguida, procedió a absolver cada una de las “dudas” del cabildo. En referencia a las supuestas adiciones a las palabras ciudadano, vecino y avecindado, afirmó que ello no significaba añadir, quitar o variar un punto los artículos constitucionales, sino fijar el verdadero significado de dichas palabras con el objeto de evitar toda duda, pues “nunca ha significado interpretación de la ley la inteligencia de sus voces, como necesaria para entender su espíritu y letra”, por lo que en nada se transgredía el artículo 18 constitucional y no el 28 como se leía en la representación del cabildo. Ciudadanos según la Constitución, decía el virrey, eran “los hombres buenos que habitan un pueblo como vecino, y que en él tienen casa y hogar: en estos libra su confianza para el acierto, como interesados en el buen orden, reposo y tranquilidad de su patria: solo ellos pueden estar animados del verdadero deseo de tener a su frente íntegros jueces, y zelosos padres que miren por su subsistencia y bien estar: no reside esta virtud en el forastero o transeúnte, o en el que no tiene nada que perder: este por el contrario se complace en el mismo desorden, intimida y ultraja al verdadero ciudadano: lo retrae del uso de sus derechos, haciéndole preferir el silencio de su casa a la tumultuaría vocería que lo confunde”. Los derechos de estos ciudadanos eran los que  debían conservarse y ampararse. Tratando con “verdaderos ciudadanos amantes de su patria”, los miembros del ayuntamiento, como presidentes de las juntas electorales de parroquia, podrían evitar aflicciones, disgustos y peligros en las elecciones: “la operación será más sencilla, y se excusará la dilación: desaparecerán las parcialidades, y el silencio presidirá un acto augusto y magestuoso”, contrario a lo que había ocurrido en las precedentes elecciones. Aseveraba, además, que no era hacer depender el voto del ciudadano del “voleto del cura”. Este solo era “un signo exterior que la potestad económica establece para el buen orden: solo significa que está habilitado para entrar en el lugar de la elección, sin perjuicio de las facultades que las juntas electorales de parroquia deban exercer en toda su extensión y plenitud”. Quedaban salvas, por tanto, las prerrogativas de las juntas y los derechos de todo aquel que se considerase perjudicado por no habérsele entregado el boleto. Concluía el virrey ordenando al ayuntamiento proceder al nombramiento inmediato de los regidores que debían concurrir a la formación del censo de la capital con el objeto de “fixar el verdadero orden en materia tan delicada y transcencental, protegiendo al verdadero ciudadano en el uso de sus legítimos derechos” (Expediente promovido…, 1813: 4-7). Dos días después, el 17, el cabildo designó a los regidores que participarían en la formación del censo. Inmediatamente fue remitido un oficio a Abascal comunicándole haberse dado “cumplimiento al oficio sobre la materia” (Expediente promovido…, 1813: 7-8).

En toda esta discusión sobre el censo de población estaban en juego dos visiones sobre el modo de cómo debían desarrollarse las elecciones en el nivel de las juntas electorales de parroquia. La primera, correspondiente a las autoridades políticas, sobre cómo limitar y controlar la amplia libertad comunitaria de las juntas en las elecciones, y la segunda, correspondiente a los ayuntamientos constitucionales, sobre cómo garantizar la libertad de las juntas evitando toda injerencia del gobierno sobre la actuación de la comunidad, del pueblo, en las mismas. 

4. Las juntas electorales y la práctica electoral
En virtud de la Constitución la gran mayoría de la población americana participaría en el experimento representativo. Sin embargo, como se trataba del paso de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, los cambios introducidos no afectaron los contextos tradicionales, permitiendo que los elementos nuevos pervivieran con los antiguos. Así, en el ámbito del voto, se dejaba a las comunidades locales grandes márgenes de discrecionalidad, principalmente en “el control del acceso a la ciudadanía”, a cargo de las juntas parroquiales al tiempo de las elecciones (Chiaramonti, 2012: 322). 

La impronta de lo viejo con lo nuevo, empero, se hizo menos evidente en las elecciones de ciudades como Lima, Cuzco, Arequipa, Puno, por citar ejemplos de casos en los que se cuenta con documentación sobre sus elecciones. En aquellas se notaron las nuevas prácticas y se reflejó el nuevo lenguaje político. Se caracterizaron, también, por ser muy competitivas, aunque la mayor actividad de los criollos (identificados como “constitucionales” o “patriotas”) hizo que prevalecieran sus candidatos en las juntas parroquiales. Los “constitucionales” o “patriotas” movilizarían a la plebe hacia las juntas electorales de parroquia con el objeto de imponerse en ellas. Esta plebe era variopinta: abogados, clérigos, comerciantes, colegiales, artesanos, así como los miembros de los diversos oficios (sastres, barberos, oloreros, panaderos, zapateros, etc.). Estos, a su vez, correspondían a las abolidas dos repúblicas: españoles e indios.

Ejemplos del poder de la multitud encontramos en las elecciones del nivel parroquial desarrolladas en tres grandes ciudades, Lima, Arequipa y Cuzco. El primer caso, sucedido en el colegio de San Fernando, lugar de reunión de la junta electoral de la parroquia de Santa Ana, con motivo de la elección de los diputados a Cortes por la provincia de Lima. El 28 de diciembre de 1812, la multitud que se congregó después de elegida la mesa electoral, conformada por Hipólito Unanue, José Morales Ugalde y Juan de Pimentel como escrutadores y secretario, respectivamente, protestaron por el nombramiento de Unanue, manifestando que “no era de la confianza, y aprobación de la pluralidad de los concurrentes”. Unanue, hombre cercano al virrey, cuya pluma estaba puesta al servicio del gobierno en el Verdadero Peruano, publicación que pretendía mediatizar la aplicación de la Constitución de conformidad a los deseos de Abascal, no era bien visto por el grupo constitucional. A pesar de la argumentación legal del presidente de la junta en pro de la permanencia del cuestionado, la multitud compuesta de un número aproximado de 300 personas logró su propósito. Unanue tomó la palabra para manifestar que hacía dimisión y renuncia del cargo, retirándose del lugar. Los presentes, “incontinenti”, proclamaron como su reemplazante a Andrés García Mancebo. Reanudada la votación se hizo presente José Galindo, colegial de San Fernando, impugnando el ejercicio del voto del ciudadano José Antonio Portocarrero, uno de los que había exigido la separación de Unanue, por no tener empleo conocido y “ser vago”. No habiendo presentado pruebas para acreditar la impugnación, el presidente solicitó la comparecencia del aludido. Este rechazó las imputaciones formuladas en su contra, lo que corroboraron varios de los presentes. La junta, por tanto, desestimó la objeción y resolvió que Portocarrero estaba habilitado para sufragar. Asimismo, por “exclamación” de los ciudadanos presentes se decidió que el acusador fuese privado de la voz activa y pasiva. Empero, como el propio Portocarrero intercediera por Galindo, la junta acordó que por “equidad” votase (Alvarez, 2013).

En Arequipa, el 7 de febrero de 1813, en las juntas electorales de parroquia con motivo de la elección del ayuntamiento constitucional de dicha ciudad, la apropiación del espacio público por la facción “patriota” aseguró la victoria de sus candidatos en dichas juntas. El triunfo, según los realistas, se debió a que los constitucionales habían “alucinado a la inocente plebe”. En efecto, tal como lo refería un “patriota”, ese día el pueblo había manifestado toda su energía y patriotismo: “no ha salido chapetón ni sarraceno; y al Intendente, que quiso poner en una parroquia un escrutador sarraceno, después de sentado en la mesa de votación, lo hicieron levantar, y pusieron en su lugar otro de su satisfacción”. No había duda, “los invictos arequipeños desplegaron aquel día toda su energía, y en pocos momentos hicieron temblar al mundo”. Enorgullecidos de su actuación, los “patriotas” arequipeños recomendaban a otros miembros de la facción residentes en otros partidos de la provincia tomar como modelo las elecciones realizadas en la capital arequipeña porque el triunfo “patriota” había sido absoluto. Ningún “chapetón”, “americano sarraceno”, ni de la “facción del gobierno” había sido elegido como elector debido a la actividad de los constitucionales. Para asegurar el triunfo de sus candidatos hicieron una gran movilización popular de manera que “todas las autoridades fueron atropelladas”, lográndose “una elección completa”. (Alvarez, 2012). 

En el Cuzco, también el 7 de febrero de 1813, en la junta electoral de la parroquia de la Matriz de Españoles, por presión de la gran cantidad de concurrentes, el gobernador intendente Pumacahua, bajo fianza de haz, ordenó la liberación de Rafael Ramírez de Arellano y Manuel Borja, abogados que habían sido detenidos y procesados por su prédica en favor de la puesta en vigencia de la Constitución en la ciudad imperial.

Sin embargo, a pesar de contar con el favor popular, los criollos no lograrían imponerse en todas las elecciones previstas por la Constitución: ayuntamientos constitucionales, diputados a Cortes y diputados provinciales. El problema residía en los grados de la elección tratándose del caso de las elecciones a Cortes y diputaciones provinciales: cuatro grados. Ese filtro permitiría al virrey y, en menor medida, a los funcionarios virreinales en las provincias, cooptar a los electores de los grados más elevados e imponer sus candidatos. De ese modo, limitaron el predominio popular en la conformación de esas instituciones y evitaron, también, un mayor desmedro de su autoridad. Fue el caso de la elección de diputados a Cortes por la provincia de Lima. El virrey excluyó al elector del partido de Lima, el fiscal Miguel de Eyzaguirre, de la junta electoral. Dicha decisión significó para la mayor parte de los miembros del ayuntamiento constitucional limeño el “claudicar las elecciones”, porque la exclusión de “su” elector significaba privar de voz a la población limeña. En consecuencia, al no tomar parte en la elección de los diputados implicaba en puridad no tener un auténtico “representante” que hiciera llegar la voz del cabildo en las Cortes.

El descontento del virrey con estos procesos electorales, debido a la preeminencia que en ella tomaban los desafectos a su gobierno, lo determinó a hacer propagar en la rudimentaria esfera pública limeña el ligamen entre los “constitucionales”, el ayuntamiento constitucional limeño y la plebe (lo que también hizo extensivo a la mayoría de ayuntamientos conformados en el periodo). Con ello pretendía descalificarlos, pues sobre la base de la concepción de la representación tradicional, solo los honorables, esto es, la gente de bien, debía ocupar los cargos o puestos públicos, lo que a su parecer no sucedía con las nuevas corporaciones municipales creadas por la Constitución.

Esa propaganda se haría más evidente luego de la elección para la renovación del ayuntamiento constitucional limeño. El 25 de diciembre fue publicado en El Investigador un artículo comunicado denigrando al “olorero” Melchor Ramos que en las elecciones había jugado un especial rol como “capitulero”, estando a un “triz” de ser elector, alcalde o regidor. El suceso, a los ojos del articulista, era una muestra de la disolución social: “¿A tal abatimiento hemos llegado, que un sujeto ridículo por todas sus circunstancias, a la sombra de quatro frasquitos vacíos, y a fuerza de ponerse tieso y hablar quatro palanganadas, quiera introducirse en un cuerpo que en el día debe ser el más respetable y digno de admiración, pues que debe salir de lo mejor de tantos sujetos dignos que hay en Lima?”. Concluía el articulista con la frase “a los liberales con eso”. Por último, nuevamente en El Investigador, el 13 de enero de 1814, se publicó un comunicado que hacía mención al barbero indio Lorenzo Chamamé, elegido elector en la precedente elección. En la visión tradicional, el ser elegido un indio como elector y, además, ser este, de oficio barbero, significaba un suceso extraordinario, una anomalía política, que solo podía indicar la disolución de la sociedad, es decir, el fin del mundo (o de un mundo: el de los estamentos). A pesar de ello, Chamamé contestó el comunicado. Manifestó al editor que cualquiera haya sido el espíritu del artículo que le hacía referencia, si se le denigraba indirectamente por su raza, por su oficio o por haber sido elegido como elector parroquial, estimaba que el crítico se acreditaba como “hombre de ninguna experiencia, y de muy poco mundo; quando nada ha sido, es y será más frecuente, que el que gentes de humildes principios se vean constituidos en deidades, a quienes ha venerado y venera el mundo todo. Y más dígale U. que quando las soberanas cortes dictaron la constitución, no ignoraban que la nación índica, toda ella, como más ignorante y menos laboriosa desde la conquista por el sistema con que se subyugó, no podía tener al tiempo de nuestra citada carta de libertad para ciudadanos ni representantes del pueblo, hombres que no fuesen barberos, silleros o zapateros” (Alvarez, 2014).  

5. Conclusión
El experimento representativo que rigió en el “reino” del Perú los años de 1812-1814 se articuló sobre una pirámide conformada en la base por los Ayuntamientos constitucionales, un cuerpo intermedio articulador de la nación y los ayuntamientos, las Diputaciones provinciales y, en la cúspide, la nación, representada por las Cortes. En torno a estas tres instancias de gobierno se diseño un régimen electoral indirecto que si bien preveía la participación popular en el nivel primario, las juntas electorales de parroquia, para el caso de las elecciones de Diputaciones provinciales y Cortes se tornaría restringido y elitista. Este diseño constitucional si bien debió potenciar las provincias, esto es, a las Diputaciones provinciales, en la realidad del virreinato peruano no fue así. Por el contrario, las Diputaciones provinciales no fueron vistas ni consideradas como un ente representativo, ni articulador. Y ello debió ser así por la incongruencia de la legislación de las Cortes en la determinación y significado de lo que debían entenderse por provincias en ultramar. Del mismo modo, porque la cooptación de las autoridades hizo de estos cuerpos un instituto sometido a los jefes políticos de turno. En consecuencia habiéndose establecido solo dos diputaciones provinciales para el territorio que comprendía el “reino” del Perú (Lima y Cuzco, sobre la base de sus respectivas audiencias), los órganos que asumieron la tarea de articuladores del pueblo con la nación, esto es, las Cortes, fueron los ayuntamientos constitucionales. Fueron, pues, estos cuerpos, los que en este periodo asumieron con toda razón la calidad de representantes del pueblo y ello por la sencilla razón de haber sido elegidos precisamente por los más en elecciones indirectas de dos grados, caso contrario de las elecciones para diputados a Cortes y diputados provinciales, que se realizaban en cuatro grados. El régimen electoral así diseñado calzaba, por tanto, con una realidad corporativa o comunitaria que los redactores de la Constitución no pensaron jamás en liquidar, sino más bien recrear.


Bibliografía

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[1] Cursivas en el original.
[2] Similar problema había padecido el virrey de México, Venegas, al realizarse las elecciones parroquiales con motivo de la elección del ayuntamiento constitucional de la ciudad de México, por lo cual de hecho fueron suspendidas, iniciándose averiguaciones y diligencias sobre lo ocurrido, Guedea, 1991: 7-15. 

domingo, 8 de junio de 2014

FEDERACIÓN DE ESTADOS, FUSIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL SUR CON BOLIVIA O FEDERACIÓN MEDIANTE UNA NUEVA DEMARCACIÓN POLÍTICA: PROPUESTAS AREQUIPEÑAS PARA LA UNIÓN CON BOLIVIA, 1835-1836

Federación de Estados, fusión de los departamentos del sur con Bolivia o federación mediante una nueva demarcación política: propuestas arequipeñas para la unión con Bolivia, 1835-1836






1. Introducción

El 10 de julio de 1835 Santa Cruz declaró el compromiso de la nación boliviana para “entrar” en confederación con los Estados en que habría de dividirse el Estado peruano para dicho efecto: Estado del norte y Estado del sur. El congreso de Bolivia aprobaría el 22 del mismo mes y año aquella declaración. Este era el “plan máximo” previsto por Santa Cruz para la unión del Perú y Bolivia. El “plan mínimo” se limitaba a la unión de Bolivia con los departamentos del sur peruano hasta los límites del río Apurímac[1].

Sobre el asunto es oportuno dar cuenta de la conocida anécdota narrada por Valdivia. Refería el deán que pocos días después del fusilamiento de Salaverry se dirigió a la prefectura para entrevistarse con Santa Cruz. En el lugar encontró a este último reunido con Mora, cerca de una mesa en la cual se encontraba abierta una gran carta geográfica del Perú. Santa Cruz, al verlo entrar, le instó a que se acercará porque junto a Mora estaban tratando de definir lo que más interesara a los destinos del Perú y Bolivia. Según el  deán:

“Santa Cruz tenía en la mano una pluma con cabo largo, y señalando la línea del río Apurímac, dijo a Mora: -‘He dicho a Ud. que mi proyecto ha sido no pasar de aquí. Cuando el libertador llegó a este punto con el ejército unido Perú-Colombiano, en busca del Virrey La Serna, dijo: ‘algún día se partirá el Perú en este río’. Santa Cruz prosiguió: ‘Estos departamentos del Sur, una parte de cuya prolongada costa debió pertenecer a Bolivia y darle su comunicación natural con el mar, tienen comercio íntimo con Bolivia y son pueblos familiarizados entre sí, y análogos en sus costumbres; lo que no sucede con los pueblos del Norte.

Ud., Sr, Mora, conoce Lima tanto o mejor que yo. Lima es la Babilonia de América; los hombres de esa capital urden las revoluciones francamente en los cafés; y en esa ciudad se reúnen los que quieren ir a pasar vida holgazana en tertulias y diversiones públicas, en el juego y en amoríos. Le digo a Ud. Sr. Mora, que no tengo ya a qué aspirar: que deseo ardientemente hacer prosperar a estos países. Mes siento con poder y con fuerzas, porque es una vergüenza que estos países no progresen, con tantos elementos que les ha concedido la naturaleza, y con tanta abundancia en todos sus tres reinos; pero presagio que si paso de este punto (señalando con la pluma el Apurímac) me pierdo. Volviéndose a Mora le dijo: ‘que opina Ud. definitivamente’. Mora contestó: ‘que todo o nada’’”[2].  

Posteriormente, en una relación que el mismo Valdivia hizo a petición de Paz Soldán, el deán detalló con mayor amplitud aquel diálogo. De acuerdo a esa relación Mora insistió en que “o todo o nada”, porque separados el norte y el sur, Santa Cruz nunca tendría paz. Abarcándolo todo, en cambio, dando unión y fuerza a la confederación, haría conocer y sentir los beneficios de la nueva situación política a los peruanos, desterrando estos las tramas de las conspiraciones. Santa Cruz aseguró, sin embargo, que si pasaba del río Apurímac, “no sólo me pierdo sino que pierdo a Bolivia”. Afirmaba, a su vez, que sin él Bolivia sería como una mazamorra, es decir, un frágil Estado sujeto a los vaivenes políticos. Mora replicó que deberían aguadar a las circunstancias del tiempo. De llamar el norte a Santa Cruz, este debería ceder”[3].  

Los planes máximo y mínimo de Santa Cruz serían materia de discusión en el departamento de Arequipa. Era evidente que tenían gran número de partidarios, aunque el último acaparaba las preferencias. Junto a ellos se perfiló otro plan, no preconizado por el nuevo “mesías” del orden y la prosperidad, ni tampoco tenía por objeto satisfacer los intereses de arequipeños y sur peruanos, más bien de lo que trataba era la prosecución de un claro objetivo nacional: la federación mediante una nueva demarcación política, esto es, la erección de Estados con base a una nueva estructura territorial.

2. La fusión de los departamentos del sur con Bolivia

Esta postura, defendida por el deán Valdivia en El Yanacocha, no era otra cosa que la realización del plan mínimo de Santa Cruz. Precisaba muy bien el deán que Arequipa, en su mayoría, opinaba por la “fusión”, esto es, incorporarse este departamento a Bolivia, dado que en el periodo anterior al auxilio del ejército boliviano, solo Arequipa había sostenido el pacto (la Constitución de 1834), de modo que ahora “no ha tenido más pretención que pertenecer a una República constituida como Bolivia y gozar de tranquilidad, separándose de revolucionarios que han deshonrado la nación”. Esa defensa del pacto, no solo había causado daño al departamento, sino que le había atraído rivales, por lo que en una futura federación provocaría celos. Por consiguiente, “satisfecha de haber cumplido su deber en el pacto anterior, quiere asociarse con Bolivia”[4].

Si bien esta fusión de solo el departamento de Arequipa con Bolivia era un anhelo de cierto sector de la elite arequipeña, era obvio que el deán actuaba en consonancia con los planes de Santa Cruz. En consecuencia, en el siguiente número del periódico que editaba incluyó a los demás departamentos del sur en el plan de fusión. Justificaba tal decisión no solo por el hecho de que realizada la fusión estos departamentos contarían con un jefe necesario para gobernarlos en paz y con provecho de los pueblos, sino también por las relaciones y vínculos diversos entre los departamentos del sur con Bolivia (geográficos, económicos y culturales). Así, decía Valdivia, los departamentos de Puno y Cuzco tenían más analogía con Bolivia que con la propia Arequipa. El comercio del Cuzco era mayor con respecto a Bolivia. Los moradores de este país vestían el bayetón y demás géneros burdos que se elaboraban en Cuzco y Puno. La coca del Cuzco y de La Paz se exportaba a Puno y a Arequipa, así como los azúcares de este último y los de Abancay se exportaban a Puno y Bolivia. Arica, a su vez, se erigía como el puerto que dominaba tanto el territorio de Bolivia como los territorios de Arequipa, Cuzco y Puno. En esta perspectiva solo el departamento de Ayacucho era el único que no tenia relaciones tan estrechas con Bolivia ni con los demás departamentos del sur, “a pesar de que no es aislado enteramente: pues sus provincias tocan las nuestras de la costa y se halla con respecto a Lima mucho más separado en sus relaciones”[5]. Sería, pues, este departamento, el único que tal vez no debía participar en el proyecto, pues en “la fusión hasta el río pampas, tirada por este una línea hasta el mar, aparece el límite de la República que designa la naturaleza”[6].     

3. La federación de Estados

Concordante con el plan máximo de Santa Cruz, era sostenida por los editores de El Republicano. Para estos eran toda una sorpresa las expresiones vertidas en El Yanacocha propugnando la fusión de los departamentos del sur con Bolivia. Aconsejaban que en esta materia debería procederse con tino, pues la crisis que habían experimentado habían hecho recelosos no solo a los departamentos del sur y norte entre sí, sino también entre cada departamento. Propugnar la fusión en estos momentos “sería en la actualidad un motivo de discordia inextinguible con el Norte, que juzgaría su libertad política amenazada por el coloso que se levantaba a su lado, cuya preponderancia no le permitiría deliberar por sí de su suerte, lo obligaría a una total abnegación de sus derechos y  no le dejaría otro arbitrio que el de una sumisión deshonrosa”. En este sentido, la Asamblea de Sicuani solo debería declarar la independencia de los departamentos representados en ella, erigiéndolos en un Estado soberano, invitando luego a Bolivia y al Estado del Norte “a celebrar un pacto federal, en que equiparados los intereses respectivos de ellos, aleje todo motivo e disensiones y zelos”[7]. Solo en el caso que el Estado del Norte se negara a formar uno de los tres Estados confederados, afirmaban, la fusión se hacía necesaria. Mientras tanto se trataba de una medida “impolítica”[8].

Las razones de la federación también eran diversas, pero en lo fundamental tenían relación con refrenar la anarquía, pues existiendo tres estados, sería muy difícil que un ambicioso caudillo se sobreponga a las leyes en uno de los Estados, sin que los otros Estados confederados no obrasen para “su destrucción”, considerando que quien osara atacar las instituciones de uno significaría atacar a los otros dos. Por otro lado, Bolivia no aceptaría el plan de la fusión. La delicadeza se lo impediría, porque de lo contrario se vería a los ojos de las demás naciones como un “aspirante que internó sus fuerzas en el territorio peruano con miras de engrandecimiento”[9]. Por último, la federación era más conveniente por que el sistema unitario nunca reportó ventajas a los departamentos que conformarían los nuevos Estados del sur y del norte, los cuales mediante el vínculo federativo no romperían del todo sus lazos. Además, la fusión de los departamentos del sur con Bolivia, aunque más ventajosa que la federación, implicaría también dependencia, pues la federación en sí “era un garante de la independencia” a que aspiraban los departamentos del sur, porque las dotaba de los medios necesarios para su desarrollo económico, así como les aseguraba su tranquilidad y paz interior[10].   


 4. La federación mediante una nueva demarcación política

El año de 1867, en los apuntes acerca de su vida, Francisco de Paula González Vigil relataba que en 1835, en vista de que desde varios puntos del sur y norte de la república se invocaba la federación, escribió en El Arequipeño, exponiendo las razones que podían alegarse en pro y en contra[11]. No hemos tenido la suerte de ubicar la colección completa de dicho periódico, pero sí hemos tenido la satisfacción de revisar el número donde se encuentra la propuesta de González Vigil para la formación de una federación de ambas repúblicas bajo una nueva demarcación política. Propuesta original, de gran amplitud de miras y que, guardando distancias, se asemeja al proyecto de regionalización transversal, creando nueve regiones, planteado por Javier Pulgar Vidal[12].  

En su propuesta González Vigil partía del supuesto  que siendo de la esencia del gobierno federal determinar los territorios con cierta extensión y población a efectos de constituirlos de manera que la administración “sea mejor, más pronta, y esté presente a las necesidades de los asociados”; que en su virtud exista un estrecho vínculo entre los gobernados, el gobierno y los jefes que los mandan, reinando la confianza en torno a ellos, por lo que la obediencia que se les preste sea por convencimiento, y que “conteniéndose cada población en sus límites demarcados, se advierta luego, al que intenta usurpar el poder”, resultaría una asociación muy compacta, es decir, “muy relacionada, íntima, y franca”. En consecuencia, la cuestión era examinar la mejor forma de realizar dicha asociación, esto es, “si convendría formar una confederación de tres repúblicas, dividiendo el Perú en dos, y componiendo Bolivia la tercera. O de los departamentos del Alto y Bajo Perú, formar las lejislaturas; o más bien, si de ambas repúblicas se haría una nueva demarcación que cortase en fajas distintas el inmenso territorio que ocupan, tomándolas de Oriente a Poniente, -desde las montañas de las Amasonas, hasta las orillas del mar, formando Estados proporcionados e iguales cuanto pueda ser, y consultando los medios y ecsijencia de la federación”. Por último, habría que discutir si mayores ventajas resultarían de este planteamiento mediante la actual forma central o si solo bajo la federal[13].   

Antes de entrar al examen de las formas posibles de realizar la federación, González Vigil manifestaba que el análisis precisaba “una imparcialidad rigurosa” y que solo se tenga a la vista el interés general[14]. Esta declaración era una clara advertencia hacia quienes por lisonjear a Santa Cruz preconizaban, sin mayor estudio, las ventajas de la federación de tres estados, así como una crítica a quienes favorecían aquel proyecto por los beneficios particulares que obtendrán, posponiendo el interés nacional por el particular.

  
4.1. La confederación o federación de tres estados

Según González Vigil, de optarse por el plan de la confederación o federación de tres grandes Estados, nada se adelantaría, subsistiendo los mismos peligros que se querían evitar con la federación. El gobierno no estrecharía sus límites y la administración tampoco se reduciría a una esfera pequeña, por lo que los especuladores políticos tendrían campo abierto y los subalternos del poder ejecutivo continuarían ejerciendo su tiranía. El ansiado gobierno “más humano, más tranquilo, y más seguro” sería irrealizable[15]. Si se quería de buena fe mudar de situación política, afirmaba, esta propuesta de confederación no era la alternativa. Con ella, de realizarse, permanecerían aisladas las provincias, los ciudadanos seguirían careciendo de espíritu público, presentándose la posibilidad de que uno de los Estados se hiciese bastante fuerte para desobedecer las resoluciones del gobierno general, con lo que se entorpecería la marcha de la federación. Es más, existía la posibilidad de que de uno de esos Estados surgiera un hombre ambicioso que intentara usurpar la autoridad, no faltándole los recursos ni pretextos para contar con apoyo popular[16].  

Por otro lado, no faltarían los celos provinciales. Permaneciendo Bolivia íntegra era visible su preponderancia sobre cualquiera de las fracciones en que se dividía el Perú, germen funesto de guerras por pretextos inimaginables. Es más, los celos provinciales no se extinguirían con solo un tratado. Por último, si los Estados que se formarían por la división de Perú no adelantaban cosa alguna, tampoco Bolivia lo haría. Esto por la sencilla razón de que si federándose no variaba la administración interior, la situación continuaría siendo la misma, esto es, “sino fue liberal y filántropa de antemano, nada se añade ni quita en su nuevo compromiso”, añadiéndose más bien el recargo de empleados. Lo único que Bolivia lograría confederándose “era no temer la preponderancia del Perú ya dividido; y en trueque los Estados fraccionados podían temer a Bolivia. Esta contaba con un recelo de menos: nosotros con uno más”[17].  

4.2. La federación departamental

Señalaba Vigil que la erección de los departamentos en Estados para formar la confederación se consideraba como la más adecuada. Así establecida, siendo muchos y bastante pequeños o débiles los Estados, de manera que ninguno tuviera las fuerzas para atentar contra las demás, el gobierno general o federal conservaría toda su autoridad y poder necesario para hacerse respetar, conservando al mismo tiempo el orden. Los partidario de esta opción aseguraban que de ese modo cada Estado conservaría sus costumbres y el genio propio de su índole, se protegerían recíprocamente, haciendo causa común de lo público y, finalmente, estarían concentrados[18].

Sin embargo, González Vigil consideraba equivocados a los propugnadores de la federación departamental. En primer lugar porque “se aumentaría en sumo grado la rivalidad de los departamentos entre serranos y costeños”, en consecuencia el provincialismo del que teníamos que huir “sería la más funesta plaga que nos consumiría”. En segundo término, crecería con exceso el número de los empleados. No contando todos los departamentos  con tantos hombres capaces para la administración pública, los mismos se perpetuarían al frente de los negocios, lo que derivaría en una “aristocracia”. En tercer lugar, la ansiada concentración no se lograría. Lo dilatado de los territorios así como su carencia de población lo evitaría. Por último, al ser también excesivas las legislaturas  estar ubicado el centro del gobierno general o federal a distancia de la mayor parte de los Estados, la situación se asemejaría a un virreinato de los antiguos, “que solo podían gobernarse y sujetarse despóticamente”. A ello debería sumarse el hecho de que para el régimen interior de cada Estado se necesitaría un ejército, guarniciones y acantonamientos. Como consecuencia, este régimen sería dispendioso y muy difícil de sostener, “viciando al mismo tiempo el de un país libre y federado”[19]

4.3. La federación mediante una nueva demarcación política

Como alternativa González Vigil proponía la federación mediante la delimitación de “cantones en fajas de Oriente a Poniente, paralelas al Ecuador”. A su parecer, de esa división debían resultar, “a lo más seis legislaturas”, como otras tantas fracciones de territorio, “componiéndose cada una, de montaña [o Yungas vulgarmente] de donde se estraigan las producciones de consumo, y uso jeneral; de la parte de cordillera en la gran cadena de los Andes prolongada de Sud a Norte, rica en metales; de la parte alta y pastosa que sigue la misma dirección a las faldas de esos delicados montes, presentando ya collados, bien colinas, cubiertas de pastos a propósito para la ganadería mayor, y menor; y siguiendo una estención de temperamento medio que produce en sus valles abundantes granos; encontrándose luego las lomas vestidas de verdes pastos espontáneos por seis meses al año, continuando los valles que producen la caña de azúcar, el algodón, las viñas y olivos; y pueden si se quiere, lograr el cáñamo y lino. Legando al fin a las playas del mar, con puertos cómodos en la inmensa estención de más de seiscientas leguas, desde Loa hasta Cabo blanco”[20].   

Los nombres de los Estados “mudarían”, ninguno llevaría el de Trujillo, Lima, Huamanga, Cuzco, Arequipa o Puno, para “separar de un todo hasta las sombras de celos mutuos, y recuerdos de animosidades pasadas”. Las capitales departamentales pertenecerían “solo por su latitud” al Estado que las comprendiera o serían las capitales de los nuevos Estados si la localidad así lo exigiere. Todos los puertos mayores pertenecerían al gobierno federal, cuya capital se situaría en el centro de la federación, bajo la condición de que su territorio “sea independiente de los gobiernos de la unión”[21]

Una vez delineado el territorio y establecidos los nombres de los Estados, la principal atención sería “homologar las costumbres, encastar los indígenas, y que se conosca una sola nación”. González Vigil sabía muy bien que sus propuestas tal vez no concitarían atención, pareciendo sueños filosóficos. Empero, aseguraba que mediante “una firme adhesión a los principios liberales, y constante aplicación a practicarlos, nos irán conduciendo con la esperiencia, sin más apoyo que la bondad de las mismas instituciones, como no sean invadidas; y se persevere en el mismo objeto sin pretender trastornar las costumbres y hávitos, para hacer a todos los hombres filósofos”[22].

Ninguna dificultad, por tanto, era imposible de vencer. Infundido en los Estados de nueva creación el espíritu público y un nacionalismo “racional y fructuoso”, se verían fenómenos políticos que causarían admiración[23].






[1] Cristóbal Aljovín, “La nación y la confederación Perú-Boliviana”, en Sobre el Perú. Homenaje a José Agustín de la Puente Candamo, tomo I, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, pp. 118-119.
[2] Juan Gualberto Valdivia, Memorias sobre las revoluciones de Arequipa desde 1834 hasta 1866, Lima: Imprenta de la Opinión Nacional, 1874, pp. 168-169.
[3] Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú Independiente, 1835-1839, citado por Luis Monguió, Don José Joaquín de Mora y el Perú de ochocientos, Berkeley - Los Ángeles - Madrid: University of California Press - Editorial Castalia, 1967, nota 24, p. 243.
[4] El Yanacocha, N° 7, Arequipa, 24 de octubre de 1835, p. 3.
[5] El Yanacocha, N° 7, Arequipa, 28 de octubre de 1835, p. 2.
[6] El Yanacocha, N° 28, Arequipa, 19 de marzo de 1836, p. 3.
[7] El Republicano, N° 7, Arequipa, 2 de marzo de 1836, p. 4.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] El Republicano, N° 8, Arequipa, 5 de marzo de 1836, p. 4.
[11] Francisco de Paula González Vigil, “Apuntes acerca de mi vida”, en Documenta. Revista de la Sociedad Peruana de Historia, N° 1, Lima, 1951-1955, p. 451.
[12] Javier Pulgar Vidal, “La regionalización transversal del territorio peruano con el fin de lograr la administración del desarrollo nacional”, en Carlos Amat y León Chávez y Luis Bustamante Belaunde (editores), Lecturas sobre regionalización, Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 1981, pp. 235-261; Javier Pulgar Vidal, “Proyecto para una nueva regionalización administrativa: las regiones transversales”, en La crítica del centralismo y la cuestión regional, Lima: Centro de Estudios de Desarrollo – Centro de Documentación e Información Andina, 1984, pp. 211-237.
[13] El Arequipeño, N° 12, Arequipa, 27 de agosto de 1835, p. 1.
[14] Ibid.
[15] Ibid., pp. 1-2.
[16] Ibid., p. 2.
[17] Ibid.
[18] Ibid., p. 3.
[19] Ibid., p. 3.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid., p. 4.
[23] Ibid.